Ecuador, 10 de diciembre de 2021. El Municipio de Ambato aplica entre sus colaboradores un “Acuerdo de no divulgación de información”: un cuerpo de ocho capítulos que limita severamente el acceso a la información pública en abierta violación a derechos ciudadanos establecidos en tratados internacionales, la Constitución y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Este documento debe ser firmado por los servidores públicos con los respectivos responsables de Recursos Humanos de cada ente municipal. Entre los antecedentes el GAD reconoce que la información de la que disponen está sometida al principio de publicidad; sin embargo, “por ser esta trascendental para los intereses municipales y de los administrados, se la clasifica mediante este instrumento, como interna y de uso exclusivo”.
Entre las obligaciones del funcionario están, de forma irrevocable, no revelar o divulgar por cualquier medio de comunicación, facilitar bajo cualquier forma a persona alguna sea natural o jurídica, pública o privada, o de cualquier otra naturaleza, y no utilizar para su propio beneficio o para beneficio de un tercero, “toda la información generada durante la vigencia del presente convenio”.
Asimismo, no podrá reproducir, modificar, hacer pública, divulgar o utilizar de cualquier forma conocida o por conocerse a terceros o para su propio beneficio o para beneficio de cualquier otra persona natural o jurídica, la información objeto del presente Acuerdo sin previa autorización escrita y expresa por la Autoridad competente.
Se establece además que todos los materiales como, documentos, actas de reunión, informes técnicos, solicitudes, entre otras, que son entregadas al funcionario, se consideran como información interna y de uso exclusivo. Por lo tanto, no pueden ser divulgadas.
Esta disposición claramente representa una grave vulneración del Derecho Humano fundamental de acceso a la información pública. Recordamos además que la Ley de Acceso a la Información establece con claridad qué información puede ser considerada y declarada como reservada. Así mismo, no existe en el ordenamiento jurídico la clasificación de “información interna y uso exclusivo”.
Recordamos a las autoridades que la información pública no es propiedad ni de las instituciones ni de los funcionarios, quienes simplemente la resguardan. Los propietarios son los ciudadanos, a quienes debe devolvérsela.
Desde Fundamedios exigimos al Municipio de Ambato revocar esta política que atenta contra los derechos de sus trabajadores y acoplarse a lo señalado por la normativa constitucional e instrumentos internacionales de Derechos Humanos.