El Examen Periódico Universal (EPU) es un instrumento que analiza el registro de Derechos Humanos de todos los estados miembros de las Naciones Unidas. El EPU permite una amplia gama de aportes de los estados, las agencias de la ONU, las ONG y las instituciones nacionales de Derechos Humanos (INDH).
En este marco, se conformó una Coalición con los siguientes actores: Fundamedios, Fundación Nos Faltan Tres; Fundación Mil Hojas, Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador (Asfadec); Fundación Lucha Anticorrupción; Fundación IR, ‘Iniciativas para la Reinserción’; Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH); Fundación Desafío y Diálogo Diverso, quienes examinamos el cumplimiento de Ecuador con sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos, en la creación y el mantenimiento de ambientes seguros y respetuosos para la sociedad civil desde el último EPU, hasta la actualidad.
Las temáticas que se abordaron en los distintos informes fueron libertad de expresión, derechos digitales (videovigilancia), derecho a la privacidad, desaparecidos, situación carcelaria, derechos de las mujeres, derechos LGBTI, migraciones, anticorrupción. Se realizó un informe general y cada organización presentó un informe específico sobre la temática de su experticia.
En el informe general se prioriza la vulneración de derechos de sectores que han permanecido invisibilizados, pues el universo donde se desarrollan tradicionalmente ha sido considerado como más doméstico. Durante la pandemia, cuando la democracia ha sufrido efectos, se han agudizado las vulneraciones a derechos relacionados con las mujeres, desaparecidos, migrantes, personas LGBTI, entre otros.
El eje central del informe concluye que el Estado no garantiza los Derechos Humanos, especialmente el de las personas más vulnerables, hay ausencia de políticas públicas y también la falta de acceso a la información pública. El incremento en los índices de violencia, desconfianza social y política, ausencia de institucionalidad y mucha más desigualdad y pobreza es una radiografía que resulta en la falta de pertenencia a la sociedad y el sentimiento de desamparo por parte del Estado.
En el marco de la libertad de expresión, prensa y acceso a la información, Fundamedios identificó que el mayor agresor de estos derechos fundamentales sigue siendo el Estado. La falta de coordinación interinstitucional, desclasificación de información, mecanismos de protección efectivos y el constantemente truncado proceso de aprobación de leyes y reformas urgentes en la Asamblea Nacional siguen poniendo en riesgo a periodistas y dejando en la impunidad casos icónicos sucedidos en el periodo de 2016-2022, como el asesinato a los periodistas de El Comercio.
La Fundación Nos Faltan Tres resaltó que en casos críticos de agresiones contra periodistas, como la sucitada contra Jorge Santana, Byron Baldeón, Luis Arnoldo Ruiz, Fausto Valdiviezo, el asesinato del equipo El Comercio, entre otros, existe una omisión por parte del Estado. Pese a las visitas de la CIDH y las recomendaciones otorgadas por el Informe Final del ESE, Ecuador no ha cumplido con lo previsto. La falta de voluntad política, un sistema judicial débil, la falta de políticas públicas en temas de seguridad periodística, la negligencia y la corrupción permiten que la impunidad generada conduzca a más atentados, asesinatos y que el derecho a la no repetición quede como un simple enunciado
La videovigilancia fue abordada por Fundamedios Regional. La organización concluyó que Ecuador no cuenta con legislación que proteja los derechos ciudadanos ante la videovigilancia. No existen límites, ni se refiere con claridad a los datos personales obtenidos por las cámaras, existen amplios incumplimientos de estándares internacionales, entre otros. Fundamedios Regional también encontró que no hay políticas de transparencia sólidas, se limita el acceso a la información, y se evidencia que los responsables ignoran que el rostro es un dato sensible que merece protección especial.
La Fundación Mil Hojas reportó para el EPU que la videovigilancia mal regulada es un riesgo atentatorio contra la privacidad. Ecuador ha debido afrontar la filtración masiva de bases de datos, sin ninguna autoridad regulatoria. Mientras que el Estado ha enfrentado las denuncias mediante la negación o el reconocimiento tardío de dichos infortunios, como en los casos de CNT, el Ministerio de Salud, e inclusive instituciones privadas como Banco Pichincha. Entre otros temas, Mil Hojas mapeo que la pandemia también fue un detonante para la profundización de brechas digitales urbano rurales.
El informe alternativo sobre la situación de Derechos Humanos en el Ecuador, con respecto a personas desaparecidas, elaborado por ASFADEC aborda un análisis del fenómeno de la desaparición involuntaria y forzada en el Ecuador. Este mismo informe tiene como objetivo poner en el conocimiento a las entidades internacionales los obstáculos que enfrentan los familiares y amigos de personas desaparecidas en el Ecuador, en la lucha de la verdad, memoria, justicia y reparación.
Los temas que circunscriben esta problemática de desaparición son las estadísticas de desapariciones, falta de capacitación y especialización de los y las funcionarias, la violencia contra la mujer, respuesta normativa ante la desaparición, tipificación del delito de la desaparición involuntaria, problemas con autoridades estatales, la respuesta de la sociedad civil ante este problema y las recomendaciones a esta dificultad.
La organización sugiere que se capacite a los funcionarios con el objetivo de facilitar, agilizar y mesurar la búsqueda y localización de las personas desaparecidas, favoreciendo el cumplimiento de los derechos que las víctimas indirectas reclaman permanentemente por la falta de implementación de la ley.
En torno a los presos, la Fundación IR ‘Iniciativas para la Reinserción’, notificó algunas falencias vinculadas a la gestión y al manejo de información de la población carcelaria, pese a su exigibilidad legal. Se ha reiterado que los problemas carcelarios requieren soluciones estructurales, que no pueden atenderse a través de regímenes de excepcionalidad. Para IR, la relación entre la falta de seguridad y control y la violencia intracarcelaria parecen desconocer u ocultar la serie de problemas subyacentes directamente relacionados con la falta de atención y asignación de recursos humanos y financieros suficientes.
En relación con temas de movilidad humana, queda pendiente la regulación de las condiciones migratorias, lo que repercute en el acceso a oportunidades y genera asentamientos irregulares.
La Fundación Desafío identificó la vulneración del derecho a una vida libre de violencia, así como la vulneracion de los derechos reproductivos, lo que es responsabilidad total del Estado, por no incidir en las causas estructurales e imaginarios patriarcales y machistas que perpetuan la violencia femicida, la violacion sexual y el incesto. En este marco, las violencias machistas, el femicidio y la violación siguen siendo un problema personal, el mismo que se difunde en redes sociales incluso con presencia del Estado. Las respuestas son insuficientes, indolentes e incluso premeditadas para obstaculizar el ejercicio del derecho, como es el caso de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de violacion.
En Ecuador, la corrupción tiene una incidencia directa en el ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos (al respecto basta recabar los numerosos escándalos de corrupción vinculados al sector de la salud durante la pandemia, y como estos incidieron en el derecho a la salud de los ciudadanos). No obstante, en el anterior Examen Periódico Universal, las recomendaciones vinculadas a la lucha contra la corrupción fueron muy pocas o residuales.
La Fundación Lucha Anticorrupción halló que los ciudadanos no tienen derechos subjetivos vulnerados y, por lo tanto, no pueden ser acusadores particulares en los procesos por corrupción. Se determina que el Estado es la víctima y está suficientemente representado por la Procuraduría. En este contexto, se ha pedido reformas a la Ley, pero la Comisión de Justicia se rehúsa a dar trámite al proyecto. Asimismo, la Fundación vió con preocupación la Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia Covid-19, que contiene una amnistía fiscal; el “Régimen Impositivo Voluntario, Único y Temporal para Regularización de Activos en el Exterior; y podría ser utilizado como mecanismo de blanqueamiento y repatriación de capitales por parte de la corrupción. Asimismo, la Fundación recomienda impulsar la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio.
El Consejo Nacional Electoral ha sido protagonista de algunos episodios de corrupción. Por ley las autoridades debían ser parcialmente renovadas en noviembre de 2021, no obstante ese proceso no ha sido cumplido. Otra peculiaridad de Ecuador es que la ciudadanía está desprovista de una entidad pública que viabilice la libertad de asociación cuando se trata de temas de lucha anticorrupción. Lucha Anticorrupción destaca que el país tiene una ciudadanía movilizada y atenta a la investigación de denuncias contra la corrupción y un periodismo de investigación dinámico. No obstante, muchas de las denuncias planteadas frente a los medios no son asumidas para trámite de oficio por la Fiscalía General.
Diálogo Diverso destacó que desde el 2013, con la publicación del Estudio de caso sobre condiciones de vida, inclusión social y cumplimiento de los Derechos Humanos de la población LGBTI en Ecuador, las estadísticas sociodemográficas sobre temas de las diversidades sexogenéricas no han tenido una renovación. El Estado no es sensible a tomar en cuenta a esta población. Por este antecedente es que las investigaciones de Diálogo Diverso y otras organizaciones sociales se ubican como elementos de primera mano para conocer el contexto situacional de la población LGBTIQ+.
Ecuador tiene asuntos pendientes por resolver frente a la defensa de Derechos Humanos de ecuatorianos, venezolanos y todas aquellas que son LGBTIQ+ y que se encuentran aquí. El país no ha configurado respuestas que tomen en cuenta las intersecciones de las diversidades sexogenéricas y el desplazamiento social, pues existe una mirada binaria hombre-mujer que invisibiliza a las demás diversidades. La discriminación y exclusión que sufren las personas del colectivo LGBTIQ+, afectan en cuanto a su interacción con las instituciones y la exigencia de sus derechos.
Para cerrar, hay que reforzar las políticas de educación inclusiva, prestando especial atención a grupos vulnerables. Se tienen que intensificar las medidas, incluida la formación en derechos humanos, para concienciar sobre la igualdad de género y reconocer las diversidades LGBTIQ+.
Desde la sociedad civil observamos que, el Ecuador tiene algunos pendientes en materia de Derechos Humanos. Es por esta razón que nuestras organizaciones han presentado un informe que será evaluado en el Examen Periodico Universal de este noviembre. Trabajaremos en comunicar las deficiencias para que estas se puedan adoptar en forma de recomendaciones para la construcción de un ambiente más sólido, de derechos, en el país. Creemos firmemente que la participación activa promueve que el Estado de atención a las necesidades reales de la población.