REFORMAS LOC

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  1. La LOC no debe ser un dispositivo de persecución sino una herramienta para impulsar la protección y el desarrollo de los derechos relacionada a la Comunicación.
  2. La comunicación no es un servicio público es un derecho humano fundamental.
  3. No a la Supercom. La institucionalidad represora debe desaparecer.
  4. El linchamiento mediático debe ser eliminado.
  5. La censura por omisión es un mecanismo de censura vía la imposición de contenidos.
  6. El código de ética como mecanismo de sanción y censura debe ser reemplazado por la adopción de mecanismos de autorregulación de los medios.
  7. Debe reforzarse la autonomía e independencia del CORDICOM como el organismo regulador.
  8. Eliminar los artículos que establecen a la comunicación como servicio público y a la información como un bien público.
  9. Revisar el mecanismo para la garantía del derecho a la rectificación o réplica de tal forma que no se vuelva un sistema para la censura vía la imposición de contenidos.
  10. El capítulo de medios públicos debe ser eliminado para construir una Ley de Medios Públicos dónde se garanticen los principios de servicio público, independencia de gestión, independencia editorial, pluralidad, entre otros. La figura de medios “oficialistas” debe ser eliminada.
  11. Regular la publicidad oficial para que no sea utilizada como un mecanismo de premios y castigos y cumpla con criterios de equidad y transparencia.
  12. Garantizar la asignación transparente, justa, plural de las frecuencias de radio y televisión.
  13. Garantizar y promover de forma real el desarrollo de medios comunitarios. Debe haber una reserva de frecuencias, pero no una repartición rígida y anti técnica.
  14. Revisar el 1×1 para construir un mecanismo de verdadero impulso a la producción nacional y mecanismo de dialogo y consenso entre artistas y medios.

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Con la premisa de construir una alianza social sólida para los nuevos tiempos y una Ley de Comunicación profundamente reformada que garantice el derecho humano a la libre expresión del pensamiento, representantes del Grupo Democrático por las Reformas a la Ley de Comunicación (LOC) mantuvieron un diálogo, el pasado 6 de marzo, con Juan Fernando Velasco, cantautor y presidente de la Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos (SAYCE).

Velasco mencionó que antes de que aparezca la figura del 1×1, estipulada en el artículo 108 de la Ley de Comunicación, que menciona que la música producida en el Ecuador representará el 50% de los contenidos radiales, los medios sí tenían una deuda pendiente con los contenidos nacionales.

Según el presidente de SAYCE, el sentido de este artículo de la Ley no debía significar una imposición a las radios, sino impulsar el talento ecuatoriano.

En esta línea, el cantautor señaló que este es un tema que se debe construir de manera consensuada. “Se debe llegar al acuerdo al que nunca pudimos llegar, recuperar la mística, un acuerdo desde el incentivo y no desde lo punitivo”, enfatizó.

También, resaltó la importancia que se debe dar a las obligaciones que tienen los medios de comunicación con los artistas nacionales por los temas que involucran los derechos de autor.

Por su parte, César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, resaltó la importancia de seguir manteniendo espacios en donde el diálogo permanente y los acuerdos sean el eje central.

Finalmente, el Grupo Democrático y Juan Fernando Velasco acordaron seguir trabajando en acciones conjuntas para llegar al objetivo común: propiciar reformas profundas a la Ley de Comunicación y una mesa de diálogo de la directiva de SAYCE con los directivos de diferentes medios radiales.

Los periodistas y editores de medios de comunicación, académicos, políticos y miembros de organizaciones de la sociedad civil que conformamos el Grupo Democrático por las Reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, LOC, expresamos la necesidad de realizar de manera urgente dicha reforma con el fin de eliminar la Superintendencia de la Información y Comunicación, SUPERCOM, en razón de que se violan los derechos de comunicación, libertad de pensamiento y opinión consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

La Asamblea Nacional, aprobó la Ley Orgánica de Comunicación, el 14 de junio del 2013, por tanto, exigimos: derogar los artículos desde el 55 hasta el 59 que contienen las disposiciones relativas a la Superintendencia de la Información y Comunicación, SUPERCOM.

La Constitución muy bien señala que, la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.

Además, de que la Constitución prevalece sobre cualquier otra norma legal y, no tendrán valor si, de algún modo, estuvieren en contradicción con ella o alteraren sus prescripciones.

Los derechos garantizados a los particulares en la Constitución, se resumen en el concepto de igualdad ante la ley y de libertad. Tales principios aplicados al derecho judicial, constituyen la base del procedimiento civil; la igualdad jurídica da lugar a la igualdad de trato y a la seguridad jurídica, fundamental en un estado de derecho.

Es necesario que, para garantizar la seguridad jurídica, la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos y el debido proceso, que habla claramente la Constitución de la República, se deben derogar los artículos señalados, en razón que, un mismo órgano administrativo, hace las veces de juez y parte, dentro de los procesos administrativos, que se iniciaban en contra de los medios de comunicación privados.

Lo cual infringe los artículos 75, 76, numeral 7, letra k, y, 82 de la Constitución Política, que muy bien prescribe: La persona tiene que ser juzgado por un juez independiente, imparcial y competente, que le proteja efectiva e imparcialmente, lo cual lleva a que tenga seguridad jurídica, en virtud que se respetan los preceptos constitucionales y legales.

La Superintendencia de la Información y Comunicación, SUPERCOM, inició procesos administrativos, en contra de varios medios de comunicación, aplicando de forma arbitraria y prepotente una Ley contraria a la Constitución; expedientes administrativos inconstitucionales e ilegales, que en su mayoría sirvieron para sancionar a numerosos medios de comunicación independientes que no se sometían a los caprichos y exigencias del gobierno de turno.

Como resultado de la señalada persecución se cerraron algunos medios de prensa escritos, dejando sin trabajo, a cientos de valiosos ecuatorianos, entre ellos periodistas de gran valía intelectual y moral.

Rechazamos la persecución efectuada por la Superintendencia de Comunicación, en contra de los medios de comunicación.

Es necesario recalcar que la SUPERCOM infringió varios artículos de: La Constitución; la Ley Orgánica de Comunicación; Tratados Internacionales; la Convención Interamericana de Derechos Humanos y, la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Por las razones expuestas, solicitamos al señor Presidente de las República, Lenin Moreno Garcés, que en vista de ser necesaria la supresión de dicha entidad pública, no envíe la terna para Superintendente de Información y Comunicación al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y recomiende la eliminación de este organismo que tanto daño ha hecho al país.

 

Quito, 5 de marzo de 2018.

CARTA ABIERTA A LA OPINIÓN PÚBLICA

 

LOC.EC está conformado por: Luis Verdesoto, académico y presidente de la Plataforma por la Democracia y DDHH; José Najas, director de Radio Sucesos; Francisco Rocha, director de la Asociación de Editores de Periódicos del Ecuador (AEDEP); Susana Piedra, presidenta de la Federación Nacional de Periodistas (FENAPE); Thalía Flores, periodista y corresponsal del Diario ABC de España, Juan Carlos Solines, abogado experto en Telecomunicaciones; Roberto Manciati, presidente de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador Asociados (CCREA); Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), César Ulloa, catedrático y vicepresidente UNP; César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS; Tania Tinoco, presentadora/realizadora del programa investigativo Visión 360 de Ecuavisa; María Josefa Coronel, abogada especializada en Derechos Humanos, Betty Escobar, articulista de Diario El Universo; Carlos Rojas, director del programa Políticamente Correcto de Ecuavisa; Lolo Echeverría, director de la Revista Criterios; Marlon Puertas, editor general del portal Focus Ecuador; Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo; Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE); Sara España, periodista de diario Expreso y corresponsal de diario El País; Saudia Levoyer, directora del Área de Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar; Jaime Vintimilla, catedrático de la USFQ; Mónica Mendoza, macroeditora de diario El Comercio (Guayaquil); Juan Carlos Calderón, director de la revista digital Plan V; y el periodista y activista Carlos Vera.


Con el objetivo de
propiciar unas reformas profundas a la Ley de Comunicación y construir los medios y el periodismo del futuro, donde el concepto de cooperación sea un eje central, representantes del Grupo Democrático para las Reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC.EC), presentado en una rueda de prensa en días pasados, mantuvieron una primera reunión con Andrés Michelena, nuevo Secretario Nacional de Comunicación (SECOM), y una tercera reunión con Danilo Silva, presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM).

César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS; Thalía Flores, periodista y corresponsal del Diario ABC de España; Juan Carlos Solines, abogado experto en Telecomunicaciones; y Lolo Echeverría, director de la Revista Criterios, fueron algunos de los actores de LOC.EC que asistieron a la reunión que buscó continuar con las acciones para impulsar reformas profundas y radicales a la Ley de Comunicación.

Andrés Michelena señaló que hay la voluntad política del presidente Lenín Moreno de sacar las reformas a la Ley de Comunicación en un plazo breve que podría ser de seis meses y que se ha trazado las directrices que deben estar enfocadas en el cumplimento estricto de los tratados y estándares internacionales.

También, el Secretario de Comunicación de la SECOM mostró su apertura para que se establezca una metodología permanente y se realicen futuras acciones en conjunto para avanzar con la revisión de los textos de las reformas a la LOC. Así, se propuso llevar a cabo mesas técnicas que serán tripartitas: CORDICOM, SECOM y el Grupo Democrático.

De la misma manera, el miércoles 21 de febrero, LOC.EC mantuvo un diálogo con los representantes de distintos bloques parlamentarios, en el que se estableció como consenso general que, si bien en este momento hay una dispersión de proyectos que han presentado distintas bancadas, es importante llegar a acuerdos y consensos.

LOC.EC está conformado por: Luis Verdesoto, académico y presidente de la Plataforma por la Democracia y DDHH; José Najas, director de Radio Sucesos; Francisco Rocha, director de la Asociación de Editores de Periódicos del Ecuador (AEDEP); Susana Piedra, presidenta de la Federación Nacional de Periodistas (FENAPE); Thalía Flores, periodista y corresponsal del Diario ABC de España, Juan Carlos Solines, abogado experto en Telecomunicaciones; Roberto Manciati, presidente de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador Asociados (CCREA); Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), César Ulloa, catedrático y vicepresidente UNP; César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS; Tania Tinoco, periodista y directora del programa investigativo Visión 360 de Ecuavisa; María Josefa Coronel, abogada especializada en Derechos Humanos, Betty Escobar, articulista de Diario El Universo; Carlos Rojas, director del programa Políticamente Correcto de Ecuavisa; Daniela Salazar, abogada y defensora de Derechos Humanos, catedrática de la USFQ; Lolo Echeverría, director de la Revista Criterios; Marlon Puertas, editor general del portal Focus Ecuador; Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo; Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE); Sara España, periodista de diario Expreso y corresponsal de diario El País; Saudia Levoyer, directora del Área de Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar; Jaime Vintimilla, catedrático de la USFQ; Mónica Mendoza, macroeditora de diario El Comercio (Guayaquil); Juan Carlos Calderón, director de la revista digital Plan V; y el periodista y activista Carlos Vera.

Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  anunció el apoyo y acompañamiento por parte de la CIDH, para las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) en el Ecuador, tras la intervención de César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, en la audiencia regional sobre esta materia, que tuvo lugar este 28 de febrero de 2018, en Bogotá, Colombia, durante el 167 Período de Sesiones.

En esta cita, representantes de organizaciones de cuatro países de la Región Andina: el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela y Perú, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) de Bolivia y FUNDAMEDIOS, de Ecuador expusieron acerca de las violaciones a la libertad de expresión y prensa en cada uno de los países.

A pesar de las diferencias y particularidades que existen en cada país, sus representantes coincidieron en la existencia de violaciones a la libertad de expresión en internet, con la censura y el cierre de cuentas en redes sociales, acciones de trolls o difusión de noticias falsas;  persecución a periodistas críticos con el poder, casos de judicialización de la opinión, así como restricciones a los medios independientes por temas varios como asfixia económica, condicionamiento en la pauta publicitarias, leyes restrictivas, entre otros.

Durante la cita, César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS y quien inició el diálogo con los Comisionados, resaltó que la realización de la audiencia regional se realiza en el marco de un proceso de coordinación entre las organizaciones, que buscan  desarrollar indicadores de monitoreo comunes para homologar información y presentar informes regionales que constituyan una fuente de información útil para la Comisión Interamericana y su Relatoría para la Libertad de Expresión. Hecho que fue felicitado por el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, quien destacó el papel de la sociedad civil para conocer acerca de las violaciones a los derechos.

Durante su intervención, Ricaurte destacó una mejora en el clima para la prensa y una mayor apertura para el trabajo de la sociedad civil, el país, tras el cambio de gobierno, en mayo del 2017. Aseguró que después del Referéndum y Consulta Popular del 04 de febrero, se ha iniciado un diálogo positivo para emprender reformas profundas a la Ley Orgánica de Comunicación para que cumpla los estándares internacionales y deje de ser una herramienta persecutoria. Asimismo, subrayó la disminución de las agresiones que reflejan esta nueva situación, siendo 2017, el primer año en un década en que se registró una disminución de ataques, con el 40% menos frente al 2016.

Pese a ello, Ricaurte afirmó que se mantienen ciertas restricciones y temas pendientes como el caso del periodista Freddy Aponte, de Loja, quien ha sufrido una persecución por parte del Alcalde José Bolívar Castillo y ha sido recientemente fue declarado insolvente e interdicto de administrar sus bienes.

La situación de Venezuela, la más grave de la región, fue expuesta por Marianela Balbi, directora ejecutiva de IPYS, quien destacó que las restricciones de las fuentes de información pública en entes estatales y no estatales; las negativas de funcionarios públicos a rendir cuentas, así como los obstáculos para acceder a datos públicos en instituciones y plataformas digitales, fueron las principales preocupaciones de los periodistas de ese país, que vive un retroceso democrático, con la imposición de la violencia, criminalización de reporteros, con 54 detenciones arbitrarias y al menos 70 medidas judiciales contra comunicadores.

Adriana León, representante de IPYS Perú dio cuenta que los ataques a la prensa en ese país están vinculados, en su mayoría, a querellas y procesos judiciales contra periodistas y medios de comunicación, en casos por delitos de injurias, difamación y  calumnias y debido al uso sistemático de la justicia para intentar callar aquella prensa fiscalizadora. Hechos que son más graves en el interior del país, en donde existen estructuras mafiosas. Es así que entre los casos más graves figura el asesinato del periodista Hernán Choquepata, de Arequipa, muerto a tiros en su cabina radial mientras hacía la transmisión de su programa, a finales de 2016.

Finalmente, Marcelo Miralles Iporre, presidente de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia, aseguró que la censura manipulada por la publicidad estatal, la censura previa promovida por leyes, la asfixia financiera a los medios de comunicación y la intolerancia con puntos de vista críticos, generan un riesgo para las libertades de prensa y expresión en ese país. En cuanto a cifras, la ANP ha reportado un total de 136 agresiones físicas contra periodistas y medios, y registró otros 155 casos de agresiones verbales y amenazas. Al respecto, se destacó una estigmatización en contra de periodistas que el gobierno los califica de “opositores.

Tras la exposición de los casos, los comisionados Francisco Eguiguren y Luis Ernesto Vargas Silva se mostraron preocupados por el concepto de “prensa libre e independiente”y sobre la independencia y objetividad que deberían tener los periodistas. En ese contexto, Eguiguren preguntó a los peticionarios que le aclaren el concepto de prensa libre e independiente y sobre quién determina aquello. Hecho que fue refutado por los peticionarios, quienes respondieron que la prensa libre e independiente es aquella que no responde a ningún poder, ni político, ni económico y los peligros de que sea el gobierno de cada país el que califique a las prensa bajo esos criterios.

Ricaurte lamentó de manera especial que el comisionado Eguiguren utilice este espacio para un debate académico y no se interese por el contenido de la información presentada en la audiencia. En tanto, Lanza zanjó el debate destacando que los periodistas han jugado un papel fundamental en la lucha contra la corrupción y de la importancia de ejercer la libertad de expresión sin amenazas o restricciones y dentro de los parámetros que amparan los estándares internacionales. Si no no discutimos libertad de expresión en una sociedad democrática de, qué discutimos, apuntó el Relator.

En esa línea, el Secretario Ejecutivo Paulo Abrao se interesó por conocer acerca de las trabas para el ejercicio del periodismo investigativo, como impedimentos de acceso a la información y casos de hostigamiento.

Los peticionarios concluyeron su exposición con pedidos concretos para la CIDH, entre las que incluye una visita in loco a los países de la región; solicitar información al Estado Plurinacional de Bolivia sobre la creación, vigencia y aplicación de normas que sirven para presionar y asfixiar a los medios de comunicación independientes; exigir a los Estados que actúen de manera eficaz para garantizar el trabajo periodístico de manera libre y sin presiones  y que la Comisión recuerde a los Estados su deber de garantizar el acceso a una justicia imparcial y el establecimiento efectivo de procesos judiciales que rompan con el círculo de impunidad que rodea a los delitos y violaciones cometidas contra periodistas y trabajadores de la prensa en el ejercicio de sus funciones.

Descargue en este enlace la ponencia completa ante la CIDH 

PONENCIA CIDH

Hoy los periodistas, académicos, activistas que hemos decidido conformar este Grupo Democrático por las Reformas a la LOC expresamos al país lo siguiente:

Durante 10 años, el Ecuador sufrió el mayor deterioro de sus libertades y derechos, especialmente de las libertades de prensa, expresión y asociación.

Han quedado registrados más de 2 000 ataques a la prensa, verbales, físicas, judiciales. Pero, el punto de inflexión para que el Ecuador sea considerado uno de los países con la peor situación de libertades fundamentales en el Hemisferio Occidental fue la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación. Las consecuencias para el periodismo y los medios de comunicación fueron nefastos. Pero las consecuencias más negativas se dieron para los ciudadanos que fueron privados de su derecho a la información y opinión plural e independiente, el cual fue reemplazado por un estado de propaganda asfixiante.

Es hora de dejar el viejo régimen atrás. Es hora de cambiar radicalmente una de las principales herramientas del autoritarismo populista: la Ley Orgánica de Comunicación. El mínimo del que se debe partir es el cumplimiento de los tratados y estándares internacionales.

Una reforma política e institucional, como la que pretende impulsar el Gobierno desde los resultados de la consulta popular, no puede ser completa si no se impulsa un cambio radical del sentido y concepto base de la Ley de Comunicación.

Son nuevos tiempos. Queremos nuevos medios. Es necesaria una nueva Ley, en el sentido de que la actual Ley Orgánica de Comunicación debe ser profundamente reformada para que no solo garantice las libertades y derechos fundamentales, sino que promueva el desarrollo comunicacional. No proponemos un retorno al pasado.

Cuando hablamos de nuevos tiempos y nuevos medios lo hacemos con la visión de que los sistemas democráticos están cambiando aceleradamente y en ese cambio las nuevas redes de comunicación exigen a los medios transformaciones y nuevos roles. Para ello proponemos construir una alianza social para generar una Ley que propicie una comunicación para el futuro dónde el concepto de cooperación y redes sea un eje central. La Ley de Comunicación debe ser reformada profundamente para incluir una agenda positiva enfocada en un desarrollo armónico de los tres sectores de medios: públicos, comunitarios y privados.

Es decir, debemos superar el viejo esquema de la Ley elaborada para castigar y disciplinar y pasar a una Ley propositiva enfocada en construir el periodismo y los medios ecuatorianos del futuro.

Ese futuro creemos que será colaborativo y en redes. De hecho ya lo es en este momento. Por eso, debemos ser capaces de diálogo entre los distintos sectores involucrados en los procesos comunicacionales para conectar medios y vida. Medios y grupos sociales y convertir a los medios en un mecanismo de cohesión social.

Desde hoy llamamos a construir una alianza social sólida para los nuevos tiempos, los nuevos medios y una Ley de Comunicación que una vez profundamente reformada garantice el derecho humano a la libre expresión del pensamiento.

 

MANIFIESTO LOC