Incentivar a la sociedad civil, a los periodistas y a los medios de comunicación a denunciar la denegación de acceso a la información pública es el objetivo de la campaña #LaInfoEsTuya. Desde este 4 de diciembre, FUNDAMEDIOS registrará los casos en que se desde el sector público se ha vulnerado este derecho.
Para lograrlo, se habilitó un formulario en línea que integra seis preguntas básicas. A través de las respuestas que se obtengan, se visibilizarán las restricciones que enfrenta la ciudadanía en general en el momento de obtener información. Dichos obstáculos obstaculizan la consolidación de un sistema democrático y la lucha contra la corrupción.
El artículo 91 de la Constitución protege el libre ejercicio de este derecho. “La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o cualquier otra clasificación de la información. El carácter reservado de la información deberá ser declarado con anterioridad a la petición, por autoridad competente y de acuerdo con la ley”.
Además, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip) determina que “el acceso a la información pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado”.
Durante el segundo semestre de 2018, se han expuesto obstáculos en el acceso a la información pública, que recaen en responsabilidad de los distintos ministerios del poder Ejecutivo, miembros del poder judicial y funcionarios en general. Medios como diario El Universo han denunciado el atropello a este derecho, al solicitar información a la empresa pública TAME. Lo mismo ocurrió con la Comisión Anticorrupción del Guayas, quienes hasta el momento no pueden obtener datos de la Fiscalía.
Los servidores públicos no son dueños de la información, sino custodios. Aquellos funcionarios que nieguen el acceso pueden enfrentar sanciones administrativas e incluso la destitución.