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Actividades | Comunicados

El Estado se compromete con la protección de periodistas 

Oct 12, 2023 | Actividades, Comunicados

Ecuador, 12 de octubre de 2023.-  La tarde de ayer tuvo lugar el foro Responsabilidades del Estado en la protección a periodistas, organizado por Fundamedios con el apoyo del Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, la Universidad Andina Simón Bolívar y  la Oficina Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

En el espacio se discutió sobre la reciente regulación del Mecanismo de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico, y la articulación interinstitucional e intersectorial necesarias para garantizar su implementación y puesta en marcha de su trabajo. El Mecanismo tiene como fin promover la creación de entornos seguros para el ejercicio periodístico, al que la inseguridad y creciente violencia han afectado severamente, y a la par, a la propia libertad de expresión e institucionalidad democrática.

Los panelistas invitados fueron Alejandro Baño, director de derechos humanos y participación ciudadana de la Fiscalía General del Estado, John Game, subsecretario de seguridad pública del Ministerio del Interior, Patricia Salazar, subsecretaria de derechos humanos del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios. La moderación de las ponencias estuvo a cargo de Jeannine Cruz, presidenta del Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación. 

Christian León, director del área de comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar dio la bienvenida al foro, y expresó la importancia de que la Academia tome parte activa en la generación de espacios de discusión sobre temáticas con esta importancia: «Es fundamental salvaguardar la libertad de prensa y preservar la libertad de voces», añadió. 

Cada uno de los panelistas tuvo un espacio para presentar una ponencia desde el área técnica de su experticia; a ello siguió una ronda de preguntas y respuestas, alimentada finalmente por los asistentes al evento.

Alejandro Baño puntualizó sobre el rol de investigación pre-procesal y procesal que tiene la Fiscalía General del Estado, y reiteró que el trabajo de prevención de las vulneraciones debe llevarse a cabo desde los entes rectores de las esferas de comunicación, riesgo y protección como tales. Sin embargo, reconoció el papel central que tienen los periodistas, a quienes se reconoce como defensores de derechos humanos, y abordó la posibilidad de que, en el contexto de inseguridad y violencia actual, se pueda incidir en reformas legislativas que permitan una investigación con agravantes y enfoque diferencial en torno al oficio periodístico. 

Patricia Salazar repasó los componentes del Mecanismo, de prevención, protección y procuración de justicia, y se refirió a la importancia de agilizar la planeación operativa anual correspondiente, para garantizar, de cara al próximo año, los recursos financieros necesarios en el marco de competencias específicas de cada una de las instituciones. 

Salazar agregó que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos tiene la obligación de articular el cumplimiento de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y se refirió igualmente al enfoque de género que prevé el Reglamento en todas las acciones e insumos de trabajo que nazcan desde el Mecanismo. 

Por su parte, John Game repasó las estadísticas de muertes violentas y delincuencia organizada, así como la data de agresiones contra periodistas en la región, y señaló que, según la UNESCO, 86 periodistas fueron asesinados en 2022, y que se registra un 86% de impunidad en relación con la investigación y sanción. Game agregó que los riesgos que sufren los periodistas se extienden a sus hogares, y puso énfasis en las obligaciones internacionales que el Estado mantiene en torno a la protección de la ciudadanía en general y periodistas y defensores de derechos humanos en particular, de donde, precisamente, el Ministerio del Interior presentará la estrategia nacional contra la delincuencia organizada. 

 El subsecretario de seguridad comentó que desde el año 2019 se ha profundizado en la capacitación a la Policía Nacional, trabajadores y medios de comunicación, que han permitido establecer mecanismos de seguridad específicos. Entre 2019 y la actualidad, la Policía ha realizado análisis de riesgos de aproximadamente 28 periodistas. 

César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, manifestó que el diálogo intersectorial debe ser constante, y explicó que el foro se organizó en medio de un momento nuevo en el país, tras la aprobación de reformas a la Ley de Comunicación y la publicación de su Reglamento, que dan precisamente nacimiento al Mecanismo de Protección, de donde cada instancia estatal involucrada debe asumir sus competencias y responsabilidades puntuales.

Comentó también la importancia que tiene la sociedad civil organizada para alimentar el trabajo operativo del gobierno, desde el conocimiento específico del terreno cuanto del ejercicio periodístico, y recordó que cumplen también un rol central en la exigibilidad de cumplimiento de obligaciones en materia de prevención, protección y procuración de justicia. Para citar un ejemplo de ello, se refirió al secuestro y asesinato de los periodistas del Diario “El Comercio”: “Es claro que el caso de los tres periodistas de El Comercio nos remite a una situación de impunidad, las investigaciones no han avanzado por diversas razones. Se nos ha dicho que es porque no se entrega documentación importante que reposa en el Consejo de Seguridad Nacional, y hace pocas semanas el COSEPE volvió a negar la desclasificación de los documentos que permitirían avanzar en las investigaciones”, y añadió cómo esto revela el incumplimiento persistente del Estado de sus obligaciones internacionales. 

Asimismo, Ricaurte explicó la importancia de que las investigaciones tomen en consideración el móvil de los delitos, para que la data oficial sea clara en cuanto a víctimas periodistas. Así, se remitió al caso del periodista Gerardo Delgado, cuya sentencia sancionó a los autores materiales mas no a los intelectuales, ni hizo alusión a su trabajo periodístico. Igualmente, aclaró que, si bien la Fiscalía no tiene responsabilidad en la prevención de crímenes contra periodistas, la impunidad es una forma de atacar nuevamente a las víctimas. 

Para la sociedad civil, agregó, la creación del Mecanismo es un nuevo momento para brindar seguridad al oficio periodístico, pero es necesario pasar del marco formal de obligaciones estatales a la acción. 

El diálogo abrió el debate con los asistentes al foro, con la siguiente pregunta: “¿Cuáles son las acciones o medidas que se pueden tomar de cada una de sus esferas para brindar protección real a los periodistas y que la situación de la libertad de expresión mejore en el país?”. Ricaurte explicó que se deben vencer la estructura y los tiempos cuando se trata de la protección de periodistas, y que, en ello, el trabajo articulado con el Mecanismo de Prevención y Protección será crucial. 

John Game agregó que la política pública que enfrentará a la delincuencia organizada considera también la protección de periodistas; agregó que en el ámbito de prevención se deben llevar adelante estudios respecto, precisamente, de la cobertura periodística de temas que generan agresiones y exponen mayormente a los comunicadores a riesgos de amenazas y ataques. La idea, eventualmente, sería contar con un sistema georreferenciado de alertas tempranas. En el ámbito de persecución, se deben desarrollar programas de formación continua con el fin de fortalecer la investigación de delitos asociados al ejercicio periodístico. 

Para Patricia Salazar es clave la articulación intersectorial que pueda hacerse antes de la salida del actual gobierno, que siente las bases de trabajo de las autoridades entrantes, y sugirió la creación de un sistema de indicadores para evaluar la gestión de prevención y protección en torno a las amenazas y ataques que sufren los periodistas.

 Fundamedios se congratula por la apertura de las autoridades para generar y compartir espacios con la academia y la sociedad civil, en la tarea de garantizar en el Ecuador la libertad de expresión, de prensa y derechos conexos.




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