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La RELE reconoce los esfuerzos del Gobierno de Lenín Moreno para reestablecer la relación con la prensa

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El pasado 17 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó el Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión 2018, suscrito por el relator Edison Lanza. En el documento se aplaude las medidas adoptadas por el Gobierno de Lenín Moreno para garantizar el reconocimiento público de la importancia de la labor de la prensa y la defensa de Derechos Humanos en una sociedad democrática.

En agosto de 2018, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH hizo una visita oficial a Ecuador para evaluar la situación de la libertad de expresión. Como parte del proceso de normalización de las relaciones del Estado con la sociedad civil, medios de comunicación, periodistas y organismos internacionales, el Presidente de la República extendió dicha invitación.

Tras el encuentro, la Relatoría determinó que el país atraviesa un periodo de transición, luego de una década bajo el mandato de Rafael Correa, que significó un periodo de graves amenazas y agresiones a los derechos de libertad de expresión. Se establece que las instituciones públicas están en un proceso de replantear sus políticas con el fin de  desmontar las prácticas represivas dirigidas a cerrar el espacio democrático, ejecutadas entre 2007 – 2017.

Entre las observaciones del informe se menciona que durante la última década en Ecuador se aplicó una “política sistemática para desacreditar, estigmatizar, constreñir y sancionar -mediante el uso del derecho penal y administrativo- a periodistas, medios de comunicación, defensores de Derechos Humanos y opositores políticos”. Se agrega que “fueron objeto de especial persecución”, periodistas y comunicadores, líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y opositores que difundían opiniones, información, investigaciones e ideas contrarias al movimiento político que denominó la «revolución ciudadana«.

El informe hace énfasis en la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) y su reforma, aprobada el pasado 8 enero. La RELE indicó su preocupación por este cuerpo normativo desde antes de su aprobación, sin embargo, el Estado hizo caso omiso a las mismas. En ese sentido, se enfatiza que la LOC se utilizó como un instrumento de persecución y restricción del derecho a la libertad de expresión.

La Relatoría reconoce que durante la aplicación de la Ley, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, como FUNDAMEDIOS, documentaron y denunciaron que habría tenido un efecto inhibitorio para el periodismo. Gracias a su trabajo, se planteó la reforma del cuerpo normativo, así como la supresión de la Superintendencia de la Comunicación y la Información (Supercom).

En cuanto al acceso a la información, se reconoce que es un país que trabaja constantemente para vencer “la cultura del secreto y tener un mayor acceso a la información en poder del Estado, estadísticas, cifras y datos.” Sin embargo, se reconoce que el acceso a la información sigue siendo un mecanismo poco efectivo para ejercer periodismo.

También se hace referencia al concurso de frecuencias, mismo que fue observado por el organismo en 2016 por la denunciada falta de inclusión y transparencia en el proceso; además de denuncias por presuntos actos de corrupción. Se recomienda al Estado establecer un espacio o consejo de consulta de todos los actores involucrados, reiterando que la asignación de licencias de radio y televisión debe estar orientada por criterios democráticos y procedimientos preestablecidos, públicos y transparentes.

La RELE reconoce que durante la década correísta, el Internet fue un espacio en el que el gobierno del expresidente libró una batalla contra periodistas y personas que ejercían la crítica. Las estrategias fueron sistemáticas, incluyendo la contratación a una empresa para solicitar a las principales plataformas la bajada de cuentas y contenidos de crítica política, la denegación de servicio y  el intento por revelar la identidad de usuarios que utilizaban el anonimato.

La institución expresa que “valora que no se haya dado curso a los proyectos de ley presentadas durante los últimos años ante la Asamblea Nacional con el objetivo de ejercer un control oficial de las redes sociales”. Sin embargo, expresa su preocupación en cuanto el Proyecto de Ley que Regula los Actos de Odio y Discriminación en Redes Sociales e Internet, presentado por el expresidente Correa un día antes de su salida del mandato, no ha sido archivado de manera definitiva hasta la fecha.  

Concluye el capítulo de Ecuador señalando que el Estado tiene la obligación de “garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión”. Establecen que las limitaciones al trabajo periodístico, así como la incautación y destrucción de bienes de medios violan la libertad de expresión.