Ecuador, 15 de agosto de 2022· Varias organizaciones periodísticas, de la sociedad civil e incluso estatales, como el Consejo de Comunicación han solicitado al presidente, Guillermo Lasso, que aplique un VETO TOTAL a las reformas a la Ley de Comunicación, que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional, ya que significan un retroceso en las libertades de expresión y prensa; y ya ha sido calificada como una ‘Nueva Ley Mordaza’
Fundamedios recordó que el periodismo y los medios son actores vitales de la libertad de expresión, más allá de la plataforma a través de la que operen y que contar con una regulación excesiva, vaga y ambigua que legitime el ejercicio de abusos de poder, como ha sucedido en el pasado, lleva a reiterar que la libertad de prensa y expresión no son una concesión del Estado o de las autoridades, sino derechos fundamentales, inalienables, irrenunciables de las personas. Así, solicitó un veto total.
Alertó que, en su lugar, el Gobierno Nacional podría anunciar que en un plazo de 30 días, vía Decreto, se creará el Mecanismo de Garantía y Protección para Periodistas y Trabajadores de la Comunicación, que debía haber sido el principal avance de la nueva Ley; lo cual, con la irresponsable aprobación de un informe regresivo por parte de la Asamblea, ha quedado postergado una vez más.
La Unión Nacional de Periodistas (UNP), junto con la Federación Nacional de Periodistas (Fenape) y la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha (APDP) exhortaron al Presidente a acoger el pedido mayoritario de las organizaciones periodísticas nacionales e internacionales e imponer un veto total a las reformas a la Ley.
Los tres gremios consideran que esta reforma recoge las mismas prácticas atentatorias contra la libertad de expresión y de prensa de su antecesora ley aprobada en 2013, y que está plagada de vulneraciones al derecho inalienable del ser humano a la libertad de expresión y de opinión, por tanto, es una inconstitucional regresión en derechos.
“Sus auspiciantes muestran el inocultable propósito de volver a la ‘ley mordaza’, a la persecución a periodistas y medios de comunicación ecuatorianos que incomodan al poder y a la corrupción institucionalizada”, aseguran.
Por su parte, la Fundación Periodistas Sin Cadenas rechazó lo que denominó como un nuevo intento por controlar a la prensa en Ecuador que se esconde detrás del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación. Lamentaron que este cuerpo legal, “propuesto por el correísmo”, se haya impuesto a varias alternativas que buscaban favorecer la libertad de expresión. Por lo tanto, solicitaron no sólo una objeción total al proyecto en mención desde el Ejecutivo, sino una discusión seria, responsable e informada a nivel del poder Legislativo, alejada de intereses políticos de coyuntura.
El Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación vuelve a fijar una tutela estatal sobre el periodismo con la figura de los “defensores de audiencias y lectores”, que fue eliminada de la Ley con las reformas realizadas en 2019. Estos defensores serían servidores públicos de la Defensoría del Pueblo, que “contarán con mecanismos de interactividad con sus audiencias y lectores”.
La Red de Periodistas Libres (RPL) expresó su preocupación ante el riesgo de una nueva “ley mordaza” que consagre la censura previa y regresión de derechos en materia de libertad de expresión. Aseguran que el informe De minoría es restrictivo para esa libertad pues elimina la opinión como forma de expresión, amplía la censura previa para privados, atribuye responsabilidades civiles por expresarse y opinar libremente y otorgaría atribuciones sancionatorias a la Defensoría del Pueblo similares a las que tuvo la Superintendencia de Comunicación.
Incluso la titular del Consejo de Comunicación (organismo estatal), Jeannine Cruz, insistió en que el único camino que le resta al Gobierno es el veto total, pues a su criterio esta ley nace desde la revancha y no garantiza el acceso a la información o defiende a periodistas.