Ecuador, 1 de marzo de 2024. En febrero, miembros de las Fuerzas de seguridad del Estado y gobiernos locales protagonizaron los principales ataques contra la prensa en un mes, que en cualquier caso se produjo una reducción sustancial de las agresiones. Fundamedios reporta este mes 15 agresiones y víctimas, frente a un mes de enero dónde se contabilizaron 43 agresiones, en gran medida fruto del ataque a TC Televisión.
Las agresiones verbales fueron el tipo de agresión más común con un total de cinco agresiones verbales, seguido de tres ataques en el espacio digital, tres actos de censura, dos procesos judiciales, un acto que limitó el acceso a la información y una amenaza. Todas estas agresiones fueron perpetradas, principalmente por actores estatales (7), este patrón se repitió en enero, siendo los actores del estado los mayores agresores con 16 casos. Uno de los hechos más graves se dieron el 26 de febrero, cuando militares agredieron física y verbalmente a camarógrafos mientras intentaban realizar una cobertura de un siniestro.
Los medios de comunicación sufrieron 7 agresiones y fueron los principales agredidos durante el segundo mes de 2024. Seis periodistas fueron víctimas directas de los ataques (6). El registro se completa con dos casos de violencia en contra de trabajadores de la comunicación.
El espacio digital fue el principal escenario donde se produjeron las agresiones con ocho casos registrados. Le siguen las provincias de Guayas y Loja con dos casos cada una.
El “modus operandi” violento en redes sociales
Autoridades, políticos y hasta profugos de la Justicia lanzaron violentas diatribas y ataques contra periodistas y medios. El canal más común fueron las redes sociales, donde los comentarios explotaron.
El 4 de febrero, Luis Antonio Ruiz -director de contenido de Wecanal digital- publicó una denuncia sobre el estado del parque Samanes, en Guayaquil. Aquiles Álvarez, alcalde de esa ciudad, respondió a la denuncia y acusó a Ruiz de ejercer una “campaña de desprestigio”. Además, Aquiles alegó -sin contexto ni evidencia- que el periodistas estaría incurriendo en un delito de “lavado de activos”, por haber recibido su sueldo en efectivo. (Alerta).
Rafael Correa apareció en escena arremetiendo en contra de Ecuavisa. “¿Cómo puede Ecuavisa mentir tanto y tan impunemente? #LosCorruptosSiempreFueronEllos”, escribió el expresidente Rafael Correa en su cuenta de X, este 7 de febrero, junto con un video armado al puro estilo de las sabatinas que realizaba en su mandato. El video califica de “mentira” toda la información publicada por el medio. Ecuavisa publicó en su noticiero Televistazo Estelar (19:00) un reportaje en el que expuso que los trabajos de inteligencia militar les permitieron identificar una “villa VIP” en la cárcel de Cotopaxi, ubicada en los pabellones cercanos a la cocina del reclusorio. Según la información de Ecuavisa, esta villa cuenta con seis celdas, cada una con baño privado, conexión a internet, teléfono y un patio. Además, en el reportaje se menciona que Jorge Glas, exvicepresidente y quien ingresó a esta prisión en 2018 para cumplir con una condena por asociación ilícita en el caso Odebrecht, caminaba libremente y que contaba con una dieta especial. Situación que se replicaba en otros pabellones de mínima, mediana y máxima seguridad, donde los cabecillas de las mafias eran los que decidían donde se alojaba cada preso. Correa y algunos de sus simpatizantes decidieron recopilar toda la información sobre el tema publicada por Ecuavisa y armaron un video para deslegitimar. Los calificaron de “mentirosos” y se apoyaron en declaraciones -manipuladas a conveniencia- realizadas por la periodista Blanca Moncada, publicadas en el portal La Defensa. (Ver alerta)
El 09 de febrero, Xavier Jordán escribió a través de su cuenta de X: “después se andan quejando cuando se los demanda”. El enojo de Jordán surgió por la republicación de la polémica fotografía en la piscina de su casa en Miami, en la que Jordán aparece junto a Ronny Aleaga, ex Latin King y también exasambleísta del correísmo, y otras personas. Una de esas conversaciones, expuestas por la Fiscalía, fue presentada en un reportaje de Ecuavisa. En ella se deja entrever que ambos mantenían negocios irregulares con municipios y prefecturas. Jordán aseguró en su cuenta de X que se trata de una mentira, que no tiene empresas en Ecuador y advirtió, de forma irónica, que esa es la razón por la cual demanda a los medios de comunicación. (Ver alerta)
En el conflicto armado, la censura se impone contra la prensa
Uno de los hechos más violentos en contra de la prensa, lo protagonizaron miembros de las Fuerzas Armadas. Militares agredieron a los camarógrafos de TC Televisión y RTS. Les golpearon y les obligaron a borrar lo que habían grabado. “Uno de ellos me agarró por el cuello, mientras me golpeaba las costillas y me decía que no podía estar ahí, que no podía grabar. Nosotros no sabíamos detalles de lo ocurrido. El compañero, que también estaba grabando material, recibió un puñetazo en la cara y fue ahí cuando comenzaron a insultarnos y a obligarnos a retroceder”, narró una de las víctimas. (Ver alerta)
El alcalde de Loja, Franco Quezada, ha implementado una política de sistematicas y constantes agresiones contra la libertad de expresión y prensa en su provincia. El hecho más reciente se dio el 20 de febrero, cuando vetó al periodista Ilvar Jaramillo de la cadena Ecotel, impidiéndoles obtener información y hacer su trabajo. “Con otros medios no tengo problema. Con los que dañan la imagen, la integridad de las personas, de gente honesta como nosotros, (con esos medios) no”, le dijo Quezada directamente a Jaramillo, con lo cual está imponiendo una censura, al pretender definir qué medios puede acceder a la información y cuáles no. En el video grabado se ve al alcalde Quezada exclamar: “No puede ser que a alguien que nos ataca, que nos insulta todos los días tenga que recibirle. Es como que yo les invite a mi casa y les insulte todos los días, no puede ser”. Ante esto, el periodista le preguntó si el “veto” a él y al medio de comunicación era oficial. Quezada respondió: “Sí, yo lo digo. Con ustedes no, de verdad. Todos los días insultan y dañan la imagen de nosotros”. (Ver alerta)
Desde Riobamba se reportó que la coordinadora de Comunicación de la Prefectura de Chimborazo, Tania Ortiz intentó impedir que el periodista Marcelo Padilla, director de noticias de Radio Pasión, realizara una cobertura. “Yo llegué a la cobertura y, una vez terminada la reunión de las autoridades, varios medios nos acercamos al Prefecto para tomar sus declaraciones; en eso, la señorita de Comunicación expresó que solo los periodistas con credencial tienen autorización para recoger las palabras del Prefecto. Luego, me miró directamente y me dijo: ‘usted, señor, no tiene credencial; usted no tiene autorización’”, narró el periodista. Según su testimonio, la Coordinadora llamó a los guardias para que lo sacaran del lugar. “Yo me quedé y me dijo que yo no podía estar ahí. Le dije que me dejara trabajar y me pidió que le presente la credencial, pero me dijo que no valía porque no tenía fecha de caducidad. No le dije nada porque ya empezaron las declaraciones y ya no tuve contacto con ella”, añadió. Padilla se quedó; sin embargo, el contenido no fue publicado en su medio. (Ver alerta)
Los procesos judiciales, una forma de callar
Jonathan Quezada, periodista de Guaranda, provincia de Bolívar, fue demandado por el juez Hernán Cherres, por una contravención de cuarta clase. Quezada investigaba presuntos malos manejos de la justicia. Previamente, Quezada y Cherres ya tuvieron un encuentro conflictivo, que terminó con prisión para el periodista. Quezada hizo seguimiento del caso en el que el profesor Washintgon Pérez fue señalado por un presunto delito de prostitución forzada; sin embargo, el 23 de junio de 2023 Pérez fue sobreseído. Esto alentó a la ciudadanía y llegaron varias denuncias sobre malos manejos de la justicia por parte de los jueces.
“Aquí en Guaranda me han llegado denuncias de malos manejos de la Justicia y me han dado el nombre de algunos jueces, entre ellos el de Hernán Cherres. He estado indagando respecto a los fallos —no solo de Cherres, sino de otros jueces— para realizar un reportaje, tener más clara la película y saber si es verdad lo que me dice la ciudadanía”, comentó Quezada a Fundamedios. “Mi investigación llegó a oídos de este Juez (Cherres) y el viernes 8 de diciembre, a eso de las cuatro de la tarde yo me encontraba en las afueras del Consejo de la Judicatura y este hombre comenzó a gritarme epítetos e insultos a mis espaldas. Me dijo que ando husmeando en los juzgados y me amenazó con mandarme a ‘pudrirme’ en la cárcel”, comentó Quezada, añadiendo también que el juez Cherres trajo a colación un episodio que vivieron años atrás, cuando Quezada estudiaba Jurisprudencia en Guaranda. Entre el 5 y 7 de febrero recibió tres notificaciones por una demanda presentada por Cherres y su abogado, Marcelo Flores, en las que citan el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal, aseverando que Quezada habría cometido una contravención de cuarta clase, por expresiones de descrédito o deshonra de otra persona. Esta contravención es sancionada con pena de 15 a 30 días de cárcel. (Ver alerta)
El portal digital ‘Lo del momento Loja’ (LDM) fue denunciado penalmente por Giovanny Marín, director de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) en la zona 7, por supuestas calumnias. La demanda fue presentada el viernes 23 de febrero. John Lafebre, periodista y fundador del portal, declaró a Fundamedios que esta demanda se debe a un reportaje que realizaron sobre una denuncia de repartición de cargos. Contó que se filtraron audios en los que Marín –quien además fue Director cantonal del movimiento ADN en Loja— estaría describiendo un proceso para que varias personas ingresen de manera irregular a ejercer cargos públicos. “Nosotros, como es nuestro deber, investigamos el tema y, cuando intentamos contactarnos con Marín, nos dijo que de ese tema no tenía nada que decir, que no le vinculen con esos temas y nosotros citamos expresamente lo que él nos respondió”, comentó Lafebre. “En ese tema de audios, yo no tengo nada que ver”, indicó Marín en su momento. La grabación de su respuesta fue expuesta en el reportaje publicado por el portal. 24 horas después, Marín interpuso, a las 16:55, la denuncia. Sin embargo, Lafebre recién se enteró el lunes 26 de febrero, justo después de entrevistar al funcionario público. “Nosotros no sabíamos nada. Unos amigos abogados nos contaron que Marín había puesto la denuncia minutos antes de una entrevista que le hicimos, pues solicitó su derecho a la réplica”, dijo Lafebre. (Ver alerta)