El director ejecutivo de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (FUNDAMEDIOS), César Ricaurte; la presidenta de la Federación Nacional de Periodistas (FENAPE), Susana Piedra; el director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), Diego Cornejo; y el representante de la Plataforma por la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos, Luis Verdesoto, que reúne a 25 organizaciones de la sociedad civil, solicitaron, el martes 2 de agosto de 2016, una reunión de trabajo a la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, para iniciar un debate urgente hacia la reforma integral a Ley Orgánica de Comunicación (LOC) siguiendo el mandato expreso realizado al Estado ecuatoriano por el Comité de DDHH de Naciones Unidas, en su documento de recomendaciones.
Las observaciones remitidas por el Comité, conformado por 18 expertos internacionales en DDHH, son claras y surgen del seguimiento a la situación del Ecuador, el análisis de la documentación entregada por el Estado ecuatoriano y de los informes presentados por la sociedad civil. En el párrafo 30 de las recomendaciones se lee: “El Estado parte debe adoptar las medidas necesarias para garantizar el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión en todas sus formas, de conformidad con el artículo 19 del Pacto. Al respecto, debe velar por que su legislación, en particular la Ley Orgánica de Comunicación, sea plenamente compatible con el artículo 19 del Pacto y que cualquier restricción del ejercicio de la libertad de expresión cumpla plenamente con las estrictas exigencias establecidas en el artículo 19, párr. 3, del Pacto y desarrolladas en la Observación general núm. 34 (2011) sobre libertad de opinión y libertad de expresión del Comité. Asimismo, el Estado parte debe ofrecer protección efectiva a todos aquellas personas que sean objeto de actos de acoso o amenazas por ejercer su derecho a la libertad de opinión y de expresión y asegurar que todas las alegaciones relativas a actos de esa naturaleza se investiguen de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial y que los autores sean llevados ante la justicia”.
En declaraciones para la prensa, César Ricaurte explicó que si bien el Comité señala principalmente dos aspectos de la LOC: el linchamiento mediático y la censura por omisión que se ha convertido en un mecanismo para imponer contenidos, esos sólo son dos ejemplos en un conjunto de preocupaciones que fueron expresadas durante el examen a Ecuador. “Por eso estamos pidiendo que se abra un gran debate nacional, en el que participen los actores involucrados en el mundo de la comunicación para que al final tengamos una ley que sí cumpla los estándares, que se sujete plenamente al artículo 19 del Pacto y a las recomendaciones recogidas en la observación 34”, afirmó a los medios de comunicación.
En la solicitud, los representantes de las organizaciones también le recordaron a la Presidenta de la Asamblea que el cumplimiento de las observaciones del Comité de DDHH es obligatorio y al Órgano Legislativo que preside le corresponde tomar las acciones pertinentes para que la Ley de Comunicación deje de ser el principal mecanismo de censura y restricción a la libertad de prensa y expresión de los ecuatorianos, como ha sucedido en sus tres años de vigencia.