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La mañana del pasado jueves, 29 de julio, académicos, representantes de organizaciones internacionales y de la sociedad civil ecuatoriana que trabajan en temas de libertad de expresión, protección de datos y derechos digitales, se reunieron para conformar un observatorio encaminado al seguimiento, aplicación y ejecución de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que se aprobó el pasado 10 de mayo y entró en vigencia ese mismo mes.

El Observatorio para la Implementación de la Protección de Datos Personales se constituyó con la participación de César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, de Lorena Naranjo, ex directora de la DINARDAP, académica  experta en datos, de María José Calderón, académica, de Luis Enriquez, del Observatorio de Ciberderechos de la Universidad Andina Simón Bolívar, de Valeria Betancourt, de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones-APC, de Martha Roldós, de la Fundación Mil Hojas, de Gaspar Pisanu, de Access Now y de María Paz Canales, de Derechos Digitales. Otros actores se irán sumando en el futuro.

El observatorio resalta y celebra la aprobación de la Ley de Protección de Datos Personales dado que establece altos estándares en la materia que permitirán a los ecuatorianos proteger sus derechos a la intimidad y privacidad al tiempo que protege la libertad de expresión, el derecho a estar libre de discriminación, a la autodeterminación informativa y establece las debidas protecciones para evitar la vulneración de los datos de los ciudadanos. 

Al mismo tiempo el nuevo observatorio muestra su preocupación con respecto a los hechos públicos suscitados en el Ecuador, en los que la protección de datos personales de miles de ecuatorianos se ha visto reiterativamente vulnerada.

Uno de esos sucesos es el ataque informático de los sistemas de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones-CNT que, como ha anunciado la ministra de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Vianna Maino, se ha colocado a la institución en estado de emergencia. 

Por otro lado está la filtración de datos del Ministerio de Salud, que expuso públicamente la información de millones de personas que ya fueron vacunadas junto con sus nombres, direcciones, teléfonos y datos médicos. 

A esto se suma la posible filtración de datos de otras instituciones y empresas públicas como el Servicio de Rentas Internas- SRI, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS y Petroecuador.

Los miembros del Observatorio para la Implementación de la Protección de Datos Personales miramos con preocupación los últimos acontecimientos que confirman que se debe avanzar con celeridad en la implementación de la Ley de Protección de Datos, como norma que permita resguardar la información personal de los ecuatorianos.

Para ello, creemos urgente, tal y como lo establece la ley, que se proceda a la creación de la Superintendencia de Protección de Datos y se nombre a su máxima autoridad, para que se encargue de la implementación y aplicación de la Ley.

Hacemos una llamado al Ejecutivo para que, junto con la sociedad civil, llevemos adelante este proceso que garantizará la protección de los datos personales de los ciudadanos en manos de instituciones públicas y privadas y reforzará el ejercicio de derechos humanos en el país.

 

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Cristobal Numez fue uno de los primeros radiodifusores de Manabí. 

Un viaje de estudios a Colombia en los años 60 ‘s le sirvió de inspiración a Cristóbal Numez Márquez (+), para que regresara al país con la visión de poner el primer canal de televisión en Manabí. Era conocido por andar de loma en loma con la antena para captar la imagen de televisión en Chone. Y lo logró. Se convirtió en el pionero en ese campo. Así, empezó su curiosidad por los medios de comunicación y la radiodifusión,  el 18 de diciembre de 1978,   firmó  el contrato de concesión de la frecuencia 98.5 de la estación de radiodifusión denominada Radio “Al Dia”, en la ciudad de Chone. Se inició con unos tocadiscos, programaciones musicales, y locuciones en vivo. ‘Paco’ como también lo llamaban adquirió poco a poco prestigio. Tiempo más tarde en 1987, en cambio, la radio migró al dial 96.5 y mantuvo el mismo nombre. 

Hasta que finalmente el 13 de diciembre de 1999, se dio el contrato modificatorio de cambio de frecuencia al dial 102.1 con el nombre de Radio «Romance» el cual conserva hasta la actualidad. 

«Ese fue uno de los hobbies de él, ser un radioaficionado le gustaba la tecnología, los medios de comunicación, instalar antenas, fabricar torres, transmisores, traía equipos de Estados Unidos y vendía», recuerda su hijo Harry Mac Numez, quien siguió sus pasos. 

Harry Numez Figueroa sentado en la silla de controles junto a su hermano Fred Karol. 

En la familia todos se involucraron con el trabajo radial, su hermana Ivonne Numez, en cambio, tuvo un programa de música donde entrevistaba a figuras de la época. 

Ivonne Isabel Numez, la mayor de los tres hermanos. 

El 6 de noviembre de 2015 su padre Cristóbal Numez Márquez, falleció y  fue entonces cuando la radio quedó a nombre de su esposa, Esperanza Figueroa, quien continuó con la administración de la frecuencia.  “Después la radio pasó a ser más automatizada y digitalizada con la llegada de la tecnología y la computadora (…) Ahora con la pandemia ya no tenemos programas musicales porque se evita que la gente esté en la radio, solo se realizan noticias en la mañana. Queda la radio automatizada con programaciones pregrabadas las 24 horas”, cuenta Harry Mac. 

Esperanza también es amante de las cabinas y micrófonos. 

En el fallido concurso de 2016 participaron para renovar la frecuencia,  “no nos dieron paso, pero apelamos y obtuvimos una recalificación”. Numez recuerda que en aquel concurso, la Corporación Manabita de Radio y Televisión S.A. COMARVISA empresa constituida en 1993 en Portoviejo concesionario de Radio Marejada, Televisión Manabita, y Diario El Manaba, también concursó por el dial 102.1. Además,  en el concurso de 2016 la empresa estuvo involucrada en un caso de tráfico de frecuencias, de hecho, Tulio Oldemar Muñoz, su accionista estuvo en prisión por pedir coimas a ejecutivos de radio y TV a cambio de la promesa de asignación de frecuencias.

“Ahora en la actualidad volvemos a participar y ¿cuál es la sorpresa? que en el dictamen jurídico salimos como que no cumplimos con los parámetros. Se apeló el dictamen, aunque en la primera resolución nunca explicaron cuál era el motivo del no cumplimiento”, dice Harry Numez Figueroa, hijo de Esperanza Figueroa y quien ahora se encarga de la radio, además y señala que ARCOTEL no aceptó la apelación. Es decir, radio Romance estaría descalificada, sin ninguna razón clara que se haya proporcionado al actual concesionario.

Adicionalmente, y pese a lo anterior, ARCOTEL califica a Radio Romance con un total de 113.5 puntos, sin que se le acrediten los puntos extras por años de servicio y de experiencia, a pesar de su extensa trayectoria, “no sé, cómo cabe, si estamos operando desde el 78, el viernes cumplimos 42 años ininterrumpidamente y no nos ponen el puntaje de servicio y de experiencia”, expresa con indignación.   

Otro de los concursantes por la misma frecuencia es la Compañía Manabita de Radio Prensa y Televisión Telemanabi S.A. empresa constituida en junio de 2016 en Portoviejo. Sus accionistas son Luis Alberto Arteaga Carrasco, quien es el representante legal y gerente general según consta en la página de Televisión Manabita  y Luis Reynaldo Rivadeneira. 

La compañía concursa por la frecuencia 102.1 a la cual han denominado “La Machetera”, obtuvieron un puntaje total de 116.5 y según el informe de ARCOTEL, sí cumple con el dictamen jurídico. Aunque los títulos habilitantes no han sido entregados aún, en redes sociales ya se promociona como un espacio que próximamente tendrá “noticias, deportes, música, y 24 horas de programación en vivo”. Fundamedios contactó a Luis Alberto Arteaga, para consultarle sobre su participación en el concurso, y la prematura promoción de una radio que no ha sido concesionada aún, respondió que “yo puedo promocionar lo que a mí me dé la gana”.  

En la llamada, además, dijo: “Yo soy el presidente de los periodistas de Manabí”, sin embargo según medios de comunicación locales aseguran que él ya no representa al gremio, “cualquier acción o diligencia que realice el señor Luis Alberto Arteaga Carrasco a nombre del Colegio de Periodistas de Manabí no cuenta con ningún respaldo legal ni de los integrantes del gremio, y que dichas acciones o diligencias serán de su entera responsabilidad legal o reglamentaria”. 

No se pudo continuar con la entrevista, porque Arteaga finalmente tiró el teléfono.

 

 

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La libertad de expresión es un Derecho Humano fundamental. La Libertad de Prensa es la materialización de ese derecho a través del periodismo y de los medios de comunicación. La Defensoría del Pueblo es la autoridad nacional de Derechos Humanos. Hasta ahí, las cosas son claras.

Y sin embargo…

Como autoridad nacional, la Defensoría del Pueblo debe proteger y promover este Derecho Fundamental. En contraste, la tutela es un asunto controversial, más aún en un país como Ecuador, donde sufrimos el trauma de haber tenido un Gobierno que se autoasignó la tutela de la Libertad de Expresión únicamente para destruirla a través de repartir sanciones a diestra y siniestra amparado por normativa Ad Hoc como la Ley Orgánica de Comunicación.

Todo esto no es un asunto menor.

Ahora la Defensoría del Pueblo obliga a pedir disculpas a un medio de comunicación como la tradicional y emblemática Radio Visión de Quito y a sus directivos les exige tomar un curso sobre libertad de expresión, entre otras medidas de reparación. Tales acciones, en realidad, se parecen demasiado a las sanciones de humillación que solía practicar con frecuencia la extinta Supercom del ahora prófugo Carlos Ochoa.

La Defensoría del Pueblo aplica tales medidas como resolución en un caso que conoce de oficio y qué significa una controversia entre el periodista Andrés López y Radio Visión, dirigida por el también periodista Diego Oquendo Silva. Es decir, el periodista Andrés López no solicitó la intervención de la Defensoría y menos aún Radio Visión. La Defensoría eligió intervenir en este caso y cabe preguntarse ¿por qué?

Para intentar una respuesta, pongamos un poco de contexto. En el país, en los últimos 14 años se han producido 2 791 agresiones a periodistas, medios de comunicación. Hemos visto asesinatos, amenazas de muerte y daño físico, censura, enjuiciamientos, encarcelamientos, cierre de medios, exilios, ataques en Internet de todo tipo, impedimento de acceso a la información a periodistas durante la pandemia, hackeos, denegación de servicio, uso de copyright como forma de censura y un amplio etc. Ante esas 2 791 violaciones a la libertad de expresión la autoridad de DDHH, la Defensoría del Pueblo, nunca se ha pronunciado. Todo lo contrario: en el mejor de los casos ha guardado un ominoso silencio, en el peor ha sido cómplice de esas violaciones. Claro, eran otros tiempos, pero vale la pena recordar que incluso tuvimos a un Defensor del Pueblo, cuyo nombre ni siquiera es digno de citar, quien después de almorzar con el agresor contra la libertad de expresión Fernando Alvarado, anunció clemencia en el intento de cierre de esta organización. Es decir, tenía el comportamiento de todo un perdonavidas.

Son 2 791 agresiones contra la prensa, mas del 80% de todas esas agresiones son atribuibles al Estado o a funcionarios públicos, y frente a eso, la Defensoría del Pueblo no se ha pronunciado. Ahora escoge un caso entre privados para pronunciarse sobre la libertad de expresión en el país y esa elección es nefasta cuando tenemos a un periodista al borde la cárcel, cuando la impunidad reina en el caso del secuestro y asesinato de los periodistas de El Comercio, cuando la impunidad es trágica en el asesinato de Fausto Valdiviezo, cuando 138 periodistas fueron agredidos en las calles durante las protestas de octubre y una treintena fueron secuestrados durante esos mismos hechos.

Lo reiteramos, pretender, como lo hace la Defensoría del Pueblo, que el caso emblemático para la libertad de expresión el país es el conflicto entre un periodista que ha sentido su libertad de expresión vulnerada (sentimiento muy respetable, sin duda) y una empresa mediática dirigida por otro periodista que manifiesta su derecho a salvaguardar su línea editorial es, por demás desafortunado.

El ejercicio de la Libertad de Expresión es muchas veces polémico y no pocas veces entra en colisión con otros derechos, lo cual exige un sentido de ponderación por demás delicado. Esa situación se multiplica cuando el conflicto se produce entre dos situaciones relativas al mismo derecho. La ponderación que realiza la Defensoría del Pueblo, en este caso, es torpe y finalmente vulnera el derecho que pretende tutelar porque no reconoce que un aspecto importante de la libertad de expresión es la libertad editorial de los medios, lo cual significa el poder a sus colaboradores.

Por todas estas razones, creemos desde Fundamedios que la Resolución Defensorial DPE-DDP-2020-0483-O contra Radio Visión es un gran error y merece todo nuestro rechazo, por lo cual exhortamos a la Defensoría del Pueblo a retirarla y dejarla sin efecto.

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El Alcalde de Quito fue una de las figuras que motivaron las observaciones de Contraloría para dar de baja el concurso de frecuencias de 2016.  Sin embargo, el modus operandi se repite este año: busca conseguir medios a través de parientes, socios o empleados y vuelve a figurar a través de un esquema de testaferrismo como otro de los grandes beneficiarios del espectro radioeléctrico en el Ecuador. Esta investigación presentada por FUNDAMEDIOS es la tercera parte de tres entregas que revelan los mecanismos utilizados por grupos de poder para concentrar frecuencias y con ello afectar la libertad de expresión en el país.  

 

16 de noviembre de 2020

No es un secreto a voces. En 2016 la Contraloría General del Estado expuso que un grupo societario pretendía acaparar 42 frecuencias de radio FM,  a través de 12 empresas, un sistema que podría calzar dentro de la categoría de testaferrismo. Entre las empresas vinculadas a este se encontraba “Radio Canela S.A”, marca a la que, directa o indirectamente, puso los reflectores en la figura del actual alcalde de Quito, Jorge Yunda, quien al igual que ‘El Fantasma’ González, podría ser otro de los beneficiados del concurso de frecuencias 2020. 

Poco ha cambiado desde que el  informe de la Contraloría General del Estado (CGE), realizado entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2017, desnudó las irregularidades en el proceso y señaló que se abrió la puerta a la concentración de frecuencias en manos de tres grupos empresariales. Entre ellos relucieron marcas como Ecuaenlace S.A, Canela S.A, Lesotho S.A., etc. Aunque en el reporte no se identificó a los accionistas de los conglomerados por su nombre, sí señaló sus cédulas de identidad. Estas pertenecían a Jorge Yunda, burgomaestre de la capital, Lilia Yunda Machado (hermana),  Jorge Sebatian Yunda Yunda (hijo) y Beatriz Enriqueta Machado  (madre). 

Así, el informe de la Contraloría expuso que las empresas del denominado “Grupo A” estaban vinculadas al alcalde de Quito:

Además, la Contraloría identificó que:

A pesar de los hallazgos presentados por el organismo de control, se detectó que “no verificaron en la primera fase, el cumplimiento de las inhabilidades motivos de descalificación establecidos en las bases del concurso, por consiguiente, afectaron el objetivo del concurso convocado el 12 de abril de 2016 (…) Al no garantizar el acceso en igualdad de condiciones a los postulantes, dejando abierta la posibilidad que se de la concentración de frecuencias”.    

Quince meses después casi todo continúa igual. De las 16 empresas vinculadas a Jorge Yunda, y revisadas por Fundamedios, ocho están nuevamente a concurso y, de ellas, siete ya fueron identificadas previamente en el informe de Contraloría. 

Una de las recomendaciones principales del Organismo de Control decía: “para futuros concursos públicos, previa a la calificación de postulantes, verifique el cumplimiento de las inhabilidades y motivos de descalificación”.

Sin embargo, el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, junto con el director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), Xavier Aguirre, en una rueda de prensa el pasado 17 de septiembre, para responder a la investigación presentada por Fundamedios sobre la presencia de Ángel González en el actual concurso, aseguró que se han acogido las recomendaciones de la Contraloría, y que para este proceso se incluyó una cláusula denominada “Declaración Responsable”, que permite revisar que todas las declaraciones realizadas por los participantes cumplan con lo estipulado en la Ley. Además, dijo que actuarán después de que adjudiquen las frecuencias, en el caso de encontrar irregularidades. 

Los Yunda y sus testaferros

El informe de la Contraloría no sólo reveló las irregularidades en el proceso, también expuso que Jorge Yunda pretendía obtener medios a través de parientes, socios y empleados. Todavía hoy sus hijos y familiares figuran como administradores y accionistas de cinco empresas. Ellos son: Lilia Yunda Machado (hermana), Gabriel Yunda Padilla, Jorge Sebastian Yunda Yunda (hijo), Beatriz Enriqueta Machado (madre), y Luis David Yunda Machado (hermano)

Solo en una de ellas, Radio Canela S.A. (106.5 FM), el actual alcalde aparece como accionista desde 2015. Esta compañía fue constituida el 6 de marzo de 2008 en Quito por la madre del alcalde, quien es actual presidenta de la empresa. En ese periodo Yunda era presidente del Consejo Nacional de Radio y Televisión (Cornatel) entre 2007 y 2009.

Radio Canela S.A. también fue mencionada en el informe de Contraloría revelando que esta mantiene relación de dependencia con las empresas relacionadas al Grupo B. Asimismo, los gerentes generales también mantenían relación de dependencia con las siguientes empresas:

Entre Contraloría y Arcotel se contradicen. El mismo informe publicado en 2018 la Contraloría detalla que “Radio Canela S.A. con RUC 1792129265001 (…) no tiene asignada una frecuencia”. Sin embargo, según Arcotel en febrero de 2019 resolvió dar por terminado el contrato de concesión del dial 106.5 en Quito como “Canela Radio Corp”. Entonces ¿cómo se revierte la concesión de una empresa que no posee frecuencia?  

Continuando con el árbol familiar y empresarial. Lesotho S.A es otro ejemplo de que todo ha quedado en familia, esta compañía fue creada en 1998 en Guayaquil, y actualmente tiene como accionistas a Luis David Yunda Machado (hermano) y a Beatriz Enriqueta Machado Orozco (madre). Además, participa en el concurso por la frecuencia 90.5.

El alcalde Yunda fue accionista de esta empresa hasta 2007. El informe de la Contraloría decía que esta empresa tenía como presidenta a la madre de Yunda, quien figura como accionista de Radio Canela S.A. y de la empresa Telecanela S.A, la cual tenía la frecuencia 105.7 en Loja y fue disuelta, según consta en la Superintendencia de Compañías, en ella se configuraban como accionistas Luis David Yunda Machado (hermano),  licenciado en producción de televisión y medios digitales, y Lilia Yunda Machado, economista (hermana).  

Además, Luis David es accionista de All Publicidad & Marketing S.A., una empresa constituida en 2016 en Guayaquil, que tiene varias actividades en torno a la publicidad. Y de Telecanela S.A empresa actualmente disuelta.  

Fundamedios verificó, además, en el portal de la Superintendencia de Compañías para constatar si al 2020, los accionistas de las 46 frecuencias que buscaba obtener Yunda en 2017, siguen siendo los mismos o se han sumado nuevos nombres. La organización ubicó a 7 nuevos accionistas: Luis Noboa Haro, Marco Antonio García Gallardo, Diego Eduardo Paucar Valvidieso, Mario Oswaldo Amaguaya Romero, Jossellyn Rosmarie Sierra Quijije y Telma Solanda Valle Mera.

El perfil de los nuevos accionistas que tienen relación con Yunda Machado y su empresa de medios son los siguientes: 

Telma Solanda Valle Mera y Jossellyn Rosmarie Sierra Quijije son accionistas de Radio Eventos y Canela Piel del Ecuador Aspengtas S.A., respectivamente, no se ha logrado determinar alguna relación cercana con Yunda. 

Jossellyn Sierra consta en la Senescyt como Ingeniera Industrial de la Universidad Nacional de Chimborazo y máster en Ciencia e Ingeniería de Materiales en la Universidad Carlos III de Madrid. No tiene RUC activo. Telma Valle, en cambio, es licenciada en Ciencias de la Educación, especialidad Historia y Geografía de la Universidad Técnica de Manabí y profesora de segunda enseñanza, especialidad Historia y Geografía de la misma universidad. Graduada en 2002. 

Mientras que Mario Oswaldo Amaguaya Romero, accionista en Canela Piel del Ecuador Aspengtas S.A., sí tiene una relación muy estrecha con el Alcalde, pues incluso aparece en fotografías junto al Colectivo Colonial, una agrupación ciudadana que ayudó al funcionario a llegar a la Alcaldía.

Amaguaya no tiene registro de título en la Senescyt y tiene el RUC suspendido como persona natural en 2017. Actualmente es funcionario directivo 3 del Municipio de Quito con una remuneración mensual de 3.700 USD y anual de 44.400 USD. Aparece con Yunda en su foto de portada en Facebook y en 2019 posan juntos en las fiestas de Nayón. 

El Constitucionalista Ismael Quintana sostiene que el artículo 230 de la Constitución establece un Régimen General de Prohibiciones para los funcionarios públicos entre las que se establece el nepotismo y trabajar simultáneamente en otro cargo público, a excepción de la docencia, y que el artículo 232 además establece que no podrán ser funcionarias ni funcionarios ni miembros de organismos directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal de control y regulación, quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas o representen a terceros que los tengan. En general, Quintana sostiene que la prohibición se cumple siempre y cuando exista un interés contrapuesto.

Otro caso es el de Marco Antonio Gallardo Garcia, doctor en medicina y especialista en cirugía. Estudió en la misma universidad que Yunda, la Universidad Central del Ecuador. Esperanza Beatriz Valarezo Ortiz, quien era  accionista desde 2011 de Ecuaenlace S.A, le cedió el 23 de mayo de 2019 sus acciones al doctor Marco Antonio Gallardo, actual accionista. 

Siguiendo la misma línea, Diego Eduardo Paucar Valdivieso (31 años) , es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). En 2011, pasó a ser accionista luego de que Rocío del Pilar Lara Miranda le cediera sus acciones de Gamboa Comunicación Total Cía. Ltda., empresa que tiene Radio Canela Esmeraldas (99.5). En 2018, la empresa tuvo un memorando por parte de la Arcotel, pues se realizaron transferencias de acciones sin autorización previa.  La Arcotel dispuso cancelar el contrato de concesión de la frecuencia 106.5 en Pichincha y de las repetidoras en Esmeraldas y Santo Domingo. A su vez, Paucar es accionista de Dashboard Community S.A., una empresa que realiza actividades de campañas de comercialización y otros servicios de publicidad.  

JH Radio FM Pintractu S.A. es la empresa concesionaria de la frecuencia (106.5 FM) de la provincia de Tungurahua y fue constituida por Jorge Yunda. En 2018, Johanna Parra Cardenas, le transfirió las acciones por $392 a Luis Fernando Noboa Haro, uno de los nuevos accionistas.   

La historia de Factualti S.A.

La historia de esta emisora, que forma parte del emporio mediático de Canela, revela cómo a través de argucias legales se deja sin efecto las recomendaciones claras de los organismos de control y de esta manera evaden responsabilidades y mantienen la concentración de frecuencias. 

A través de las Resoluciones No. ARCOTEL-2018-0803 de 20 de septiembre de 2018, y No. ARCOTEL-2019-0081 de 06 de febrero de 2019 el Coordinador Técnico de Títulos Habilitantes de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones ARCOTEL, resolvió Iniciar el proceso de terminación del contrato de concesión de la frecuencia 92.7 MHz denominada «CANELA», en la ciudad de Ibarra, Imbabura, por haber inobservado las causales de terminación de concesión de frecuencias y por hallarse incursos en la disposición que prohíbe la transferencia, arrendamiento o enajenación de la concesión, conforme lo establece la normativa vigente. 

La historia de esta radio inicia el 10 de marzo de 2004 cuando se suscribió el contrato de concesión entre la ex Superintendencia de Telecomunicaciones y Jorge Yunda Machado para operar la estación de radiodifusión de la frecuencia 92.7 MHz. 

El artículo 44 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones se refiere a la transferencia o cesión y establece que los títulos habilitantes no podrán enajenarse, cederse, transferirse, arrendarse o gravarse por ningún medio sin autorización de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Incurrir en esta prohibición, sería causa suficiente para la terminación anticipada del título habilitante, sin perjuicio de las consecuencias previstas en el ordenamiento jurídico vigente. Además, que el Artículo 112 de la Ley Orgánica de Comunicación en lo que se refiere a la terminación de la concesión de frecuencia, dice que la concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión de señal abierta terminará por hallarse incurso de manera comprobada en la disposición que prohíbe la transferencia, arrendamiento o enajenación de la concesión.

El 14 de enero de 2015, ante la Notaría Cuadragésima Sexta del cantón Quito, entre la ex Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y Jorge Yunda, representante legal de la compañía RADIO IBARRA FACTUALTI S.A. suscribieron el contrato modificatorio que autorizó el cambio de titular de la concesión de la frecuencia 92.7 MHz. Pasó de las manos de Yunda a la persona jurídica mercantil compañía RADIO IBARRA FACTUALTI S.A.

Este movimiento fue criticado por la Contraloría General del Estado que en el Informe General No. DNA4-00025-2018 señaló que esta frecuencia debía ser revertida porque hubo una transferencia de acciones sin autorización por 408 dólares. Se dispuso al Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones que, conjuntamente con el Coordinador Técnico de Títulos Habilitantes y el Director Técnico de Títulos Habilitantes del Espectro Radioeléctrico, apliquen, calculen y notifiquen las multas al amparo del artículo 117 de la Ley Orgánica de Comunicación a los beneficiarios de las concesiones que transfirieron las acciones y/o participaciones sin sujeción a la normativa vigente para el efecto. 

Al coordinador Técnico de Control y al coordinador Técnico de Títulos Habilitantes del Espectro Radioeléctrico se les dispuso que inicien el proceso de extinción de los títulos habilitantes de servicios de radiodifusión de las empresas citadas, en función a la normativa establecida en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y Ley Orgánica de Comunicación.

El 19 de febrero de 2019 Rodrigo Francisco Padilla Pretel, representante legal de la compañía RADIO IBARRA FACTUALTI S.A presentó un recurso de apelación, el mismo que fue inadmitido  y archivado.  El 21 de agosto de 2019, presentó un Recurso Extraordinario de Revisión en contra del acto administrativo. A través de la providencia No. ARCOTEL-CJDI-2019-00225 de 17 de septiembre de 2019, la Dirección de Impugnaciones de la ARCOTEL, dispuso la admisión a trámite del recurso extraordinario de revisión, abrió término de prueba por quince días, y requirió el expediente administrativo a la Unidad de Gestión Documental y Archivo de la ARCOTEL. 

Entre los argumentos de esta emisora está que el acto impugnado resulta nulo por haber sido dictado por una autoridad incompetente y, además, resulta ilegal toda vez que no se incurrió en ninguna causal de terminación de la concesión pues lo que sucedió es la transferencia de 408 acciones de la misma compañía.

El 31 de octubre del 2019, el Arcotel emitió la resolución 835 en la cual  concluye que la transferencia de acciones en ningún caso puede ser considerado como transferencia de la concesión y aceptó el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por RADIO IBARRA FACTUALTI S.A. y se revocó la Resolución No. ARCOTEL-2018-0081 de 06 de febrero de 2019; y la Resolución No. ARCOTEL-2019-0363 de 13 de mayo de 2019. 

De esta forma, el ex director de la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones (Arcotel), Ricardo Freire, antes de dejar su cargo revirtió cinco frecuencias de radio y televisión entre la que se encontraba 92.7 MHz. Las resoluciones fueron firmadas por Galo Prócel, coordinador técnico de Títulos Habilitantes de la Arcotel y después de que se emitieron estas resoluciones, el director de esa agencia, Ricardo Freire, renunció a su cargo. RADIO IBARRA FACTUALTI S.A. actualmente está a concurso en la cual Gabriel Fernando Padilla Yunda es uno de los accionistas de este medio de comunicación.

Brochas y frecuencias: ¿quién era Bernardo Nussbaum? 

Otro de los personajes claves cercanos a Jorge Yunda, y cuya relación fue pública cuando llegó a la Alcaldía de Quito, fue Bernardo Nussbaum, quien es el proveedor más grande de frecuencias del actual Alcalde de Quito. Así lo confirmó una fuente que solicitó el anonimato.

Nussbaum fue presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) y, en 2008, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senacor) del Gobierno de Rafael Correa solicitó a la Fiscalía iniciar una investigación previa para dar con los responsables del perjuicio al Estado, ocasionado por el presunto acaparamiento de frecuencias de radio por parte de la empresa Servidinámica S.A., que obtuvo frecuencias de radio a través de empresas vinculadas como las radios  Colón, Sabormix, Kiss, Más Candela, Onda Cero, Pasión  y  Sol.  En esa época se dijo que tenía hasta 48 frecuencias sin justificación suficiente, pero Nussbaum siempre aseguró que solo tenía tres radios: Equispunto S.A., Rock & Pop Yava S.A., y, Radio FM 92. 

Según la fuente que solicitó la reserva, Nussbaum habría vendido al menos 6 radios a  Jorge Yunda, el más importante es Radio Colon C.A que es una Sociedad Anónima pues era la única de cobertura nacional y maneja la firma comercial de Radio Armónica. Según el portal de la Superintendencia de Compañías, Servidinamica S.A. fue constituida en Quito, en 1980. Nussbaum es uno de los accionistas de la empresa que aún sigue activa. 

Además, Lilian Margarita Ruf Kywi, quien es representante legal de esta empresa y presidenta de Brochas Wilson S.A. Fue administradora de Radio Colon C.A entre 2001 y 2005 y accionista hasta 2011.  

En abril del 2019, Bernardo Nussbaum se convirtió en una de las piezas claves para el recién electo Alcalde de Quito, pues lo asesoraba en temas diversos desde movilidad, protocolo y hasta ambiente. De hecho, Nussbaum participó en las reuniones previas con grupos sociales e incluso recomendó algunos funcionarios de alto rango para la nueva administración. Actualmente, no ocupa ningún cargo importante dentro del Municipio. Algunas fuentes internas confirmaron que a los 15 días de haber llegado al Palacio Municipal prefirió abandonar el barco debido al carácter “egocéntrico” que caracteriza al Alcalde de Quito.

En el actual concurso de frecuencias se han postulado radios que tuvieron relación con Nussbaum. Por ejemplo, Radio Colon C.A cuyo nombre comercial es Armónica. También consta como postulante la Radiodifusora Paraiso Radialpa S.A., cuyo nombre comercial es La Radio Redonda, de la cual Nussbaum fue accionista desde 2006 a 2010. Estas dos ya no pertenecen al empresario. No obstante, no está del todo fuera de la radiodifusión. La frecuencia de Más Candela, ubicada en Manabí y de la cual es accionista, según el Portal de la Superintendencia de Compañías, sí está compitiendo por una frecuencia pero según información de Arcotel, esta “no cumple” con los requisitos. 

Diferentes empresas, mismos contadores y similares direcciones

10 de las 16 empresas revisadas por Fundamedios presentan como contacto secundario un correo electrónico de la firma Rodríguez y Asociados, específicamente se detallan los correos de Omar Eduardo Rodríguez y de Paúl Vinicio Rodríguez. Ambos nombres también fueron identificados en el informe de la Contraloría de 2016.

En la página web de esta firma se destacan sus servicios contables y asesoramiento ante las autoridades tributarias. Radio Canela, La Radio Redonda, RadioEventos y Komunikest son algunas de las empresas radiales que representan con clientes ubicados en Chimborazo, Azuay, El Oro, Tungurahua, Guayas y Pichincha. En la misma página web destacan que entre sus clientes se encuentran La Corporación Canela,  La Radio Redonda y La Otra FM.

Esta empresa brinda asesorías para la constitución de empresas, se especializan en notarias registro mercantil y se encargan del manejo de información en la Superintendencia de Compañías y en el Servicio de Rentas Internas. Una de las ubicaciones de esta empresa es Av. 6 de Diciembre e Ignacio Bossano en el Edificio Torre Bossano Piso 9 y la otra está ubicada en la Cuenca N8-44 y Manabí. 

Ecuaenlace S.A es propietario de La Otra FM, una de las empresas que se encuentra compitiendo por una frecuencia. En la información que reposa en el Servicio de Rentas Internas, esta empresa registró como su dirección al Edificio Albra, que está ubicado en la Avenida Francisco de Orellana y Coruña al norte de Quito. 

Sin embargo, FUNDAMEDIOS constató que en esa ubicación desde hace dos años ya no funciona dicha radio. Ahora, La Otra FM se domicilia en el mismo edificio donde se ubica el emporio de comunicación de Canela TV, en el pasaje Leonidas Batallas.  En este sitio al norte de Quito se ubica Radio Canela S.A y Telecanela  S.A. También es la dirección registrada por la Empresa Gamboa Comunicación Total CIA LTDA.

Por ahora, el concurso continúa con su cambiante cronograma. Xavier Aguirre, director de Arcotel, ya anunció que el proceso público para la asignación de frecuencias se aplaza 25 días y las resoluciones de adjudicaciones a aquellos participantes que no han solicitado revisión se emitirán a partir del 30 de noviembre.

El pasado 13 de noviembre Arcotel publicó que el 70% de los 621 postulantes «están listos para recibir su título habilitante por 15 años», al cumplir con todos los requisitos del proceso. De una primera revisión que hemos podido hacer de la confusa documentación que subió ARCOTEL a su página web se desprende que toda las empresas relacionadas con Jorge Yunda obtendrían frecuencias con excepción de Radiodifusora Paraíso Radialpa S.A. 

Sin embargo, aún no se identifica ninguna acción concreta por parte de las autoridades, considerando que, entre los participantes, están antiguos denunciados y grupos de poder que utilizan argucias y mecanismos antiéticos o claramente ilegales e inconstitucionales  para concentrar frecuencias, lo que afecta la libertad de expresión en el país.

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Ecuador, 7 de agosto de 2020.- Fundamedios entregó a César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional y al grupo multipartiditas de Asambleístas por la Transparencia y el Acceso a la Información el texto del anteproyecto de nueva Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública, LOAIP como una herramienta de lucha contra la corrupción y como garantía del Derecho Humano fundamental de todos los ecuatorianos. 

El Presidente de la Asamblea y los diversos legisladores presentes y sus equipos técnicos se comprometieron a darle un tratamiento prioritario con el objetivo de que la nueva Ley sea aprobada en el actual periodo legislativo. 

El anteproyecto fue construido a través de un riguroso trabajo de análisis comparativo de las legislaciones más avanzadas del Hemisferio elaborado en cooperación con el programa TrustLaw de la Fundación Thompson Reuters y la coordinación del Estudio Jurídico Ferrere. Además, de la permanente consulta a expertos como el Ex-Relator de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, Frank La Rue. La nueva LOAIP ecuatoriana sería la primera Ley de la Región en aprobarse atendiendo los avances y estándares establecidos por la OEA en la llamada Ley Modelo 2.0. 

César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, explicó que el documento consta de nueve capítulos. Su objeto es promover y garantizar el Derecho de Acceso a la Información pública, fomentar la transparencia y contar con una herramientas de primera línea en la lucha contra la corrupción.

Entre los puntos más novedosos está la creación de una Superintendencia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como órgano independiente e imparcial con autonomía administrativa y financiera que garantice el acceso y la protección de información personal.

Entre sus responsabilidades está velar por el cumplimiento de los términos señalados, vigilar que la información entregada no sea incompleta, incomprensible o poco accesible y evitar que la información que no se encuentra clasificada como reservada o confidencial sea denegada. Además, se propone multas de 1 a 20 salarios básicos unificados (SBU) para quien viole la norma. 

Frank LaRue, quien es también director de Defensa y Derechos Humanos de Fundamedios en Estados Unidos, mencionó que es vital actualizar y modificar las leyes de acuerdo a los avances de  los tratados internacionales y otras condiciones como el desarrollo tecnológico.

“Gran parte del éxito de una ley está en el tipo de una autoridad o responsable que se establezca en ella (…) La creación de una Superintendencia como ente autónomo es importante y la autonomía de ese órgano es lo más importante para garantizar la transparencia”, insistió. 

Por su parte, el Presidente del Legislativo felicitó la propuesta que nació de la sociedad civil. Litardo ratificó su compromiso para ingresar el anteproyecto con celeridad al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para que sea calificado y pase a la comisión correspondiente. 

Asambleístas como Lourdes Cuesta, Héctor Muñoz, Héctor Yépez, Ana Belén Marín, Dennis Marín, Jeannine Cruz, Wilma Andrade, Cristina Reyes, expresaron su apoyo a la Ley y su voluntad de respaldar con sus firmas el ingreso a trámite parlamentario. En total son 16 Asambleístas que conformaron hace algunas semanas el Grupo Parlamentario por el Acceso y la Transparencia. 

Para revisar el anteproyecto, ingrese aquí.

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Ecuador, 6 de julio de 2020.- Cinco expertos fueron invitados a la VII mesa de trabajo sobre el proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos, organizada por la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional. Para los ponentes, el éxito del cuerpo legal que se diseña en Ecuador es contar con una autoridad rectora que sea independiente y autónoma. 

Frank La Rue, exrelator sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la ONU y actual director Legal y de Derechos Humanos de Fundamedios, participó de la reunión virtual el pasado 2 de julio. “Es importante entender la Ley como el ejercicio de derechos fundamentales, el de la protección de datos y la privacidad. La clave del éxito está en la elección de la autoridad que debe ser autónoma e independiente para tomar decisiones con libertad. Debe existir un presupuesto propio para funcionar e incluir campañas de concientización para que la población entienda la importancia de resguardar sus datos”, mencionó.  

El guatemalteco, experto en Derechos Humanos, está convencido de que más allá de la construcción de la Ley es necesario educar a la población sobre su importancia para que distinga entre lo público y privado. De acuerdo a su explicación, la ciudadanía entrega sus datos a grandes plataformas en Internet sin conocer el riesgo que se corre, especialmente las niñas y niños.

Bruno Gencarelli, de la Unidad Internacional de Fujo de Datos y Protección de la Comisión Europea, afirmó que en la actualidad la privacidad es uno de los temas más importantes porque es inherente a la dignidad humana. En ese sentido, felicitó la iniciativa ecuatoriana de promover el debate sobre el proyecto de Ley y enfatizó en la necesidad de contar con una autoridad transparente. Desde su experiencia, esto garantiza gobernanza y la creación de un canal de comunicación para que la ciudadanía tenga plena confianza en la herramienta legal. “La Ley no debe estar solamente escrita, debe ser práctica”, sugirió. 

Lorena Naranjo, titular de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap), recalcó la importancia de aprobar esta legislación que sería inédita en el país. Asegura que, desde hace 20 años, se ha insistido en su creación y que hoy los artículos 178 y 229 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) son los que más se acercan al reconocimiento de la violación a la intimidad y la revelación ilegal de bases de datos. 

Desde la Dinardap se han hecho seis denuncias sobre violación al derecho de protección de datos, pero tres se han archivado porque no existen elementos para analizarlos. A su criterio, esto da cuenta de la falta de desarrollo especializado de fiscales, policías y jueces, sumado a la carencia de legislación, como un riesgo para la protección.

El cuerpo legal, que deberá ser revisado y discutido antes de su aprobación definitiva, fue propuesto por el presidente Lenín Moreno el 16 de septiembre de 2019. Hasta el momento, la Asamblea Nacional ha discutido con representantes de la sociedad civil los 60 primeros artículos.

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En las últimas décadas en Latinoamérica las mujeres alcanzaron derechos que antes no tenían. Se reconoció el voto femenino como un derecho humano fundamental, así como la representación, paridad de género en la política y hasta -en algunos países- la despenalización del aborto. Sin embargo, la violencia sexual, psicológica y física todavía permean con fuerza y alcanza a mujeres y niñas sin distinción social. 

América Latina es la segunda región del mundo más letal para las mujeres después de África. Cada dos horas y media se registra un femicidio y una de cada tres mujeres sufre violencia sexual. Así lo confirma la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Las periodistas son doblemente expuestas a situaciones de violencia. No solo se enfrentan en la cotidianidad a patrones machistas, sino que también soportan desigualdad en el ámbito laboral, comentarios sexistas, estigmatización y falta de oportunidades cuando deciden ser madres. Esto, sumado a la desprotección y la deficiencia en la investigación de casos, las deja en estado de indefensión.

Estos son algunos de los argumentos del informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ‘Mujeres periodistas y libertad de expresión’, presentado públicamente en marzo de 2019 en Estados Unidos. 

La Relatoría menciona algunos hallazgos del último Proyecto de Monitoreo Global de Medios (2015), en América Latina, en el cual el 43% de las personas que presentaban o reportaban noticias eran mujeres, un 15% más que en el 2000. En el Caribe, la cifra alcanzó el 45%. En cambio, en Estados Unidos disminuyó. El número de periodistas mujeres se  redujo de 46%, en 2000, a 38% en 2015. 

El informe también dice que en la región las mujeres están sobrerrepresentadas entre quienes reportan noticias que abarcan temas “femeninos” versus aquellas que cubren política y economía. “Este patrón puede contribuir a que el trabajo de las mujeres periodistas sea menos visible y menos valorado”, se menciona. 

Un dato que llama la atención es que existe información escasa sobre la presencia de mujeres en cargos directivos de empresas periodísticas. De acuerdo a la Federación Internacional de Periodistas (FIP), en 2011, la representación de las mujeres en los puestos de dirección de las compañías de medios de América Latina era inferior al 25% y menos de un tercio, 30,5%, en los niveles gerenciales (directores ejecutivos, directores generales, directores financieros). 

Otra de las amenazas latentes es la violencia sexual. El informe recopila datos de la Federación Internacional de Periodistas (2017) que concluye que el 37% de las periodistas encuestadas en varios países de la región reportó haber sufrido acoso sexual. 

La Relatoría Especial reconoce los esfuerzos de algunos Estados para establecer programas y mecanismos de protección en materia de violencia a las periodistas, pero concluye en que los esfuerzos aún no son suficientes. Es necesario emprender un trabajo conjunto entre el Estado, la sociedad civil y los mismos medios de comunicación

La subeditora de diario El Tiempo, en Colombia, Jineth Bedoya, concuerda con esta postura. En una entrevista realizada por Fundamedios en agosto de 2019, a propósito del anuncio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que responsabilizó al Estado colombiano por su secuestro y violación en 2000 mientras hacía su trabajo, comentó acerca de las labores de capacitación que realiza para evitar que más mujeres sean violentadas. 

Bedoya no solo ha acudido a las redacciones colombianas, sino también a otras latinoamericanas y europeas. En estos espacios habla con ellos y ellas sobre los riesgos de la profesión y promueve un lenguaje inclusivo que no revictimice. También enseña sobre contenidos que apuesten a la igualdad y al respeto. 

“Además, tenemos charlas muy privadas entre las mujeres sobre cómo debemos autocuidarnos dentro y fuera de la redacción, de cómo enfrentar a nuestras fuentes, de cómo pedir ayuda, porque hay que hacerlo”, explica Bedoya. 

Yisbelsy Hernández es una periodista venezolana con 25 años de trayectoria en medios locales. No ha sufrido violencia ni discriminación, pero asegura que la realidad para todas no es la misma y antes menos mujeres eran visibles en las redacciones. “Ahora hay más mujeres ocupando espacios de importancia, aún cuando la mayoría siguen siendo hombres. Se ha ganado respeto y terreno sobre todo lo que tiene que ver con credibilidad y cómo se maneja la noticia”, asegura la reportera del portal Noticias de Aquí, en el estado Anzoátegui, oriente de Venezuela.

El dato

En Ecuador existen  5121 periodistas que trabajan en los medios ecuatorianos, 3653 son hombres y 1468 son mujeres. Esto, según una tesis doctoral en marcha de Ana Dávila, profesora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), en la que cita esta información obtenida a partir de estadísticas entregadas por el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación.

 

 

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En abril de 2018 se conformó el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su objetivo: investigar y esclarecer el asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio ocurrido en la frontera colombo-ecuatoriana.

Esta iniciativa nació tras el pedido explícito de los familiares de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas; Fundamedios y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip-Colombia).

El 12 de diciembre de 2019, el ESE presentó el Informe Final a las autoridades colombianas, ecuatorianas y a los familiares. En el capítulo tres se refiere a las investigaciones realizadas por Colombia y Ecuador y destaca aspectos a ser tomados en cuenta por las instituciones judiciales para definir una real teoría del caso.

Fundamedios explica los puntos más críticos que la Fiscalía ecuatoriana debería revisar para desarrollar una línea de indagación más clara y así evitar la impunidad.

 

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Al concluir una lamentable jornada de violencia contra la prensa, el décimo día de Paro Nacional, FUNDAMEDIOS mira con mucha preocupación que el discurso de odio en contra los medios y los periodistas ha ido en aumento.

Nuevamente rechazamos la violencia y los actos vandálicos. Queremos dejar en evidencia la poca garantía y seguridad que tienen los comunicadores que salen a las calles a reportar lo ocurrido para informar a la ciudadanía y aquellos que lo hacen desde las sedes de sus medios de comunicación.  

Desde el inicio de la protesta el 03 de octubre hasta el 12 de octubre a las 22:00, contabilizamos 101 agresiones, es decir 18 más que las registradas ayer. Los principales agresores son los manifestantes con 49 casos, la Fuerza Pública con 36, desconocidos con 14 casos y el Estado con 2. Además sumamos 126 periodistas agredidos. 

David Bárcenas, camarógrafo de Telediario de Ecuador TV, resultó herido en su ojo mientras cubría la protesta en la zona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El comunicador fue atendido y la herida que tenía pudo ser suturada. Andrea Bernal, periodista de NTN24, también denunció hostigamiento, amenazas y agresiones en su cuenta de Twitter.

Un equipo de FUNDAMEDIOS, que estuvo en las inmediaciones de la Contraloría, en donde se desarrollaron fuertes protestas, incluso constató que la prensa se autocensura al momento de cubrir las manifestaciones. Muchos de Los reporteros deben ocultar su condición de tales para evitar ser identificados por manifestantes y vándalos desconocidos, principales agresores de la prensa

Las instalaciones de dos medios de comunicación fueron atacadas por grupos vandálicos. Pasada las 15:00, ingresaron a la fuerza a Teleamazonas. Gritaban consignas contra el medio, lanzaban pedradas y quemaron un bus que se encontraba al interior.

Milton Pérez, productor ejecutivo del noticiero, aseguró que más de 20 compañeros se refugiaron en el tercer piso mientras llamaban a la Policía. Aclaró que la gente que ingresó al medio no eran indígenas ni manifestantes, sino “encapuchados”. Tras una hora, el personal pudo salir. “Estábamos aterrorizados”, aseguró.

La sede de Diario El Comercio, al sur de Quito, también fue atacada por desconocidos, quienes quemaron llantas en la entrada del medio. La señal de Telesur fue retirada por dos plataformas de televisión pagada de su oferta de programación, mientras que Ecuavisa y los medios públicos evacuaron al personal por amenazas y temor a represalias.

El Gobierno decretó el toque de queda a partir de las 15:00 en Quito. Un equipo de La Posta, quien portaba con un salvoconducto para circular y se movilizaba en un vehículo, fue atacado por una turba de desconocidos cuando se dirigían a sus hogares. Hombres con palos atacaron el auto donde se encontraban.

A las 20:30, se dio un ‘cacerolazo’ ciudadano. A esa hora cientos de personas salieron a las calles del centro, norte y sur de la Quito para exigir la paz.

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Los nombres del periodista Javier Ortega y del fotógrafo Paúl Rivas se agregarán a la muestra del Newseum: el rincón más importante de la memoria histórica en lo que refiere a periodismo y medios de comunicación. El Museo de las Noticias, ubicado en Washington D.C (EE.UU.), es un espacio interactivo que promueve la libertad de prensa.

Los familiares de los reporteros, Fundamedios y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) realizaron intensas gestiones ante los directivos del Newseum, con el fin de incorporar el legado de los integrantes del equipo periodístico ecuatoriano a este espacio. En el Memorial se honra a los trabajadores de la prensa fallecidos en todo el mundo, en cumplimiento de su deber de informar.

La directora ejecutiva y curadora del Newseum, Carrie Christoffersen, explicó que este 2019 los nombres de Juan Javier Ortega Reyes y Paúl Rivas serán agregados al Memorial como representantes de los 54 periodistas asesinados en 2018, según datos del CPJ. Expresó que el Newseum y el Freedom Forum Institute continúa ofreciendo sus condolencias por la pérdida de Paúl y Javier así como las de su colega, Efraín Segarra.   

Christoffersen puntualizó que el propósito del Memorial y del Newseum es recordar a sus visitantes la importancia del periodismo. Ofrecer un espacio en se que reconozcan los retos y riesgos que asumen quienes ejercen esta profesión: intimidación, prisión, violencia y muerte.

Ortega y Rivas forman parte del equipo periodístico que, en abril de 2018, fue asesinado a manos del frente Óliver Sinisterra, en la frontera entre Ecuador y Colombia. En el Journalists Memorial del Newseum se honra a aquellos reporteros, fotógrafos, presentadores de radio y televisión que murieron haciendo noticias. Más de 2200 profesionales de la información de todo el mundo están grabados en los paneles de cristal que cuelgan de las dos estructuras del museo. Este 2019, se incluirán 21 nombres.