Derogar la Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM), eliminar la figura del linchamiento mediático, vender los medios incautados, defender a la libertad de expresión -vista como un derecho humano fundamental- y adecuar la nueva Ley de Comunicación a estándares internacionales fueron las coincidencias expresadas por asambleístas, sociedad civil, periodistas y autoridades del sector de la comunicación, durante el primer foro sobre reformas a la LOC.
El evento, que tuvo lugar este 5 de junio de 2018 en la Asamblea Nacional, fue convocado por el Grupo Democrático para las Reformas a la LOC, el Grupo Parlamentario por la Defensa de la Libertad de Expresión, la asambleísta Cristina Reyes, y FUNDAMEDIOS y contó con la participación del presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, CORDICOM, Danilo Silva; el presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, Jorge Corozo; la asambleísta Lourdes Cuesta; el presidente de los Canales Comunitarios Regionales Asociados del Ecuador y de la AER-Pichincha, Roberto Manciati; el director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, César Ricaurte, y del periodista de diario La Hora, Miguel Molina.
Además de las coincidencias, en el encuentro se expresaron las principales preocupaciones sobre las reformas a la LOC. A la asambleísta de CREO, Lourdes Cuesta le inquieta el artículo 5 del proyecto reformatorio enviado por el Ejecutivo, el cual define a los medios como mecanismos aptos para difundir o divulgar información. “Cuidado nos quieran regular redes o internet”, advirtió Cuesta, a quien también le preocupa la confirmación del Cordicom y el hecho de que se ponga a un representante del Gobierno.
Otro tema que preocupa es el de las atribuciones que tendría la Defensoría del Pueblo tras la desaparición de la SUPERCOM. “Que no vayan a parar a ningún lado y que la defensora del pueblo siga con las atribuciones que tiene por constitución”, apuntó la legisladora, quien es proponente de un proyecto derogatorio de la LOC, por considerar que “lo que nace torcido es muy difícil de enderezar y todos sabemos cómo nació esa Ley; para perseguir, amedrentar a los medios y para que los casos de corrupción que hoy están saliendo no se investiguen y queden en la impunidad”.
Roberto Manciati compartió la preocupación de Cuesta sobre el papel que tendría la Defensoría del Pueblo y aseguró que, tras la experiencia vivida con la SUPERCOM, en donde se generó un proceso inquisitivo para sancionar a los medios, no se debería desvirtuar el papel de la Defensoría.
En otro tema, a Manciati también le preocupa la distribución de frecuencias del 33, 33, 34, del porcentaje destinado para medios públicos, privados y comunitarios que fue planteado en la actual Ley de Comunicación y que, a su criterio, implica el retiro de frecuencias de medios que han invertido años en esta actividad, por lo que es vital respetar el derecho adquirido.
A Manciati le inquieta la imposición de porcentajes para la difusión de contenidos musicales como el llamado 1X1, que obliga a las radios a difundir música producida en Ecuador. Para él, estas imposiciones son difíciles de cumpir y en el caso del 1X1, cree que en la práctica se ha afectado la presencia del medio en el mercado, por lo que propuso que a las radios comerciales no se les imponga dicho porcentaje, o se fije un porcentaje menor que podría ser suplido con los medios públicos. “Es muy difícil que las radios cumplan el 1×1 porque no siempre hay grupos musicales ecuatorianos especializados en música clásica, salsa, tango, etc”.
Por su parte, al abogado y periodista Miguel Molina le preocupan varios aspectos. Uno de ellos es el lenguaje ambiguo que está presente, al menos en el proyecto enviado por Presidente Moreno, y que genera espacios de discrecionalidad como el uso de criterios de veracidad, calidad o nivel de morbosidad, interés público que difícilmente pueden ser definidos o establecidos.
Al igual que el resto de panelistas, Molina coincidió en que la SUPERCOM y el linchamiento mediático deben desaparecer y respecto al papel de la Defensoría del Pueblo, aseguró que el mencionarla en una ley sería redundar en las facultades que ya tiene.
A su criterio, es un tema crítico a analizar, sobretodo, en su facultad de dictar medidas de protección, ya que podría incurrir en censura previa. “El gran desafío que tiene la asamblea es adecuar todos los proyectos a los estándares interamericanos”, dijo Molina, quien también defendió que no se debería exigir la titulación obligatoria para ejercer la libertad de expresión.
César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS enfatizó en la necesidad de generar espacios de debate, desde la sociedad en su conjunto, para sostener un proceso de reformas a la LOC y evitar que suceda lo ocurrido en 2013, cuando en una noche se aprobó una Ley con más de 60 artículos, algunos introducidos a última hora y sin un debate previo. “La sociedad tiene que debatir ampliamente una ley de este tipo porque, cuando llegue al legislativo, tiene que hacer capital social para sostener el proceso (…) Cuando se debata la Ley, todos los legisladores tienen que recoger espíritu que está en la sociedad”, apuntó.
En ese sentido, dijo que la Ley actual es como un “Frankestein”, que, por un lado, prohíbe la censura previa y por otro, impone los contenidos a los medios. “Con esta ley enferma se ha tratado de regular a este derecho humano fundamental y las consecuencias han sido nefastas, no solo por los más de mil procesos iniciados contra los medios, sino porque se ha propiciado la autocensura y ha afectado el derecho de los ciudadanos a informarse “.
En ese sentido, Ricaurte hizo un llamado a los presentes para no cometer los errores del pasado y para no convertir a la nueva ley en una colcha de retazos. “Yo propongo que la nueva coherencia de la nueva Ley sean los estándares internacionales, si tenemos eso como horizonte, punto de partida y de llegada podremos hacer un buen trabajo”.
Danilo Silva, titular del CORDICOM coincidió en la necesidad de tener un debate democrático para que la reforma de la LOC “sea la que se requiere y en respeto a las libertades”.
Para Silva, la libertad de expresión es la piedra angular de la democracia, pero una democracia con responsabilidades. Al respecto, se refirió a la responsabilidad ulterior y aseguró que no se pueden lesionar otros derechos y que si eso ocurre, no hay mejor opción que un juez especializado e independiente para resolver y adjudicar en derecho con proporcionalidad y en base a estándares lo que corresponde.
En ese sentido cuestionó el papel que ha jugado la SUPERCOM por considerar que esta no hacía una ponderación adecuada de derechos y que en estos casos, la motivación es la clave y para ello, se necesita el adecuado análisis de un juez competente. “Más allá de los análisis, el tema central es que la libertad de expresión no debe estar sujeta a control del Estado. Es uno de los Derechos humanos esenciales, apuntó”.
Finalmente, el presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, Jorge Corozo anunció los pasos que seguirá la Comisión que preside para tratar las reformas. Al respecto informó que se tratarán siete proyectos de ley. Cinco proyectos reformatorios y dos derogatorios que serán agrupados y tratados en dos informes
Además, Corozo, informó que se abre las Comisiones Generales de la Comisión de Derechos Colectivos y que los primeros en ser recibidos serán el Secretario Nacional de Comunicación, Andrés Michelena, y el presidente del CORDICOM, Danilo Silva, convocados para el próximo lunes 11 de junio. Antes de retirarse del foro, invitó a que todos los sectores de la sociedad civil tomen parte del debate.