Dentro de la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo, el artículo que centra la preocupación de los periodistas es aquel que señala que «los medios de comunicación se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política”.

El martes 5 y el miércoles 6 de junio, Alfonso Luz Yúnez, juez sustanciador de las demandas de inconstitucionalidad contra las reformas al Código de la Democracia, escuchó en audiencia pública a los representantes de organizaciones periodísticas, periodistas de medios privados y públicos, así como a delegados del gobierno, quienes expresaron posiciones en contra y a favor de las reformas al mencionado código.

Durante el primer día de audiencia, Fernando Alvarado, secretario de Comunicación de la Presidencia de la República defendió la reforma electoral con el argumento de que ella evita el abuso de los medios de comunicación que han tomado partido a favor de uno u otro candidato.

En contrapartida, Gustavo Medina, ex procurador General del Estado, cuestionó las restricciones que se le quiere imponer a la prensa y añadió que el texto legal en discusión se trata de un tema que no fue contemplado en el debate de la Asamblea Nacional y que luego fue introducido por el Ejecutivo.

Al día siguiente, seis periodistas intervinieron ante el juez Yúnez. Alfonso Espinoza de los Monteros, vicepresidente de noticias de Ecuavisa, se sumó a las demandas de inconstitucionalidad planteadas por Fundamedios, Unión Nacional de Periodistas (UNP) y la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP). Según el periodista, la normativa impugnada promueve la autocensura y la censura previa, perjudicando a las audiencias y a su derecho de informarse.

Una posición distinta fue expresada por Orlando Pérez, director del diario estatal El Telégrafo, quien cuestionó a medios privados por reprimir, excluir, discriminar a las diversidades y pluralidades, y condenarlas a recibir un solo sentido de la realidad. Según Pérez, con o sin esta reforma todos van a hacer un mejor periodismo y la única condición es y será no mentir.

Legislación discrecional
De su parte, Miguel Ribadeneira, director de Radio Quito, cuestiona el artículo 203 del Código de la Democracia porque permite que el CNE ordene a un medio la suspensión de la publicidad o propaganda. Según Ribadeneira, la legislación es discrecional y deja abierta la posibilidad a que cualquier tipo de mensaje sea juzgado por los jueces electorales. Recordó que la Constitución y los tratados de Derechos Humanos deben prevalecer sobre cualquier otra norma jurídica.

Asimismo, Xavier Reyes, miembro del Foro de Periodistas de Ecuador (FOPE), señaló que si bien los medios de comunicación no deben parcializarse a favor de ningún candidato, tal como está redactada la reforma electoral, dicha norma podría producir en el país una prensa silenciada durante la campaña y de esta forma afectar seriamente el derecho de los ciudadanos a tener los elementos informativos necesarios que le permitan tomar decisiones en democracia.

A decir del FOPE, la reforma electoral sobre la que la Corte Constitucional debe pronunciarse claramente atenta contra derechos establecidos en la Constitución y los tratados internacionales como los de libertad de expresión, libertad de opinión y la prohibición de toda forma de censura previa.

Otro de los periodistas que intervinieron ante el juez Yúnez fue Rafael Cuesta Caputti, director de noticias del Canal Uno, quien no está de acuerdo con que se apruebe una ley que vulnera un derecho humano y una garantía constitucional como es la libertad de expresión. Para Cuesta ninguna ley va a callar a quienes ejercen el periodismo.

En el mismo sentido, Jeanette Hinostroza, directora del Programa 30 Plus y entrevistadora de Teleamazonas, expresó que la reforma al Código de la Democracia afectará la cobertura periodística ya que provoca autocensura. “Muchos periodistas preferirán no informar por temor a ser juzgados”, dijo la periodista.