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Ocho organizaciones internacionales de Derechos Humanos que conforman Voces del Sur (VDS) elaboraron el Informe Sombra sobre el cumplimiento del ODS 16.10.1 relacionado a  libertad de expresión en América Latina. El documento recoge 732 agresiones a la prensa en ocho países durante 2018.

El proyecto VDS nació en julio de 2017 con el objetivo de apoyar iniciativas para promover y mejorar las protecciones de la libertad de expresión en la región, aumentar la capacidad de las redes de la sociedad civil en cada país y establecer nuevas formas de coordinación y colaboración junto a los sistemas de Derechos Humanos interamericanos y de las Naciones Unidas.

Las organizaciones desarrollaron 12 indicadores comunes para monitorear y comparar la libertad de prensa y expresión en la región, vinculados al objetivo 16.10.1, incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU; el mismo que protege los derechos de los periodistas y medios de comunicación para realizar su trabajo sin enfrentar violencia, amenazas o intimidación

Las organizaciones que participan son Fundamedios (Ecuador), Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Perú), Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela), Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), Comité por la Libre Expresión (C-Libre Honduras) y Centro de Archivos y Acceso a la Información (CAinfo Uruguay).

Entre los principales hallazgos, el informe Sombra denuncia el asesinato de seis periodistas,el secuestro de ocho comunicadores y la tortura de dos más. Entre todos los países, Nicaragua reportó más amenazas, debido a la crisis política de 2018.

El documento también destaca que los actores estatales y personales vinculados al poder político y económico son los principales causantes de los ataques y amenazas contra la libertad de expresión y prensa en el continente.

INFORME SOMBRA ODS 16.10.1 INGLÉS – ESPAÑOL
INFORME SOMBRA ODS 16.10.1 ESPAÑOL – INGLÉS

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César Ricaurte (Fundamedios), Leslie Lafuente (ANP Bolivia) y Guillermo Medrano (Fundación Violeta Barrios de Chamorro – Nicaragua) participaron en la mesa redonda: ¿Cómo reportar sobre agresiones a la prensa?, donde analizaron las experiencias de países que conforman Voces del Sur y cómo el trabajo realizado ha permitido que los casos de bloqueo de información en la región sean incorporados a realidades internacionales a través de la plataforma. La mesa se llevó a cabo en las instalaciones del Comittee to Protect Journalists (CPJ) en Nueva York, este 16 de julio 2019.

Como preámbulo a las intervenciones, el Director Ejecutivo de Fundamedios, puntualizó que el fin de realizar un monitoreo en la región sobre bloqueos de la información trasciende la generación de alertas, “no es el objetivo principal, más que producir datos, se busca generar resultados a partir de lo que reportamos y mejorar el ambiente para el ejercicio del periodismo en la región. En ese sentido, los expositores de Bolivia y Nicaragua describieron el impacto de este trabajo. 

La representante de Asociación Nacional de Prensa (ANP) Bolivia habló sobre cómo el apoyo de Voces del Sur ha permitido que la Asociación promueva cambios en la normativa en su país. «A través del trabajo articulado con otros países de la región, logramos que el presidente Evo Morales promulgue una ley que elimina la difusión de avisos gratuitos, los mismos que eran obligatorios y bajo advertencia de sanciones. Ahora, al menos, esta reproducción es ´voluntaria”, describió Lafuente.

La situación de Nicaragua fue descrita a través de la experiencia de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Miguel Medrano explicó que la colaboración entre países logró sacar la información sobre la realidad del país. “Vivimos una situación que se ha deteriorado en los últimos 11 años. Hay un contexto que se puede describir en tres fases: agresiones a la prensa, que incluyen asesinato y desapariciones, persecución y ataques sistemáticos a la libertad de prensa”, comentó. Asimismo, explicó que aún existe trabajo por hacer sobre todo en el reporte real de la situación de periodistas exiliados y cómo las alertas, asesinatos y desapariciones deben ser consideradas violaciones perpetradas por el Estado.

Adicionalmente, en un espacio de diálogo abierto representantes de distintas organizaciones regionales como Ipys Perú e Ipys Venezuela, analizaron la dificultad del acceso a la información, como uno de los principales problemas que encuentra la labor periodística y la importancia del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Guy Berger, director del área de Libre Expresión y Desarrollo de Medios de UNESCO, resaltó el trabajo articulado de la plataforma, como único en su tipo en la región y cómo herramientas como el Informe Sombra sobre el Cumplimiento del ODS 16.10.1 en 8 Países de Latinoamérica logran tener mayor incidencia globalmente. Además, destacó que este tipo de iniciativas tiene alta influencia en otros estados para motivarlos a promover el mismo tipo de trabajo. Paralelamente, mencionó que se está considerando promover la implementación de otras aristas a al ODS 16.10.1.

Como conclusión se recalcó cómo la labor de Voces del Sur permite generar información estandarizada que contribuye a la promoción de sociedades más abiertas e inclusivas, a través del ejercicio del derecho a la difusión de la información. Matt Potter, de la Pan American Development Foundation (PADF) concluyó destacando la naturaleza colaborativa del trabajo en la región y cómo los principios de la plataforma trascienden los intereses particulares de las organizaciones que la conforman.  

INFORME ESPAÑOL/INGLÉS

INFORME INGLÉS/ESPAÑOL

 

 

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Con base en el Informe  de Auditoria emitido por la Contraloría General de Ecuador (informe No. DNA4-0025-2018 de 22 de junio de 2018)  respecto al examen especial sobre los procesos de concesión de frecuencias, nos adherimos a las denuncias que se han realizado sobre las graves irregularidades del Grupo de Ángel González «El Fantasma», quien concentra frecuencias y varios medios de comunicación entre los que se conoce: 3 canales de televisión nacionales, 11 radios y un medio impreso en el Ecuador.

Han pasado 8 autoridades por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones – ARCOTEL en lo que va del actual Gobierno, y ninguna de estas autoridades ha podido hacer cumplir la ley poniendo  fin a las irregularidades.

Los canales y diarios firmantes, junto con Fundamedios y fundación El Churo Comunicación, rechazamos estas prácticas tendientes a acaparar frecuencias y  medios de comunicación. Prácticas, que además han inobservado procedimientos legales, vejando la seguridad jurídica en materia de telecomunicaciones y otras conexas.

Por lo expuesto, solicitamos al Ministro de Telecomunicaciones y Presidente del Directorio de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, disponga la inmediata ejecución de las resoluciones mediante las cuales, la ARCOTEL, ordenó la reversión de las frecuencias correspondientes; acción que demostrará, el compromiso del gobierno del Presidente de la República por combatir la corrupción.

Patricio Jaramillo

ECUAVISA

 

 

Juan Carlos Calderón

FUNDAMEDIOS

 

 

 

Carlos Pérez

DIARIO EL UNIVERSO

 

Félix Varas

MANAVISIÓN

Fernando Najas

TELESUCESOS

 

Ana María Acosta

FUNDACIÓN EL CHURO COMUNICACIÓN

 

   

Christian Zurita

FUNDACIÓN MIL HOJAS

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El pasado 5 de julio, César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, solicitó medidas cautelares y de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la vulneración de sus derechos de opinión y expresión, lo cual le ha valido una sentencia privativa de la libertad de 15 días. La condena incluye además una indemnización y la obligación de pedir disculpas públicas a un exfuncionario público.

El 08 de julio, respondió señalando que se encontraba en estudio de las medidas.

Ricaurte apeló a este recurso amparándose en los artículos 13, 5, 7, 8 y 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos que se refieren a la Libertad de Pensamiento y de Expresión, Derecho a la Integridad Personal, Derecho a la Libertad Personal, Derecho a las Garantías Judiciales, y Protección de la Honra y la Dignidad, respectivamente.

Puntualmente, Ricaurte solicita a la CIDH que suspenda la ejecución de la sentencia condenatoria por el daño irreparable que tendría en sus derechos a la vida, la integridad personal, dignidad, libertad personal, derechos políticos. Además, que le otorgue medidas de protección para evitar agresiones, amenazas y actos de hostigamiento que pongan en riesgo su integridad física y la posibilidad de tener un proceso justo en el futuro.

Los hechos que motivan la sentencia ocurrieron el 6 de julio de 2018, cuando Ricaurte ingresó a un supermercado de Quito y se percató que en la caja se encontraba Jorge Jurado, exsecretario nacional de Agua y exembajador del gobierno de Rafael Correa en Alemania, muy conocido por estigmatizar y perseguir a grupos sociales que opinaban en contraposición al régimen de esa época.

“Mira ahí está un correísta blanqueado”, le advirtió a su esposa, quien lo acompañaba. Posteriormente, siguió su camino y Jurado lo pecheó luego de gritos e insultos. Tras un enfrentamiento verbal y físico, Ricaurte -en su defensa- empujó a Jurado, quien cayó al piso. Curiosamente, el Tribunal de segunda instancia de la Corte Provincial de Pichincha juzgó a Ricaurte no por la agresión física, que pasó a un segundo plano, sino por su expresión de “correísta blanqueado”. 

Lo culpa de haber cometido una contravención de cuarta clase, amparada en el artículo 396 del Código Integral Penal (COIP), que establece que “la persona que, por cualquier medio, profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra” será sancionada con pena privativa de libertad de 15 a 30 días. Este artículo, también señala que “la contravención no será punible si las expresiones son recíprocas en el mismo acto”.

Según el Presidente de FUNDAMEDIOS, sus derechos de pensamiento, expresión, libertad personal, garantías judiciales, contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos, fueron mancillados con esta sentencia, violando las garantías al debido proceso. A su criterio, se trata de un caso de carácter político con el cual se intenta acallar las expresiones sociales de legítima crítica y reprobación social a un exfuncionario público.

“Con mi juzgamiento y sentencia se intenta enviar un mensaje a la sociedad de que no se admitirán las expresiones de repudio público a los personeros del anterior gobierno”, mencionó Ricaurte.

Sobre el debido proceso, asegura que no se atendió la petición de suspender el procedimiento y elevarlo a consulta a la Corte Constitucional dado que el procedimiento establecido en el COIP no garantiza la debida defensa, tal como lo establece el artículo 428 de la Constitución. También se presentaron pruebas sin la cadena de custodia y no se valoró su derecho a defenderse de una agresión de la que estaba siendo objeto.

El Director de la organización ha trabajado por más de una década defendiendo los derechos de opinión y expresión en Ecuador y soportando humillación, hostigamiento, amenazas y estigmatización por parte de partidarios y simpatizantes del expresidente, Rafael Correa. 

Incluso estas aseveraciones son documentadas por la Relatoría de Libertad de Expresión de la Ilustre Comisión en un informe preliminar, tras una visita que realizó a Ecuador.

“Entre los años 2007 y 2017 la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión documentó que el gobierno de Ecuador encabezado por el Presidente Rafael Correa diseñó e implementó una política sistemática para desacreditar, estigmatizar, constreñir y sancionar -mediante el uso del derecho penal y administrativo- a periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos y opositores políticos. Fueron objeto de especial persecución por este accionar coordinado desde el aparato estatal, periodistas que investigaban y difundían información que el gobierno entendía falsa o contraria a sus intereses, líderes sociales, defensores de derechos humanos y opositores que difundían opiniones e ideas contrarias al movimiento político que denominó la «revolución ciudadana”, menciona el documento.

FUNDAMEDIOS mira con preocupación el peligro que correría César Ricaurte en prisión a riesgo de sufrir agravios que afecten su integridad física. Cabe indicar que el sistema carcelario ecuatoriano, actualmente, vive una crisis de seguridad que no ha podido ser frenada por el Gobierno Nacional. Incluso, el pasado 17 de mayo se declaró el Estado de Emergencia en el Sistema Penitenciario, ante una serie de asesinatos, motines y peleas entre bandas delincuenciales al interior de las cárceles.

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IFEX, la red global conformada por más de 100 organizaciones avocadas a la defensa y promoción de la libertad de expresión e información, insta a Ecuador a garantizar la seguridad de César Ricaurte, director de FUNDAMEDIOS, tras sufrir una sucesión de amenazas y descalificaciones luego de conocerse la sentencia a 15 días de prisión en su contra por increpar al exembajador Jorge Jurado en un lugar público.

A través de un comunicado, la organización internacional reconoce la labor de César Ricaurte como defensor de la libertad de expresión, así como de la organización que lidera por más de una década, la cual “ha apoyado a medios de comunicación y periodistas”. FUNDAMEDIOS ha sido miembro de IFEX desde 2011 y su rol ha sido fundamental para denunciar las agresiones contra la libertad de expresión, especialmente, en la década pasada.

Estamos alarmados por las amenazas de las que ha sido víctima luego de emitida la sentencia el 27 de junio por el Tribunal de Alzada de la Corte Provincial de Pichincha y vemos con preocupación la posibilidad de que se emita una orden de captura en contra de César Ricaurte”, señala el documento.

A nombre de todos los miembros de la red global, la directora ejecutiva de IFEX, Annie Game, exige a las autoridades ecuatorianas que investiguen las amenazas que ha recibido Ricaurte luego de conocerse el fallo y le proporcionen las medidas de seguridad para resguardar su integridad física.  

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FUNDAMEDIOS expresa su preocupación ante las acciones violentas, intimidatorias o abiertamente represivas de la Policía Nacional durante los tres últimos meses, en respuesta a manifestaciones civiles y casos relacionados con la libre expresión y movilidad. La organización hace un llamado al Ministerio del Interior para que tome acciones que garanticen el derecho de las personas a expresarse y opinar libremente en una sociedad democrática, así como el derecho a la libre asociación, reconocido en el campo civil por el Estado ecuatoriano.

El artículo 2 del Reglamento del Uso Adecuado de la Fuerza indica que “se aplicará para neutralizar, y preferentemente, reducir el nivel de amenaza y resistencia, de uno o más ciudadanas o ciudadanos sujetos del procedimiento policial”. Además, estipula que se usará “en salvaguarda de la seguridad ciudadana, el orden público, la protección del libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas…”.

El pasado 10 de agosto, miembros de la Policía Nacional detuvieron arbitrariamente a tres jóvenes que practicaban skate y filmaban sus destrezas para el portal ‘Tres Sucres’. FUNDAMEDIOS tuvo acceso a un video dónde se observa cómo un policía en moto intenta atropellar a uno de los jóvenes, mientras el resto de uniformados los desalojan con insultos y golpes. Mientras los muchachos intentan defenderse, la Policía los inmoviliza con gas pimienta.

Los jóvenes fueron vejados y maltratados en un centro de retención por más de dos horas hasta que fueron trasladados a la Fiscalía. La autoridad de turno determinó que no se cumplió con el debido proceso y fueron liberados.

Otro incidente ocurrió en la marcha por el Día del Trabajo, del  pasado 1 de mayo; la marcha por la marihuana, realizada en Guayaquil el 4 de mayo, y la protesta pacífica de los estudiantes de Medicina de la UG, del pasado 14 de mayo, no constituyen una amenaza a la ciudadanía. Tampoco lo es el libre tránsito de mujeres transexuales en las calles de Quito. Sin embargo, miembros de la Policía Nacional obviaron el mandato constitucional que los llama a “atender la seguridad ciudadana y el orden público, proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas” y, en su lugar, optaron por actuar de manera represiva y violenta, poniendo en peligro la seguridad física de los participantes, quienes hacían efectivo su derecho a ser protegidos por las fuerzas del orden.

El uso desmedido de la fuerza y la intimidación policial también constituye una amenaza a la libertad de expresión. En junio y julio, nuestra organización reportó cuatro alertas relacionadas a este tema. El 12 de junio, un comunicador de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), recibió un toletazo en la pierna derecha por un policía mientras realizaba una cobertura en el Tribunal de Garantías Penales de Imbabura. El 27 de junio, un periodista de El Universo fue retenido por la Policía mientras tomaba fotografías con su celular en medio de un operativo. Fue llevado a una Unidad de Policía Comunitaria escoltado por seis patrullas de uniformados. 

El pasado 29 de junio, un miembro de la Policía Nacional golpeó en la espalda con un tolete al periodista radial Zamny Nájera, mientras intentaba frenar la detención de su hija en la ciudad de Guaranda. Tras el golpe quedó inconsciente y fue llevado a un hospital de la localidad. Según testigos, su hija, de 18 años, fue detenida por alrededor de 40 uniformados, quienes actuaron de forma intimidatoria.  Finalmente, el 3 de julio, la Policía impidió que un artista urbano pinte un mural sobre diversidad sexual. Si bien no hubo agresión física, amenazaron al joven con llevarlo detenido. 

FUNDAMEDIOS insta a que el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, garantice los Derechos Humanos de los ecuatorianos. La libertad de asociación y de expresión están amparadas dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

El artículo 20 dicta que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas”. Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos elaborada en el ámbito de la Organización de Estados Americanos (OEA) lo proclama en su artículo 16: “Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole”.

El artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos señala que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

De conformidad con los estándares internacionales, los ecuatorianos tienen derecho a expresarse libremente. FUNDAMEDIOS recalca que los Derechos Humanos son inherentes a toda persona y son reconocidos como universales, inalienables e indivisibles. Es trascendental que, ante lo expuesto, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional revisen e investiguen las acciones de sus uniformados.

 

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Este 27 de junio de 2019 se ha dado un severo golpe a la posibilidad de ejercer plenamente la libertad de expresar críticas, desacuerdos contra funcionarios públicos, incluso si éstas son injustas o excesivas, tal como dictan los estándares internacionales de protección a la libertad de expresión. 

En la fecha antes señalada, un Tribunal de Alzada de la Corte Provincial de Pichincha integrado por los jueces Patlova Guerra Guerra, Paulina Grijalva Chacón y Henry Cáliz Ramos, dictaron una resolución que constituye un atentado al derecho a la libertad de expresión, pues el Tribunal establece que decir en un lugar público, en voz alta: “mira a un correísta blanqueado” constituye una ofensa, una provocación de tal magnitud, que justifica represalias y agresiones, ante las cuales, un ciudadano, además, debe permanecer inactivo, con los brazos abajo y dejándose someter. Tal como sucedió durante el Régimen autoritario y violador de Derechos Humanos de Rafael Correa, cuando desde la misma caravana presidencial se ordenaba apresar a ciudadanos que se atrevían a hacer algún gesto que el Caudillo consideraba ofensivo.

Lamentablemente en el Ecuador de “las libertades y los derechos”, el mismo espíritu de control y castigo sigue vigente; especialmente en las cortes de justicia, donde en lugar de proteger a los ciudadanos o a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, se los condena por ejercer el justo derecho a la crítica. 

En mi caso, debo dejar establecido con absoluta claridad los hechos: El día 6 de julio, ingresé al Supermaxi con mi esposa para hacer unas compras. Vi que en una caja estaba Jorge Jurado, uno de los más conspicuos funcionarios del Régimen de Correa, un sujeto que se daba el lujo de perseguir a exiliados ecuatorianos en la República Checa y que, en su calidad de Embajador de Correa en Alemania, acudía a foros dónde críticos al Régimen presentaban sus casos (Yasunidos, por ejemplo) para descalificarlos a viva voz. 

Comenté a mi esposa, en voz alta: “mira ahí está un correísta blanqueado” y seguí mi camino. Acto seguido, Jorge Jurado se abalanzó encima mío y de mi esposa con todo el peso de su humanidad y nos increpó con gritos e insultos, que para mí, eran inentendibles. 

De una vez por todas, debemos establecer que el agredido fui yo. Jurado se abalanzó encima mío y para ello sorteó unos cinco metros que nos separaban, con toda agilidad. De ninguna forma, la supuesta discapacidad que tiene le impidió moverse de esa manera. Cuando logré ver esto, regresé y lo enfrenté. Forcejeamos, me pecheó y yo simplemente puse las manos en frente para repeler la agresión y el funcionario se tumbó al suelo. Es claro que yo nunca tuve el ánimo de provocar su caída, solo quería separarlo de mí y de mi esposa. Obviamente, lamento que el voluminoso señor Jurado haya caído y se haya golpeado levemente, pero esto fue consecuencia de su propia actitud agresiva al haberse abalanzado encima mío. 

Estos hechos, que serían una anécdota sin importancia, por obra y gracias de los jueces que han conocido el caso, se ha convertido en un terrible precedente y en un mensaje contra la libertad de expresión. Luego de sufrir este largo, penoso y surrealista proceso, me queda claro que la justicia correísta está plenamente vigente y que los jueces que me juzgan nunca me van a perdonar la “ofensa” de llamar a un funcionario reciclado “correísta blanqueado”, es decir un correísta en fase de hipocresía total solo para conservar un puesto y sus privilegios. 

Que se trata de un castigo a la expresión y no a una supuesta agresión, inexistente de mi parte, se demuestra cuando en las sentencias, se busca obligarme a “pedir disculpas a través de un medio de circulación nacional”, medida que solo cabría si fuera un proceso en un juicio por un delito contra el honor. Con esta medida abusiva y absurda queda expuesto que estamos ante un caso de libertad de expresión, en toda regla. 

Estoy convencido de que si hubiera dicho “ahí está un correísta corrupto” o “correísta ladrón”, este caso no habría prosperado. Sin embargo, al haber señalado con el dedo la hipocresía del sistema, se me condena de una forma absurda y delirante. 

En todo caso, los jueces y la justicia correísta plenamente vigente y dispuesta a fallar contra la libertad de expresión de los ciudadanos, debe saber que estoy dispuesto a dar todas las batallas  y acudir a todas las instancias legales para proteger el derecho a expresarse libremente, porque no me van a callar jamás, como nunca pudieron hacer durante los 10 años en que gobernó su Caudillo de forma autoritaria y violenta.

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Teleamazonas fue uno de los medios más perseguidos entre 2007 y 2017. En esa década, el canal televisivo recibió más de 10 sanciones, ofreció disculpas públicas al menos 3 veces, fue sancionado con multas económicas y perdió a 4 periodistas por presiones externas.

El canal fue uno de los más críticos con el gobierno de Rafael Correa. Reportajes sobre supuestos cambios de última hora al proyecto de reforma constitucional impulsado por Alianza País, notas que recogían objeciones a las obras que llevaba adelante el Gobierno o irregularidades en los comicios electorales que marcaban la reelección del exmandatario fueron algunos de los temas que mayor malestar causaron al régimen y que terminaron por convertirlo en blanco de constantes críticas y descalificaciones.

Jorge Ortiz, quien manejaba su programa matutino “La Hora de Jorge Ortiz” fue uno de los periodistas más criticados. “Era evidente que había una persecución contra los medios de comunicación independientes. Parte de esa persecución era tratar que Teleamazonas salga del aire (…) Creo que había una dedicatoria contra mí, nunca hubo un argumento o una acusación concreta, sus ataques eran al estilo Correa con mucho odio, descalificación y epítetos”, afirmó a FUNDAMEDIOS. 

La Constitución de Montecristi, aprobada en 2008, también prohibió a la banca tener acciones en medios de comunicación. Fidel Egas, dueño de Banco Pichincha y de la estación televisiva, vendió la totalidad de las acciones de Teleamazonas.

Carlos Jijón, quien en ese entonces se desempeñaba como Director Nacional de Noticias, también dejó el canal. A su criterio, uno de las coberturas periodísticas que más molestó al Presidente fue el reporte del impacto de la exploración de gas de PDVSA en la isla Puná, esta investigación fue penada con la suspensión de la transmisión, afortunadamente, una Corte provincial falló a favor de la televisora.

Jijón cree que nunca hubo tantas limitaciones a la prensa como en la década pasada. “Yo empecé a hacer periodismo en 1982 y hasta la fecha no encuentro que haya habido una persecución a la prensa tan fuerte como fue en el gobierno de Correa”, sostuvo.

A continuación hacemos un recuento de las sanciones que recibió Teleamazonas y de las razones por las que cuatro periodistas abandonaron la pantalla.

 

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El libro «La Difícil Transición desde un Gobierno Autoritario: 10 años son muchos», que recopila hechos sociales, jurídicos y económicos durante el régimen de Rafael Correa y la transición hacia un nuevo período presidencial, fue presentado ayer, 25 de junio, en el auditorio del Consejo Nacional Electoral.

El libro, que consta de cuatro capítulos escritos por Gloria Ardaya, Alejandro Molina, Luis Verdesoto Custode, Alejandra Cárdenas Reyes, César Ulloa – Tapia y Fausto Camacho, es parte de una serie de publicaciones de la Plataforma Democracia y DDHH.

La socióloga y autora Gloria Ardaya explicó que una de las motivaciones que la llevó a escribir uno de los capítulos, fue dejar testimonio de una época autoritaria y, además, ser un aporte para consolidar la democracia en el país. «El Estado personificado en la figura del expresidente no garantizó la gobernabilidad, no solo por la judicialización de la política, sino porque el mandatario no aplicó sus propios planes de gobierno», aseguró la experta.

El juez de la Corte Constitucional y catedrático, Ramiro Ávila, quien participó en el panel de discusión, se refirió al aspecto jurídico del libro. Dijo que en la época pasada se crearon «reformas en todas las instancias de la vida». A su criterio, el Código Integral Penal fue uno de los instrumentos legales más importantes para penalizar, callar y sancionar.

El jurista explicó que solo en esos diez años se presentaron 60 mil actos de carácter administrativo, que representaron un 25% del total de actos presentados durante toda la vida republicana ecuatoriana.

El capítulo del libro que analiza la democracia en Ecuador, fue presentado por la académica Solanda Goyes, quien aseguró que las cuatro elecciones consecutivas y el apoyo de la mayoría de la bancada legislativa entregó mucho poder al Ejecutivo para imponer cualquier reforma. Esto, sumado a los altos réditos del petróleo y la politización de la justicia, fortalecieron la imagen del correísmo.

Una imagen que luego de la transición al gobierno de Lenín Moreno se vio debilitada por el nuevo rumbo político que ya no era afín a la década anterior.

Goyes destacó que los casos destapados de corrupción, de cambio de leyes, de tensiones internas en el partido, terminaron por resquebrajar al Estado. “Lo más complejo es que terminamos sin una visión de país y de estado nación”, sostuvo.

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El Informe sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión en Ecuador es presentado hoy, 25 de junio, en Ginebra (Suiza), en el marco del 41° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas.

El documento fue elaborado por el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión de la Organización de las Naciones Unidas, David Kane y el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, quienes visitaron Ecuador en 2018.

Los Relatores reconocen como un avance significativo las medidas adoptadas por el gobierno de Lenín Moreno para “poner fin a las violaciones del derecho a la libertad de expresión” que se registraron en el gobierno pasado. También, destacan las modificaciones a la Ley Orgánica de Comunicación en 2018 y la decisión de la Corte Constitucional que derogó una disposición que establecía que la comunicación debía considerarse un servicio público y no un medio para ejercer la libertad de expresión.

En sus reuniones con periodistas, representantes de medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, miembros de comunidades indígenas y otras personas, los Relatores Especiales observaron que la persecución ejercida durante casi diez años había sometido a esos agentes a una presión considerable. El periodismo como profesión y como institución fundamental de la democracia se vio socavado y desacreditado. Algunos de los miembros más valiosos de la profesión se vieron obligados a abandonar el periodismo o el país por temor a las represalias. 

El informe, que consta de 21 páginas, aborda puntualmente nueve temas de relevancia con sus respectivas observaciones. Por ejemplo, se mencionan las modificaciones jurídicas, la promoción de un periodismo independiente, el pluralismo y diversidad en las comunicaciones, el acceso a la información, así como la seguridad de los periodistas (en donde condenan el asesinato del grupo de prensa de El Comercio).

Sobre la muerte de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas, los Relatores Especiales concluyeron que constituyó el “ataque más grave perpetrado contra los medios de comunicación ecuatorianos por un grupo delictivo organizado”. Este lamentable hecho, según se menciona, puso de manifiesto las “deficiencias de protección en el Ecuador” y la carencia de “medidas o protocolos para garantizar la seguridad de los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación”. Por ello, los Relatores instan al Gobierno a fortalecer las actividades y la seguridad en las zonas de alto riesgo. 

Así también, destacan y valoran la creación de un comité interinstitucional para la protección de los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación, anunciada por el Gobierno, que coordinará los esfuerzos de diversas instituciones y de la sociedad civil para proteger a los periodistas en situaciones de riesgo y establecer una política de prevención de la violencia. 

Sin embargo, concuerdan con que el comité debe incluir a los periodistas, organizaciones de la sociedad civil, representantes de los medios de comunicación y familiares de las víctimas. Además, recomiendan que las metodologías de evaluación de riesgos deben incluir un enfoque diferenciado que tome en cuenta los riesgos específicos a los que se enfrentan las mujeres periodistas, los trabajadores comunitarios e indígenas de los medios de comunicación.

Sobre la situación general de los medios y periodistas, la valoración de los relatores es aún de expectativa. El documento manifiesta que el restablecimiento de la confianza del público en la prensa y la promoción del periodismo independiente “requerirá un esfuerzo colectivo del Gobierno, los periodistas y el pueblo de Ecuador en general”. Los Relatores mencionan que los comunicadores ecuatorianos y los medios desempeñan un papel fundamental para la buena salud de la profesión. 

El informe también se refirió a la sociedad civil y los defensores de derechos humanos. Los Relatores escucharon numerosos casos de criminalización de activistas en el contexto de protestas sociales y manifestaciones. Datos entregados por la Defensoría del Pueblo, indicaron que en la década pasada se iniciaron acciones penales contra 841 personas, el 90% fueron emprendidas por el Estado.

Hasta la entrada en vigor del Código Penal en 2014, se utilizaron varios delitos con tipificaciones jurídicas incompatibles con el principio de la estricta legalidad. Entre ellas, figuraban los delitos de obstrucción ilegal de vías públicas, sabotaje, apología del delito, terrorismo, promoción de desfiles o manifestaciones públicas sin autorización, conspiración contra la seguridad del Estado y delitos contra funcionarios públicos.

En la parte final del informe se recogen más de 15 recomendaciones concretas al gobierno ecuatoriano. Sobre la Ley de Comunicación,solicitan revisar la aplicación de los artículos 23 y 24 relacionados con la rectificación y réplica, con el fin de evitar la  censura indirecta y la intimidación. 

Sobre los efectos nocivos sobre el periodismo señalan que: “La Ley Orgánica de Comunicación de 2013 socavó seriamente la independencia de los medios de comunicación, al igual que las presiones ejercidas sobre los periodistas y reporteros por el Gobierno anterior. La autocensura y el recelo en torno al periodismo de investigación persisten entre los miembros de la prensa, ya que siguen temiendo ser perseguidos en virtud de la Ley, a pesar de su reforma jurídica y técnica.”

Con respecto al COIP, exhortan a las autoridades a despenalizar los delitos contra el honor y la reputación para transformarlas en infracciones civiles. El documento hace referencia a los artículos 182, 396, 307 y 322 de este cuerpo legal.

Los Relatores Especiales observan, además, que el Código contiene otros delitos problemáticos como los tipificados en los artículos 307 y 322, que prevén penas de 5 a 7 años de privación de libertad para quien difunda noticias falsas que den lugar a una situación de pánico económico o financiero. “Las disposiciones de ese tipo forzosamente producen un efecto desalentador en quienes comentan sobre la economía o los asuntos financieros, como los periodistas, los medios de comunicación y las instituciones académicas”, destaca el documento.

El pasado 20 de mayo, el presidente Lenín Moreno envió a la Asamblea, la reforma del artículo 396 del COIP, eliminando la pena privativa de libertad de 15 a 30 días para quien “profiera expresiones en descrédito o deshonra”. En su lugar, propuso una nueva figura denominada contravención contra el honor, que sustituye la pena privativa de libertad por una sanción con trabajo comunitario de hasta 80 horas o multa de tres a seis remuneraciones básicas unificadas. 

Esa reforma, a la luz de las recomendaciones de lo Relatores y los estándares internacionales es insuficiente, pues los expertos de ONU y la CIDH instan “al Estado a que derogue esas disposiciones y apruebe otras pertinentes de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. Al desalentar la expresión oral y la transmisión de información, la legislación vigente afecta no solo a los periodistas y a otras personas, sino también a la cantidad de información que el público puede recibir”.

Otro de los puntos importantes que destaca el documento es la adjudicación y renovación de las licencias de radio y televisión, que deben estar orientadas por criterios democráticos y procedimientos públicos y transparentes. Sobre ello, los Relatores recomiendan “que el Estado establezca un consejo o foro consultivo para todas las partes interesadas (medios de comunicación públicos, privados, comerciales y comunitarios), a fin de entablar un diálogo sobre el marco general para la adjudicación del espectro”. En este sentido, ofrecen su asistencia para el seguimiento y asesoramiento técnico en el tema. 

El informe también sugiere promover una cultura de transparencia y de libre acceso a la información pública, investigar los delitos contra periodistas para evitar la impunidad y brindar reparaciones a las víctimas (comunicadores, defensores de derechos humanos, dirigentes políticos) que se hayan visto afectadas por violaciones de la libertad de expresión en los diez últimos años. Las medidas de reparación deben ofrecer “restitución, indemnización o rehabilitación a las víctimas, así como medidas generales de satisfacción y garantías de no repetición para la amplia gama de violaciones de la libertad de expresión”. 

Los Relatores exhortan a la promulgación de una disposición transitoria de modificación a la Ley Orgánica de Comunicación para establecer un proceso de revisión de la aplicación de sanciones por la Superintendencia de la Información y Comunicación, entidad que estará en operaciones hasta julio de 2019. 

FUNDAMEDIOS se compromete a velar para que las recomendaciones de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sean tomadas en cuenta por el Ejecutivo y se convierta en un instrumento de trabajo para garantizar el derecho a la libre expresión en el país.

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