FUNDAMEDIOS participa en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, COLPIN 2020

FUNDAMEDIOS participa en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, COLPIN 2020

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La Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN) arrancó el 9 de noviembre y se extenderá hasta el 16 de noviembre. En esos días se ofrecerán conferencias magistrales, mesas temáticas y talleres que reunirán al público interesado en conectarse con los autores de las mejores investigaciones periodísticas publicadas el último año.

En este evento participó el Director de Fundamedios, César Ricaurte, quien fue parte de la sesión especial sobre: “Retos, estrategias y acciones ante los ataques contra la prensa en América Latina” y moderó la mesa de Amenazas Físicas.

Durante su exposición, Ricaurte aseguró que en la Región existió un incremento en las agresiones y ataques contra periodistas y medios de comunicación en el 2019. Para sostener su afirmación utilizó datos del Informe Sombra de Voces del Sur del 2019, que refleja que en el 2018 hubo 734 agresiones contra la prensa pero que en 2019 esta cifra se disparó a 2521, lo que supone un incremento del 243% de los casos pues se produjeron durante un contexto de protestas sociales que se dieron con fuerza en América Latina en el último trimestre del 2019.

Según el Informe Sombra, en 2019, hubo 9 asesinatos en la Región (se aclaró que en estas cifras no se incluyen los datos de México); 3 secuestros; 3 desapariciones forzadas; 65 detenciones arbitrarias; 18 casos de tortura y 775 agresiones físicas, siendo la cifra más alarmante.

Sobre estos datos Ricaurte planteó la pregunta: ¿Por qué la prensa se convierte en blanco de ataques tanto de las fuerzas del orden como de los manifestantes? Con lo que se abrió la discusión.

Se dijo que existen similitudes entre países como Cuba, Venezuela y Nicaragua en cuanto a la persecución y hostigamiento a los periodistas a través del seguimiento indirecto hacia familiares o a su entorno y el hostigamiento muchas veces tiene que ver con amenazas de confiscar documentos.

Se destacó que en el marco de la pandemia hubo un incremento de detenciones arbitrarias y se criticó las leyes de Nicaragua de Ciberdelitos y de Agentes Extranjeros a las que se las calificó como “Leyes del odio” para criminalizar y afectar el trabajo periodístico.

La seguridad de los periodistas indígenas y comunitarios fue otro punto importante del debate pues ellos realizan investigaciones de medio ambiente y son vulnerables a agresiones e intimidaciones tanto del Estado como de las grandes corporaciones.

Uno de los problemas en la defensa de estos comunicadores ha sido la dificultad de que la sociedad y el gremio periodístico que realizan una labor informativa en comunidades pues existe un patrón de desconocer la calidad de periodistas, reflejando racismo y clasismo por parte de algunos gremios.

Ricaurte recordó que el reconocimiento de los comunicadores va mucho más allá de la titulación, pues diversos documentos de las Naciones Unidas y resoluciones de Relatorías de la Organización de Estados Americanos reconocen que la categoría de periodistas es mucho más amplia de lo que reconocen ciertos gremios e incluye a los ciudadanos que producen información sistemática que es difunda, por lo cual la protección de la actividad periodística debe ser reclamada por comunicadores comunitarios e indígenas.

En México se destacó la lucha entre cárteles como uno de los elementos que agravan la situación de violencia contra periodistas en ese país, además del acoso de gobiernos locales a través de la compra de espacios publicitarios o presiones a la empresa privada para que no pauten con determinados medios de comunicación.

Entre los retos está el abordar el desplazamiento de los periodistas en situaciones de conflicto pues en el caso de Nicaragua se generó una ola de comunicadores que fueron a Costa Rica, como una consecuencia de asumir una voz discordante, y muchos de ellos actualmente se encuentran en el subempleo, sin posibilidad de ejercer la profesión.

Sobre las rutas de acción esta Mesa estableció que:

  • El periodista debe ser considerado un defensor de DD.HH. para que el rango de protección sea mayor.
  • El comunicador se debe auto-reconocer y estar convencido que defiende el Derecho Humano a la información y el Estado debe reconocer y respetar esta posición.
  • Se debe evitar la impunidad y los periodistas deben denunciar los actos que atenten contra su Libertad de Expresión o cualquier Derecho Humano.
  • Los periodistas deben buscar nuevas ventanas de expresión para trabajar de manera libre e independiente, sobre la base de las nuevas tecnologías y plataformas que permitan ejercer un periodismo audaz.
  • Dar seguimiento de los casos y agresiones icónicas y crear blindaje entre organizaciones para fortalecer las redes.
  • Crear un fondo de protección y emergencia para la labor periodística.
  • Que los Estados y/o organizaciones de defensa creen comités o protocolos para proteger a periodistas durante su labor.

En los últimos 10 años, COLPIN ha tenido lugar en Lima, Buenos Aires, Ciudad de Panamá, Guayaquil, Bogotá y Ciudad de México, donde convocó a cientos de profesionales parte de la red de periodistas investigadores que articula.