Censuras a los spots publicitarios de los candidatos; abuso en la utilización de recursos públicos especialmente de los canales de TV y otros medios en manos del Gobierno; denuncias de “campaña sucia; quejas de la oposición por trato discriminatorio por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE); actos de violencia que incluyen tres víctimas mortales, son algunos de los 36 incidentes electorales más recurrentes que han sido reportados por FUNDAMEDIOS desde el 21 de diciembre, como parte del monitoreo especial que se efectuó en el período de campaña electoral.
Durante las ocho semanas que duró este monitoreo especial, se evidenció una variedad de incidentes que afectaron a la libre circulación de ideas e información durante este período, en un clima general de restricciones a la prensa impuesta por la vigencia de disposiciones emanadas de la Presidencia de la República y que reformaron el artículo 203 del Código de la Democracia. Este artículo, declarado parcialmente inconstitucional por la Corte Constitucional, señala que: «que los medios de comunicación se abstendrán de hacer promoción directo o indirecta a favor o en contra de determinado candidato(…) el CNE ordenará al medio de comunicación social la suspensión de dicha propagando si no cumple con las excepciones previstas por el artículo».
Por ejemplo, en la primera semana que inició el monitoreo se reportaron dificultades para el acceso a la pauta publicitaria y la contratación de la misma por parte de candidatos debido a fallas en el sistema informático gestionado por el CNE, lo que atrasó el inicio en la promoción de los aspirantes a la presidencia y la Asamblea.
En la semana del 21 de diciembre, también se reportaron restricciones a los medios en la provincia del Carchi a partir de la denuncia de Juan Carlos Solines, candidato a la vicepresidencia por el movimiento «Creando Oportunidades» (CREO), quien el 26 de noviembre de 2012 aseguró que el Consejo Nacional Electoral en esa provincia había dispuesto, de manera verbal, que los actores políticos que fueran invitados a las estaciones radiales no podían referirse al movimiento político al que pertenecían ni hacer mención al candidato al que representaban. Sin embargo, dicha disposición verbal fue revocada al día siguiente.
Durante la semana del 11 de enero se conoció de la primera censura al spot publicitario del candidato presidencial por la Unidad de las Izquierdas, Alberto Acosta, quien afirmó que los medios incautados por el Estado, Gama Tv y TC se negaron a transmitirlo. Este hecho anticipó lo que ocurrió el pasado 22 de enero, cuando el CNE, en su informe CNE-DNF-2013-0004-IC ordenó el retiro inmediato y definitivo de este spot por considerar que esa propaganda, que presenta satíricamente la caricatura de un rey intolerante y sus enemigos, ataca la gestión del presidente-candidato Rafael Correa.
En esa misma semana también fue evidente el uso de cadenas para atacar a candidatos opositores al gobierno, pues cuando la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM) ordenó la interrupción de los noticieros matutinos de televisión, a nivel nacional, para desvirtuar, durante nueve minutos, las acusaciones hechas por el asambleísta de oposición y candidato a la reelección Galo Lara, sobre supuestas irregularidades en el currículum académico de dos altos funcionarios del gobierno, y descalificar al asambleísta por su “falta de ética” y rendimiento académico “mediocre”. En la misma tónica, otra cadena de televisión anterior interrumpió, durante algo más de once minutos, los espacios informativos de Ecuavisa y Teleamazonas, para defender a Jorge Glas, binomio presidencial de Rafael Correa.
En tanto, en la semana del 18 de enero se conoció de las denuncias de “campaña sucia” cuando Guillermo Lasso, candidato por el Movimiento Creando Oportunidades (CREO) dijo haber sido víctima de los canales incautados Gama TV y TC por haber difundido un video tipo sátira política, que vincula al aspirante a la presidencia, con la crisis financiera de finales de los años noventa. Además de esto, el 15 de octubre, César Monge, presidente del movimiento CREO, denunció públicamente la colocación de vallas en contra de Lasso, en una carretera de la costa del Pacífico con leyendas como: “El cinismo del feriado bancario. Prohibido olvidar”; “La venta de la patria. Prohibido olvidar”.
En la semana del 25 de enero, el hecho más grave reportado fue las denuncias de la detención de dos activistas ambientales. El dirigente social defensor del agua y quien ha sido juzgado por «sabotaje y terrorismo» por encabezar las protestas anti mineras en la provincia del Azuay, aseguró a Fundamedios que sus compañeros Cristina Torbay y Juan Zhigre fueron ilegalmente retenidos en un incidente que atribuyó a la seguridad del Presidente y candidato a la Reelección, Rafael Correa durante su paso por esas comunidades.
En tanto, durante la primera semana de febrero se reportaron las denuncias de diario La Hora respecto al uso de bienes públicos para apoyar la campaña del presidente candidato Rafael Correa en Loja. Según la publicación del rotativo, el gobernador Marcelo Torres habría enviado un oficio solicitando a los directores de las entidades públicas aportar con dos vehículos de la institución y un chofer incluido para la llegada de Correa, y para la coordinación de las directrices solicitadas por el equipo de seguridad presidencial. Hecho que fue posteriormente corroborado por el director provincial de movimiento PAIS en Loja, Jairo Montaño quien, en una entrevista radial reconoció el uso de vehículos públicos porque «no pudo evitarse» la utilización de estos ya que Correa sigue siendo Presidente y todo obedece a un protocolo.
A esta denuncia se suma otra respecto a que 10 emisoras de Loja, las mismas que los lunes transmiten durante una hora el programa oficial «Loja habla» transmitieron el recorrido de Rafael Correa por esa provincia, lo cual supuestamente habría sido financiado con dineros públicos.
La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas del Ecuador dice, en su artículo 203, que está prohibido que las instituciones estatales realicen propaganda, publicidad y utilicen sus bienes y recursos durante la campaña electoral.
Finalmente, la semana del 8 de enero fue empañada por actos violentos. El primero, ocurrido el 4 de febrero dejó un saldo de dos muertos y cinco heridos, cuando un hombre, presuntamente en estado etílico, agredió con cuchillo en mano a simpatizantes del partido oficialista Alianza PAIS, quienes se habían congregado en la ciudad de Quinindé para recibir al candidato-presidente Rafael Correa.
El segundo, ocurrió la madrugada del 1 de febrero, cuando el candidato por el movimiento SUMA, Mauricio Rodas fue víctima de secuestro express, mientras se dirigía, del aeropuerto a su domicilio, en Quito. En un comunicado, el Movimiento informó que el candidato fue rociado con gas y una vez que le sustrajeron sus pertenencias y objetos de valor, fue abandonado en un barrio al sur de la capital.
En esa misma semana, Abdalá Bucaram Pulley, candidato a asambleísta nacional por el Partido Roldosista Ecuatoriano rechazó públicamente el trato discriminatorio que dice que están recibiendo por parte del CNE porque este organismo electoral vetó un spot publicitario de su partido a razón de que en una de sus imágenes aparece su padre, el expresidente y líder del PRE, Abdalá Bucaram Ortiz.