RESOLUCIÓN ECUADOR
ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP, CHARLESTON – 2015
CONSIDERANDO que 2015 ha devenido el año más violento para el ejercicio del periodismo, pues las agresiones contra medios y periodistas superan a las registradas en años anteriores.
CONSIDERANDO que las principales agresiones se relacionan con la aplicación de la Ley de Comunicación y los procesos instaurados por la Superintendencia de Información y Comunicación (SUPERCOM).
CONSIDERANDO que los medios de comunicación y los periodistas son mayormente vulnerables y son las principales víctimas de las agresiones.
CONSIDERANDO que entre los principales agresores aparecen el Estado, las instituciones públicas y, particularmente, el propio presidente de la República.
CONSIDERANDO que la Secretaría de Comunicación (SECOM) activó un proceso administrativo con el fin de retirar la personería jurídica y, en consecuencia, disolver a la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, FUNDAMEDIOS, y que que si bien la SECOM dejó sin efecto ese proceso, lo hizo manteniendo la amenaza de disolución.
LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE:
- Denunciar a la comunidad internacional que la aplicación de la Ley de Comunicación de Ecuador ha demostrado que dicho cuerpo legal es un instrumento para restringir la libertad de expresión y de prensa y para propiciar la autocensura de medios y periodistas.
- Exhortar al gobierno de Ecuador a que suspenda las acciones de la Superintendencia de Comunicación en contra de los medios de comunicación, y denunciar el carácter represivo y antidemocrático de esa Superintendencia a los organismos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.
- Denunciar a la comunidad internacional que el Presidente Rafael Correa y su gobierno son los principales agresores en contra de medios y periodistas en Ecuador.
- Respaldar a los periodistas y a los medios de comunicación que resisten la agresión y la violencia y exhortar al gobierno del Ecuador a que emprenda el camino de la tolerancia y garantice el derecho de los periodistas a ejercer un periodismo crítico, investigativo e independiente, sin verse enfrentados a agresiones verbales y físicas, sin temor a perder su fuente de trabajo, sin encontrarse con acciones jurídicas y/o administrativas en su contra.
- Exigir al Gobierno de Ecuador que garantice el debido proceso a los medios y periodistas, así como el pleno derecho a la defensa, en las acciones administrativas que surgen como consecuencia de la aplicación de la Ley de Comunicación.
- Invitar al economista Rafael Correa, presidente constitucional de la República del Ecuador, a que solicite una Opinión Consultiva sobre la compatibilidad de la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador con los estándares internacionales desarrollados a partir del Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esa Opinión Consultiva es necesaria para dirimir la discusión nacional e internacional sobre la legitimidad y compatibilidad de dicha norma con los estándares internacionales aceptados por el Estadio ecuatoriano sobre Derechos Humanos.
- Conminar al presidente Rafael Correa a que su gobierno emprenda el camino de la tolerancia y garantice el derecho de asociación de los ciudadanos y que, en particular, garantice la vigencia de la personería jurídica de FUNDAMEDIOS.