En Ecuador la libertad de asociación, un derecho fundamental, se regula con un decreto. Con esa premisa, Fundamedios inició su intervención en la audiencia regional, que la CIDH otorgó a cuatro países para contar la situación de las organizaciones en sus respectivas naciones. Se refirió así al Decreto 739 (antes Decreto 16), que establece restricciones al trabajo de las organizaciones.
¿Cuáles son estas barreras? Mauricio Alarcón, director de Proyectos de Fundamedios, las expuso ante los comisionados: la obligación de permitir la membresía a cualquier persona que afirme tener un “interés legítimo” de participar en una organización; las amplias atribuciones que tiene el Estado para obstaculizar los registros legales; la obligación de proporcionar al Estado cualquier documentación que este requiera o permitir el ingreso de funcionarios para realizar verificaciones físicas de la documentación.
Pero los principales riesgos del Decreto 739 están sobre todo en las causales de disolución forzosa de las organizaciones. Alarcón enfatizó en Washington que esas disposiciones son amplias y discrecionales. Asimismo, “la falta de proporcionalidad en la sanción abriría el camino para que una organización sea disuelta por errores técnicos de mínimo impacto y fácil resolución”, manifestó el Director de Proyecto de Fundamedios. Una de estas causales es realizar actividades de política partidista.
La gravedad de estas disposiciones se evidenciaron, por ejemplo, en los casos de la Fundación Pachamama, en la imposición gubernamental de una directiva en la Federación Nacional de Periodistas y en el intento de disolución de Fundamedios en septiembre de 2015. Alarcón contó este último caso, en el que la Secretaría de Comunicación (SECOM) argumentó un supuesto incumplimiento con los estatutos de la organización al difundir “alertas, mensajes y ensayos, con indiscutibles tintes políticos que dejan clara la posición de esta organización social”. El masivo apoyo nacional e internacional hizo que la SECOM resolviera archivar el proceso.
Fundamedios terminó así su novena participación en un período de sesiones de la CIDH. Esta vez acompañada de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia de Argentina (ACIJ), la Fundación Construir de Bolivia, la Alianza Ciudadana Pro Justicia de Panamá y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).