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Ante la CIDH, los Estados de Colombia y Ecuador faltan a la verdad y revictimizan a los familiares de los periodistas ecuatorianos

por | Dic 7, 2018 | Comunicados

Las Organizaciones de Libertad de Expresión abajo firmantes expresamos nuestro apoyo al trabajo del Equipo de Seguimiento Especial -ESE- del caso del secuestro y asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y rechazamos las declaraciones de los Estados de Colombia y Ecuador realizadas en el marco del 170 Periodo de Sesiones Públicas de la CIDH.

En sus alegatos los Estados no aportaron avances ni evidencia relevante en las investigaciones y, por el contrario, estuvieron dirigidos a evadir responsabilidades propias y a revictimizar a los familiares de los periodistas Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas.

La falta de voluntad de los dos Estados ha acarreado un serio retroceso y, ocho meses después de los hechos, todavía discuten sobre el lugar donde ocurrió el secuestro. Más allá de las inconsistencias de los alegatos los hechos son claros:

 

  1. La situación de violencia, la operación de grupos armados vinculados a disidencias de las FARC y al crimen organizado en la frontera colombo-ecuatoriano es una consecuencia del postconflicto colombiano, situación que no fue atendida oportunamente por las autoridades.
  2. La afectación de ese postconflicto y de la operación del narcotráfico había penetrado al norte del Ecuador y las autoridades sabían perfectamente de la situación de alto peligro que se vivía en la zona, pero no tomaron acciones para proteger la vida de los civiles y menos aún cumplieron las responsabilidades estatales de protección del ejercicio periodístico.
  3. En Ecuador, durante el gobierno de Rafael Correa, se vivió una década de persecución sistemática a la prensa concebida y ordenada desde las más altas instancias oficiales, lo cual ubicó a los periodistas en una situación de riesgo permanente y continuo. Esa situación no ha sido afrontada por el gobierno actual y no se han adoptado aún medidas de protección y reparación.
  4. Es ampliamente conocido yestá demostrado que el equipo del diario El Comercio se encontraba en una misión periodística y que fue en estas circunstancias que el Frente Oliver Sinisterra determinó su secuestro. La muerte de los periodistas se produce como consecuencia de esto, más allá del carácter político-extorsivo del secuestro. Eso es un hecho incontestable y denunciamos cualquier intento de relativizar esta condición.
  5. Las Fiscalías de Ecuador y Colombia han actuado de manera desarticulada y sin intención clara de intercambiar información que permita una reconstrucción integral de los hechos, y ampliar sus líneas de investigación para analizar el contexto en el que ocurrió este crimen, lo cual construye un escenario de impunidad.
  6. Los Estados, por su lado, han adoptado durante ocho meses una estrategia de acusaciones mutuas, para evitar así atender el llamado de las víctimas que reclaman justicia y verdad. Desde el 26 de marzo del 2018, día que se confirmó el secuestro de los periodistas, los Estados han despreciado a las víctimas, han obstaculizado el acceso a los hechos y han evadido su responsabilidad por la desprotección de los periodistas.

Es inaceptable el pedido de levantamiento de medidas cautelares y entendemos que es necesario la continuidad del Equipo de Seguimiento Especial -ESE- como un mecanismo que supervise vigile que este crimen no quede en la impunidad.  Por lo tanto expresamos nuestro apoyo al ESE, a la Relatoría de Libertad de Expresión y a la CIDH por su trabajo de acompañamiento técnico de las investigaciones y consideramos que tanto Colombia como Ecuador no han colaborado al nivel exigido para que las investigaciones puedan llegar a conclusiones concretas y a procurar justicia para las víctimas.

Una vez más expresamos nuestro apoyo total a las víctimas y sus familias y nuestra voluntad de acompañarlos en la búsqueda de verdad y justicia.

 

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