La mañana de este 12 diciembre, Yadira Aguagallo, Ricardo Rivas y Galo Ortega, familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio asesinado en abril pasado anunciaron su postura frente a la respuesta del Estado ecuatoriano en torno a la investigación del caso. El 6 de diciembre las familias y el procurador Íñigo Salvador se encontraron en el 170 Periodo de Sesiones Públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington DC.

Yadira Aguagallo, pareja del fotoperiodista Paúl Rivas, expresó que los familias están muy indignadas al saber que, después de ocho meses del crimen, el Estado pide archivar las medidas cautelares. Se “está buscando dejar este asesinato en la impunidad. Si dejamos que eso se consiga, estamos dando apertura absoluta a que nunca se responda por otros periodistas”, dijo. Además, pidió públicamente al fiscal Wilson Toainga, responsable de la investigación, que exponga información y evidencia que respalden la afirmación del Procurador de que el asesinato no ocurrió en Ecuador, sino en territorio colombiano.

Ricardo Rivas, hermano mayor del fotógrafo, se refirió a lo “lamentable” de la audiencia ante la CIDH. “El Estado ecuatoriano no respondió a ninguna pregunta sobre la investigación. Esto nos dejó con muchas dudas respecto al caso”, expresó. Rivas mencionó la falta de información en torno a la supuesta liberación de los periodistas y la negociación del Gobierno ecuatoriano con los narcoguerrilleros. “El Gobierno no tenía la obligación de negociar, pero indicó que lo iba a hacer. Y si no quería hacerlo, nosotros hubiéramos actuado diferente y nuestros familiares seguirían con nosotros”.

Galo Ortega, padre del periodista Javier, anunció que incluso considera iniciar una huelga de hambre -en el momento oportuno- para exigir al Estado justicia en el crimen. Aguagallo añadió que a las autoridades no les interesa que se investigue más porque existe algo de fondo que el gobierno no quiere que se conozca.

El pasado 30 de noviembre, César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS solicitó a la Defensoría del Pueblo la vigilancia del debido proceso de la investigación que desarrolla la Fiscalía en torno al caso. Manifestó su preocupación por las observaciones realizadas por el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la CIDH. La institución aprobó el pedido.