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En septiembre, Fundamedios registró 14 agresiones que vulneran la libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información pública en el Ecuador de periodistas, medios de comunicación, activistas y ciudadanos. 

Si bien, este número reflejó una disminución en la cantidad de agresiones que se registraron con relación a agosto, cuando llegaron a 20, el número de periodistas afectados por las agresiones de septiembre fue el más alto desde enero, con 61 trabajadores de medios de comunicación afectados y que se vió precipitado por el despido de alrededor de 50 colaboradores de Diario El Comercio. 

 

Las cifras

Entre 2007 y el 30 de septiembre de 2021, Fundamedios registró un total de 2959 alertas. En septiembre de 2021 el principal agresor fue el Estado que protagonizó cinco agresiones, los no estatales protagonizaron otras cinco agresiones y en otras cuatro ocasiones fueron protagonizadas por desconocidos.

En este mes el número de periodistas agredidos llegó a 61 siendo el mayor número registrado durante este año. Los medios de comunicación fueron atacados tres veces. En total se registraron 8 agresiones y ataques que incluyen violencia física, intentos de robo e incluso golpes; tres procesos judiciales; un impedimento en acceso público a la información; el uso abusivo del poder estatal ocurrió en una ocasión y alrededor de 50 trabajadores de El Comercio fueron despedidos. 

Cinco agresiones contra periodistas se desarrollaron en la provincia de Pichincha, no obstante, las agresiones más violentas se produjeron en la provincia del Guayas donde se registraron cuatro asaltos violentos contra periodistas; en Ambato se registraron tres agresiones, otra el Loja y otra en Tena. 

 

Grupo el Comercio despide a 50 colaboradores

Al inicio del mes, al menos 21 trabajadores de Diario El Comercio fueron notificados sobre el final de su relación laboral con Diario El Comercio. La lista incluyó a periodistas con más de una década de experiencia dentro del medio de comunicación, así como diseñadores. Han pasado 30 días y la mayoría no han recibido una llamada para solucionar el pago de sus liquidaciones, tampoco hay un número para comunicarse o un vocero oficial. No obstante, se sabe que estos desembolsos no se realizarán de inmediato, sino en varios meses, para ser exactos entre uno a tres años, dependiendo los montos adeudados. A los colaboradores que fueron despedidos en 2020, por ejemplo, les hicieron firmar un acuerdo para pagarles la liquidación a plazos. A esto se suman 30 trabajadores más que fueron despedidos al final del mes. 

Los problemas económicos por lo que atraviesa el diario ha provocado que desde hace dos meses, 108 ex colaboradores, que accedieron a la jubilación patronal,  no hayan recibido su paga. Asimismo, desde el mes de julio los  trabajadores que continúan dentro reciben apenas el 35% de sus sueldos. 

A través de un comunicado público, El Comercio informó que es un momento difícil para el diario y que la salida de los periodistas se debe a una estrategia empresarial para optimizar la operación del medio, sostiene que parte de esa evolución constante implica reestructurar la empresa bajo las nuevas dinámicas del mercado de los medios de comunicación “el cual también ha sido sacudido por una crisis económica que lleva varios años en el país y que se complicó aún más por la pandemia de la covid-19”.

 

Las coberturas judiciales resultaron riesgosas 

Los periodistas que realizan coberturas en el área judicial han tenido que enfrentarse a agresiones. El 2 de septiembre la periodista del medio digital La Posta, Doménica Vivanco, sufrió una intimidación por parte de personas que dijeron ser agentes de la Fiscalía General del Estado y también tuvo un intento de agresión de una familiar de Gerardo Espinel, gerente de Geinco. Ocurrió mientras realizaba la cobertura del allanamiento a viviendas y oficinas vinculadas a la empresa Geinco. 

En este mes, el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Loja, Carlos Fernando Maldonado Granda, presentó una denuncia ante la Fiscalía para que investigue un posible delito de concusión dentro del organismo. En el documento entregado a la Fiscalía, la autoridad judicial aseguró que durante una rueda de prensa el 23 de julio la periodista del medio digital, Lo Del Momento en Loja, Gina Yauri, increpó a la Directora Provincial del Consejo de la Judicatura, Dolores Yamunaque, “que dicha autoridad es culpable del delito de concusión”.  La periodista criticó que una autoridad judicial, en un documento oficial, asegure que ella acusó directamente a una autoridad del cometimiento de un delito y teme porque puede ser acusada de difamación o calumnia. 

En el Oriente también hubo verdades. Las instalaciones donde funciona el medio de comunicación digital (Facebook) La Voz Tv OnLine, en la ciudad de Tena, fueron allanadas la tarde del 14 de septiembre por un grupo de funcionarios de Fiscalía y Policía que llegaron junto a la agente fiscal, Rocío del Jesús Villarreal Quiroz, para recabar información sobre una publicación con información reservada, que fue realizada por el portal. Se llevaron como parte de las evidencias una computadora personal y el celular del periodista.  

 

Una sentencia que censuró contenidos 

Priscila Schettini, esposa del ex Defensor del Pueblo, Freddy Carrión,  presentó una acción de protección en contra del medio digital La Posta por  intimidación, luego de la publicación de un reportaje en el cual presentaron una denuncia Schettini por supuesta agresión, en contra de su esposo.

 A través de un video publicado en redes sociales, Schettini dijo que el reportaje toma su vida personal e íntima sin autorización.  El 21 de septiembre la Jueza de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en Quito, Delicias de los Ángeles Garcés, aceptó una acción de protección interpuesta por la esposa del ex Defensor del Pueblo Freddy Carrión, Priscila Schettini,  en contra del medio digital La Posta. Entre las medidas cautelares solicitadas y de cumplimiento obligatorio para el medio de comunicación está el retiro del mencionado reportaje de las plataformas y publicar durante 30 días una disculpa pública. 

 

La cobertura de campo y los riesgos de la profesión 

Dos periodistas y un camarógrafo (nombres protegidos) del diario La Hora de Tungurahua fueron agredidos por un grupo de comerciantes informales de mascotas, durante una transmisión en vivo el 13 de septiembre, desde las afueras del mercado América en Ambato. 

En Guayaquil la ola de violencia empezó a afectar al periodismo. La reportera de Tc Televisión, Nicolle Kalil y el camarógrafo, Jorge Ortega, fueron agredidos por un ciudadano mientras realizaban una cobertura en el norte de Guayaquil. Durante los últimos días Kalil ha sido víctima de cuatro agresiones.  No es el único caso en Guayaquil de intento de robo a periodistas durante el ejercicio de sus funciones. En los exteriores de la Penitenciaría del Litoral, un equipo periodístico de El Universo también fue víctima de un intento de robo. Asimismo un periodista del Diario Expreso fue asaltado cerca de la Bahía. La periodista Blanca Moncada a través de un trino dijo que los equipos periodísticos registran hechos de amenazas de robo durante coberturas en la calle: “esto está incontrolable”.

 

Contraloría limitó el acceso a la información 

La Contraloría General del Estado negó las declaraciones patrimoniales juramentadas de un grupo de servidores públicos y que fueron solicitadas por diario El Universo hace un mes, para realizar una investigación. A través del Oficio No. 2320 -SGEN-AGDDPyRyCC-2021, la Contraloría General del Estado aclara a El Universo que no es posible entregar las declaraciones patrimoniales juramentadas, que fueron solicitadas al contralor subrogante, Carlos Riofrío González, ya que transgreden disposiciones internas.  

En la respuesta de la Contraloría se menciona un Reglamento de la Clasificación de la Información Reservada y Confidencial de la Contraloría  firmado el 4 de abril de 2017 por el ex contralor Pablo Celi. En su artículo 2 se establece que la información que contiene datos personales de carácter confidencial será reservada y que su acceso se permitirá solamente con una autorización del titular. Se aclara que la información de las Declaraciones Patrimoniales Juramentadas están disponibles en la Página Web.

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Consultar la convocatoria completa del #FondoRespuestaRápida:ESP /  ENG  /PORT / FRA

29 de septiembre de 2021— Chicas Poderosas, Consejo de Redacción, Fundamedios e Internews anuncian la última convocatoria del Fondo de Respuesta Rápida para América Latina y el Caribe. El Fondo dará apoyo financiero y técnico a medios y periodistas que informen regularmente sobre la COVID19 y cuyo trabajo se ha visto afectado o está siendo amenazado por la pandemia. Los interesados tienen hasta el 15 de octubre para postular y obtener un financiamiento de entre 1000 y 15000 euros, según su perfil y propuesta informativa. 

El Fondo de Respuesta Rápida es una iniciativa conjunta que surge del contexto de la pandemia para mantener la labor informativa de medios y organizaciones, y fomentar la información sobre la COVID19 en América Latina y el Caribe. A través de dos convocatorias anteriores, lanzadas en marzo y en julio de 2021, el Fondo de Respuesta Rápida ha financiado a 41 iniciativas informativas en la región, apoyando la producción de contenidos sobre prevención, vacunas, salud mental, seguridad alimentaria, vida laboral, y otros aspectos que ha trastocado la pandemia. 

El Fondo de Respuesta Rápida buscará apoyar a medios y comunicadores que dan voz a audiencias prioritarias, incluyendo los pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, la comunidad LGBTQ+ y las mujeres, o aquellos que trabajan desde estos grupos para visibilizar su situación de cara a la pandemia

Se dará prioridad a medios de información y comunicadores con un alcance local, que llenen vacíos informativos en espacios con bajo acceso a información, incluyendo en áreas rurales o con poca conectividad a Internet.

Por otro lado, con el propósito de fomentar el periodismo colaborativo en la región, el Fondo de Respuesta Rápida buscará financiar entre dos y tres alianzas entre medios de información para trabajar conjuntamente en dar un alcance nacional, regional o internacional a problemáticas locales. 

Los solicitantes que resulten seleccionados deberán ejercer los recursos y producir los contenidos entre los meses de enero y marzo de 2022. 

A la par del aporte financiero, los beneficiarios del Fondo de Respuesta Rápida participarán en talleres en español sobre administración y finanzas y narrativas digitales; en mentorías en periodismo de salud y periodismo de investigación con enfoque en comunicación indígena, fact-checking, y nuevos formatos; y serán invitados a sumarse a la Red de Defensores de Libertad de Expresión (RedLEAL), una iniciativa regional para monitorear el estado de este derecho y las agresiones contra la prensa en la región. 

Pueden postular medios de información, organizaciones, asociaciones o grupos de la sociedad civil, periodistas o comunicadores independientes de América Latina y el Caribe, cuya principal labor y fuente de ingreso sea informativa y que demuestren informar regularmente sobre la pandemia de COVID19. 

Importante: Los solicitantes deben estar operando y publicando contenidos actualizados a través de canales de difusión establecidos y adecuados para alcanzar a sus audiencias al momento de presentar su solicitud

Para mayor información, escribir a amer-rrf@internews.org 

Conocer a las organizaciones convocantes:

fundamedios.org

internews.org

chicaspoderosas.org

consejoderedaccion.org

 

 

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Ecuador, 27 de septiembre de 2021. El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información junto con la Defensoría Pública firmaron el Convenio para la Protección a Periodistas y Trabajadores de la Comunicación, que permitirá a este grupo acceder a asesoría y asistencia legal gratuita, en los procesos que deben enfrentar durante su trabajo. 

El documento fue suscrito en Loja por la presidenta del Consejo de Comunicación, Jeannine Cruz y por Ángel Torres Machuca, Defensor Público General (e). El director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, César Ricaurte, participó como testigo.

“Este convenio expresa una necesidad de poder proteger el trabajo que garantice la libertad de expresión y un estado democrático” dijo Cruz mientras que el Defensor Público sostuvo que un periodismo sin libertad pierde y que desde el Estado se deben brindar las garantías necesarias para un ejercicio periodístico sin restricciones. 

El convenio establece que, tanto la Defensoría Pública como el Consejo de Comunicación, deberán definir e implementar lineamientos generales, recomendaciones y protocolos en relación con la protección a periodistas y trabajadores de la comunicación en ejercicio de sus funciones; intercambiar información sobre riesgos o amenazas a trabajadores de la comunicación e identificar situaciones que ameriten el accionar conjunto.

Asimismo, deberán desarrollar campañas de socialización sobre la defensa y protección de los trabajadores de la comunicación, en el ejercicio de sus funciones. También se contempla rendir cuentas sobre la información generada, las acciones emprendidas y los resultados alcanzados en la protección de trabajadores de la comunicación.

Entre las responsabilidades exclusivas del Consejo de Comunicación está capacitar a defensores públicos y servidores de la de Defensoría Pública en temas relacionados a estándares internacionales de derechos humanos respecto al tema de protección a periodistas y libertad de expresión y coordinar la elaboración e implementación de protocolos, proyectos, planes y programas orientados a la protección a periodistas cuando en ejercicio de sus funciones se les involucre en procesos penales.

Entre las responsabilidades exclusivas de la Defensoría Pública están el prestar gratuita y oportunamente servicios de asesoría y patrocinio a periodistas y trabajadores de la comunicación que hayan sido enjuiciados penalmente por su trabajo periodístico; o que requieran de asesoría o patrocinio judicial en otras materias, de acuerdo a los parámetros establecidos en la Ley, garantizando así a periodistas y trabajadores de la comunicación; el derecho a una defensa de calidad, integral, ininterrumpida, técnica y competente. Además se especifica que para periodistas mujeres, víctimas de violencia, de las nacionalidades, pueblos, comunidades y comunas indígenas se garantizará una “defensa pública especializada”.

Desde FUNDAMEDIOS saludamos esta iniciativa en favor de la protección de los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación y auguramos los mejores resultados en la defensa de la libertad de prensa y de expresión en el país.

 

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Ecuador, 27 de septiembre de 2021. El pasado jueves 23 y viernes 24 de septiembre de 2021 se realizó en la ciudad de Loja  el segundo taller “Ruta  Hacia la Libertad” organizado por FUNDAMEDIOS y la Fundación Konrad Adenauer, oficina en Ecuador.  En esta ciudad se contó con el apoyo de la Universidad Particular de Loja, UTPL.

El evento fue inaugurado por  Jeannine Cruz, presidenta del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación; Abel Suing, coordinador de la Maestría de Comunicación de UTPL; César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios y Luis García, coordinador de proyectos de la Konrad Adenauer Stiftung e.V, quienes resaltaron esta iniciativa como una de las acciones encaminadas a fortalecer el periodismo local

En la capacitación, dividida en tres partes, se habló sobre las estrategias de desinformación y cómo identificarlas y combatirlas; sobre los principios de la libertad de expresión, acceso a la información y la obtención, manejo y presentación de datos. Este encuentro convocó a alrededor de 20 personas entre periodistas y estudiantes.

Además, el director ejecutivo de FUNDAMEDIOS fue invitado a la firma de dos convenios interinstitucionales, el primero realizado por la UTPL y el Consejo de Comunicación para la realización de actividades académicas, culturales y científicas.

El segundo convenio entre Consejo de Comunicación y la Defensoría Pública, el acto se desarrolló en el Salón de los Alcaldes del Municipio de Loja y según explicaron permitirá que los periodistas de todo el país cuenten con asesoría y asistencia legal gratuita en los procesos judiciales que deban enfrentar por el ejercicio de sus labores.

Este segundo encuentro forma parte de un ciclo de talleres presenciales que se dictarán en las ciudades de Riobamba, Ambato, Ibarra, Sucumbíos, Manta, Esmeraldas y otras, en modalidad virtual.

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Si bien los documentos utilizados para entregar las frecuencias Galaxia Stereo (88.5), Alfa Stereo (104.1), Tropicálida Stereo (91.3) y Like Fm (96.1) al empresario mexicano Ángel González, “El Fantasma”, se cocinaron en el Gobierno de Lenín Moreno, fue durante los primeros meses del Gobierno de Guillermo Lasso cuando culminó ese proceso. El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información así lo reconoce y aclara que no fue decisión suya.

Las frecuencias en favor de cuatro compañías relacionadas con El Fantasma, fueron adjudicadas entre el 9 de junio y el 8 de julio. Las resoluciones fueron emitidas desde la Coordinación Técnica de Títulos Habilitantes de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel).

Mediante la Resolución Arcotel-2021-651, del 9 de junio, se adjudicó a favor de la compañía Andivisión S.A., la frecuencia Tropicalia Stereo 91.3 (MHz) y se dispuso que se realizaran los trámites administrativos para la suscripción del título habilitante. Lo mismo ocurrió con la Resolución Arcotel-2021-0664, del 15 de junio, que adjudicó a Radiodifusora Trafalgar del Ecuador S.A. la concesión de la frecuencia “Like FM”, 96.1 (MHz).

El 18 de junio, la Resolución Arcotel-2021-685 adjudicó la frecuencia “Galaxia Stereo” 88.5 (MHz) a favor de Televisión Independiente Indetel S.A; y el 8 de julio, la Resolución Arcotel-2021-788 concesionó a Radiodifurosa Ayax del Ecuador S.A. la frecuencia “Alfa Stereo 104.1 (MHz)”. En las cuatro resoluciones se dispone que se inicien los trámites administrativos para la suscripción del título habilitante, tanto de las matrices como de las repetidoras.

El exdirector ejecutivo de Arcotel Xavier Aguirre se ampara en estas fechas para sostener que durante su gestión “no se entregaron títulos habilitantes ni frecuencias a las radios mencionadas”. En una carta, explicó que el concurso de frecuencias se realizó conforme las bases del proceso público competitivo y que, luego de la descalificación, los solicitantes de las cuatro radios mencionadas impugnaron en primera instancia. Lo hicieron basándose en la aplicación del Tratado de alcance parcial de complementación económica entre el  gobierno de Ecuador y los gobiernos de Guatemala y Uruguay. Tratado que no es pertinente, según se demostró en nuestra investigación. 

Según él, con las resoluciones emitidas desde la Dirección Ejecutiva de la Arcotel en su periodo no se adjudicaron títulos habilitantes ni frecuencias a ningún participante: “Únicamente dieron paso a la continuación del proceso regular de un acto administrativo”. No obstante, las resoluciones que adjudicaron las cuatro frecuencias fueron elaboradas sobre la base de las disposiciones ordenadas durante la dirección de Xavier Aguirre en la Arcotel, el último día de sus funciones: el 27 de mayo.

Aguirre no solo aceptó los recursos de apelaciones presentados por las cuatro compañías, sino que dispuso a la Coordinación Técnica de Títulos Habilitantes que realice una nuevo informe de verificación de inhabilidades y prohibiciones y le encargó la coordinación para que ejecute todas las  acciones administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en esa resolución.

¿Qué dice el actual director de Arcotel al respecto? Fuentes internas confirmaron a Fundamedios y 4 Pelagatos que el actual director ejecutivo, Andrés Jácome, no tenía conocimiento de la entrega de estas cuatro frecuencias al Fantasma, que “se la pasó por las galletas”. De hecho, en las resoluciones de adjudicación no consta el nombre del actual Director Ejecutivo ni su firma de responsabilidad. Los documentos fueron elaborados por funcionarios de rango medio de las áreas Jurídica de Proceso Técnico y Económico, aprobados por el Director del Proceso Público Competitivo y la firma final fue del Coordinador Técnico de Títulos Habilitantes.

Fundamedios y 4 Pelagatos han solicitado una entrevista con el actual Director Ejecutivo de Arcotel, su equipo de comunicación envió un video donde el funcionario aseguró que el organismo “adjudicó los títulos habilitantes en el anterior concurso de frecuencias”, aplicando los procesos de control y revisión emitidos por la entidad en mayo de 2020 y que se ha iniciado ya la revisión, supervisión y control de las frecuencias adjudicadas.

La ministra de Telecomunicaciones, Vianna Maino, aseguró que ahora se está analizando si fue correcta o no y si “la adjudicación cumplió o no con la Ley”. Si bien las frecuencias fueron otorgadas, las resoluciones de adjudicación establecen que, de llegar a determinarse que la adjudicataria incurrió en alguna de las prohibiciones o inhabilidades (…), se iniciará el proceso administrativo de terminación de la concesión y las acciones correspondientes para determinar las responsabilidades administrativas, civiles y penales a las que hubiere lugar.

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Ecuador, 16 de septiembre de 2021. La investigación de FUNDAMEDIOS y 4 Pelagatos sobre la adjudicación irregular de cuatro frecuencias al magnate mexicano Ángel González, “El Fantasma” tuvo las primeras reacciones oficiales y una respuesta del ex director de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) que asegura que fue durante el régimen de Guillermo Lasso que las cuatro frecuencias fueron adjudicadas.

Desde el Gobierno, el actual Director Ejecutivo  de ARCOTEL, Andrés Jácome, aseguró en un video que el organismo “adjudicó los títulos habilitantes en el anterior concurso de frecuencias”, aplicando los procesos de control y revisión emitidos por la entidad en mayo de 2020 y que actualmente se encuentran en revisión y modificación. 

Recordó que estos procedimientos establecen la posibilidad de  nuevas acciones de control posteriores al otorgamiento de nuevos títulos habilitantes para detectar la presencia de prohibiciones e inhabilidades que no hubieren sido evidenciadas oportunamente. 

La investigación de FUNDAMEDIOS y 4 Pelagatos reveló que las cuatro emisoras de González fueron descalificadas durante el concurso de frecuencias impulsado por la  Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, por incumplir un requisito de la Ley de Comunicación: pertenecer entre un 90 y un 99%, a empresas radicadas en Guatemala y Uruguay, cuando el porcentaje máximo de participación de capital extranjero era de un 49% máximo.  

Pese a incurrir en esta inhabilidad, la Cancillería respondió favorablemente una consulta que la Arcotel sobre los acuerdos entre Ecuador y Guatemala y los de Ecuador con Uruguay —país de origen de algunas empresas accionistas de las emisoras de González en Ecuador—. El 27 de mayo, Xavier Aguirre, entonces director ejecutivo de la Arcotel designado por el ya exministro Andrés Michelena, se allanó al informe del departamento jurídico que, a su vez, aceptó las apelaciones de las compañías y dejó sin efecto las resoluciones en que habían sido descalificadas las emisoras , devolviéndole las cuatro estaciones de radio a las manos de “El Fantasma”. 

Sobre las apelaciones de las radios Galaxia Stereo (88.5),  Alfa Stereo (104.1),  Tropicalida Stereo (91.3) y Like Fm  (96.1) a su descalificación, la autoridad de ARCOTEL señaló que dentro del proceso de otorgamiento de títulos habilitantes en el caso de que los postulantes estén en desacuerdo con las decisiones de ARCOTEL les asiste el derecho de interponer reclamos administrativos y así lo hicieron las cuatro compañías. 

“ARCOTEL, cumpliendo las directrices de Transparencia del Gobierno del Encuentro ha iniciado ya la revisión, supervisión  y control de las frecuencias adjudicadas” dijo Jácome y también que solicitó a la Contraloría General del Estado la realización de un Exámen Especial integral al Concurso de Frecuencias convocado en 2020. 

Desde el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información también se anunciaron acciones. La titular de la Cartera de Estado, Vianna Maino, aclaró durante una entrevista en Teleamazonas que si bien la adjudicación de las emisoras Galaxia Stereo (88.5),  Alfa Stereo (104.1),  Tropicálida Stereo (91.3) y Like Fm  (96.1) se dio al inicio del mandato del presidente Guillermo Lasso, no fue una decisión de este Gobierno. La Ministra dijo que las impugnaciones y apelaciones durante un concurso de frecuencias son habituales pero que la resolución final respecto de esas  adjudicaciones está en revisión al interior de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y que en los próximos días tendrán una posición clara de cómo se obró en este caso.

Sin embargo, Xavier Aguirre, ex Director Ejecutivo de ARCOTEL aseguró que su gestión terminó el 28 de mayo de 2020 cuando fue reemplazado por la actual administración gubernamental: “En mi gestión debo reiterar que no se entregaron títulos habilitantes ni frecuencias a las radios mencionadas” y que se firmó el título habilitante para la explotación comercial de estas frecuencias en las siguientes fechas, es decir durante la administración del actual director, Andrés Jácome. 

Efectivamente, la resoluciones ARCOTEL-2021-0685 de 18 de junio de 2021 correspondiente a Galaxia Stereo; ARCOTEL-2021-0788 de 8 de julio de 2021 correspondiente Alfa Stereo: ARCOTEL-2021-0651 de 9 de junio de 2021 correspondiente a Tropicálida Stereo y ARCOTEL-2021-0664 de 15 de junio de 2021 correspondiente a Like FM fueron firmadas durante el gobierno de Guillermo Lasso por el Coordinador Técnico de Títulos Habilitantes, Galo Cristóbal Prócel Ruiz. No obstante, en las resoluciones que adjudican estas cuatro frecuencias se establece claramente como elementos que motivan su entrega a los documentos firmados el 28 de mayo de 2021 por Xavier Aguirre y donde dispuso a la Coordinación Técnica de Títulos Habilitantes que requiera a los participantes la “renovación de dichas garantías” por el tiempo que corresponda dentro del Proceso Público Competitivo.

La Ministra de Telecomunicaciones aseguró que el hecho de que inicialmente se descalifique o se piense que existe una causal para descalificación no quita el derecho de la parte de justificar y que están evidenciado si esa justificación fue correcta o no y si “la adjudicación cumplió o no con la Ley”. Asimismo, advirtió que en los próximos días se conocerán los resultados de este análisis al interior de Arcotel y del Ministerio de Telecomunicaciones. 

FUNDAMEDIOS insiste en que el debate de fondo es la concentración de frecuencias en Ecuador, en manos de capital extranjero, más no se reduce a un tema de carácter administrativo. Estamos a la espera de entrevistas con la Ministra de Telecomunicaciones, con el Director Ejecutivo de Arcotel y con el Secretario de Comunicación para abordar del tema. 

 

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Investigación de Fundamedios y 4P

Lenín Moreno no le falló a Ángel González, llamado El Fantasma. En las últimas horas de su Gobierno, el expresidente entregó al zar de medios, de origen mexicano y dueño del diario El Comercio, las frecuencias de otras cuatro estaciones de radio que, durante el concurso para su adjudicación, habían sido descalificadas por incumplir requisitos.

Las emisoras Galaxia Stereo (88.5),  Alfa Stereo (104.1),  Tropicalida Stereo (91.3) y Like Fm  (96.1) continúan al aire gracias a una resolución de 13 páginas que Arcotel cocinó durante los últimos días del Gobierno de Moreno, y que fue publicada el 27 de mayo del 2021 —cuatro días luego de asumir el Gobierno Guillermo Lasso y uno antes de que se posesionara el nuevo director de esa entidad de regulación.

Esas emisoras de González habían sido descalificadas por incumplir un requisito de la Ley de Comunicación: ser de propiedad, en un 49% máximo, de personas naturales o jurídicas. En los hechos, pertenecían, entre un 90 y un 99%, a empresas radicadas en Guatemala y Uruguay.

La decisión de Moreno a favor de González se concretó a raíz de un encuentro entre ambos. Según fuentes consultadas por Fundamedios y 4P, el encuentro ocurrió el 5 de mayo, cuando el presidente saliente —al que le quedaban 20 días en el cargo— participó en el Foro para la Defensa de la Democracia, que tuvo lugar entre el 4 y el 5 de mayo, en el Hotel Biltmore de Miami.  Ahí, Moreno y González (que vive en esa ciudad) tuvieron una reunión de apenas 10 minutos.

Moreno pidió entonces a la Cancillería que respondiera favorablemente una consulta que la Arcotel, encargada del concurso de frecuencias, había hecho el 29 de abril del 2021. Virna Jeannet Vásconez, su coordinadora general jurídica, había preguntado si el acuerdo de complementación económica entre Ecuador y Guatemala —país de origen de algunas empresas accionistas de las emisoras de González en Ecuador— hace parte de esos acuerdos que, “presuponen el establecimiento de reglas de derecho respecto de las cuales las partes no pueden invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación para incumplir con estos acuerdos, como, por ejemplo, la Ley Orgánica de Comunicación; y, por consiguiente, cumplen con las condiciones necesarias para que sean aplicados de conformidad con el orden jerárquico establecido en el artículo 425 de la Constitución de la República, tal como se ha indicado en el artículo 6 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación». 

La consulta, contenida en seis páginas y dividida en tres puntos, tenía un objetivo preciso: establecer que ese acuerdo, por ser un instrumento internacional reconocido por Ecuador, estaba por encima de la Constitución y las leyes y permitía saltarse la Ley de Comunicación, que establecía, como se vio, limitaciones legales del accionariado extranjero para ser dueño de medios en el Ecuador.  

!Bingo¡ El pedido fue atendido de inmediato: el 5 de mayo —cuando Moreno aún estaba en Miami— la Dirección de Tratados de la Cancillería remitió a la Coordinación General Jurídica de la Arcotel la respuesta. Un oficio de 3 páginas en que le decía que el acuerdo con Guatemala y otros sí “forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y tienen carácter supralegal”. Lo firmó Mary Lorena Burey Cevallos, directora de Tratados, con copia a otras tres funcionarias de la Cancillería.

El camino quedaba así allanado para que Ángel González no perdiera esas frecuencias que, según fuentes de la Arcotel, habían sido descalificadas por el equipo técnico que seguía las recomendaciones de la Contraloría. En un informe publicado en el 2018, ese organismo había objetado la concesión de las frecuencias, hecha por el correato al grupo de González, en 2016. La Dirección Técnica de Títulos Habilitantes de la Arcotel, a cargo del concurso, comunicó, el 17 de febrero, a los representantes legales de González, que sus emisoras no habían pasado el concurso. Gabriela Cristina Hernández, su representante legal, apeló esa decisión el 24 de febrero del 2020. Ella no negó la participación mayoritaria de empresas extranjeras: adujo que, según la prelación de las leyes, el convenio con Guatemala estaba por encima de la Constitución y la Ley, y facultaba a una persona jurídica de ese país a tener más del 49% de acciones en un medio de comunicación nacional. Se trataba de las empresas Fizler S.A. y Radio y Televisión Guatemala S.A, de propiedad de González. Según la abogada, la descalificación hecha por la Arcotel, “constituye un evidente acto nulo, pues no ha dado aplicación directa del mandatorio (sic) constitucional y del respectivo Convenio internacional».

Lo curioso es que, una vez revisados los acuerdos de “complementación económica” citados, no se ha encontrado ninguna cláusula de protección a inversiones por parte de nacionales o empresas ecuatorianas en Guatemala y tampoco a la inversa.

Esa apelación fue la que motivó la consulta de la Arcotel a la Cancillería. Con la intervención de Moreno desde Miami, la respuesta de la Cancillería llegó justo a tiempo a la Coordinación Jurídica de la Arcotel que, en su informe jurídico del 25 de mayo, dio la razón a la abogada de González y ordenó al departamento organizador del concurso que devolviera las concesiones al zar de los medios. 

En este punto las fechas son claves. El 24 de mayo se había posesionado el Gobierno de Guillermo Lasso y la administración pública estaba en proceso de transición. En el sector de las Telecomunicaciones, se había nombrado como máxima autoridad a la ministra Vianna Maino.

El 27 de mayo, Xavier Aguirre, director ejecutivo de la Arcotel designado por el ya exministro Andrés Michelena, se allanó al informe del departamento jurídico que, a su vez, aceptó las apelaciones de las compañías y dejó sin efecto las resoluciones en que habían sido descalificadas las emisoras. Del mismo modo, dejó sin efecto el Informe General de Inhabilidades y Prohibiciones, que determinó que cuatro frecuencias relacionadas con El Fantasma estaban inhabilitadas para participar. En sus últimas horas en el cargo, Aguirre dispuso a la Coordinación Técnica de Títulos Habilitantes, que realizara un nuevo informe de verificación, analizando de forma integral los tratados internacionales y que requiriera a los participantes la renovación de las garantías por el tiempo que correspondiera dentro del Proceso Público Competitivo. Ese día se publicaron las resoluciones y González finalmente se quedó con las frecuencias.

¿Por qué participó en este proceso la Cancillería? Según los abogados consultados, no está legalmente facultada para absolver consultas como la que hizo la Arcotel. Esa es una prerrogativa de la Procuraduría General del Estado. En su Ley Orgánica dice, en efecto, que entre sus funciones tiene que «absolver, consultas y asesorar a los organismos y entidades del sector público, así como a las personas jurídicas de derecho privado con finalidad social o pública, sobre la inteligencia o aplicación de las normas constitucionales, legales o de otro orden jurídico».

La consulta a Cancillería y el posterior razonamiento jurídico de la Arcotel resultan polémicos. Cuando la Arcotel sostiene, en la resolución final, que el acuerdo con Guatemala es “supralegal” y encaja con el artículo 6 del reglamento de la Ley de Comunicación de 2013 —que establece la excepción a favor de los accionistas extranjeros amparados por acuerdos internacionales— se refiere a un reglamento que quedó obsoleto con la reforma hecha en 2019 a esa Ley. Ni la Cancillería ni la Arcotel tenían piso jurídico para decidir en la forma que lo hicieron.

Así, Moreno devolvió a González cuatro emisoras más. ¿Qué ganó a cambio? Las fuentes consultadas por 4P y Fundamedios hablan de una “protección” ante posibles demandas, que le puede otorgar al expresidente un grupo que ha acumulado más de 19 matrices, 85 repetidoras, incluyendo tres cadenas nacionales de TV, emisoras de radio por todo el territorio y un diario de alcance nacional, como El Comercio (aunque sumido en una profunda crisis); sin embargo, es una versión difícil de probar. Lo que sí es obvio es que hubo servicios prestados entre Moreno y El Fantasma, cuyo emporio mediático está manchado con denuncias de irregularidades y corrupción.

La relación entre ambos se inició cuando Ángel González envió a dos de sus operadores a visitar a Moreno en Ginebra, pocas semanas antes de su retorno a Ecuador, el 26 de septiembre de 2016, para iniciar la campaña presidencial: Carlos Mantilla, entonces director de El Comercio, y Carlos Lorefice Lynch, entonces responsable de medios en la región. Y luego Moreno, durante su Gobierno, protegió a ese grupo al no haber revertido la concesión irregular que obtuvo para el canal de televisión de El Comercio y las concesiones de radio que, según la Contraloría, fueron entregadas irregularmente durante el concurso organizado por el correato.

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Con el propósito de analizar los mecanismos que existen en la Región para la rendición de cuentas de las vulneraciones y ataques contra los periodistas, así como las sanciones que se establecen para los agresores, FUNDAMEDIOS junto con PADF organizaron un foro con expertos en el tema. 

Entre los panelistas estuvo Emmanuel Colombié, Director Regional para América Latina de Reporteros Sin Fronteras; Daniel Lizárraga, Editor de El Faro; Mauricio Alarcón, Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo y el ex Relator para la libertad de Prensa, Frank LaRue. César Ricaurte, Director de Fundamedios, moderó el panel. 

En la primera parte los asistentes realizaron una evaluación general de las agresiones contra la libertad de expresión en la Región. Emmanuel Colombié sostuvo que existe un deterioro generalizado de la Libertad de Expresión y recalcó que la crisis sanitaria por la COVID-19 incrementó la censura y las dificultades en el acceso a la información. Asimismo, en países como Nicaragua o Venezuela hubo detenciones contra periodistas solo por informar sobre la pandemia. 

Añadió que en los últimos meses existe una normalización de discursos estigmatizantes que debilitan el periodismo, junto con el uso abusivo de la justicia y la proliferación de campañas de desprestigio en internet contra periodistas. “El 80% de los asesinatos ocurridos contra periodistas entre 2011 y 2020 se concentran en  Brasil, Colombia, México y Honduras con 139 casos”, dijo Colombié. 

A Daniel Lizárraga, le preocupa que en El Salvador se estén agudizando los ataques contra la Libertad de Expresión y que no solo provienen de la delincuencia organizada sino desde el Estado, que lo hace de una manera “sistémica”.

Frank LaRue recalcó que existe un deterioro en la seguridad para periodistas en América Latina porque la violencia ha incrementado y porque han surgido nuevas formas de ataques contra la prensa como los discursos estigmatizantes y el uso tergiversado de la ley. Recordó la estructura del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y el Sistema Universal de Protección y resaltó que el fenómeno más importante de resolver es el de la impunidad.  

Por su parte Mauricio Alarcón, de Ciudadanía y Desarrollo, sostuvo que es necesario entender que la rendición de cuentas es una de las principales responsabilidades de una autoridad, de todos los funcionarios y ciudadanos para así promover Derechos Humanos fundamentales.

Antes de iniciar la segunda parte del Foro, César Ricaurte reflexionó que el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y el Sistema Universal de Protección en muchos casos parecen ser insuficientes

¿Qué se puede hacer para que la violación a la Libertad de Expresión se considere una violación grave a Derechos Humanos y para que los que atentan contra ella puedan también ser considerados dentro de los mecanismos de rendición de cuentas que significan sanciones unilaterales de algunos países contra los perpetradores? fue la duda que planteó Ricaurte. 

Emmanuel Colombié respondió que sin Libertad de Prensa no se puede verificar la existencia de las otras libertades y es fundamental defenderla pues es la base de cualquier democracia. Desde su óptica, es importante hacer un trabajo de pedagogía, educación y sensibilización ciudadana sobre la importancia del trabajo de la prensa para una sociedad. Además, no se trata solo de denunciar sino que “hay que trabajar con recomendaciones y de la mano con los Gobiernos”. 

Mauricio Alarcón cuestionó que bajo los mecanismo actuales debemos esperar a que la persona deje de existir para proceder cuando se deberían garantizar todos los derechos fundamentales. ¿Cuántos periodistas han sido asesinados y cuántas sanciones hay cuando incluso se tiene identificado a los autores intelectuales que provienen del gobierno? cuestionó Alarcón y añadió que es ahí cuando vemos cómo estos mecanismos resultan limitados y no son el camino óptimo para asegurarnos que haya una efectiva garantía de derechos y quienes deben garantizarlos rindan cuentas. 

Daniel Lizárraga recordó que en El Faro la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Gobierno de Najib Bukele brindar protección a El Faro y a sus periodistas pero que es limitado porque el la práctica todo el sistema sigue actuando contra el periodico: “Debería promoverse que instancias internacionales tomen acciones para garantizar las libertades incluida la de expresión y los mecanismos deben apretarse y ser más estrictos, fuertes y agresivos”, aseguró. 

Entre las conclusiones del Foro destacan que es necesario construir mecanismos efectivos de protección para la prensa y fortalecer los existentes, trabajando de manera coordinada entre varios niveles de la Sociedad Civil y Gobierno. Asimismo, es necesario endurecer las sanciones contra aquellos que atenten contra los Derechos Humanos, incluido la libertad de expresión y de prensa. 

 

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En agosto, Fundamedios registró 20 agresiones que vulneran la libertad de expresión y libertad de prensa en el Ecuador de periodistas, medios de comunicación, activistas y ciudadanos. Este número reflejó la misma cantidad de agresiones que se registraron en julio.

 

Las cifras

Entre 2007 y el 31 de agosto Fundamedios ha registrado un total de 2945 alertas. En agosto de 2021 el principal agresor fue el Estado con ocho agresiones; seguidos de agresores no estatales que protagonizaron 5 agresiones y en otras cinco ocasiones fueron agresiones protagonizadas por agresores desconocidos.

En total 16 periodistas fueron agredidos en agosto del 2021, seis mujeres y 10 hombres; los medios de comunicación fueron atacados tres veces así como el Consejo de Comunicación cuya página fue hackeada. En total se registraron 20 agresiones y ataques que incluyen un atentado, cinco agresiones físicas, cuatro amenazas, cuatro procesos judiciales, tres restricciones al espacio digital y tres impedimentos de acceso a la información. 

Seis agresiones contra periodistas se desarrollaron en la provincia de Pichincha, no obstante las agresiones más fuertes este mes se produjeron en Machala donde el periodista Mario Pinto de MP Noticias sufrió un atentado con un artefacto explosivo la noche del 25 de agosto en su domicilio, ubicado en el centro norte. Asimismo, la periodista del programa ‘Tus noches con Virginia’, Virginia Suárez, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Los Ríos, por el delito de intimidación en su contra que incluyó mensajes con amenazas de muerte. 

 

Amenazas de muerte y un atentado con explosivos 

La agresión más grave del mes ocurrió la noche del 25 de agosto cuando el  periodista Mario Pinto de MP Noticias sufrió un atentado con un artefacto explosivo en su domicilio, ubicado en el centro norte de Machala. Según versiones de los vecinos, un individuo que se transportaba en un bicicleta se acercó hasta la casa del comunicador y acercó un encendedor a una mecha, cuando un grupo de personas gritaron que no hiciera eso. El taco de dinamita se le cayó al piso, lo recogió, logró encenderlo y lo lanzó hacia el balcón del domicilio del comunicador, donde  explotó. Agentes de la Policía Judicial y Criminalística acudieron al sitio del atentado para recopilar los hechos. 

El 11 de agosto, el periodista Wilson Cabrera, corresponsal de Teleamazonas en Morona Santiago y director de las plataformas periodísticas Conectados y Verificado, fue amenazado a través de un mensaje a su WhatsApp: “Llámanos, queremos entregar la camioneta sin problemas con policía, trátanos serios sabemos trabajar”, junto a este mensaje le enviaron un video de una persona sosteniendo una pistola con municiones, que está siendo cargada. Asimismo, la periodista del programa ‘Tus noches con Virginia’, Virginia Suárez, de Ventanas presentó una denuncia ante la Fiscalía de Los Ríos, por el delito de intimidación en su contra luego de recibir dos amenazas de muerte por realizar su labor periodística. 

La noche del 8 de agosto, el periodista Holguer Guerrero de Tiempo Real recibió chats de WhatsApp mensajes que cuestionan su trabajo. El primero criticaba la nota: “La  Izquierda Democrática quiere blindar a Lenin Moreno” y la segunda: Reparto de la Defensoría del Pueblo que hablaba sobre la entrega de la delegación de Galápagos al cuñado de la asesora de Alejandro Jaramillo. El 13 de agosto de 2021 Guerrero presentó una denuncia ante la Fiscalía en la cual señaló que el asesor le escribió a reclamarle por qué había publicado esas notas con el uso de un tono amenazante. Ésta ya fue aceptada. 

El 26 de agosto, la reportera del noticiero de la comunidad de Ecuavisa, Andrea Baez fue amenazada por un desconocido que intentó agredirla. Ocurrió durante una transmisión en vivo desde el Comité del Pueblo (norte de Quito) para hablar sobre la inseguridad en la zona y los reclamos de los vecinos.

 

Miembros de la Policía Nacional y guardias protagonizaron incidentes. 

Un grupo de Policías del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) agredió la mañana de 10 de agosto al periodista Miguel Laje, corresponsal de TC Televisión en la ciudad de Milagro y a la periodista Karina Sarabia de Prensa La Verdad, mientras realizaban una cobertura de un asesinato en un barrio peligroso. 

Ese mismo día, el fotoperiodista independiente y colaborador de la Agencia Alemana de Prensa, Juan Diego Montenegro, fue atacado en Quito por un can de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional luego de que el Policía que lo sostenía soltó la cuerda, mientras cubría la jornada de protestas de ayer en la calle Chile del Centro Histórico de la capital  

El 17 de agosto el periodista de HM Noticias, Harvey Maya, fue agredido por cinco guardias de seguridad de la empresa privada Alerta Red, durante la cobertura de una detención en las afueras de la Terminal Terrestre de la ciudad de Guayaquil.

 

Ataques informáticos y restricciones en la Red

El portal web de la Fundación Mil Hojas sufrió un ataque informático a inicios del mes que lo dejó fuera del aire durante varios días y que impidió a los lectores acceder a ciertos reportajes de investigación que se encontraban alojados exclusivamente en este sitio web.

La página Web del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, donde reposa información del registro de medios públicos; publicaciones de insumos; procesos de registros a medios públicos sufrió un ataque a sus sistemas informáticos. 

Además la página de Facebook del medio de comunicación digital Manta En Vivo, de la provincia de Manabí, está imposibilitada de publicar contenidos debido a una supuesta violación de los derechos de propiedad intelectual.

 

Procesos judiciales y millonarias indemnizaciones 

Los periodistas y cofundadores del medio digital La Posta, Andersson Boscán y Luis Eduardo Vivanco, junto con el Gerente General de TC Televisión, Rafael Cuesta Caputi, fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado por Actos de Odio. Alex Gustavo Flores Álvarez, Coordinador General de la plataforma “Va por ti Ecuador”, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en la cual sostiene que “los evidentes actos de violencia psicológica y de odio” realizados por por los periodistas están expresamente tipificados como Delitos de Odio y “no pueden ser enmarcados en una falsa libertad de expresión”. 

Mientras la compañía SERVICIOS UTPL C. LTDA, cuyo accionista mayoritario es la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), impulsó al sur de país una demanda en contra de la cadena televisiva Ecotel y de su director, el periodista Ramiro Cueva, por supuestos daños y perjuicios en contra de la imagen de la Universidad que habrían ocasionado pérdidas por  USD 1.3 millones. 

 

Violaciones al derecho de acceso a  la información pública

La periodista independiente Gabriela Ruiz no recibió una información pública que solicitó a Petroecuador hace un mes, con el propósito de analizar la figura de los convenios de compensación social administrados por esa entidad en las comunidades amazónicas. 

El 16 de julio del 2021, la periodista independiente, que trabajó un reportaje para Climate Tracker, envió un cuestionario de 20 preguntas dirigida al Gerente de Petroecuador, Pablo Luna y amparada en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Nunca tuvo respuesta.  

El periodista de Macas News, Carlos López,  fue expulsado el 26 de agosto del chat de prensa de la Gobernación de Morona Santiago luego de que el gobernador Freddy Villamagua, ordenó a su equipo de comunicación una “depuración” del canal de comunicación que tiene más de una década.  Además la semana pasada la periodista y presentadora del programa “Tus Noches con Virginia”, Virginia Suárez, sufrió un intento de impedimento de cobertura durante una entrevista con la concejal de Ventanas (Los Ríos), Sonia Velarde.

 

 

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Ecuador, 24 de agosto de 2021. La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional aprobó, con seis votos, la moción de unificación de los proyectos de Ley de Libre Expresión, presentado por el presidente Guillermo Lasso, y del proyecto de Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección para la Libertad de Prensa y de la Comunicación, presentado por los asambleístas Marjorie Chávez y Fernando Villavicencio de forma conjunta con Fundamedios.

Los legisladores que apoyaron la moción de unificación fueron Juan Fernado Flores, Luis Cervantes, Marjorie Chavez, Elías Jachero, Angel Maita y Jéssica Castillo. Mientras que Fernando Enríquez Cedeño Rivadeneira, Raisa Corral Alaba y Mónica Palacios votaron en contra. 

Previo a esta aprobación, ocurrieron 13 comparecencias de periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos que plantearon sus puntos de vista sobre el proyecto de Libre Expresión.

Frank La Rue, ex relator de Naciones Unidas, sostuvo que las limitaciones dentro de la constitución de la nueva Ley deben estar reducidas al mínimo si se pretende prevenir el abuso del Estado.

La Rue sostuvo que debe haber una despenalización de las opiniones ya que amenazar con cárcel violenta gravemente la libertad de expresión, viola los principios del Sistema Interamericano y que las sanciones que deben existir deben ser administrativas pero bajo ningún concepto encarcelar a la persona.

Al defender la libertad de expresión el Estado debe defender el acceso a la ley de información que se da también con una prensa libre, el papel de la prensa es informar a la ciudadanía en el estado democrático. La Rue ratificó que el Estado debe garantizar a la prensa la seguridad para que los periodistas no puedan ser acosados físicamente, ni violentamente: “Una prensa intimidada ya no puede cumplir con su función”.

Para Indira Salazar, oficial de comunicación e información de la UNESCO, es muy importante que no se permitirá la censura previa y que sólo se admiten las responsabilidades ulteriores. Recordó la importancia de que la ley debería establecer la existencia de un organismo de regulación democrático, idóneo e independiente para impulsar, asegurar y proteger. “Lo idóneo desde el marco jurídico es disponer de un organismo regulador para evitar los desequilibrios de la comunicación”, dijo. 

Luis Eduardo Vivanco, vocero de Red de Periodistas Libres (RPL) aseguró que la propuesta del Ejecutivo tiene en su esencia acoplar la ley ecuatoriana a las normas internacionales de libertad de expresión y de prensa y que esté de acuerdo a un mundo civilizado. “Saludamos que no se contamine esta ley con temas que pueden tratarse en otras normas”, como los medios públicos o temas culturales. Sobre la protección de la comunicación personal, la RPL sostiene que se debe incluir una salvedad para aquellas que contengan casos comprobados de interés público o envuelvan casos de corrupción.

Mauricio Alarcón, de Ciudadanía y Desarrollo, sostuvo que estamos frente a un proyecto de Ley que no busca regular a los medios ni el espectro sino establecer las bases de un derecho humano garantizado y que sean otras normas que regulen otros temas como el espectro radioeléctrico. Solicitó la rectificación dentro de la propuesta de Ley y que se despenalice la expresión y opinión de manera total.   

Jaqueline Gallegos, de Afro comunicaciones, sostuvo que Ley tiene muchas faltantes y se siguen vulnerando los derechos. Aseguró que no todos tienen las mismas condiciones y que la nueva Ley debe abarcar todas las realizadas existentes en el país: “el pueblo afro ecuatoriano ha quedado fuera de la distribución del espectro radioeléctrico y es una ley que no refleja las inequidades en el acceso a la comunicación”.

El ex-consejero de la extinta CORDICOM durante el gobierno de Rafael Correa, Hernán Reyes, consideró que existen muchos elementos de la ley presentada por Guillermo Lasso que no cumplen las normas internacionales y que no se habla de la concentración de medios y de incluir a medios que no tienen voz como los medios comunitarios.

Ricardo Rivas, del Colectivo Nos Faltan 3, solicitó considerar transparentar la información y fortalecer los mecanismos en los casos de delitos contra la prensa y Martha Roldós sostuvo que hace falta autorregulación y no sistemas regulatorios que asfixien a los medios y que luego son utilizados para impedir que los hechos salgan a la luz, “lo que pasó 14 años en el país”.

Los legisladores le dijeron sí a la unificación pues los dos proyectos de Ley tienen por objeto la defensa y fortalecimiento de la libertad de expresión, tienen concordancia y son complementarios. La Comisión comenzará a trabajar en los próximos días en la redacción final del articulado unificado de los proyectos, tal como anunció el Presidente de la Comisión Juan Fernando Flores.

Fundamedios considera que esta decisión es un paso adelante para el debate de la Ley de Libertad de Expresión. Asimismo, los dos cuerpos legales son complementarios y nos congratulamos con este paso clave para el desarrollo del debate y de la nueva normativa.