Equipos y otros enseres de la redacción de la revista Vanguardia fueron embargados la tarde del martes 31 de julio de 2012 por personal del Ministerio de Relaciones Laborales que, junto a efectivos policiales, allanó las oficinas del medio.
Esta es la segunda acción de este tipo que sufre Vanguardia desde 2010. Iván Flores, editor general de la revista de investigación, aseguró que aproximadamente a las 15:00 los funcionarios, acompañados de un fuerte piquete policial, irrumpieron en las instalaciones del medio y se llevaron «de la manera más abrupta toda la información y el material que nos sirve para trabajar».
La razón dada por los funcionarios es la existencia de una deuda de la empresa que produce la revista, derivada de sanciones laborales por incumplimiento del artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo -que determina que los empleadores que cuenten con un número mínimo de 25 trabajadores están obligados a contratar al menos a una persona con discapacidad- y por no exhibir en un lugar visible de las instalaciones el reglamento de trabajo.
Según señaló Flores, los hechos ocurrieron sin que se presente orden de autoridad competente y vulnerando garantías al debido proceso. «La notificación se realizó ayer y en el entendido legal se tiene tres días para responder. Actuaron sin respaldo judicial. Ahora un ministerio de Estado suple funciones de un sistema judicial», dijo el editor de Vanguardia, quien puntualizó que el monto aproximado de la deuda sería de más de 22 000 dólares.
En el operativo se apresó -de forma que algunos testigos calificaron de violenta- al Asesor Legal externo de la Revista, Carlos del Pozo, pues en el intento de evitar la vulneración de los derechos de sus defendidos cerró una puerta en la cual se remordieron los dedos de un elemento de la Policía.Juan Carlos Calderón, director general de la revista, opina que lo sucedido es el precio que tienen que pagar por hacer un periodismo libre y aseguró que, pese a estos hechos, no se callarán. «Ningún pretexto administrativo tiene sentido en estas circunstancias.
Ninguna información amerita esta situación», dijo. Además responsabilizó al Gobierno ecuatoriano por lo que pudiera pasar a sus colaboradores y sus respectivas familias. El 17 de diciembre de 2010, las oficinas de Vanguardia en Quito fueron desalojadas y sus equipos embargados en medio de un aparatoso operativo policial.
Los hechos se dieron tras una orden de secuestro preventivo de bienes debido a que el inmueble que ocupaba la revista se encontraba bajo un litigio de arrendamiento y era una propiedad incautada a la banca cerrada. El actual embargo responde a un tema legal distinto al que se dio hace dos años, por lo que los directivos del medio consideran estas medidas como una forma de presión judicial por su línea crítica y de investigación.