Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció el apoyo y acompañamiento por parte de la CIDH, para las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) en el Ecuador, tras la intervención de César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, en la audiencia regional sobre esta materia, que tuvo lugar este 28 de febrero de 2018, en Bogotá, Colombia, durante el 167 Período de Sesiones.
En esta cita, representantes de organizaciones de cuatro países de la Región Andina: el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela y Perú, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) de Bolivia y FUNDAMEDIOS, de Ecuador expusieron acerca de las violaciones a la libertad de expresión y prensa en cada uno de los países.
A pesar de las diferencias y particularidades que existen en cada país, sus representantes coincidieron en la existencia de violaciones a la libertad de expresión en internet, con la censura y el cierre de cuentas en redes sociales, acciones de trolls o difusión de noticias falsas; persecución a periodistas críticos con el poder, casos de judicialización de la opinión, así como restricciones a los medios independientes por temas varios como asfixia económica, condicionamiento en la pauta publicitarias, leyes restrictivas, entre otros.
Durante la cita, César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS y quien inició el diálogo con los Comisionados, resaltó que la realización de la audiencia regional se realiza en el marco de un proceso de coordinación entre las organizaciones, que buscan desarrollar indicadores de monitoreo comunes para homologar información y presentar informes regionales que constituyan una fuente de información útil para la Comisión Interamericana y su Relatoría para la Libertad de Expresión. Hecho que fue felicitado por el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, quien destacó el papel de la sociedad civil para conocer acerca de las violaciones a los derechos.
Durante su intervención, Ricaurte destacó una mejora en el clima para la prensa y una mayor apertura para el trabajo de la sociedad civil, el país, tras el cambio de gobierno, en mayo del 2017. Aseguró que después del Referéndum y Consulta Popular del 04 de febrero, se ha iniciado un diálogo positivo para emprender reformas profundas a la Ley Orgánica de Comunicación para que cumpla los estándares internacionales y deje de ser una herramienta persecutoria. Asimismo, subrayó la disminución de las agresiones que reflejan esta nueva situación, siendo 2017, el primer año en un década en que se registró una disminución de ataques, con el 40% menos frente al 2016.
Pese a ello, Ricaurte afirmó que se mantienen ciertas restricciones y temas pendientes como el caso del periodista Freddy Aponte, de Loja, quien ha sufrido una persecución por parte del Alcalde José Bolívar Castillo y ha sido recientemente fue declarado insolvente e interdicto de administrar sus bienes.
La situación de Venezuela, la más grave de la región, fue expuesta por Marianela Balbi, directora ejecutiva de IPYS, quien destacó que las restricciones de las fuentes de información pública en entes estatales y no estatales; las negativas de funcionarios públicos a rendir cuentas, así como los obstáculos para acceder a datos públicos en instituciones y plataformas digitales, fueron las principales preocupaciones de los periodistas de ese país, que vive un retroceso democrático, con la imposición de la violencia, criminalización de reporteros, con 54 detenciones arbitrarias y al menos 70 medidas judiciales contra comunicadores.
Adriana León, representante de IPYS Perú dio cuenta que los ataques a la prensa en ese país están vinculados, en su mayoría, a querellas y procesos judiciales contra periodistas y medios de comunicación, en casos por delitos de injurias, difamación y calumnias y debido al uso sistemático de la justicia para intentar callar aquella prensa fiscalizadora. Hechos que son más graves en el interior del país, en donde existen estructuras mafiosas. Es así que entre los casos más graves figura el asesinato del periodista Hernán Choquepata, de Arequipa, muerto a tiros en su cabina radial mientras hacía la transmisión de su programa, a finales de 2016.
Finalmente, Marcelo Miralles Iporre, presidente de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia, aseguró que la censura manipulada por la publicidad estatal, la censura previa promovida por leyes, la asfixia financiera a los medios de comunicación y la intolerancia con puntos de vista críticos, generan un riesgo para las libertades de prensa y expresión en ese país. En cuanto a cifras, la ANP ha reportado un total de 136 agresiones físicas contra periodistas y medios, y registró otros 155 casos de agresiones verbales y amenazas. Al respecto, se destacó una estigmatización en contra de periodistas que el gobierno los califica de “opositores.
Tras la exposición de los casos, los comisionados Francisco Eguiguren y Luis Ernesto Vargas Silva se mostraron preocupados por el concepto de “prensa libre e independiente”y sobre la independencia y objetividad que deberían tener los periodistas. En ese contexto, Eguiguren preguntó a los peticionarios que le aclaren el concepto de prensa libre e independiente y sobre quién determina aquello. Hecho que fue refutado por los peticionarios, quienes respondieron que la prensa libre e independiente es aquella que no responde a ningún poder, ni político, ni económico y los peligros de que sea el gobierno de cada país el que califique a las prensa bajo esos criterios.
Ricaurte lamentó de manera especial que el comisionado Eguiguren utilice este espacio para un debate académico y no se interese por el contenido de la información presentada en la audiencia. En tanto, Lanza zanjó el debate destacando que los periodistas han jugado un papel fundamental en la lucha contra la corrupción y de la importancia de ejercer la libertad de expresión sin amenazas o restricciones y dentro de los parámetros que amparan los estándares internacionales. Si no no discutimos libertad de expresión en una sociedad democrática de, qué discutimos, apuntó el Relator.
En esa línea, el Secretario Ejecutivo Paulo Abrao se interesó por conocer acerca de las trabas para el ejercicio del periodismo investigativo, como impedimentos de acceso a la información y casos de hostigamiento.
Los peticionarios concluyeron su exposición con pedidos concretos para la CIDH, entre las que incluye una visita in loco a los países de la región; solicitar información al Estado Plurinacional de Bolivia sobre la creación, vigencia y aplicación de normas que sirven para presionar y asfixiar a los medios de comunicación independientes; exigir a los Estados que actúen de manera eficaz para garantizar el trabajo periodístico de manera libre y sin presiones y que la Comisión recuerde a los Estados su deber de garantizar el acceso a una justicia imparcial y el establecimiento efectivo de procesos judiciales que rompan con el círculo de impunidad que rodea a los delitos y violaciones cometidas contra periodistas y trabajadores de la prensa en el ejercicio de sus funciones.
Descargue en este enlace la ponencia completa ante la CIDH