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Cristobal Numez fue uno de los primeros radiodifusores de Manabí. 

Un viaje de estudios a Colombia en los años 60 ‘s le sirvió de inspiración a Cristóbal Numez Márquez (+), para que regresara al país con la visión de poner el primer canal de televisión en Manabí. Era conocido por andar de loma en loma con la antena para captar la imagen de televisión en Chone. Y lo logró. Se convirtió en el pionero en ese campo. Así, empezó su curiosidad por los medios de comunicación y la radiodifusión,  el 18 de diciembre de 1978,   firmó  el contrato de concesión de la frecuencia 98.5 de la estación de radiodifusión denominada Radio “Al Dia”, en la ciudad de Chone. Se inició con unos tocadiscos, programaciones musicales, y locuciones en vivo. ‘Paco’ como también lo llamaban adquirió poco a poco prestigio. Tiempo más tarde en 1987, en cambio, la radio migró al dial 96.5 y mantuvo el mismo nombre. 

Hasta que finalmente el 13 de diciembre de 1999, se dio el contrato modificatorio de cambio de frecuencia al dial 102.1 con el nombre de Radio «Romance» el cual conserva hasta la actualidad. 

«Ese fue uno de los hobbies de él, ser un radioaficionado le gustaba la tecnología, los medios de comunicación, instalar antenas, fabricar torres, transmisores, traía equipos de Estados Unidos y vendía», recuerda su hijo Harry Mac Numez, quien siguió sus pasos. 

Harry Numez Figueroa sentado en la silla de controles junto a su hermano Fred Karol. 

En la familia todos se involucraron con el trabajo radial, su hermana Ivonne Numez, en cambio, tuvo un programa de música donde entrevistaba a figuras de la época. 

Ivonne Isabel Numez, la mayor de los tres hermanos. 

El 6 de noviembre de 2015 su padre Cristóbal Numez Márquez, falleció y  fue entonces cuando la radio quedó a nombre de su esposa, Esperanza Figueroa, quien continuó con la administración de la frecuencia.  “Después la radio pasó a ser más automatizada y digitalizada con la llegada de la tecnología y la computadora (…) Ahora con la pandemia ya no tenemos programas musicales porque se evita que la gente esté en la radio, solo se realizan noticias en la mañana. Queda la radio automatizada con programaciones pregrabadas las 24 horas”, cuenta Harry Mac. 

Esperanza también es amante de las cabinas y micrófonos. 

En el fallido concurso de 2016 participaron para renovar la frecuencia,  “no nos dieron paso, pero apelamos y obtuvimos una recalificación”. Numez recuerda que en aquel concurso, la Corporación Manabita de Radio y Televisión S.A. COMARVISA empresa constituida en 1993 en Portoviejo concesionario de Radio Marejada, Televisión Manabita, y Diario El Manaba, también concursó por el dial 102.1. Además,  en el concurso de 2016 la empresa estuvo involucrada en un caso de tráfico de frecuencias, de hecho, Tulio Oldemar Muñoz, su accionista estuvo en prisión por pedir coimas a ejecutivos de radio y TV a cambio de la promesa de asignación de frecuencias.

“Ahora en la actualidad volvemos a participar y ¿cuál es la sorpresa? que en el dictamen jurídico salimos como que no cumplimos con los parámetros. Se apeló el dictamen, aunque en la primera resolución nunca explicaron cuál era el motivo del no cumplimiento”, dice Harry Numez Figueroa, hijo de Esperanza Figueroa y quien ahora se encarga de la radio, además y señala que ARCOTEL no aceptó la apelación. Es decir, radio Romance estaría descalificada, sin ninguna razón clara que se haya proporcionado al actual concesionario.

Adicionalmente, y pese a lo anterior, ARCOTEL califica a Radio Romance con un total de 113.5 puntos, sin que se le acrediten los puntos extras por años de servicio y de experiencia, a pesar de su extensa trayectoria, “no sé, cómo cabe, si estamos operando desde el 78, el viernes cumplimos 42 años ininterrumpidamente y no nos ponen el puntaje de servicio y de experiencia”, expresa con indignación.   

Otro de los concursantes por la misma frecuencia es la Compañía Manabita de Radio Prensa y Televisión Telemanabi S.A. empresa constituida en junio de 2016 en Portoviejo. Sus accionistas son Luis Alberto Arteaga Carrasco, quien es el representante legal y gerente general según consta en la página de Televisión Manabita  y Luis Reynaldo Rivadeneira. 

La compañía concursa por la frecuencia 102.1 a la cual han denominado “La Machetera”, obtuvieron un puntaje total de 116.5 y según el informe de ARCOTEL, sí cumple con el dictamen jurídico. Aunque los títulos habilitantes no han sido entregados aún, en redes sociales ya se promociona como un espacio que próximamente tendrá “noticias, deportes, música, y 24 horas de programación en vivo”. Fundamedios contactó a Luis Alberto Arteaga, para consultarle sobre su participación en el concurso, y la prematura promoción de una radio que no ha sido concesionada aún, respondió que “yo puedo promocionar lo que a mí me dé la gana”.  

En la llamada, además, dijo: “Yo soy el presidente de los periodistas de Manabí”, sin embargo según medios de comunicación locales aseguran que él ya no representa al gremio, “cualquier acción o diligencia que realice el señor Luis Alberto Arteaga Carrasco a nombre del Colegio de Periodistas de Manabí no cuenta con ningún respaldo legal ni de los integrantes del gremio, y que dichas acciones o diligencias serán de su entera responsabilidad legal o reglamentaria”. 

No se pudo continuar con la entrevista, porque Arteaga finalmente tiró el teléfono.

 

 

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No son solamente los casos sobre la concentración de frecuencias que han sido ignorados por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL). A ello se suman múltiples voces ciudadanas que compiten por una emisora y que denuncian irregularidades  en el proceso público. Fundamedios recoge algunos de los casos que se reproducen en todo el país y dejan una secuela de afectación e impotencia. 

3 de diciembre de 2020

Errores administrativos, envíos de información a correos equivocados, radios históricas sin frecuencia, puntajes altos a participantes sin experiencia, supuestos conflictos de intereses, son algunas de las irregularidades que se denuncian en diferentes provincias. A raíz de que el pasado viernes, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) dio a conocer los resultados preliminares dentro del proceso público competitivo de adjudicación de frecuencias de radio FM. Dos informes fueron publicados en el portal: el primero sobre el Resultado de la Evaluación de Solicitudes, que enlista los concesionarios que cumplieron o no con los requisitos y los respectivos puntajes e informes jurídicos; el segundo sobre el Informe General de Prohibiciones e Inhabilidades, en el que se registraba la información acerca del cruce de datos que realizaron con ocho instituciones.   

Aunque se tratan de resultados preliminares, los casos de concentración de medios detectados no son del único mal que adolece el concurso. Aquí las historias. 

Excolaborador de Gabriela Rivadeneira ganará Radio La Prensa, medio incautado, y sumará cuatro frecuencias familiares 

Existen casos en los cuales a extrabajadores o funcionarios públicos que mantuvieron relación con las altas esferas del poder se les otorga no una sino dos frecuencias y en este paquete va incluido frecuencias de medios de comunicación que pertenecen actualmente al Estado, y que permitirán la consolidación de nuevos ‘mini imperios mediáticos’, este el caso de la familia Carrillo de Otavalo. 

Según la última lista que publicó el ARCOTEL, Carrillo Espín Willian Alfredo participa por la frecuencia 97.9 que corresponde a Radiomar en Esmeraldas; la frecuencia 98.5 de Radio Ritmo en Santo Domingo y la frecuencia 100.1 que corresponde a Radio La Prensa T.V S.A de Guayaquil, medio de comunicación incautado que actualmente forma parte del paquete de medios públicos. Carrillo Espín es concesionario desde hace dos años de la Radio Qué Buena 90.1 de El Carchi. 

Los extrabajadores de Radio La Prensa realizaron un plantón el pasado 20 de noviembre, pues se oponen a la concesión de la frecuencia de radio. Según señaló Margarita Constante, vocera de los excolaboradores, la venta de esa radio era una de las alternativas que presentan para cobrar liquidaciones pendientes, pero eso se quedaría sin piso en el momento en que el Estado se quite la frecuencia a sí mismo.

De acuerdo al grupo de extrabajadores, Radio La Prensa Sport tiene empleados sin cobrar sus liquidaciones, y sin tener su cancelación del seguro social por lo que han solicitado públicamente que no ingrese a concurso. 

Según los registros iniciales de Arcotel la Empresa de Medios Públicos, accionista en los medios incautados, si solicitaron la renovación de la frecuencia, pero desde el primer proceso no cumplieron los requisitos. Es así que Carrillo Espín Willian Alfredo, con un puntaje de 79 puntos se llevaría esta frecuencia en Guayaquil.

Él es abogado, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Técnica del Norte y con especialidad en Derecho Procesal de la Universidad Andina Simón Bolívar. 

Fue experto 2 en la Unidad Técnica Legislativa y su ingreso a la Asamblea se dio en la época de la expresidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, con quien mantiene una relación profesional desde Otavalo, de donde ambos son originarios. 

En ésa época legislativa se le asignaron varias representaciones: en agosto del 2014 fue designado por la Función Legislativa para la Comisión Ciudadana que realizó la primera renovación del Consejo Nacional Electoral y en julio del 2015 junto  con Vladimir Salazar González, y Johana Pesántez Benítez fueron elegidos como candidatos a jueces de la Corte Constitucional (CC) en representación de la Función Legislativa, en el proceso de renovación parcial. Sus nombres fueron mocionados entonces por William Garzón, de Alianza PAIS (AP). Recibieron 81 votos a favor.

En julio del 2016 formó parte de la Comisión Ciudadana de Selección que llevó a cabo el concurso de oposición y méritos para la designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Según el Servicio de Rentas (SRI) Internas la principal actividad económica de Carrillo Espín Willian Alfredo es el servicio de pasajeros. 

Se podría decir que Carillo no ha estado inmerso en el mundo de la radiodifusión, pues en realidad es su padre, Mario Alfredo Carrillo Vargas, quien tiene como actividad principal la radiodifusión desde hace 25 años y es concesionario de Radio Satélite  que opera bajo el dial 107.1 en Otavalo. En su página web se detalla que la estación radial fue creada en 1994 de la mano del ingeniero Mario Alfredo Carrillo Vargas, y que en su programación se tratan temas de actualidad e interés general, tanto referentes a Otavalo como sucesos de Ecuador y el mundo. Según las últimas listas de Arcotel, Carrillo Vargas participó por la frecuencia 95.7 correspondiente a la Corporación Comunicacional de Cotopaxi SCC, con 88.5 puntos, sin embargo, no ganaría porque otros competidores tienen mejor puntaje.  

Sobre la posibilidad de que luego del concurso, su familia sea la propietaria de cinco frecuencias en Otavalo, Cotopaxi, Tulcán, Esmeraldas y Guayas, aseguró que su padre ha sido radiodifusor por más de 25 años y que de ninguna manera se puede configurar un ‘mini imperio mediático’ familiar pues “hasta ahora está endeudado en los equipos”. 

Willian Alfredo Carrillo Espín contó a Fundamedios que el mercado de Carchi no es bueno y que por eso decidió participar para obtener frecuencias en Esmeraldas, Santo Domingo y Guayas. Además, destacó que de estas tres, la de Santo Domingo quedó lejos de estar en sus manos. 

No deja de ser llamativo, que quien señala admite que la operación actual de su medio de comunicación madre no es “bueno”, es decir lucrativo, tenga la capacidad para instalar repetidoras que cubren buena parte del territorio nacional y que sus planes de sustento económicos merezcan altos puntajes.

Sobre Radio La Prensa y los pedidos de extrabajadores del medio, contestó que desconocía la situación laboral y legal de la radio guayaquileña cuando concursó y que se escapa de su alcance pues la frecuencia se lanzó al proceso y él solamente participó. 

Al preguntarle sobre su relación con la ex Titular del Legislativo, respondió: “A Gabriela Rivadeneira no la he visto desde hace tres años, yo trabajé en una unidad jurídica de la Asamblea. Nunca he pegado un afiche de ellos jamás y no voy a permitir que difamen mi nombre, no tengo ninguna relación con Gabriela Rivadeniera, no la he visto ni he hablado con ella”, aseguró. 

 

¿Conflicto de intereses?

Steve Alexander Calvopiña Tipan tiene 19 años y es estudiante de la carrera de Tecnologías de la Información en la escuela Politécnica Nacional de Quito. Actualmente, también es uno de los participantes por la frecuencia 102.9 con el nombre propuesto de ‘Sky Radio’. Según el informe emitido por ARCOTEL, Calvopiña obtuvo un puntaje de 119.5, el mayor entre los que compiten por la misma frecuencia. 

Podría pensarse que es la falta de experiencia o la juventud de Steve Calvopiña lo que llama la atención, aunque si se trate de un indicio, lo que realmente pone en tela de duda su participación es la relación que tiene con William Leopoldo Calvopiña Hinojosa, quien es su padre y según el portal de Contraloría de Declaraciones Patrimoniales Juradas, fue funcionario en ARCOTEL desde el 2 de mayo de 2003 hasta el 13 de diciembre de 2019, bajo el cargo de “Profesional Técnico 1” en la ciudad de Riobamba.

De acuerdo, a las inhabilidades del concurso, se establece que no podrán participar “quienes tengan relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquiera de los miembros del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación y con la autoridad de telecomunicaciones; se entenderá por autoridad de telecomunicaciones al Director Ejecutivo y todos los miembros del Directorio de ARCOTEL”. Es muy llamativo que en las bases del concurso se prohíbe participar a los miembros del Consejo de Comunicación, que no tiene nada que ver en el actual concurso, y en cambio sólo se establezcan prohibiciones para el presidente y el Directorio de ARCOTEL. ¿Los funcionarios de ARCOTEL que tienen a su cargo la calificación de las propuestas no tienen ninguna inhabilidad para participar? 

En el informe de Inhabilidades publicado por el organismo, se detalla que la información sobre Calvopiña (hijo) no ha sido entregada por el Registro Civil. 

“Si el padre del postulante apenas se retiró el año pasado de ARCOTEL, es obvio entender y comprender que él mismo tenía conflicto de intereses y por esta razón no postula él directamente en el concurso, por ello utiliza como testaferro a su hijo”, denuncia Luis Alberto Pumagualle, quien tiene más de cuarenta años de experiencia en la comunicación radial, y quien también participa por la frecuencia 102.9 de Riobamba, pero como repetidora.  Lo hace bajo el nombre de la empresa CG Producciones y Entretenimiento S.A. concesionaria de Radio Sensación 102.9, estación con más de una década operando en el cantón Guamote de la Provincia de Chimborazo.  

“Tienen todo su derecho de participar, siempre y cuando no hayan conflictos de intereses por parte de quienes ya fueron funcionarios de ARCOTEL”, recalca. Ellos en cambio obtuvieron un puntaje de 98.5 como puntaje final, pues el postulante Calvopiña en el dictamen de sostenibilidad financiera saca un punto más  39.5.  Actualmente, expresa Pumagualle que han ingresado la documentación a ARCOTEL para que se reconsidere la puntuación. 

Fundamedios contactó a William Calvopiña y al preguntarle si su hijo estaba a concurso, respondió:  “Sí entiendo que si, él es mayor de edad”, y agregó “yo no tengo nada que ver con Arcotel (…) yo nunca fui director ni miembro del directorio yo ya no soy funcionario de Arcotel desde el año anterior, incluso yo pudiera participar no hay ningún impedimento”, aseguró e indicó que las inhabilidades aplican solo para los familiares del director y los miembros del directorio de ARCOTEL. 

Este no es el único caso denunciado sobre supuestos conflictos de intereses, ni tampoco el único en Riobamba. Alex Hernán Velasco García, quien participa por la frecuencia 93.7 con el nombre propuesto de ‘La Macarena’ obtuvo 86 puntos. Las denuncias en torno al caso giran sobre Ángel Hernán Velasco Jara, quien trabaja desde 1995 como “Profesional Técnico 3” y es el padre del participante.  Fundamedios contactó a Ángel Hernán Velasco, quien corroboró que su hijo está a concurso, y al igual que Calvopiña mencionó que aquello no incurre en ninguna inhabilidad. 

‘El Fantasma’ nunca pierde

A finales de 1950, Daniel Pinos (97 años), hoy uno de los radiodifusores pioneros del Ecuador, compró los derechos de Radio Cuenca 1180 AM. Desde entonces la estación fue conocida por tratar temas culturales, políticos, y deportivos. Así, Pinos dirigió la emisora hasta el año 2011, dejando su legado a cargo de la segunda generación de la familia, a su hijo Kleber Pinos.  

En diciembre de 2019, esa trayectoria fue interrumpida, debido a un “proceso de persecución”, como describe Kleber, pues cuenta que “por tener una postura de análisis y de crítica al anterior gobierno de Rafael Correa en el concurso anterior que fue fallido, nos descalificaron de entrada. Entonces nos sacaron del aire”, recuerda.  

El próximo mes cumplen un año de funcionar solo de forma online y de redes sociales, pero además se cumple su aniversario número 70, siendo Radio Cuenca una de las emisoras más antiguas del país. “Somos una familia de radiodifusores (…) decidimos este año tratar de conseguir una frecuencia para migrar de radio AM a FM”. Por ello, Daniel Enrrique Pinos Andrade, hijo de Kleber y parte de la tercera generación de radiodifusores de la familia,  participa para obtener la frecuencia 102.9 para una matriz en Cuenca con el nombre propuesto ‘Radiopolis’. Alcanzaron la puntuación perfecta entre el dictamen jurídico y el informe financiero sumando en total 120 puntos. Pese a su trayectoria de 70 años, esta propuesta no obtuvo puntos adicionales por experiencia y años de servicio.

El puntaje perfecto de la propuesta no es suficiente si su contrincante por la misma frecuencia era la empresa Televisión Independiente Indetel S.A. concesionaria de Galaxia Stereo que como ha revelado FUNDAMEDIOS forma parte de los medios de Ángel González alias El Fantasma. 

Recordemos. 

Indetel es de propiedad de la sociedad uruguaya Burtown S.A. sociedad que estuvo presidida y representada por Carlos Lorefice Lynch, exabogado del Fantasma; y la otra propietaria es la empresa guatemalteca, Televisiete S.A.

Además, el apoderado de la empresa ecuatoriana Indetel es Juan Carlos González Saenz, sobrino de El Fantasma. Según el informe publicado por ARCOTEL, Indetel obtiene 129 puntos pues acumula 30 puntos adicionales por experiencia y “años de servicios”.

“No nos imaginamos jamás que se incluirían, desde mi punto de vista, de una manera mañosa para que las mismas personas que han acumulado frecuencias como es el Fantasma González, el señor Yunda o el señor Andrade en Manabí, vuelvan a ganar con la trampa en donde se pone como parámetro ‘la experiencia’; que de pronto está ligada a la frecuencia que tenía un concesionario desde años atrás. Entonces, es imposible competir en esas condiciones (…) El Sr. Fantasma González sigue siendo el amo y señor de las frecuencias en el país, camufladas en varias empresas”, concluye Pinos. 

Quienes eclipsaron a ‘Radio La Luna’ vuelven a obtenerla  

La frecuencia Radio La Luna 99.3 seguirá en manos del Centro de Educación Popular (Cedep), su concesionario desde julio de 1998. Una emisora histórica por su trayectoria en temas culturales y políticos,  y además, fue una de las impulsoras de la autoconformación del denominado grupo de “forajidos” que terminó con el derrocamiento de Lucio Gutiérrez, expresidente de la República. Sin embargo, en enero de 2011 aquella radio emblemática cambió su contenido y fue a parar al terreno de los deportes y el entretenimiento, la empresa Planet Audio asumió la programación e instaló una nueva emisora bajo el nombre de “La Deportiva” a cargo de la dirección del periodista deportivo Oscar Portilla. Pero la concesión siguió siendo de la Cedep. 

En su tiempo, el gerente de Radio la Luna explicaba en Diario El Comercio la negociación con Planet Audio: “Es como un matrimonio, que beneficiará a La Luna”. Asimismo, Ataulfo Tobar negó que detrás de esa negociación hubiera alguna presión política, asegurando que todo el proceso era legal y que “se liquidó a sus seis empleados”. La unión inicialmente duraría un año y traería, según Portilla, nuevos equipos y personal.  Fuentes vinculadas a la negociación dijeron que cada mes los concesionarios de la frecuencia recibirán USD 12 000 como pago del alquiler, aunque Tobar no quiso dar detalles de la alianza en ese momento tampoco quiso darlos una década más tarde. 

Fundamedios contactó a Cedep y al preguntar sobre la negociación de 2011, Ataulfo Tobar, representante legal, dijo: “aquí no hay figura de alquiler porque está prohibido por la Ley, aquí hay libre asociación como la Constitución del país lo establece cada iniciativa tiene todo el derecho de asociarse con quien considere importante para llevar a cabo su trabajo”, afirmó que Portilla se retiró de la administración hace tres años, “esta fue una relación que duró un tiempo y se cerró”, y no agregó más detalles. 

En la actualidad operan como Área Deportiva, un proyecto vigente hace tres años. La estructura la compone Robin Noboa, periodista deportivo, Mariella Molla, ingeniera en finanzas, Julieta Estrella, directora de contenido, y tienen una plantilla de entre 50 y 60 personas. 

Muchos de los fundadores del Centro de Educación Popular (Cedep)  fueron cercanos al gobierno anterior de Rafael Correa, entre ellos Manuela Gallegos, ex ministra de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana; Galo Chiriboga, ex Ministro de Minas y Petróleo y Paco Velasco, exministro de cultura. Actualmente, según el Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales, SUIOS, el director ejecutivo del Centro, sigue siendo Ataulfo Tobar, junto a Martin Tobar Vaca, director administrativo de proyectos, Carlos Martinez Borja, director de proyectos de radio y Gloria Lozano, miembro de la asamblea de la Cedep. 

Además, recordó que en sus inicios la radio fue de carácter privado, pero que a raíz de la aprobación de la Ley de Comunicación en mayo de 2013 pasaron a ser una radio comunitaria, es decir, que el convenio con la empresa Planet Audio siguió vigente incluso luego del cambio. En la misma línea, al preguntarle sobre el rol que juega la empresa Ravimus Producciones La Luna Cia. Ltda., de la cual Tobar es accionista, expresó que “se creó para poder administrar Radio La Luna, pero desde que somos una radio comunitaria perdió sentido”. El otro accionista de la empresa es Ángel Serafín Astudillo, quien trabajaba como portero de la radio según publicó Diario El Comercio en 2011, “para demostrar que él podía ser parte de las personas de toma de decisiones, se abrió esa posibilidad”. 

De acuerdo, a Tobar la empresa se encuentra en un proceso de disolución, sin embargo según el Portal de la Superintendencia de Compañías esta continua activa. 

En este nuevo concurso el concesionario de Radio La Luna 99.3 obtuvo un puntaje de 169, el máximo, entre los demás participantes, pues Cedep recibe los tan preciados puntos adicionales de experiencia y años de servicio. Por su parte, la Fundación El Churo, que concursa por el mismo dial como Wambra Radio obtiene 138.5 por la frecuencia. Aunque en el puntaje financiero obtiene 39.5 no alcanza a superar al Centro por no contar con los puntos extras.  Un escenario similar le sucede a la Universidad de las Américas (UDLA), que concursa con el nombre propuesto de UDLA Estéreo y obtiene un total de 135.5 puntos. Así, el tablero está jugado y Radio La Luna continuará por 15 años, aunque como un proyecto llamado Área Deportiva. 

Jorge Cano, miembro de Fundación El Churo, quienes llevan trabajando contenido comunitario desde hace 15 años, señala que decidieron participar por esta frecuencia “porque en términos políticos vimos que dejó de generar contenido comunitario desde el año 2011 cuando generan un convenio con una programación deportiva”, lo que corresponde, describe Cano, a ceder la administración de una frecuencia. Un modus operandi que se reproduce en varios casos “alguien concesiona la frecuencia como un medio comunitario, pero cuando ya adquieren la frecuencia ceden los derechos de transmisión internamente como programación y contenidos a terceras personas quienes administran”. 

Además, Cano destaca que al arrebatarle las competencias al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM) para la evaluación de contenidos comunicacionales, y recuerda que en el concurso de 2016 entre los requisitos se evaluaba el proyecto comunicacional. Un requerimiento que el actual concurso no tiene, “al existir actualmente ese vacío legal en donde no existe competencias, ni designada ninguna autoridad en el Estado para dar seguimiento en que esas frecuencias están siendo usadas para lo que fueron pedidas”.  

Por su parte, Julieta Estrella, directora de contenido de Área Deportiva específico que “no es una radio eminentemente deportiva tiene espacios de contenidos sociales donde tenemos programas de variedades que hablan de temas de salud, política desde el humor”, detalló. Atahulfo Tobar defendió: “no hay nada más comunitario que lo deportivo. Es una de las expresiones más importantes de la cultura popular.”

La figura legal de la administración de la radio La Luna, su identidad y la naturaleza de su programación en los últimos años es confusa, si se compara la información disponible y las distintas versiones, al respecto. Ante eso, ARCOTEL, una vez más, debía cumplir su función y verificar los antecedentes de los concursantes. Pero, como sucede sistemáticamente en este concurso, ARCOTEL parece ser un espectador pasivo en el uso de las frecuencias.

Un “error administrativo” los dejó fuera del concurso

El desarrollar el concurso público en medio de una pandemia, con oficinas cerradas, teléfonos desactivados y la imposibilidad de que los concursantes puedan realizar visitar para conocer los avances del proceso o realizar algún reclamo in situ, dejó un mal sabor de boca para más un participante que, debido a errores que se escaparon de su control y que los consideran de mala fe o intencionales, ahora se encuentran fuera del concurso. 

Esta es la historia de los periodistas comunitarios de Los Ríos: Guido Briccio y Johanna García Lalangui, cuyo proyecto Radio Juntos FM quedó en sueños. Ellos competían por la frecuencia 101.9 en esa provincia. En el 2018 participaron en el anterior concurso de frecuencias obteniendo un puntaje de 93, sin embargo ese proceso nunca se concretó y quedaron en el limbo. 

Briccio comenta a Fundamedios que decidieron participar en el concurso público de adjudicación de frecuencias de este año con el objetivo de desarrollar un periodismo comunitario y ciudadano. Invirtieron USD 4000 en los estudios y la póliza de seguro y se lanzaron al concurso. 

Ahora, sostiene que ARCOTEL les jugó sucio pues al final aparecieron como no competidores  en un juego de correos, al más puro estilo del gato y el ratón: “los correos de aclaración nos llegaban a una dirección que no estaba operativa mientras que las sanciones de la autoridad sí llegaban al correo correcto”. 

El 7 de agosto del 2020 la  Cordinación Técnica de Títulos Habilitantes del ARCOTEL envió una solicitud de aclaración de información a Radio Juntos FM. Sin embargo, este mensaje  fue enviado a un correo electrónico erróneo, que no coincidía con el que había registrado y que estaba inoperativo.

Lo curioso del caso es que el 2 de septiembre les llegó un mensaje al correo electrónico correcto informándoles que su trámite quedaba archivado pues no habían respondido al pedido de aclaración en los tiempos establecidos. Apelaron la decisión y nuevamente desde el ARCOTEL respondieron el 11 de septiembre a un correo electrónico equivocado.

Finalmente, la comunicación sancionatoria les llegó nuevamente al correo correcto. Así, a través del  Oficio Nro. ARCOTEL-CTHB-2020-1523-OF inadmiten la impugnación interpuesta por no haber dado cumplimiento y declarando el desistimiento de la impugnación.

Los periodistas afectados analizan las acciones legales pertinentes, pues sostienen que en el envío de los mensajes aclaratorios a correos inequívocos, mientras que los mensajes  sancionatorios sí llegaban a los correos correctos, se evidencia una intencionalidad para afectar su postulación a la frecuencia y dejarlos fuera del Concurso. 

Según los últimos resultados de ARCOTEL, también participa por la frecuencia 101.9 en Los Ríos la ciudadana Zambrano Ramos Aracely Giomar quien con 83.5 puntos, menos de lo que obtendría JUNTOS FM, se adjudicaría esta frecuencia pues goza del visto bueno jurídico del ARCOTEL. 

Los afectados aseguran que Zambrano no es conocida dentro del periodismo de la provincia de Los Ríos ni por ejercer alguna actividad relacionada a la comunicación. Según el SRI la actividad económica principal de Zambrano es la Contabilidad y su domicilio se ubica al norte de Quito. 

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La libertad de expresión es un Derecho Humano fundamental. La Libertad de Prensa es la materialización de ese derecho a través del periodismo y de los medios de comunicación. La Defensoría del Pueblo es la autoridad nacional de Derechos Humanos. Hasta ahí, las cosas son claras.

Y sin embargo…

Como autoridad nacional, la Defensoría del Pueblo debe proteger y promover este Derecho Fundamental. En contraste, la tutela es un asunto controversial, más aún en un país como Ecuador, donde sufrimos el trauma de haber tenido un Gobierno que se autoasignó la tutela de la Libertad de Expresión únicamente para destruirla a través de repartir sanciones a diestra y siniestra amparado por normativa Ad Hoc como la Ley Orgánica de Comunicación.

Todo esto no es un asunto menor.

Ahora la Defensoría del Pueblo obliga a pedir disculpas a un medio de comunicación como la tradicional y emblemática Radio Visión de Quito y a sus directivos les exige tomar un curso sobre libertad de expresión, entre otras medidas de reparación. Tales acciones, en realidad, se parecen demasiado a las sanciones de humillación que solía practicar con frecuencia la extinta Supercom del ahora prófugo Carlos Ochoa.

La Defensoría del Pueblo aplica tales medidas como resolución en un caso que conoce de oficio y qué significa una controversia entre el periodista Andrés López y Radio Visión, dirigida por el también periodista Diego Oquendo Silva. Es decir, el periodista Andrés López no solicitó la intervención de la Defensoría y menos aún Radio Visión. La Defensoría eligió intervenir en este caso y cabe preguntarse ¿por qué?

Para intentar una respuesta, pongamos un poco de contexto. En el país, en los últimos 14 años se han producido 2 791 agresiones a periodistas, medios de comunicación. Hemos visto asesinatos, amenazas de muerte y daño físico, censura, enjuiciamientos, encarcelamientos, cierre de medios, exilios, ataques en Internet de todo tipo, impedimento de acceso a la información a periodistas durante la pandemia, hackeos, denegación de servicio, uso de copyright como forma de censura y un amplio etc. Ante esas 2 791 violaciones a la libertad de expresión la autoridad de DDHH, la Defensoría del Pueblo, nunca se ha pronunciado. Todo lo contrario: en el mejor de los casos ha guardado un ominoso silencio, en el peor ha sido cómplice de esas violaciones. Claro, eran otros tiempos, pero vale la pena recordar que incluso tuvimos a un Defensor del Pueblo, cuyo nombre ni siquiera es digno de citar, quien después de almorzar con el agresor contra la libertad de expresión Fernando Alvarado, anunció clemencia en el intento de cierre de esta organización. Es decir, tenía el comportamiento de todo un perdonavidas.

Son 2 791 agresiones contra la prensa, mas del 80% de todas esas agresiones son atribuibles al Estado o a funcionarios públicos, y frente a eso, la Defensoría del Pueblo no se ha pronunciado. Ahora escoge un caso entre privados para pronunciarse sobre la libertad de expresión en el país y esa elección es nefasta cuando tenemos a un periodista al borde la cárcel, cuando la impunidad reina en el caso del secuestro y asesinato de los periodistas de El Comercio, cuando la impunidad es trágica en el asesinato de Fausto Valdiviezo, cuando 138 periodistas fueron agredidos en las calles durante las protestas de octubre y una treintena fueron secuestrados durante esos mismos hechos.

Lo reiteramos, pretender, como lo hace la Defensoría del Pueblo, que el caso emblemático para la libertad de expresión el país es el conflicto entre un periodista que ha sentido su libertad de expresión vulnerada (sentimiento muy respetable, sin duda) y una empresa mediática dirigida por otro periodista que manifiesta su derecho a salvaguardar su línea editorial es, por demás desafortunado.

El ejercicio de la Libertad de Expresión es muchas veces polémico y no pocas veces entra en colisión con otros derechos, lo cual exige un sentido de ponderación por demás delicado. Esa situación se multiplica cuando el conflicto se produce entre dos situaciones relativas al mismo derecho. La ponderación que realiza la Defensoría del Pueblo, en este caso, es torpe y finalmente vulnera el derecho que pretende tutelar porque no reconoce que un aspecto importante de la libertad de expresión es la libertad editorial de los medios, lo cual significa el poder a sus colaboradores.

Por todas estas razones, creemos desde Fundamedios que la Resolución Defensorial DPE-DDP-2020-0483-O contra Radio Visión es un gran error y merece todo nuestro rechazo, por lo cual exhortamos a la Defensoría del Pueblo a retirarla y dejarla sin efecto.

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El Alcalde de Quito fue una de las figuras que motivaron las observaciones de Contraloría para dar de baja el concurso de frecuencias de 2016.  Sin embargo, el modus operandi se repite este año: busca conseguir medios a través de parientes, socios o empleados y vuelve a figurar a través de un esquema de testaferrismo como otro de los grandes beneficiarios del espectro radioeléctrico en el Ecuador. Esta investigación presentada por FUNDAMEDIOS es la tercera parte de tres entregas que revelan los mecanismos utilizados por grupos de poder para concentrar frecuencias y con ello afectar la libertad de expresión en el país.  

 

16 de noviembre de 2020

No es un secreto a voces. En 2016 la Contraloría General del Estado expuso que un grupo societario pretendía acaparar 42 frecuencias de radio FM,  a través de 12 empresas, un sistema que podría calzar dentro de la categoría de testaferrismo. Entre las empresas vinculadas a este se encontraba “Radio Canela S.A”, marca a la que, directa o indirectamente, puso los reflectores en la figura del actual alcalde de Quito, Jorge Yunda, quien al igual que ‘El Fantasma’ González, podría ser otro de los beneficiados del concurso de frecuencias 2020. 

Poco ha cambiado desde que el  informe de la Contraloría General del Estado (CGE), realizado entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2017, desnudó las irregularidades en el proceso y señaló que se abrió la puerta a la concentración de frecuencias en manos de tres grupos empresariales. Entre ellos relucieron marcas como Ecuaenlace S.A, Canela S.A, Lesotho S.A., etc. Aunque en el reporte no se identificó a los accionistas de los conglomerados por su nombre, sí señaló sus cédulas de identidad. Estas pertenecían a Jorge Yunda, burgomaestre de la capital, Lilia Yunda Machado (hermana),  Jorge Sebatian Yunda Yunda (hijo) y Beatriz Enriqueta Machado  (madre). 

Así, el informe de la Contraloría expuso que las empresas del denominado “Grupo A” estaban vinculadas al alcalde de Quito:

Además, la Contraloría identificó que:

A pesar de los hallazgos presentados por el organismo de control, se detectó que “no verificaron en la primera fase, el cumplimiento de las inhabilidades motivos de descalificación establecidos en las bases del concurso, por consiguiente, afectaron el objetivo del concurso convocado el 12 de abril de 2016 (…) Al no garantizar el acceso en igualdad de condiciones a los postulantes, dejando abierta la posibilidad que se de la concentración de frecuencias”.    

Quince meses después casi todo continúa igual. De las 16 empresas vinculadas a Jorge Yunda, y revisadas por Fundamedios, ocho están nuevamente a concurso y, de ellas, siete ya fueron identificadas previamente en el informe de Contraloría. 

Una de las recomendaciones principales del Organismo de Control decía: “para futuros concursos públicos, previa a la calificación de postulantes, verifique el cumplimiento de las inhabilidades y motivos de descalificación”.

Sin embargo, el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, junto con el director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), Xavier Aguirre, en una rueda de prensa el pasado 17 de septiembre, para responder a la investigación presentada por Fundamedios sobre la presencia de Ángel González en el actual concurso, aseguró que se han acogido las recomendaciones de la Contraloría, y que para este proceso se incluyó una cláusula denominada “Declaración Responsable”, que permite revisar que todas las declaraciones realizadas por los participantes cumplan con lo estipulado en la Ley. Además, dijo que actuarán después de que adjudiquen las frecuencias, en el caso de encontrar irregularidades. 

Los Yunda y sus testaferros

El informe de la Contraloría no sólo reveló las irregularidades en el proceso, también expuso que Jorge Yunda pretendía obtener medios a través de parientes, socios y empleados. Todavía hoy sus hijos y familiares figuran como administradores y accionistas de cinco empresas. Ellos son: Lilia Yunda Machado (hermana), Gabriel Yunda Padilla, Jorge Sebastian Yunda Yunda (hijo), Beatriz Enriqueta Machado (madre), y Luis David Yunda Machado (hermano)

Solo en una de ellas, Radio Canela S.A. (106.5 FM), el actual alcalde aparece como accionista desde 2015. Esta compañía fue constituida el 6 de marzo de 2008 en Quito por la madre del alcalde, quien es actual presidenta de la empresa. En ese periodo Yunda era presidente del Consejo Nacional de Radio y Televisión (Cornatel) entre 2007 y 2009.

Radio Canela S.A. también fue mencionada en el informe de Contraloría revelando que esta mantiene relación de dependencia con las empresas relacionadas al Grupo B. Asimismo, los gerentes generales también mantenían relación de dependencia con las siguientes empresas:

Entre Contraloría y Arcotel se contradicen. El mismo informe publicado en 2018 la Contraloría detalla que “Radio Canela S.A. con RUC 1792129265001 (…) no tiene asignada una frecuencia”. Sin embargo, según Arcotel en febrero de 2019 resolvió dar por terminado el contrato de concesión del dial 106.5 en Quito como “Canela Radio Corp”. Entonces ¿cómo se revierte la concesión de una empresa que no posee frecuencia?  

Continuando con el árbol familiar y empresarial. Lesotho S.A es otro ejemplo de que todo ha quedado en familia, esta compañía fue creada en 1998 en Guayaquil, y actualmente tiene como accionistas a Luis David Yunda Machado (hermano) y a Beatriz Enriqueta Machado Orozco (madre). Además, participa en el concurso por la frecuencia 90.5.

El alcalde Yunda fue accionista de esta empresa hasta 2007. El informe de la Contraloría decía que esta empresa tenía como presidenta a la madre de Yunda, quien figura como accionista de Radio Canela S.A. y de la empresa Telecanela S.A, la cual tenía la frecuencia 105.7 en Loja y fue disuelta, según consta en la Superintendencia de Compañías, en ella se configuraban como accionistas Luis David Yunda Machado (hermano),  licenciado en producción de televisión y medios digitales, y Lilia Yunda Machado, economista (hermana).  

Además, Luis David es accionista de All Publicidad & Marketing S.A., una empresa constituida en 2016 en Guayaquil, que tiene varias actividades en torno a la publicidad. Y de Telecanela S.A empresa actualmente disuelta.  

Fundamedios verificó, además, en el portal de la Superintendencia de Compañías para constatar si al 2020, los accionistas de las 46 frecuencias que buscaba obtener Yunda en 2017, siguen siendo los mismos o se han sumado nuevos nombres. La organización ubicó a 7 nuevos accionistas: Luis Noboa Haro, Marco Antonio García Gallardo, Diego Eduardo Paucar Valvidieso, Mario Oswaldo Amaguaya Romero, Jossellyn Rosmarie Sierra Quijije y Telma Solanda Valle Mera.

El perfil de los nuevos accionistas que tienen relación con Yunda Machado y su empresa de medios son los siguientes: 

Telma Solanda Valle Mera y Jossellyn Rosmarie Sierra Quijije son accionistas de Radio Eventos y Canela Piel del Ecuador Aspengtas S.A., respectivamente, no se ha logrado determinar alguna relación cercana con Yunda. 

Jossellyn Sierra consta en la Senescyt como Ingeniera Industrial de la Universidad Nacional de Chimborazo y máster en Ciencia e Ingeniería de Materiales en la Universidad Carlos III de Madrid. No tiene RUC activo. Telma Valle, en cambio, es licenciada en Ciencias de la Educación, especialidad Historia y Geografía de la Universidad Técnica de Manabí y profesora de segunda enseñanza, especialidad Historia y Geografía de la misma universidad. Graduada en 2002. 

Mientras que Mario Oswaldo Amaguaya Romero, accionista en Canela Piel del Ecuador Aspengtas S.A., sí tiene una relación muy estrecha con el Alcalde, pues incluso aparece en fotografías junto al Colectivo Colonial, una agrupación ciudadana que ayudó al funcionario a llegar a la Alcaldía.

Amaguaya no tiene registro de título en la Senescyt y tiene el RUC suspendido como persona natural en 2017. Actualmente es funcionario directivo 3 del Municipio de Quito con una remuneración mensual de 3.700 USD y anual de 44.400 USD. Aparece con Yunda en su foto de portada en Facebook y en 2019 posan juntos en las fiestas de Nayón. 

El Constitucionalista Ismael Quintana sostiene que el artículo 230 de la Constitución establece un Régimen General de Prohibiciones para los funcionarios públicos entre las que se establece el nepotismo y trabajar simultáneamente en otro cargo público, a excepción de la docencia, y que el artículo 232 además establece que no podrán ser funcionarias ni funcionarios ni miembros de organismos directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal de control y regulación, quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas o representen a terceros que los tengan. En general, Quintana sostiene que la prohibición se cumple siempre y cuando exista un interés contrapuesto.

Otro caso es el de Marco Antonio Gallardo Garcia, doctor en medicina y especialista en cirugía. Estudió en la misma universidad que Yunda, la Universidad Central del Ecuador. Esperanza Beatriz Valarezo Ortiz, quien era  accionista desde 2011 de Ecuaenlace S.A, le cedió el 23 de mayo de 2019 sus acciones al doctor Marco Antonio Gallardo, actual accionista. 

Siguiendo la misma línea, Diego Eduardo Paucar Valdivieso (31 años) , es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). En 2011, pasó a ser accionista luego de que Rocío del Pilar Lara Miranda le cediera sus acciones de Gamboa Comunicación Total Cía. Ltda., empresa que tiene Radio Canela Esmeraldas (99.5). En 2018, la empresa tuvo un memorando por parte de la Arcotel, pues se realizaron transferencias de acciones sin autorización previa.  La Arcotel dispuso cancelar el contrato de concesión de la frecuencia 106.5 en Pichincha y de las repetidoras en Esmeraldas y Santo Domingo. A su vez, Paucar es accionista de Dashboard Community S.A., una empresa que realiza actividades de campañas de comercialización y otros servicios de publicidad.  

JH Radio FM Pintractu S.A. es la empresa concesionaria de la frecuencia (106.5 FM) de la provincia de Tungurahua y fue constituida por Jorge Yunda. En 2018, Johanna Parra Cardenas, le transfirió las acciones por $392 a Luis Fernando Noboa Haro, uno de los nuevos accionistas.   

La historia de Factualti S.A.

La historia de esta emisora, que forma parte del emporio mediático de Canela, revela cómo a través de argucias legales se deja sin efecto las recomendaciones claras de los organismos de control y de esta manera evaden responsabilidades y mantienen la concentración de frecuencias. 

A través de las Resoluciones No. ARCOTEL-2018-0803 de 20 de septiembre de 2018, y No. ARCOTEL-2019-0081 de 06 de febrero de 2019 el Coordinador Técnico de Títulos Habilitantes de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones ARCOTEL, resolvió Iniciar el proceso de terminación del contrato de concesión de la frecuencia 92.7 MHz denominada «CANELA», en la ciudad de Ibarra, Imbabura, por haber inobservado las causales de terminación de concesión de frecuencias y por hallarse incursos en la disposición que prohíbe la transferencia, arrendamiento o enajenación de la concesión, conforme lo establece la normativa vigente. 

La historia de esta radio inicia el 10 de marzo de 2004 cuando se suscribió el contrato de concesión entre la ex Superintendencia de Telecomunicaciones y Jorge Yunda Machado para operar la estación de radiodifusión de la frecuencia 92.7 MHz. 

El artículo 44 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones se refiere a la transferencia o cesión y establece que los títulos habilitantes no podrán enajenarse, cederse, transferirse, arrendarse o gravarse por ningún medio sin autorización de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Incurrir en esta prohibición, sería causa suficiente para la terminación anticipada del título habilitante, sin perjuicio de las consecuencias previstas en el ordenamiento jurídico vigente. Además, que el Artículo 112 de la Ley Orgánica de Comunicación en lo que se refiere a la terminación de la concesión de frecuencia, dice que la concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión de señal abierta terminará por hallarse incurso de manera comprobada en la disposición que prohíbe la transferencia, arrendamiento o enajenación de la concesión.

El 14 de enero de 2015, ante la Notaría Cuadragésima Sexta del cantón Quito, entre la ex Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y Jorge Yunda, representante legal de la compañía RADIO IBARRA FACTUALTI S.A. suscribieron el contrato modificatorio que autorizó el cambio de titular de la concesión de la frecuencia 92.7 MHz. Pasó de las manos de Yunda a la persona jurídica mercantil compañía RADIO IBARRA FACTUALTI S.A.

Este movimiento fue criticado por la Contraloría General del Estado que en el Informe General No. DNA4-00025-2018 señaló que esta frecuencia debía ser revertida porque hubo una transferencia de acciones sin autorización por 408 dólares. Se dispuso al Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones que, conjuntamente con el Coordinador Técnico de Títulos Habilitantes y el Director Técnico de Títulos Habilitantes del Espectro Radioeléctrico, apliquen, calculen y notifiquen las multas al amparo del artículo 117 de la Ley Orgánica de Comunicación a los beneficiarios de las concesiones que transfirieron las acciones y/o participaciones sin sujeción a la normativa vigente para el efecto. 

Al coordinador Técnico de Control y al coordinador Técnico de Títulos Habilitantes del Espectro Radioeléctrico se les dispuso que inicien el proceso de extinción de los títulos habilitantes de servicios de radiodifusión de las empresas citadas, en función a la normativa establecida en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y Ley Orgánica de Comunicación.

El 19 de febrero de 2019 Rodrigo Francisco Padilla Pretel, representante legal de la compañía RADIO IBARRA FACTUALTI S.A presentó un recurso de apelación, el mismo que fue inadmitido  y archivado.  El 21 de agosto de 2019, presentó un Recurso Extraordinario de Revisión en contra del acto administrativo. A través de la providencia No. ARCOTEL-CJDI-2019-00225 de 17 de septiembre de 2019, la Dirección de Impugnaciones de la ARCOTEL, dispuso la admisión a trámite del recurso extraordinario de revisión, abrió término de prueba por quince días, y requirió el expediente administrativo a la Unidad de Gestión Documental y Archivo de la ARCOTEL. 

Entre los argumentos de esta emisora está que el acto impugnado resulta nulo por haber sido dictado por una autoridad incompetente y, además, resulta ilegal toda vez que no se incurrió en ninguna causal de terminación de la concesión pues lo que sucedió es la transferencia de 408 acciones de la misma compañía.

El 31 de octubre del 2019, el Arcotel emitió la resolución 835 en la cual  concluye que la transferencia de acciones en ningún caso puede ser considerado como transferencia de la concesión y aceptó el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por RADIO IBARRA FACTUALTI S.A. y se revocó la Resolución No. ARCOTEL-2018-0081 de 06 de febrero de 2019; y la Resolución No. ARCOTEL-2019-0363 de 13 de mayo de 2019. 

De esta forma, el ex director de la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones (Arcotel), Ricardo Freire, antes de dejar su cargo revirtió cinco frecuencias de radio y televisión entre la que se encontraba 92.7 MHz. Las resoluciones fueron firmadas por Galo Prócel, coordinador técnico de Títulos Habilitantes de la Arcotel y después de que se emitieron estas resoluciones, el director de esa agencia, Ricardo Freire, renunció a su cargo. RADIO IBARRA FACTUALTI S.A. actualmente está a concurso en la cual Gabriel Fernando Padilla Yunda es uno de los accionistas de este medio de comunicación.

Brochas y frecuencias: ¿quién era Bernardo Nussbaum? 

Otro de los personajes claves cercanos a Jorge Yunda, y cuya relación fue pública cuando llegó a la Alcaldía de Quito, fue Bernardo Nussbaum, quien es el proveedor más grande de frecuencias del actual Alcalde de Quito. Así lo confirmó una fuente que solicitó el anonimato.

Nussbaum fue presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) y, en 2008, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senacor) del Gobierno de Rafael Correa solicitó a la Fiscalía iniciar una investigación previa para dar con los responsables del perjuicio al Estado, ocasionado por el presunto acaparamiento de frecuencias de radio por parte de la empresa Servidinámica S.A., que obtuvo frecuencias de radio a través de empresas vinculadas como las radios  Colón, Sabormix, Kiss, Más Candela, Onda Cero, Pasión  y  Sol.  En esa época se dijo que tenía hasta 48 frecuencias sin justificación suficiente, pero Nussbaum siempre aseguró que solo tenía tres radios: Equispunto S.A., Rock & Pop Yava S.A., y, Radio FM 92. 

Según la fuente que solicitó la reserva, Nussbaum habría vendido al menos 6 radios a  Jorge Yunda, el más importante es Radio Colon C.A que es una Sociedad Anónima pues era la única de cobertura nacional y maneja la firma comercial de Radio Armónica. Según el portal de la Superintendencia de Compañías, Servidinamica S.A. fue constituida en Quito, en 1980. Nussbaum es uno de los accionistas de la empresa que aún sigue activa. 

Además, Lilian Margarita Ruf Kywi, quien es representante legal de esta empresa y presidenta de Brochas Wilson S.A. Fue administradora de Radio Colon C.A entre 2001 y 2005 y accionista hasta 2011.  

En abril del 2019, Bernardo Nussbaum se convirtió en una de las piezas claves para el recién electo Alcalde de Quito, pues lo asesoraba en temas diversos desde movilidad, protocolo y hasta ambiente. De hecho, Nussbaum participó en las reuniones previas con grupos sociales e incluso recomendó algunos funcionarios de alto rango para la nueva administración. Actualmente, no ocupa ningún cargo importante dentro del Municipio. Algunas fuentes internas confirmaron que a los 15 días de haber llegado al Palacio Municipal prefirió abandonar el barco debido al carácter “egocéntrico” que caracteriza al Alcalde de Quito.

En el actual concurso de frecuencias se han postulado radios que tuvieron relación con Nussbaum. Por ejemplo, Radio Colon C.A cuyo nombre comercial es Armónica. También consta como postulante la Radiodifusora Paraiso Radialpa S.A., cuyo nombre comercial es La Radio Redonda, de la cual Nussbaum fue accionista desde 2006 a 2010. Estas dos ya no pertenecen al empresario. No obstante, no está del todo fuera de la radiodifusión. La frecuencia de Más Candela, ubicada en Manabí y de la cual es accionista, según el Portal de la Superintendencia de Compañías, sí está compitiendo por una frecuencia pero según información de Arcotel, esta “no cumple” con los requisitos. 

Diferentes empresas, mismos contadores y similares direcciones

10 de las 16 empresas revisadas por Fundamedios presentan como contacto secundario un correo electrónico de la firma Rodríguez y Asociados, específicamente se detallan los correos de Omar Eduardo Rodríguez y de Paúl Vinicio Rodríguez. Ambos nombres también fueron identificados en el informe de la Contraloría de 2016.

En la página web de esta firma se destacan sus servicios contables y asesoramiento ante las autoridades tributarias. Radio Canela, La Radio Redonda, RadioEventos y Komunikest son algunas de las empresas radiales que representan con clientes ubicados en Chimborazo, Azuay, El Oro, Tungurahua, Guayas y Pichincha. En la misma página web destacan que entre sus clientes se encuentran La Corporación Canela,  La Radio Redonda y La Otra FM.

Esta empresa brinda asesorías para la constitución de empresas, se especializan en notarias registro mercantil y se encargan del manejo de información en la Superintendencia de Compañías y en el Servicio de Rentas Internas. Una de las ubicaciones de esta empresa es Av. 6 de Diciembre e Ignacio Bossano en el Edificio Torre Bossano Piso 9 y la otra está ubicada en la Cuenca N8-44 y Manabí. 

Ecuaenlace S.A es propietario de La Otra FM, una de las empresas que se encuentra compitiendo por una frecuencia. En la información que reposa en el Servicio de Rentas Internas, esta empresa registró como su dirección al Edificio Albra, que está ubicado en la Avenida Francisco de Orellana y Coruña al norte de Quito. 

Sin embargo, FUNDAMEDIOS constató que en esa ubicación desde hace dos años ya no funciona dicha radio. Ahora, La Otra FM se domicilia en el mismo edificio donde se ubica el emporio de comunicación de Canela TV, en el pasaje Leonidas Batallas.  En este sitio al norte de Quito se ubica Radio Canela S.A y Telecanela  S.A. También es la dirección registrada por la Empresa Gamboa Comunicación Total CIA LTDA.

Por ahora, el concurso continúa con su cambiante cronograma. Xavier Aguirre, director de Arcotel, ya anunció que el proceso público para la asignación de frecuencias se aplaza 25 días y las resoluciones de adjudicaciones a aquellos participantes que no han solicitado revisión se emitirán a partir del 30 de noviembre.

El pasado 13 de noviembre Arcotel publicó que el 70% de los 621 postulantes «están listos para recibir su título habilitante por 15 años», al cumplir con todos los requisitos del proceso. De una primera revisión que hemos podido hacer de la confusa documentación que subió ARCOTEL a su página web se desprende que toda las empresas relacionadas con Jorge Yunda obtendrían frecuencias con excepción de Radiodifusora Paraíso Radialpa S.A. 

Sin embargo, aún no se identifica ninguna acción concreta por parte de las autoridades, considerando que, entre los participantes, están antiguos denunciados y grupos de poder que utilizan argucias y mecanismos antiéticos o claramente ilegales e inconstitucionales  para concentrar frecuencias, lo que afecta la libertad de expresión en el país.

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Remigio Ángel González González aparece en el actual concurso de frecuencias, pero su presencia no es nueva para nadie y menos para los organismo de control ecuatorianos.  A través de un probable  esquema de sobornos ha pretendido limpiar el nombre de sus concesionarias identificadas en informes de auditoría. En concreto, hay indicios de que durante el periodo del expresidente Rafael Correa, intentó subsanar ocho concesiones de radio para que estas no fueran revertidas.  ¿El resultado?  hasta la fecha  estas siguen activas y se encuentran actualmente a concurso, con lo que su funcionamiento podría quedar consagrado por los próximos 15 años.

El caso del “Fantasma” no es el único de un grupo mediático que será posiblemente favorecido en el actual concurso de frecuencias. Esta investigación presentada por FUNDAMEDIOS, Ecuavisa y la Revista Digital Plan V es la segunda de tres entregas que revelan los mecanismos utilizados por grupos de poder para concentrar frecuencias y con ello afectar la libertad de expresión en el país. 

El baile de los informes: los elaboran y publican, pero no se ejecutan. 

Desde hace más de una década el nombre de Ángel González resuena en investigaciones y en informes. El documento que estuvo a cargo de la Comisión de Auditoría de las Frecuencias de Radio y Televisión, conformada bajo Decreto Ejecutivo en noviembre de 2008, detectó un sinnúmero de irregularidades en la concesión de las frecuencias: En 2009 los resultados arrojados registraron 45 casos de empresas beneficiadas con el mecanismo de “devolución y concesión”. 

Entre los casos detectados por usar este modus operandi constan ocho empresas de González, las cuales 11 años después, todas participan del actual concurso de frecuencias:

En ese entonces, la Comisión explicó que el mecanismo de “devolución y concesión” tenía dos objetivos: “ocultar a las personas que mantienen el control de la compañía concesionaria y favorecer un proceso de extranjerización de los medios de comunicación”, detalla el informe realizado en el período comprendido entre enero de 1995 a diciembre de 2008. 

«El informe es gravísimo, habrá que revertir algunas frecuencias, caerán algunas vacas sagradas», decía el expresidente Rafael Correa durante una entrevista con la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER). Mientras las autoridades del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel), señalaban que el documento no tenía viabilidad jurídica, pues el excontralor del Estado, Carlos Polit,  manifestó que la única auditoría que puede servir de base para sancionar era la de la Contraloría General del Estado.

Ante ello, Guillermo Navarro, quien presidió la Comisión Auditora de Frecuencias, en una entrevista con diario El Comercio en 2009, señalaba que el informe no se aplicaba por intereses “hay gente que está acumulando fuerza  y va a seguir impidiendo que se aplique el informe, porque también se verían afectados”, expuso.  

Sin embargo, la auditoría que investigó las concesiones de  frecuencias durante 13 años no fue un informe pionero.  Existía uno anterior: el informe de Contraloría donde se analizó la situación de las frecuencias (un recurso público) entre el 2003 hasta el 2005, y expuso decenas de casos para revertir las frecuencias. Entre ellos, otra vez, se encontraba Radiodifusora Trafalgar del Ecuador (96.1 Joya Stereo), Andivision S.A. (91.3 Tropicalida Stereo), Radiodifusora Kashmir del Ecuador (88.5 Metro Stereo), Radiodifusora Ayax del Ecuador (104.1 Alfa Stereo) y Television Independiente Indetel S.A (88.5 Galaxia Stereo), empresas que actualmente concursan en el proceso público de adjudicación de frecuencias. 

 

El informe borrador de la Contraloría expuso que “Cornatel dispuso la devolución de las frecuencias radioeléctricas a los concesionarios de las estaciones de radiodifusión cuyas frecuencias fueron revertidas al Estado y dado por terminado los contratos de concesión, por operar con características diferentes a las autorizadas, convirtiendo las estaciones matrices en repetidoras (…)”, según relataba el informe sobre las empresas mencionadas vinculadas a Ángel González.

Así, en la primera investigación de la Contraloría (2003-2005), se recomendaban decenas de casos para la reversión, pero luego, de forma inexplicable y nunca explicada, la misma Contraloría matizó ese criterio y sugirió una revisión de procedimientos. Para Guillermo Navarro, expresidente de la Comisión Auditora de Frecuencias en entrevista con Fundamedios, dijo “la modificación violaba la Ley porque en ella no existe la revisión sino la reversión, pero eso también respondía a los intereses que estaban atrás de los altos funcionarios  de los diferentes poderes”, aseguró. 

Aparece el Cantante

En paralelo a los informes, otros acuerdos sucedían lejos de la luz pública, pero no lejos del ojo de funcionarios públicos. Un documento del grupo interno de Ángel González, titulado “ECU -Detalle negociaciones de JMB e IB”, al que tuvo acceso Fundamedios, describe el plan de pago para la “limpieza de ocho estaciones en auditoría”, refiriéndose a las empresas mencionadas en el reporte de la Comisión de Auditoría publicado en 2009.  

La fecha del documento correspondía a marzo de 2014, y detalla un pago inicial de $50.000 repartidos en una primera transferencia de $28.000 y dos cheques de $7.000 y uno de $8.000. Como parte del pago, además, figuraba una cámara de video “sony F55 4K que cuesta 28.900”, según describe el documento. 

Pero ¿quién era el beneficiario? Una empresa llamada Galápagos JMB LLC:  una sociedad radicada en la Isla de Nevis, lugar conocido entre los paraísos fiscales más secretos del mundo,  y con cuenta bancaria en Wells Fargo de los Estados Unidos, según constató Fundamedios a través de OpenCorporates. Además, la empresa está a nombre de la exmiss Ecuador, Gianella Avellaneda, y de su esposo el español José María Bacchelli Ortega, quien en el documento aparece como “El Cantante”, pues en el entorno de González era como lo llamaban por sus antecedentes artísticos. Actualmente esta cuenta está inactiva y en disolución. 

Las gestiones del Cantante implicaban su intervención directa e interacción con los funcionarios ecuatorianos. El Cantante recibía los borradores de la documentación a presentar a efectos de ser previamente revisados y aprobados previamente por los funcionarios públicos que luego decidirán sobre la cuestión (…) González acordó con el cantante que el gobierno ecuatoriano “limpiaría” de irregularidades dichas frecuencias para que no fueran revertidas, a un costo de US$35.000 por cada estación, dando un total de US$380.000 ”, asegura una fuente cercana al grupo González. Fundamedios contactó con  José María Bacchelli  y hasta el cierre de esta publicación no obtuvo respuesta.  

Así, Prolasa S.A., la empresa realiza ambos pagos entre febrero y marzo de 2014, es una sociedad panameña creada en 1975 y aún activa que,  entre sus directivos constan: Jesús Armando González González (México), hermano de El Fantasma, Guadalupe Carlos Hernández Martínez, y José Luis Yarzabal Burela, prestanombres de González y quienes aparecen como presidentes en empresas uruguayas,  como ya publicó Fundamedios en la primera parte de esta investigación.  

Otra empresa que realizó pagos a  Galápagos JMB LLC fue Radio y Televisión Guatemala S.A. , compañía centroamericana actual accionista mayoritaria de la empresa Andivisión S.A.  que es concesionaria de la frecuencia a concurso Tropicalida Stereo (91.3). 

Televesiete S.A. empresa de nacionalidad guatemalteca realizó dos pagos por $15.000 en 2016  Galápagos JMB LLC. Empresa que en 2016 fue denunciada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala por entregar dinero para el financiamiento ilícito de la campaña del exmandatario Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti. Es parte del Grupo Albavisión, y accionista de la empresa ecuatoriana Televisión Independiente Indetel S.A.  

En febrero de 2015 el documento titulado “negociación de Ecuador” describia los cambios de designaciones de los nuevos ministros de telecomunicaciones. En septiembre de 2014 el expresidente Rafael Correa, designó a Augusto Espín Tobar como nuevo ministro de Telecomunicaciones, tras la renuncia de Jaime Guerrero, quien estuvo en el cargo por más de cuatro años (asumió en abril del 2010).  

Lo que señala el documento: 

“En el 2014 cambian al ministro  (Jaime Guerrero Ruiz) que supuestamente tenía arreglado a mandos medios para que los temas se aprobarán en consejo. El nuevo ministro  (Augusto Espín Tobar) es muy amigo del cantante (José María Bacchelli) y  la negociación se mantuvo, aunque se perdió el contacto con los mandos medios (…) Al nuevo ministro bicicleta como adelanto de sus servicios ($4.286) que también se deducen del pago ”,  expone el documento. 

Al respecto Fundamedios contactó al exministro Augusto Espín, y se le preguntó sobre las acciones que se tomaron sobre las frecuencias que están relacionadas con El Fantasma González y si tiene alguna relación comercial o personal con José María Baccelli. El exministro respondió : «Yo le conozco a José María Baccelli, básicamente, lo conozco porque trabajó en Alegro fuimos compañeros de trabajo hace 10 años atrás, pero más allá de eso el tema del fantasma es un tema complejo porque en realidad viendo lo que he podido ver  desde mi responsabilidad en el ministerio, las responsabilidades eran las directrices de avanzar con el concurso, y desde el 2015 quien tenía la potestad de hacer el concurso y manejar las cosas era el ARCOTEL». 

Asimismo, se consultó con el exministro Jaime Guerrero, sobre su supuesta vinculación con El Fantasma y él respondió: “Debo recordarle que los informes de frecuencias de radio y TV en esa época eran elaborados no por el Ministerio a mi cargo, sino por una entidad autónoma cuyo titular era electo por la Asamblea. Me refiero al SUPERTEL.  Posteriormente con la ley de comunicación esta competencia cambia a Senatel, otra entidad autónoma  cuyo titular era designado por la presidencia de la república, por lo que desconozco lo referente a los informes que menciona al no pertenecer al ámbito de las competencias que tenía”, aseguró.

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Ecuador, 7 de agosto de 2020.- Fundamedios entregó a César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional y al grupo multipartiditas de Asambleístas por la Transparencia y el Acceso a la Información el texto del anteproyecto de nueva Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública, LOAIP como una herramienta de lucha contra la corrupción y como garantía del Derecho Humano fundamental de todos los ecuatorianos. 

El Presidente de la Asamblea y los diversos legisladores presentes y sus equipos técnicos se comprometieron a darle un tratamiento prioritario con el objetivo de que la nueva Ley sea aprobada en el actual periodo legislativo. 

El anteproyecto fue construido a través de un riguroso trabajo de análisis comparativo de las legislaciones más avanzadas del Hemisferio elaborado en cooperación con el programa TrustLaw de la Fundación Thompson Reuters y la coordinación del Estudio Jurídico Ferrere. Además, de la permanente consulta a expertos como el Ex-Relator de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, Frank La Rue. La nueva LOAIP ecuatoriana sería la primera Ley de la Región en aprobarse atendiendo los avances y estándares establecidos por la OEA en la llamada Ley Modelo 2.0. 

César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, explicó que el documento consta de nueve capítulos. Su objeto es promover y garantizar el Derecho de Acceso a la Información pública, fomentar la transparencia y contar con una herramientas de primera línea en la lucha contra la corrupción.

Entre los puntos más novedosos está la creación de una Superintendencia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como órgano independiente e imparcial con autonomía administrativa y financiera que garantice el acceso y la protección de información personal.

Entre sus responsabilidades está velar por el cumplimiento de los términos señalados, vigilar que la información entregada no sea incompleta, incomprensible o poco accesible y evitar que la información que no se encuentra clasificada como reservada o confidencial sea denegada. Además, se propone multas de 1 a 20 salarios básicos unificados (SBU) para quien viole la norma. 

Frank LaRue, quien es también director de Defensa y Derechos Humanos de Fundamedios en Estados Unidos, mencionó que es vital actualizar y modificar las leyes de acuerdo a los avances de  los tratados internacionales y otras condiciones como el desarrollo tecnológico.

“Gran parte del éxito de una ley está en el tipo de una autoridad o responsable que se establezca en ella (…) La creación de una Superintendencia como ente autónomo es importante y la autonomía de ese órgano es lo más importante para garantizar la transparencia”, insistió. 

Por su parte, el Presidente del Legislativo felicitó la propuesta que nació de la sociedad civil. Litardo ratificó su compromiso para ingresar el anteproyecto con celeridad al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para que sea calificado y pase a la comisión correspondiente. 

Asambleístas como Lourdes Cuesta, Héctor Muñoz, Héctor Yépez, Ana Belén Marín, Dennis Marín, Jeannine Cruz, Wilma Andrade, Cristina Reyes, expresaron su apoyo a la Ley y su voluntad de respaldar con sus firmas el ingreso a trámite parlamentario. En total son 16 Asambleístas que conformaron hace algunas semanas el Grupo Parlamentario por el Acceso y la Transparencia. 

Para revisar el anteproyecto, ingrese aquí.

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Ecuador, 6 de julio de 2020.- Cinco expertos fueron invitados a la VII mesa de trabajo sobre el proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos, organizada por la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional. Para los ponentes, el éxito del cuerpo legal que se diseña en Ecuador es contar con una autoridad rectora que sea independiente y autónoma. 

Frank La Rue, exrelator sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la ONU y actual director Legal y de Derechos Humanos de Fundamedios, participó de la reunión virtual el pasado 2 de julio. “Es importante entender la Ley como el ejercicio de derechos fundamentales, el de la protección de datos y la privacidad. La clave del éxito está en la elección de la autoridad que debe ser autónoma e independiente para tomar decisiones con libertad. Debe existir un presupuesto propio para funcionar e incluir campañas de concientización para que la población entienda la importancia de resguardar sus datos”, mencionó.  

El guatemalteco, experto en Derechos Humanos, está convencido de que más allá de la construcción de la Ley es necesario educar a la población sobre su importancia para que distinga entre lo público y privado. De acuerdo a su explicación, la ciudadanía entrega sus datos a grandes plataformas en Internet sin conocer el riesgo que se corre, especialmente las niñas y niños.

Bruno Gencarelli, de la Unidad Internacional de Fujo de Datos y Protección de la Comisión Europea, afirmó que en la actualidad la privacidad es uno de los temas más importantes porque es inherente a la dignidad humana. En ese sentido, felicitó la iniciativa ecuatoriana de promover el debate sobre el proyecto de Ley y enfatizó en la necesidad de contar con una autoridad transparente. Desde su experiencia, esto garantiza gobernanza y la creación de un canal de comunicación para que la ciudadanía tenga plena confianza en la herramienta legal. “La Ley no debe estar solamente escrita, debe ser práctica”, sugirió. 

Lorena Naranjo, titular de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap), recalcó la importancia de aprobar esta legislación que sería inédita en el país. Asegura que, desde hace 20 años, se ha insistido en su creación y que hoy los artículos 178 y 229 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) son los que más se acercan al reconocimiento de la violación a la intimidad y la revelación ilegal de bases de datos. 

Desde la Dinardap se han hecho seis denuncias sobre violación al derecho de protección de datos, pero tres se han archivado porque no existen elementos para analizarlos. A su criterio, esto da cuenta de la falta de desarrollo especializado de fiscales, policías y jueces, sumado a la carencia de legislación, como un riesgo para la protección.

El cuerpo legal, que deberá ser revisado y discutido antes de su aprobación definitiva, fue propuesto por el presidente Lenín Moreno el 16 de septiembre de 2019. Hasta el momento, la Asamblea Nacional ha discutido con representantes de la sociedad civil los 60 primeros artículos.

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En las últimas décadas en Latinoamérica las mujeres alcanzaron derechos que antes no tenían. Se reconoció el voto femenino como un derecho humano fundamental, así como la representación, paridad de género en la política y hasta -en algunos países- la despenalización del aborto. Sin embargo, la violencia sexual, psicológica y física todavía permean con fuerza y alcanza a mujeres y niñas sin distinción social. 

América Latina es la segunda región del mundo más letal para las mujeres después de África. Cada dos horas y media se registra un femicidio y una de cada tres mujeres sufre violencia sexual. Así lo confirma la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Las periodistas son doblemente expuestas a situaciones de violencia. No solo se enfrentan en la cotidianidad a patrones machistas, sino que también soportan desigualdad en el ámbito laboral, comentarios sexistas, estigmatización y falta de oportunidades cuando deciden ser madres. Esto, sumado a la desprotección y la deficiencia en la investigación de casos, las deja en estado de indefensión.

Estos son algunos de los argumentos del informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ‘Mujeres periodistas y libertad de expresión’, presentado públicamente en marzo de 2019 en Estados Unidos. 

La Relatoría menciona algunos hallazgos del último Proyecto de Monitoreo Global de Medios (2015), en América Latina, en el cual el 43% de las personas que presentaban o reportaban noticias eran mujeres, un 15% más que en el 2000. En el Caribe, la cifra alcanzó el 45%. En cambio, en Estados Unidos disminuyó. El número de periodistas mujeres se  redujo de 46%, en 2000, a 38% en 2015. 

El informe también dice que en la región las mujeres están sobrerrepresentadas entre quienes reportan noticias que abarcan temas “femeninos” versus aquellas que cubren política y economía. “Este patrón puede contribuir a que el trabajo de las mujeres periodistas sea menos visible y menos valorado”, se menciona. 

Un dato que llama la atención es que existe información escasa sobre la presencia de mujeres en cargos directivos de empresas periodísticas. De acuerdo a la Federación Internacional de Periodistas (FIP), en 2011, la representación de las mujeres en los puestos de dirección de las compañías de medios de América Latina era inferior al 25% y menos de un tercio, 30,5%, en los niveles gerenciales (directores ejecutivos, directores generales, directores financieros). 

Otra de las amenazas latentes es la violencia sexual. El informe recopila datos de la Federación Internacional de Periodistas (2017) que concluye que el 37% de las periodistas encuestadas en varios países de la región reportó haber sufrido acoso sexual. 

La Relatoría Especial reconoce los esfuerzos de algunos Estados para establecer programas y mecanismos de protección en materia de violencia a las periodistas, pero concluye en que los esfuerzos aún no son suficientes. Es necesario emprender un trabajo conjunto entre el Estado, la sociedad civil y los mismos medios de comunicación

La subeditora de diario El Tiempo, en Colombia, Jineth Bedoya, concuerda con esta postura. En una entrevista realizada por Fundamedios en agosto de 2019, a propósito del anuncio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que responsabilizó al Estado colombiano por su secuestro y violación en 2000 mientras hacía su trabajo, comentó acerca de las labores de capacitación que realiza para evitar que más mujeres sean violentadas. 

Bedoya no solo ha acudido a las redacciones colombianas, sino también a otras latinoamericanas y europeas. En estos espacios habla con ellos y ellas sobre los riesgos de la profesión y promueve un lenguaje inclusivo que no revictimice. También enseña sobre contenidos que apuesten a la igualdad y al respeto. 

“Además, tenemos charlas muy privadas entre las mujeres sobre cómo debemos autocuidarnos dentro y fuera de la redacción, de cómo enfrentar a nuestras fuentes, de cómo pedir ayuda, porque hay que hacerlo”, explica Bedoya. 

Yisbelsy Hernández es una periodista venezolana con 25 años de trayectoria en medios locales. No ha sufrido violencia ni discriminación, pero asegura que la realidad para todas no es la misma y antes menos mujeres eran visibles en las redacciones. “Ahora hay más mujeres ocupando espacios de importancia, aún cuando la mayoría siguen siendo hombres. Se ha ganado respeto y terreno sobre todo lo que tiene que ver con credibilidad y cómo se maneja la noticia”, asegura la reportera del portal Noticias de Aquí, en el estado Anzoátegui, oriente de Venezuela.

El dato

En Ecuador existen  5121 periodistas que trabajan en los medios ecuatorianos, 3653 son hombres y 1468 son mujeres. Esto, según una tesis doctoral en marcha de Ana Dávila, profesora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), en la que cita esta información obtenida a partir de estadísticas entregadas por el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación.

 

 

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En abril de 2018 se conformó el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su objetivo: investigar y esclarecer el asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio ocurrido en la frontera colombo-ecuatoriana.

Esta iniciativa nació tras el pedido explícito de los familiares de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas; Fundamedios y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip-Colombia).

El 12 de diciembre de 2019, el ESE presentó el Informe Final a las autoridades colombianas, ecuatorianas y a los familiares. En el capítulo tres se refiere a las investigaciones realizadas por Colombia y Ecuador y destaca aspectos a ser tomados en cuenta por las instituciones judiciales para definir una real teoría del caso.

Fundamedios explica los puntos más críticos que la Fiscalía ecuatoriana debería revisar para desarrollar una línea de indagación más clara y así evitar la impunidad.

 

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Al concluir una lamentable jornada de violencia contra la prensa, el décimo día de Paro Nacional, FUNDAMEDIOS mira con mucha preocupación que el discurso de odio en contra los medios y los periodistas ha ido en aumento.

Nuevamente rechazamos la violencia y los actos vandálicos. Queremos dejar en evidencia la poca garantía y seguridad que tienen los comunicadores que salen a las calles a reportar lo ocurrido para informar a la ciudadanía y aquellos que lo hacen desde las sedes de sus medios de comunicación.  

Desde el inicio de la protesta el 03 de octubre hasta el 12 de octubre a las 22:00, contabilizamos 101 agresiones, es decir 18 más que las registradas ayer. Los principales agresores son los manifestantes con 49 casos, la Fuerza Pública con 36, desconocidos con 14 casos y el Estado con 2. Además sumamos 126 periodistas agredidos. 

David Bárcenas, camarógrafo de Telediario de Ecuador TV, resultó herido en su ojo mientras cubría la protesta en la zona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El comunicador fue atendido y la herida que tenía pudo ser suturada. Andrea Bernal, periodista de NTN24, también denunció hostigamiento, amenazas y agresiones en su cuenta de Twitter.

Un equipo de FUNDAMEDIOS, que estuvo en las inmediaciones de la Contraloría, en donde se desarrollaron fuertes protestas, incluso constató que la prensa se autocensura al momento de cubrir las manifestaciones. Muchos de Los reporteros deben ocultar su condición de tales para evitar ser identificados por manifestantes y vándalos desconocidos, principales agresores de la prensa

Las instalaciones de dos medios de comunicación fueron atacadas por grupos vandálicos. Pasada las 15:00, ingresaron a la fuerza a Teleamazonas. Gritaban consignas contra el medio, lanzaban pedradas y quemaron un bus que se encontraba al interior.

Milton Pérez, productor ejecutivo del noticiero, aseguró que más de 20 compañeros se refugiaron en el tercer piso mientras llamaban a la Policía. Aclaró que la gente que ingresó al medio no eran indígenas ni manifestantes, sino “encapuchados”. Tras una hora, el personal pudo salir. “Estábamos aterrorizados”, aseguró.

La sede de Diario El Comercio, al sur de Quito, también fue atacada por desconocidos, quienes quemaron llantas en la entrada del medio. La señal de Telesur fue retirada por dos plataformas de televisión pagada de su oferta de programación, mientras que Ecuavisa y los medios públicos evacuaron al personal por amenazas y temor a represalias.

El Gobierno decretó el toque de queda a partir de las 15:00 en Quito. Un equipo de La Posta, quien portaba con un salvoconducto para circular y se movilizaba en un vehículo, fue atacado por una turba de desconocidos cuando se dirigían a sus hogares. Hombres con palos atacaron el auto donde se encontraban.

A las 20:30, se dio un ‘cacerolazo’ ciudadano. A esa hora cientos de personas salieron a las calles del centro, norte y sur de la Quito para exigir la paz.