FUNDAMEDIOS, como organización de la sociedad civil cuyas actividades giran en torno a la defensa y promoción de las libertades de expresión y de prensa y derechos conexos, tiene el deber ético de emitir este comunicado sobre el mecanismo de muerte cruzada activado por la Presidencia de la República y pasos subsiguientes.
La llamada muerte cruzada es un canal constitucional activado para resolver una crisis institucional agravada día a día por la intransigencia y mezquindad de diversos actores políticos. En tanto, desde el Gobierno de Guillermo Lasso se ha actuado con ceguera, insensibilidad que se manifiesta en la ausencia de canales institucionales de diálogo y consulta con una amplia variedad de sectores de la sociedad durante todo su mandato.
Pese a diversos pronunciamientos que cuestionan la legitimidad y legalidad de la muerte cruzada, la casi totalidad de actores políticos han entendido que la medida extrema abre de manera anticipada el juego electoral, y llama al arbitraje de los ciudadanos para solucionar una situación de confrontación y desestabilización permanente. De ahí que, prácticamente, todos los actores políticos han comenzado a hablar de candidaturas y a barajar sus opciones electorales.
No obstante lo que puede ser una salida a una coyuntura política que ha hecho crisis, llamamos la atención respecto de que no implica ninguna solución a los graves problemas institucionales que requieren que el Gobierno se abra a un amplio diálogo social y al cumplimiento de compromisos amparados en instrumentos internacionales destinados a garantizar derechos de poblaciones vulnerables y discriminadas históricamente.
Creemos que deben tomarse urgentemente acciones destinadas a garantizar elecciones genuinamente libres y competitivas, y debe existir un compromiso firme de los actores políticos para candidatizar a cuadros que demuestren idoneidad e integridad, respetando procesos de democracia interna y los derechos de participación de mujeres y jóvenes. Es necesario que en esos procesos no exista la más mínima sospecha de que los candidatos tienen nexos con el crimen organizado o la corrupción estructural que aqueja al país.
Es necesario abordar la severa crisis de seguridad con una política integral, producto de un amplio diálogo social, y que incorpore la perspectiva de derechos humanos. Este abordaje debe incluir medidas para afrontar la crisis de legitimidad y la profunda corrupción que aquejan al sistema de justicia del país.
Desde FUNDAMEDIOS, como organización de la sociedad civil organizada del Ecuador que desde hace 16 años defiende y promueve derechos y libertades fundamentales, en especial, las libertades de prensa, expresión y asociación, y el derecho de acceso a la información pública, hacemos un llamado a las distintas Funciones del Estado y a las fuerzas del orden, a respetar y proteger la democracia, y a cumplir sus competencias apropiadamente, atendiendo, por sobre todas, las necesidades ciudadanas.
Señalamos claramente que el Decreto 741 no implica ninguna restricción para el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, y las autoridades, funcionarios y fuerzas del orden deben garantizar plenamente su vigencia. En caso de darse situaciones que obliguen a restricciones de derechos, las mismas deben ser estrictamente necesarias, proporcionales e idóneas, e impactar en la menor medida posible los derechos y garantías ciudadanos.
En un contexto de concentración de poderes, la protección de periodistas, trabajadores de la comunicación, defensores de derechos, manifestantes y/u opositores políticos es un deber primordial del Estado, pero, sobre todo, de las fuerzas del orden. De allí que FUNDAMEDIOS insta al personal policial y militar a recordar su misión, y que el contexto de polarización o crisis social no les exime de ningún tipo de responsabilidad por uso indiscriminado de la fuerza y vulneraciones a los derechos que pudieren cometer.
La Constitución y las leyes prevén que el Mandatario gobernará, en cuanto a materia económica calificada de urgente se refiere, mediante la figura de Decretos-Leyes, y que mediará un control constitucional de la Corte Constitucional del Ecuador. Instamos a que estos procesos sean ágiles y transparentes.
No podemos dejar de mencionar que este escenario, que abre un nuevo juego electoral, también nos muestra a un periodismo que enfrenta diversos retos, como la desprotección frente a las amenazas y atentados directos de la delincuencia organizada y los severos cuestionamientos sobre el comportamiento ético y rigor técnico, de algunos medios y lo que es más grave, su posible vinculación a agendas que no son transparentes ni democráticas.
Llamamos a una profunda reflexión sobre la naturaleza ética del periodismo y su ineludible compromiso con los valores democráticos y los Derechos Humanos. Así mismo, llamamos al Gobierno a constituir, activar y financiar urgentemente el Mecanismo de Protección a periodistas y trabajadores de la comunicación, creado en las recientes reformas a la Ley Orgánica de Comunicación.
FUNDAMEDIOS se adhiere a los distintos pronunciamientos sociales que llaman a garantizar y proteger el ejercicio pleno de derechos.