Crear una política de reparación dirigida a las víctimas de agresiones a la libertad de expresión es una de las propuestas que hizo Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este 24 de agosto concluyó su visita oficial a Ecuador, iniciada el pasado lunes 20.
En una rueda de prensa, el Relator aseguró que su misión marca un punto de inflexión en la historia democrática del país. Es la primera vez, en más de una década, en estar invitado por el Gobierno, lo cual demuestra que se vive un momento distinto en donde se respira mayor libertad.
Lanza presentó las observaciones preliminares de su informe, las cuales son el resultado de la agenda cumplida. Durante cuatro días mantuvo reuniones, en Quito y Guayaquil, con autoridades como el presidente Lenín Moreno, el canciller José Valencia, representantes del poder Judicial, Legislativo, sociedad civil, periodistas y embajadores.
La Relatoría esboza ocho puntos claves en su informe preliminar:
- Transición desde el autoritarismo a un espacio cívico autónomo y democrático.
- Derecho a la libertad de expresión y uso del derecho penal.
- Seguridad para periodistas e impunidad.
- Acceso a la información pública.
- Pluralismo y diversidad.
- Internet y Libertad de Expresión.
- Protesta social y criminalización de manifestantes.
- Conclusiones y recomendaciones.
Para Lanza, en Ecuador se vive un momento de transición, en el que se pasa de un régimen autoritario -que configuró todo un aparataje para perseguir periodistas y a quienes opinaban distinto-, a uno más democrático. Sin embargo, aseguró que este es el primer paso de algunos más que hay que tomar para consolidar esta etapa.
En ese sentido se refirió al proceso de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) que deben alinearse a estándares internacionales, acogiendo las observaciones propuestas por ese organismo ante el Legislativo; y, en un segundo momento, revisar las normas penales que criminalizan la opinión, como los delitos de calumnia y otros presentes en la normativa ecuatoriana y que tienden a impedir el escrutinio público.
En cuanto a la seguridad para periodistas, abordó lo ocurrido con el equipo periodístico de El Comercio, secuestrado y asesinado en la frontera norte, en abril pasado, como una muestra de las falencias existentes en los mecanismos de protección, producto de una década de ataques a la prensa desde el Gobierno y las negativas al diálogo. Al respecto, destacó que se haya permitido la conformación de un equipo investigador internacional para esclarecer el crimen y una mesa interinstitucional enfocada en analizar y proponer mecanismos para proteger el trabajo periodístico.
Sobre al acceso a la información pública, el Relator fue enfático en señalar que Ecuador “arrastra una cultura del secretismo que aún no ha sido superada”. Esto debe mejorarse dentro de la agenda de transparencia del Gobierno.
La Relatoría también se refirió a los mecanismos de reparación a las víctimas que debe poner en marcha el Estado ecuatoriano. Entre ellas, mencionó que se haga un reconocimiento público a la legitimidad y el valor de los periodistas, así como el repudio a todos los delitos perpetrados en contra de ellos. También propuso que la Asamblea Nacional apruebe una norma transitoria dentro de las reformas a la LOC, que habilite un proceso para revisar las sanciones aplicadas a los medios.
Sobre los casos de criminalización a la protesta social, Lanza sugirió dictar una ley de amnistía en favor de comunicadores, activistas, defensores de Derechos Humanos que tienen procesos abiertos por autoridades del gobierno anterior; así como la puesta en marcha de procesos de memoria y verdad para que se conozca lo sucedido y la atención prioritaria de los casos de violaciones a Derechos que han sido presentados ante la CIDH.
El Relator aseguró que, tras esta visita, trabajará de manera conjunta con el Relator para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, David Kaye, con el fin de elaborar un informe final, que espera esté listo dentro de tres meses.