Con el propósito de analizar los mecanismos que existen en la Región para la rendición de cuentas de las vulneraciones y ataques contra los periodistas, así como las sanciones que se establecen para los agresores, FUNDAMEDIOS junto con PADF organizaron un foro con expertos en el tema.
Entre los panelistas estuvo Emmanuel Colombié, Director Regional para América Latina de Reporteros Sin Fronteras; Daniel Lizárraga, Editor de El Faro; Mauricio Alarcón, Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo y el ex Relator para la libertad de Prensa, Frank LaRue. César Ricaurte, Director de Fundamedios, moderó el panel.
En la primera parte los asistentes realizaron una evaluación general de las agresiones contra la libertad de expresión en la Región. Emmanuel Colombié sostuvo que existe un deterioro generalizado de la Libertad de Expresión y recalcó que la crisis sanitaria por la COVID-19 incrementó la censura y las dificultades en el acceso a la información. Asimismo, en países como Nicaragua o Venezuela hubo detenciones contra periodistas solo por informar sobre la pandemia.
Añadió que en los últimos meses existe una normalización de discursos estigmatizantes que debilitan el periodismo, junto con el uso abusivo de la justicia y la proliferación de campañas de desprestigio en internet contra periodistas. “El 80% de los asesinatos ocurridos contra periodistas entre 2011 y 2020 se concentran en Brasil, Colombia, México y Honduras con 139 casos”, dijo Colombié.
A Daniel Lizárraga, le preocupa que en El Salvador se estén agudizando los ataques contra la Libertad de Expresión y que no solo provienen de la delincuencia organizada sino desde el Estado, que lo hace de una manera “sistémica”.
Frank LaRue recalcó que existe un deterioro en la seguridad para periodistas en América Latina porque la violencia ha incrementado y porque han surgido nuevas formas de ataques contra la prensa como los discursos estigmatizantes y el uso tergiversado de la ley. Recordó la estructura del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y el Sistema Universal de Protección y resaltó que el fenómeno más importante de resolver es el de la impunidad.
Por su parte Mauricio Alarcón, de Ciudadanía y Desarrollo, sostuvo que es necesario entender que la rendición de cuentas es una de las principales responsabilidades de una autoridad, de todos los funcionarios y ciudadanos para así promover Derechos Humanos fundamentales.
Antes de iniciar la segunda parte del Foro, César Ricaurte reflexionó que el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y el Sistema Universal de Protección en muchos casos parecen ser insuficientes
¿Qué se puede hacer para que la violación a la Libertad de Expresión se considere una violación grave a Derechos Humanos y para que los que atentan contra ella puedan también ser considerados dentro de los mecanismos de rendición de cuentas que significan sanciones unilaterales de algunos países contra los perpetradores? fue la duda que planteó Ricaurte.
Emmanuel Colombié respondió que sin Libertad de Prensa no se puede verificar la existencia de las otras libertades y es fundamental defenderla pues es la base de cualquier democracia. Desde su óptica, es importante hacer un trabajo de pedagogía, educación y sensibilización ciudadana sobre la importancia del trabajo de la prensa para una sociedad. Además, no se trata solo de denunciar sino que “hay que trabajar con recomendaciones y de la mano con los Gobiernos”.
Mauricio Alarcón cuestionó que bajo los mecanismo actuales debemos esperar a que la persona deje de existir para proceder cuando se deberían garantizar todos los derechos fundamentales. ¿Cuántos periodistas han sido asesinados y cuántas sanciones hay cuando incluso se tiene identificado a los autores intelectuales que provienen del gobierno? cuestionó Alarcón y añadió que es ahí cuando vemos cómo estos mecanismos resultan limitados y no son el camino óptimo para asegurarnos que haya una efectiva garantía de derechos y quienes deben garantizarlos rindan cuentas.
Daniel Lizárraga recordó que en El Faro la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Gobierno de Najib Bukele brindar protección a El Faro y a sus periodistas pero que es limitado porque el la práctica todo el sistema sigue actuando contra el periodico: “Debería promoverse que instancias internacionales tomen acciones para garantizar las libertades incluida la de expresión y los mecanismos deben apretarse y ser más estrictos, fuertes y agresivos”, aseguró.
Entre las conclusiones del Foro destacan que es necesario construir mecanismos efectivos de protección para la prensa y fortalecer los existentes, trabajando de manera coordinada entre varios niveles de la Sociedad Civil y Gobierno. Asimismo, es necesario endurecer las sanciones contra aquellos que atenten contra los Derechos Humanos, incluido la libertad de expresión y de prensa.