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Queremos#VocesProtegidas

Ago 19, 2023 | Actividades, Comunicados

Queremos#VocesProtegidas

Las organizaciones, periodistas y actores de la comunicación firmantes expresamos nuestra indignación y profunda preocupación por la inusitada violencia que aqueja y atenta gravemente contra estas elecciones anticipadas en Ecuador, y la proporcional y gravísima falta de atención y respuestas de las autoridades electorales, de comunicación, fuerzas de seguridad y de administración de justicia. 

Así, hacemos el siguiente llamado al Consejo Nacional Electoral (CNE), al Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (Consejo de Comunicación), a la Fiscalía General del Estado, y a las fuerzas de seguridad:

En noviembre de 2022 se creó, mediante reformas a la Ley de Comunicación, el Mecanismo de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico, cuya misión y objetivos giran en torno a garantizar espacios seguros para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa y otros derechos conexos.

Si bien la Ley no cuenta con su Reglamento -pese a la obligación del Poder Ejecutivo de emitirlo tras su promulgación-, no es menos cierto que la instancia técnica ha sido creada, y que todas las autoridades con competencia en materia de comunicación, riesgos, seguridad, protección e incluso procuración de justicia, deben articularse en torno a la protección de periodistas. 

La emisión, en dos años de gobierno, de 15 decretos de estado de excepción por cuestiones de violencia, es la muestra más potente de la inseguridad que aqueja al trabajo periodístico en el Ecuador. El autoexilio de 5 periodistas en menos de 7 meses. El magnicidio del periodista y candidato a la Presidencia de la República, Fernando Villavicencio. Las amenazas a la integridad y vida de nuestro colega Christian Zurita, compañero de investigación del ex presidenciable y ahora su reemplazo en la contienda electoral. 

Existen sendas muestras y pronunciamientos sobre las zonas grises que el crimen organizado deja a su paso, en donde los periodistas y trabajadores de la comunicación simplemente no podemos entrar. Igualmente, conocemos de primera mano sobre la imposibilidad de hacer periodismo de investigación para tratar temas de corrupción, delincuencia organizada transnacional, violencia carcelaria, debido a las trabas que las mismas autoridades imponen al acceso a información pública y otros. 

Dado que las autoridades competentes están en la obligación de proteger el trabajo periodístico que llevamos adelante y que es la base misma de la democracia, con mayor énfasis, precisamente, en periodos electorales, exigimos:

Que el CNE disponga a sus funcionarios y miembros de Juntas Receptoras del Voto observar los principios de transparencia y publicidad, y garantizar el ejercicio periodístico a medios privados, públicos, comunitarios y digitales, tanto como a periodistas independientes. 

Que el CNE disponga a sus funcionarios y miembros de Juntas Receptoras del Voto, garantizar la libertad de circulación y movilización de periodistas, la libertad de comunicación con sujetos políticos y demás personas y organismos que, por nuestro trabajo, deseemos entrevistar, así como el acceso a documentos públicos antes, durante y después de la jornada.

Que el CNE y el Consejo de la Información y Comunicación articulen interinstitucional e intersectorialmente la activación de competencias específicas ligadas al cumplimiento de funciones de prevención, protección y procuración de justicia a periodistas y trabajadores de la comunicación.   

Que la Fiscalía General del Estado no pierda en sus investigaciones pre-procesales y procesales el enfoque respecto de la motivación de estos delitos, en la medida en que estuviere ligado al ejercicio del periodismo.

Que el CNE y las Fuerzas de Seguridad socialicen con los periodistas y trabajadores de la comunicación debidamente identificados en cada Junta Receptora del Voto las rutas de evacuación de cada recinto. 

Recordamos a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Ecuador la importancia que tienen sus servidores públicos en la función de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos en contextos electorales, y exhortamos a que garanticen la protección y provisión de seguridad a los trabajadores de la comunicación, con énfasis en aquellas provincias y/o ciudades en las que la presencia del crimen organizado constituye un riesgo especial. 

Estas elecciones no pueden sumar otro periodista muerto a la democracia. 

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