Ecuador, 08 de noviembre de 2023.- En octubre tuvo lugar la segunda vuelta electoral, y aunque durante la jornada no se registraron graves ataques, el mes terminó con el número más alto de periodistas autoexiliados, forzados a reubicarse fuera de sus ciudades de residencia por amenazas directas contra su vida. En global, en octubre Fundamedios registró 22 agresiones contra la libertad de expresión y 22 víctimas. En estos diez meses del año contabilizamos 219 agresiones.
En septiembre de 2023 también registramos 22 agresiones, lo que significa que la tendencia violenta en contra del trabajo periodístico es constante, no así el tipo de agresor, que este octubre fue, en su mayoría, desconocido, categoría que incluye a los grupos de delincuencia organizada, y coincide con los exilios. El mes pasado, la amenaza fue la agresión más frecuente contra la prensa, en este mes contamos 3 periodistas exiliados y 3 agresiones físicas como las más frecuentes.
Entre 2007 y octubre de 2023, Fundamedios ha contabilizado 3.602 agresiones contra la libertad de expresión, prensa y otros derechos conexos.
Dejar el hogar por cuestiones de supervivencia
Entre enero y octubre de 2023 en el Ecuador se han autoexiliado 9 periodistas; 3 casos ocurrieron en este mes de octubre, y fueron atendidos por Fundamedios, en coordinación con la Mesa de Atención para la Protección de Periodistas (MAPP).
A principios de este mes, la MAPP denunció que un periodista ecuatoriano tuvo que abandonar el país tras sufrir una secuencia de hechos delincuenciales y una amenaza de muerte. La víctima, quien pidió mantener su identidad bajo reserva, residía en la región amazónica.
En julio pasado un encapuchado armado se le acercó por la espalda y le exigió con amenazas que le entregara su computador y un disco duro. En un momento de descuido y confusión durante el incidente, el periodista empujó al agresor y entró rápidamente a su domicilio, donde había cosas revueltas -como si alguien hubiese estado buscando algo- y un gran agujero entre el techo y en una pared, por donde el sospechoso habría ingresado, y por el cual habría sustraído algunos electrodomésticos.
Como esta no era la primera vez que el periodista sufría intimidaciones por su trabajo, las fuentes que cubría y las investigaciones que realizaba, acudió inmediatamente a una Unidad de Policía Comunitaria de su sector, en donde le solicitaron referencias físicas del agresor para la elaboración de un parte y reporte. No obstante, el parte policial jamás se levantó y la denuncia formal en la Fiscalía General del Estado no prosperó, pues, de forma ilegal, le habrían pedido proveer los nombres y apellidos del atacante que, evidentemente, desconocía. Esta no es la primera vez que la MAPP registra obstáculos en el proceso de presentación de denuncias en casos de agresiones al ejercicio periodístico.
El 18 de noviembre, la MAPP reubicó a un periodista cuya identidad mantenemos en reserva luego de que él y su familia recibieran serias amenazas en contra de su vida. El periodista recibió amenazas de muerte directas, tras remover a una persona de un chat grupal de WhatsApp del medio de comunicación que él dirige, por infringir las normas de comportamiento internas. Posteriormente, el periodista recibió nuevas amenazas de parte de integrantes de un grupo de delincuencia organizada (GDO), que lo acusaban de cubrir sólo delitos de ese grupo delincuencial y no de otras bandas, dando a entender que tenía preferencia por difundir hechos criminales de un bando y así perjudicar al contrario. El periodista fue asistido por la sociedad civil, debido a la ausencia estatal.
La zona de donde proviene es considerada una de las más peligrosas del país. En ella, ciudadanos y funcionarios públicos son amenazados y asesinados sin que las fuerzas del orden hayan podido tomar control de la violencia o provean seguridad. Las autoridades judiciales tampoco han tomado acciones que hayan permitido dar con los responsables de estos crímenes. La zona está claramente identificada como de disputa de sus territorios por bandas criminales. El periodista presentó inmediatamente una denuncia ante la Fiscalía por el delito de intimidación. Luego, sus familiares recibieron una amenaza directa a través del servicio de mensajería de una red social, en donde les decían que conocían su dirección y que los tenían en la mira. La MAPP puso el caso en conocimiento del Ministerio del Interior, y solicitó la activación de medidas de protección para sus familiares, pero no ha habido ninguna respuesta oficial.
El 26 de octubre la MAPP difundió el caso de dos periodistas más cuya identidad también se mantiene en reserva y que tuvieron que ser reubicados de manera urgente. Ambos son fundadores de una radio en la región amazónica, y recibieron amenazas directas de muerte. En el caso, nuevamente, el Estado ha sido el gran ausente, y la sociedad civil ha tenido que articular acciones de protección.
Las víctimas, cuyos nombres se mantienen en reserva por seguridad, recibieron advertencias directas de que estaban en una lista de gente que debía ser “silenciada”, y que debían abstenerse de hablar de política y crimen organizado. Hace poco, empezaron a difundir denuncias sobre extorsiones de prestamistas ilegales, lo que los habría puesto en la mira de los GDOs que operan en la zona. La provincia en que residían hasta antes de su reubicación es un territorio clave para el transporte de estupefacientes.
Semanas antes de la advertencia directa, un ciudadano extranjero los interceptó en la noche, desde su motocicleta, y les dijo que los iban a “quebrar”. El pasado 14 de octubre, otro extraño se detuvo al lado de uno de los periodistas y le tomó, de forma evidente, una fotografía, mientras estaba en su vehículo. Un último incidente se produjo cuando un funcionario directamente les prohibió que hablen de “política o de crimen organizado” y les advirtió que estaban en una lista de personas a ser silenciadas. Los periodistas habían hecho públicas las amenazas anteriores.
La Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas con la participación de Fundamedios ha sido enfática en señalar que el Estado no tiene las condiciones necesarias para atender estos graves casos ni tampoco ofrece alternativas de protección, por lo cual es urgente que implemente el Mecanismo de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico, creado mediante la Ley Orgánica de Comunicación, el pasado mes de noviembre de 2022.
Segunda vuelta entre ataques
Un hecho común durante la campaña electoral fue la difusión de contenido manipulado y que generó altos índices de desinformación. El 04 de octubre de 2023, una usuaria en la red social “X” difundió una noticia del canal “Televicentro”, de la ciudad de Quito, pero el titular y la gráfica originales fueron manipulados. La nota, además, data de julio de 2023. La periodista y presentadora del canal, María Fernanda Suasnavas, denunció en la misma red que habían utilizado el suceso para desinformar a la ciudadanía. En efecto, lo publicado por la usuaria es engañoso. El titular en la noticia original, de 29 de julio de 2023, es el siguiente: “Droga en cajas de banano”, y alude a la jefatura antinarcóticos de El Oro, que decomisó más de cuatro toneladas de cocaína que se encontraban en contenedores de banano. La operación se denominó “Bonita” y tuvo lugar en el marco de una inspección de preembarque de un contenedor en los terminales portuarios de Guayaquil. Por su parte, la nota de la usuaria de “X” se titulaba “Droga en cajas de banano del grupo Noboa”, y señalaba que “[…] [e]l operativo ‘Bonita’ encontró toneladas de droga en las cajas de banano de la Bananera Noboa y que salieron de los puertos de Isabel Noboa”.
Cinco días antes del día 15 de octubre, en que tuvieron lugar las votaciones de segunda vuelta, el vehículo en que se movilizaban miembros de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos fue atacado por parte de manifestantes, a las afueras del Consejo Nacional Electoral, en la ciudad de Quito. No se reportaron daños humanos ni materiales. Varios manifestantes se acercaron a la sede del Consejo para llevar adelante una protesta pacífica, sin embargo, una vez que identificaron al vehículo en que se movilizaban miembros de la Misión, por sus logotipos oficiales, lo rodearon, lo golpearon y se refirieron con insultos a la Organización.
La mañana del propio 15 de octubre, varios periodistas, entre ellos, Xavier Rodríguez, de “Radio Sucre”, fueron agredidos físicamente mientras intentaban cubrir la llegada del en ese entonces candidato a la Presidencia de la República, Daniel Noboa, acompañando a su esposa a que ejerza su derecho al voto. La seguridad privada de Noboa impidió que la prensa cubriera con tranquilidad el momento, con empujones y golpes. El candidato y su esposa Lavinia Valbonesi acudieron a la Unidad Educativa “Juan Montalvo”, en Guayaquil, a votar, y los acompañaban guardias de seguridad nacional y privada.
José Carlos Vásquez, periodista de “Radio CRE Satelital”, compartió un video en la red social “X” sobre la cobertura del voto de Valbonesi. Explicó que la seguridad privada de Noboa y su esposa fue violenta contra toda la prensa: “Sólo estábamos grabando, sin acercarnos al candidato y su esposa”. Vásquez comentó que se registraron empujones, golpes incluso contra colegas periodistas mujeres. En el video se ve a los periodistas con sus equipos. Uno de ellos, Xavier Rodríguez, se quedó detrás del tumulto, y fue ahí cuando un agente de seguridad privada lo empujó y le dio un codazo en la cara.
Ese mismo día, por la tarde, William Ávila, periodista del medio “Ecos del Cañar”, fue impedido de dar cobertura en el recinto electoral en la escuela “Daniel Muñoz Serrano”, en Biblián. El coordinador de Mesa y un militar se opusieron a que grabara y le pidieron incluso el teléfono para que borrara el video que había hecho, pese a que Ávila presentó su acreditación oficial correspondiente.
Cerca de las 15h38, el periodista estaba grabando y transmitiendo cómo fluía la jornada en el recinto electoral. En el video, al que tuvo acceso Fundamedios, se observa que Ávila camina hacia una de las aulas y pasa cerca de un militar, quien se le acerca rápidamente, y es ahí en que se corta la grabación. Según el relato del periodista, el militar le increpó y preguntó por qué estaba grabándole y le dijo que era una falta de respeto. Incluso, le cuestionó no haberlo saludado y le pidió el celular para que borre el video que había realizado. Ávila explicó que es periodista y que tenía el carnet de acreditación del Consejo Nacional Electoral, como parte de la prensa. Aún así, le dijeron que no tenía derecho de grabar, y se le acercaron dos coordinadores del Consejo, presentes en el recinto, y apoyaron al militar.
Las opiniones y declaraciones políticas con tintes estigmatizantes también afectaron la libertad de expresión durante los comicios de segunda vulta. El excandidato presidencial por el Partido Social Cristiano, Jan Topic, informó públicamente en sus redes que preparaba una demanda en contra de Christian Zurita. Esto, en el marco de las acusaciones que el periodista y excandidato presidencial presentó en su contra durante la campaña electoral por un contrato para dotar de cámaras con tecnología de reconocimiento facial al Municipio de Guayaquil.
El 16 de agosto de este año, Christian Zurita, entonces candidato a la Presidencia de la República del Ecuador, en reemplazo de Fernando Villavicencio (+), realizó una rueda de prensa en la ciudad de Guayaquil, en la que señaló que Villavicencio iba a presentar una denuncia en contra de Topic en el debate presidencial. Zurita se refirió a la empresa “Telconet”, de la que Jan Topic era socio antes de candidatizarse, y de la que su padre, Tomislav Topic, es alto ejecutivo, y aseguró que la denuncia trataría de un “negociado” respecto de un contrato de 2021, suscrito entre la empresa de provisión de servicios de telecomunicaciones y el Municipio de Guayaquil, por un monto de 30 millones de dólares, para dotar a la ciudad con 15 mil cámaras de seguridad, que tendrían reconocimiento facial. Zurita afirmó que según el informe del administrador del contrato, César Barragán, las cámaras sólo tendrían un 0,8% de efectividad. El excandidato citó el documento en que se señala que la mayoría de cámaras colocadas no cumplirían su función.
Así, el 06 de octubre, Jan Topic habría decidido retomar el proceso de demanda en contra de Zurita, en el marco de unas declaraciones dadas por el periodista en una entrevista. Topic señaló que Zurita ha basado su carrera en la “mentira” y le dijo que recuerde “todas las falsedades que difundió en campaña sobre las cámaras de Guayaquil”, y aseguró que, respecto del contrato antedicho, todo lo basó en un “informe trucho, preliminar, incompleto y no vinculante”: “Me complace informarle que hemos preparado una demanda en su contra y me complace ver que aún se encuentra en el país. Y como usted se tilda de valiente, me encantaría poderla entregar de forma pública y personal”. Al efecto, Topic adjuntó a su publicación una carta suscrita por César Barragán, el autor del informe que citó Zurita, quien explicó que el documento era interno y no vinculante y que estaría incompleto.