Ecuador, 29 de septiembre. Cada 28 de septiembre se celebra el Día Internacional del Derecho a Saber. En esta fecha se reclama el acceso a la información de la administración pública de cada país con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en los procesos sociopolíticos.
Con el propósito de conmemorar este día y conocer los avances en la medición del indicador 16.10.2 de los Objetivo de Desarrollo Sostenible, referente al acceso a la información, desde Voces del Sur, UNESCO, FUNDAMEDIOS y PADF se organizó un Foro que hizo énfasis en conocer las experiencias dentro del marco de la COVID-19 en Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, desde una perspectiva regional.
El Foro contó con la participación de Claudia Cadena, gerente de programas de PADF y coordinadora regional de Voces del Sur; Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en Colombia; Franz Chávez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia; Juan Carlos Calderón, presidente de FUNDAMEDIOS y director de Plan V y Marianela Balbi, directora de IPYS Venezuela.
Actualmente, Voces del Sur –red de la que forma parte FUNDAMEDIOS– junto a la UNESCO desarrollan una metodología que va a permitir monitorear el acceso a la información en los países miembros basados en el indicador 16.10.2. El objetivo es crear una herramienta regional que permita tener datos comparativos sobre legislación de acceso a la información en la Región para obtener datos estadísticos y comparativos para poder realizar incidencia.
Claudia Cadena contó que en la pandemia la información se convierte en una herramienta clave para salvar vidas y una información oportuna es clave para garantizar la salud y poder responder a la crisis sanitaria. Entre enero y junio del 2020, Voces del Sur documentó 75 casos donde se limita el acceso a la información en nueve países. Entre los casos están: el uso del Código Penal en Argentina, Perú y Venezuela para penalizar la desinformación; en Brasil, El Salvador, México y en Honduras se han extendido los plazos para procesar solicitudes de acceso a la información y en Nicaragua y Brasil se ha limitado el acceso a la ciudadanía con la expansión de COVID-19.
Jonathan Bock, nuevo Director de la FLIP aseguró que es necesario ubicar la transparencia como un valor central de la ciudadanía y democracia. En el caso de Colombia existe una Ley de Acceso a la Información desde 2013, pero el problema se ha dado en la implementación de esta.
En el marco de la crisis sanitaria el plazo para entregar la información pasó de 10 días a 40 días. Además, surgió el interés de centralizar la información, lo que dificulta el acceso a esta por parte de periodistas locales.
Bolivia ha vivido días de dificultad a partir de la pandemia. Desde marzo el Gobierno ha firmado decretos que han restringido la libertad de expresión con la justificación de que son necesarios para evitar que se difundan rumores o información no documentada en relación a la pandemia.
Franz Chávez contó que la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y otras organizaciones expresaron su protesta de que la pandemia no debía ser motivo para restringir libertades y derechos de los ciudadanos.
Por su parte, Juan Carlos Calderón reconoció que a partir del cambio de Gobierno en Ecuador muchas restricciones de acceso a la información desaparecieron. Pero Calderón recordó que si bien Ecuador tiene una Ley de Acceso a la Información, pero queda en la discreción de las autoridades lo que consideran que es información de acceso reservado. Durante el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia, por ejemplo, se ha solicitado que se entreguen datos, reglamentos, parámetros y ha sido muy difícil, pues el Consejo de la Judicatura ha demorado la entrega de informaciones.
FUNDAMEDIOS presentó el pasado 7 de agosto un proyecto de nueva Ley de Acceso a la Información que recoge los avances de la ley Modelo 2.0 de la OEA, los mejores estándares regionales y las nuevas realidades constitucionales e históricas del Ecuador.
Marianela Balbi recordó la importancia de que se haya incluido el Acceso a la Información en la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues se debe reconocer que la transparencia en la rendición de cuentas y el papel de los periodistas es fundamental para construir instituciones democráticas y tener un desarrollo sostenido. También, sostuvo que cualquier proceso de transición en Venezuela tiene que pasar por una búsqueda de transparencia y en este caso se debe impulsar una Ley de Acceso a la Información que será una de las primeras tareas para partir de una base sólida.
En Venezuela, el manejo de las pruebas se da desde un solo instituto por lo que el IPYS advierte la existencia de un subregistro de casos de COVID-19. “No existen boletines epidemiológicos y detrás de la información pública existe una intención de aparente información pública que no puede ser contrastada”, explica Balbi. Además, advirtió que existen 14 millones que no tienen acceso a la información local y no pueden saber cómo se desarrolla la pandemia dentro de sus municipios.
Entre las principales conclusiones del Foro está que el acceso a la información es clave para la construcción de sociedades transparentes y democráticas con el propósito de garantizar la rendición de cuentas. Un importante recordatorio de que los avances en el acceso a la información son avances impulsados por los ciudadanos de la sociedad civil que exigen instituciones democráticas transparentes.