La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su último informe anual. En el capítulo dedicado a Ecuador, la Relatoría plasma en 28 páginas, las agresiones, amenazas y hostigamientos a periodistas y medios de comunicación. También expresa su preocupación respecto a temas como el discurso estigmatizante del Presidente en sus sabatinas; la interrupción gubernamental de espacios informativos; el abuso en la utilización de réplicas y rectificaciones, así como las graves restricciones a la libertad de expresión con la aplicación de Ley Orgánica de Comunicación (LOC), y su amplio margen de discreción que deriva en continuas sanciones a los medios.
Respecto a la LOC, la Relatoría observó que en este período se impusieron numerosas sanciones a medios de comunicación de forma incompatible con los estándares internacionales en materia de derecho a la libertad de expresión. “Resulta de especial preocupación para esta Relatoría Especial el uso del derecho de rectificación y respuesta como mecanismo para limitar la emisión de contenidos considerados desfavorables al Gobierno, tutelar la imagen de funcionarios públicos afines a éste, e imponer una visión y discurso oficial a medios de comunicación, periodistas y caricaturistas en el país, según han denunciado medios de comunicación y organizaciones sociales”.
En ese sentido, también cuestionó los varios procesos administrativos a medios de comunicación que en algunos casos han culminado con la aplicación de “multas exhorbitantes y desproporcionadas”.
Sobre la imposición gubernamental de espacios noticiosos, la Relatoría apuntó que la información que los gobiernos transmiten a la ciudadanía a través de las cadenas presidenciales debe ser aquella estrictamente necesaria para atender necesidades urgentes de información en materias de claro y genuino interés público, y durante el tiempo estrictamente necesario para transmitir dicha información.
La Relatoría también condenó las declaraciones estigmatizantes vertidas por el Presidente de la República desde su Enlace Ciudadano que han denostado la labor de los comunicadores, por lo que recordó la importancia de crear un clima de respeto y tolerancia hacia todas las ideas y opiniones, siendo, la difusión de estas fundamental en cualquier sociedad democrática
Respecto a las protestas ciudadanas que se dieron el año pasado, específicamente en junio, en donde varios manifestantes y uniformados resultaron heridos, la Relatoría reiteró que la protesta social es una herramienta fundamental para la labor de defensa de los derechos humanos y esencial para la expresión crítica política y social de las actividades de las autoridades.
Finalmente, la Relatoría se refirió a las agresiones, amenazas y hostigamientos a periodistas y medios de comunicación y reiteró que las autoridades deben otorgar a los y las periodistas el máximo grado de garantías para que cumplan su función. En ese sentido, deben garantizar que los y las periodistas no sean detenidos/as, amenazados/as ni agredidos/as y que sus derechos no sean restringidos por estar ejerciendo su profesión en el marco de una manifestación pública. “El Estado no debe prohibir ni criminalizar las transmisiones en directo de los hechos y debe abstenerse de imponer medidas que regulen o limiten la libre circulación de información”.
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