El presidente Rafael Correa, durante su enlace sabatino No. 162 del sábado 06 de marzo, deslegitimó el fallo de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo a favor de Teleamazonas, calificando tal decisión como una “barbaridad” donde se evidencia una “corruptela total” de los jueces.
Esta descalificación se suma a la que el presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), Jorge Glas, realizó el jueves 04 de marzo de 2010, fecha en la cual anunció que presentará un recurso de casación para dejar sin efecto dichas resoluciones y advirtió a los jueces: “¡Cuidado algunos jueces se arrodillan al poder mediático o al poder económico! Hay algunos jueces caretucos. Llama la atención la actuación diligente de los jueces”.
El primer mandatario acotó: “estamos enfrentando a los dos poderes más grandes, poder informativo y financiero; pero no nos vamos a dejar amedrentar”, también en referencia a las decisiones judiciales.
Glas anunció que presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura para que se investigue la actuación de los jueces de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que, el pasado miércoles 24 de febrero, dejaron sin efecto las multas que le fueron impuestas a la estación televisiva Teleamazonas por difundir las imágenes de una corrida de toros y por presentar una nota noticiosa en vivo sobre un supuesto centro clandestino del CNE en Guayaquil en el 2009.
Por otro lado, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel) presentó el jueves 04 de marzo, ante la Corte Constitucional (CC), una Acción Extraordinaria de Protección en contra de Teleamazonas con el fin de revertir la resolución de la Corte Provincial de Pichincha que, el pasado miércoles 03 de febrero, declaró inconstitucional el cierre por tres días de ese canal, entre el 22 y el 25 de diciembre de 2009, acción ordenada por ese organismo de control.
En declaraciones a un rotativo, Pablo Ortiz, abogado defensor de Teleamazonas, expresó que “las sentencias dictadas el pasado miércoles son inapelables y no caben recursos… parece que el Gobierno no conoce el ganar y perder. El canal ha mantenido con pruebas sustentadas que no había razón para las demandas”
Para Pablo Solines, jurista consultado por Fundamedios, la acción de protección es una garantía constitucional que está prevista ser utilizada por ciudadanos frente a arbitrariedades estatales que vulneran sus derechos, mas no por instituciones.