Entre 2007 y enero de 2022, Fundamedios registró 3070 agresiones contra la prensa. Sólo en enero de 2022 se produjeron 25 agresiones contra periodistas, medios de comunicación y ciudadanos, que afectaron el derecho de libertad de expresión, prensa y acceso a la información en Ecuador.
Esas 25 agresiones ocurridas en enero ya superaron el pico máximo del año pasado, que fue de 24 agresiones mensuales, registradas en octubre y noviembre —ya con Guillermo Lasso en el poder—. Y, si lo comparamos con el mes anterior (diciembre del 2021), el incremento es aún más significativo, con ocho agresiones más, pasando de 17 a 25.
Las cifras de enero
En total, 17 periodistas fueron agredidos: 11 hombres y cuatro mujeres; además siete medios de comunicación y un grupo de articulistas. El Estado fue el principal agresor, en 13 ocasiones. Seguido de actores No Estatales con cinco casos y los “Desconocidos” con cuatro agresiones.
Asimismo, se registraron cinco Amenazas; cinco alertas por Discurso Estigmatizante; tres casos de Censura; tres Procesos Judiciales; dos restricción de Acceso a la Información Pública; un caso de Restricción en el Espacio Digital; una Agresión verbal; una Agresión Física; un caso de Uso Abusivo del Poder Estatal y otro caso de Uso Abusivo del Poder No Estatal.
El análisis geográfico reflejó que en Pichincha se produjeron 14 agresiones contra la prensa, dos en Guayas, dos en Morona Santiago; mientras que en Esmeraldas, Azuay, Santo Domingo, Loja y Chimborazo se produjo una agresión, respectivamente.
Principales Tendencias
Figuras penales no tradicionales se utilizan contra la prensa
Las figuras establecidas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) que no están relacionadas con los temas de honra, cada vez son utilizadas con más frecuencia para impulsar procesos legales contra medios de comunicación o periodistas.
En este mes el director de Seguridad Ciudadana y Control Público del Municipio de Loja, coronel (sp) Fabián López Mora, interpuso una denuncia contra el director del medio digital Lo Del Momento Loja, John Stalin Lafebre, por violación a la intimidad: que establece uno a tres años en prisión. Esto ocurrió luego de que el medio digital publicara una investigación que reveló que altos funcionarios del Municipio de Loja tienen servicio de transporte personalizado, puerta a puerta: a la hora de entrada, almuerzo y salida del trabajo.
Además, seis organizaciones de defensa de derechos de los animales interpusieron una acción penal contra Teleamazonas por haber utilizado carne de fauna protegida durante la producción y transmisión del programa Master Chef Ecuador. Lo hicieron bajo la figura de delitos contra la fauna y flora silvestre, establecido en el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal, que se sanciona con pena de uno a tres años de prisión.
Periodistas fueron amenazados por realizar su trabajo
Al menos tres reporteros recibieron amenazas de muerte relacionadas con su trabajo periodístico. Dos de ellas provenientes del crimen organizado y otra de un futbolista, como represalia a una investigación.
Marcos Ramírez, presentador del medio digital Punto Cero de Esmeraldas, recibió una llamada amenazante luego de haber sido atracado: este acto produjo la censura del medio digital. Asimismo, el periodista Juan Alcívar, del medio digital JAR TV, recibió varias amenazas después del lanzamiento de una nota periodística que reveló las condiciones de vida de la madre del futbolista ecuatoriano Cristian Ramírez.
Finalmente, el periodista deportivo Esteban Ávila, de la Radio Redonda y el medio digital Marca 90, recibió amenazas de muerte y la posterior suspensión de su cuenta de Twitter. Este mes se produjo una serie de extorsiones a ciudadanos a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto de supuestos jefes de bandas criminales. Si bien Fundamedios tiene contabilizados los casos de tres periodistas afectados, no han ingresado a este conteo de alertas, al no ser amenazas directas por su trabajo periodístico.
Prefectos y funcionarios públicos atacaron la libertad de expresión
Las agresiones protagonizadas por funcionarios públicos contra la prensa se produjeron a todo nivel: desde administraciones zonales, hasta grandes municipios. Asimismo, fueron impulsadas por funcionarios de toda jerarquía, incluyendo máximas autoridades.
Los prefectos atacaron a la libertad de prensa en dos ocasiones: la prefecta de Guayas, Susana González, bloqueó de su Twitter la cuenta del diario digital La Historia, como represalia a las publicaciones donde se difundió un contrato para el manejo de redes sociales. Mientras que el prefecto de Morona Santiago, Rafael Antuni, envió un mensaje intimidatorio con descalificaciones contra el periodista Wilson Cabrera, de los Conectados y Verificado, luego de un reportaje sobre la falta de mantenimiento de las vías secundarias en esa provincia amazónica.
Desde el Gobierno, los ministerios de Salud y Educación protagonizaron dos incidentes. La radio cuencana La Voz de Tomebamba realizó una entrevista en vivo con el rector de la Unidad Educativa Bilingüe Cuenca, Giovanny Romo, que fue interrumpida abruptamente por una llamada de la Coordinación Zonal de Educación. El periodista de Cariamanga Tv, Eduardo Loaiza, fue descalificado públicamente durante una entrevista en Notiradio, de la Emisora Luz y Vida, que fue otorgada a un servidor público del Ministerio de Salud, a manera de réplica.
Desde la esfera municipal también se produjeron agresiones. El periodista Ángel Mediavilla, de Tumbaco Informado, fue agredido por policías metropolitanos mientras realizaba la cobertura de un plantón que realizan las comunidades aledañas al Relleno Sanitario de El Inga, en Quito. Días después, a René Naranjo, de RTV, y Ángel y Andrea Mediavilla, de Tumbaco Informado, se les impidió el ingreso a la Administración Zonal de Tumbaco para realizar la cobertura de la socialización de la construcción de una estación de transporte en Cumbayá.
Asimismo, la Empresa Pública Pichincha Comunicaciones lanzó un comunicado para descalificar a medios de comunicación a los que acusó de lanzar ataques políticos y de tener prácticas indebidas en el cobro de las tarifas. Se publicó luego de que varios medios de comunicación empezaron a investigar sobre un contrato firmado entre esta Empresa Pública y la Prefectura de Pichincha por un valor de $481.902,58 (incluido IVA).
Piedad Córdoba no fue piadosa con los periodistas ecuatorianos
La exsenadora colombiana Piedad Córdoba y su equipo protagonizaron dos capítulos de fuertes agresiones contra la prensa ecuatoriana, lo cual generó un rechazo colectivo. El periodista Fausto Yépez fue víctima de agresiones verbales durante una entrevista relativa al caso Álex Saab, a propósito de las investigaciones llevadas por Ecuador, en las que existen presunciones sobre el involucramiento de personajes colombianos en transacciones ficticias que se habrían hecho a través del Sistema Sucre.
“Piense un poquito, utilice el cerebro, el cerebro es para pensar”… “Pura mierda, cinco tipos de la oposición dedicados a ver cómo tumban a Correa y cómo nos joden a nosotros. Así que no se equivoque, no está hablando con una aparecida”, le dijo Córdoba al periodista, durante la entrevista en vivo.
Al día siguiente, el noticiero de Radio Sucesos de Quito recibió una amenaza de Diego Guerra, que se identificó como abogado de Piedad Córdoba. Él llamó al medio de comunicación a exigir un audio de la entrevista realizada al presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio, y advirtió que, si no obtenía el material, presentaría acciones legales contra el meio de comunicación.
Una sentencia en pro del acceso a la información
La jueza de la Unidad Judicial del cantón Sucúa, María de Jesús Jerves Donoso, emitió una sentencia a favor del periodista Wilson Monar Shiki, del portal informativo Flash News Sucúa y de Radio Estelar, al considerar que existió vulneración al derecho de Acceso a la Información Pública por parte del Municipio de Sucúa.
El periodista recibió la notificación de la sentencia de primera instancia, que dispone que el Municipio de Sucúa, en el término de 5 días, deberá presentar una respuesta “motivada, oportuna, objetiva, completa y veraz” a la solicitud realizada por el periodista el 2 de diciembre de 2021.
También se ordenó que en el término de 20 días laborables ese Municipio deberá capacitar a todos los funcionarios responsables de proporcionar información al usuario, de acuerdo con la normativa vigente en relación a la forma correcta de suministrar la información.