El director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, presentó sus argumentos respecto a los informes de mayoría y minoría de la Ley de Libertad de Expresión, que actualmente se debaten en el Pleno de la Asamblea Nacional.
En comisión general de la Sesión 770, Ricaurte señaló que los recientes hechos suscitados en el contexto del paro convocado el pasado 13 de junio por el movimiento indígena, se reportaron 242 vulneraciones a la libertad de expresión; mismas que se desagregan en 114 periodistas (10 agredidos dos veces); 80 medios de comunicación; 40 reporteros gráficos y camarógrafos; 6 activistas; 1 artista y 1 ciudadano. Esto demuestra la necesidad de contar con un sistema de protección adecuado para periodistas.
César Ricaurte señaló que el informe de mayoría recoge de manera adecuada las recomendaciones internacionales realizadas por varios Relatores, e incorpora la autorregulación de medios y capacitaciones continuas respecto a ética y respeto a Derechos Humanos; fortalece las condiciones laborales existentes a periodistas y garantiza la independencia de medios públicos, así como el fortalecimiento de medios comunitarios.
Sin embargo, señaló que dicho informe necesita fortalecer la protección de periodistas, algo que sí recoge el informe de minoría. No obstante, el informe de minoría elimina a la opinión como parte del derecho a la libertad de expresión; deroga todo el contenido incluido en la Ley vigente respecto a autorregulación de medios; atribuye responsabilidades civiles y de otra índole por expresarse y opinar libremente.
Además, amplían la censura previa para privados, otorgan responsabilidades a la Defensoría del Pueblo, que no son acordes con las establecidas en la Constitución, puesto que la INDH no es competente para la protección de derechos, esto es un papel únicamente correspondiente al Estado; atribuyen al Estado la regulación de la verdad de la información; retoman los medios públicos de carácter oficial e incluyen el financiamiento de publicidad estatal con recursos públicos, mediante informes de distribución de presupuestos.
Respecto a medios comunitarios, eliminan la posibilidad de que los medios de universidades y escuelas politécnicas sean considerados de esa forma.
Finalmente, Ricaurte señaló la importancia de considerar en el debate las recomendaciones emitidas por el exrelator de Libertad de Expresión Édison Lanza, quien después de su visita en el 2018, pidió revisar diversos artículos de la Ley de Comunicación vigente como las restricciones para la circulación de distinto tipo de informaciones de interés público derivados de procesos penales o sobre datos personales; las atribuciones de responsabilidad a los medios de comunicación por la difusión de información cuando no se encuentre debidamente identificado el autor de la misma; y, recordar también que la libertad de expresión no puede estar sujeta a la censura previa.