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Procesos legales

Se reactiva proceso contra periodista y peticionario ante la cidh cuando se cumplen dos años de clausura de su Radio

por | Abr 11, 2013

El 3 de abril de 2013, el Juzgado Segundo de Garantías Penales y de Tránsito de Morona Santiago, fijó para el 27 de mayo de 2013 la audiencia en la que se resolverá la situación jurídica del periodista Wilson Cabrera, acusado por la Superintendencia de Telecomunicaciones de operar un sistema sin autorización. Esta notificación ocurre coincidencialmente al cumplirse dos años del cierre y requisa de los equipos de la radio «La Voz de La Esmeralda Oriental Canela», cuya concesión ha pertenecido durante 10 años al periodista.

Hace dos años, el 3 de abril de 2011, se produjo un operativo a cargo del personal de la Intendencia de Policía de Morona Santiago, en el que se incautaron los equipos de transmisión de la emisora y luego se allanó la vivienda de Wilson Cabrera, lo que para ese entonces, fue calificado por el afectado como un «atropello», porque nunca fue notificado previamente de la medida y porque sucedió, un domingo. Cuando se cumplieron dos años de esta clausura, Cabrera había difundido por redes sociales los vídeos del violento operativo. A las pocas horas recibió la notificación que reactiva el proceso penal en su contra.

El antecedente inmediato para esta acción de la policía fue el pedido del intendente regional sur de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL), Fabián Brito, al intendente de policía de Morona Santiago, para que clausure y requise los equipos de la radio, porque supuestamente estaba operando «de manera clandestina.» Simultáneamente,  se hizo una denuncia para que el fiscal distrital de lo penal investigue a Wilson Cabrera e inicie acciones penales que pueden desembocar en la privación de su libertad.

La terminación de operaciones de la radio ocurrió pese a lo consagrado en el artículo 67 de la Ley de Radiodifusión y Televisión vigente, que señala: “La cancelación de la concesión acarrea la clausura de la estación, pero la Superintendencia no podrá ejecutar esta medida, mientras no haya resolución en firme del Consejo o sentencia ejecutoriada del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo (…)”.

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