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Ecuador, 09 de febrero de 2024.- El año inició con una de las afectaciones más graves a la libertad de expresión y prensa en Ecuador: un ataque terrorista a un medio de comunicación con señal en vivo. Y este suceso solo es un reflejo de la grave situación de la prensa. Fundamedios reporta este mes 42 agresiones y víctimas.
Los actores estatales fueron el principal agresor contra la prensa con 16 ocasiones, le siguen los casos perpetrados por los actores no estatales con 11 agresiones y luego las organizaciones criminales y la delincuencia común con 6 agresiones. Esto es gravísimo tomando en cuenta que el año pasado, Fundamedios cerró con una cifra histórica de agresiones ejercidas por el crimen contra la libertad de prensa. 2023 fue catalogado como el año de exilios para periodistas, pero 2024 no fue la excepción. Solo en este mes de enero se conocieron dos casos de periodistas y una activista exiliados.
El tipo de agresión más común este mes fue el discurso estigmatizante con 9 casos, le siguen los atentados y otros ataques físicos con 7 casos. Los casos de censura (7) también marcaron tendencia este inicio de año y fueron perpetrados por agentes estatales. Las amenazas con 6 casos también generan preocupación por este estilo de amedrentar a la prensa.
Los exilios no paran
Solo habían pasado dos días del primer mes de este año y la Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (MAPP) -de la que es parte Fundamedios- debió actuar para reubicar a un periodista por las amenazas y atentados contra su vida e integridad. Se trató del primer periodista del año y el décimo contando desde el 2023. El nombre del periodista se guardó por seguridad y proviene de una provincia costera del país. El 27 de diciembre de 2023 sufrió un atentado: su carro fue vandalizado con una sustancia tóxica afuera de una institución pública. Se presumió que fueron funcionarios de esa institución quienes atentaron contra el vehículo. El periodista llevaba meses denunciando irregularidades en contratos que el Municipio adjudicaba a último momento. Solo ocho días después de su publicación periodística recibió, en su casa, cartas amenazantes que decían: “o te callas o te mueres”. El periodista había denunciado sobre una primera amenaza hace seis meses. Sin embargo, la Fiscalía del cantón no hizo nada. Las amenazas se fueron agravando e incluso personas desconocidas se encuentran vigilando su casa. El periodista tuvo que ser reubicado ante un riesgo inminente contra su vida y porque se encuentra en una provincia peligrosa y violenta. (Ver alerta)
Días más tarde, el 19 de enero la MAPP dio a conocer un caso de una periodista exiliada el año pasado y que no se había hecho pública por seguridad. Se trata de Katherine Heredia quien cubría como fuentes el Municipio de Quito y la Prefectura de Pichincha, en un reconocido medio del país. El primer incidente sucedió el 02 de agosto del año 2023, cuando ella fue seguida por una persona en la calle por varias cuadras en la ciudad de Quito. Solo nueve días después, una persona que al principio parecía un indigente, le pidió una moneda y de pronto se acercó a su oído y la amenazó frontalmente: “ya sabes lo que les pasa a los sapos por andarse metiendo donde no deben”, dicha amenaza se dio justo después de la publicación de su reportaje sobre el intercambio de votos por obras públicas prometidas por la prefecta Paola Pabón (algo penado por la legislación ecuatoriana) para impulsar su reelección a su cargo, con abundantes documentos gráficos, documentales y testimonios de testigos ciudadanos. A partir de entonces, las amenazas y hostigamientos se intensificaron, culminando en un gravísimo episodio en el que fue apuntada con una pistola por parte de individuos desconocidos mientras se movilizaba en su auto. Días después, el 16 de agosto, en el parabrisas de su carro, parqueado en su casa, recibió un sobre con su copia de cédula y una nota en la que le amenazaban de muerte de forma violenta y firmaba un grupo de delincuencia organizada (GDO). Ella presentó una denuncia en la Fiscalía y solo días más tarde la casa de sus padres fue vandalizada, las ventanas fueron destruidas e incluso intentaron entrar en el domicilio. (Ver alerta)
El tercer caso de exilio que hemos reportado en lo que va del año es el de la comunicadora y activista Elsa Bejarano fue amenazada varias ocasiones a través de llamadas telefónicas, e incluso sujetos llegaron hasta su casa para agravar las amenazas. Bejarano tuvo que salir del país ante un grave riesgo de su vida. Bejarano fue comunicadora por cuatro años en la Alianza por los Derechos Humanos y ha sido parte de varios colectivos, entre ellos ‘Quito sin minería’. El 18 de agosto de 2023, recibió un mensaje que decía: “¿Si en lugar de minerales bajo tierra, la dejamos a usted?”. Ella presentó, ante esto, una denuncia el 21 de agosto de 2023. Menos de cuatro meses después, el 7 de diciembre, recibió una llamada amenazante por WhatsApp. Desde ese momento, las amenazas y acoso no pararon. El 15, el 16 y el 22 de diciembre recibió llamadas de números desconocidos locales, de forma insistente. El 16, el guardia de su condominio le comentó que una persona preguntaba por ella, pero, al notar que no estaba, se fue y no dejó registro. Eso sucedió al menos dos veces. (Ver alerta)
El ataque terrorista a TC Televisión
Ecuador vivió uno de los momentos más críticos para la libertad de prensa. Las instalaciones de los canales TC Televisión y Gamavisión —de alcance nacional— fueron interrumpidas por integrantes de una banda delictiva en la ciudad de Guayaquil. En plena transmisión en vivo personajes armados golpearon y secuestraron a los trabajadores del canal, la tarde del 09 de enero.
Eran las 14:17, cuando la señal en vivo de TC fue interrumpida. La primera imagen que se vio fue un individuo con la cara tapada y un arma; luego empezaron a golpear y amedrentar a todos los trabajadores del medio de comunicación. El país entero fue testigo del secuestro y de la violencia suscitada. Los apuntaron con armas en la cabeza e incluso gritaban que tenían granadas y mecheros. Se escucharon disparos y súplicas de los trabajadores. Es un hecho inédito en América Latina.
Antes de las 16:00, la Policía Nacional llegó y rescató a los rehenes que habían tomado los 13 sospechosos. Varios de ellos fueron detenidos en el acto y, posteriormente, dos más fueron interceptados en un auto que se movilizaba por las calles de Guayaquil, provincia de Guayas. La Fiscalía informó que procesará a 13 personas por el delito de terrorismo, se registró un herido y no hay víctimas mortales. “La audiencia de flagrancia será en las próximas horas”, informó esta tarde la institución. 2 de los 13 detenidos, son menores de edad y uno es extranjero.( Al final se confirmó que fueron 15 los atacantes). (Ver alerta)
El canal TC Televisión se mantuvo fuera del aire por más de 24 horas, tras el ataque terrorista que sufrió, por decisión de la Fiscalía provincial de Guayas, que está investigando el caso. La tarde del 10 de enero TC informó que transmitiría su noticiero habitual desde las 19h00.Tras el ataque, las instalaciones del canal quedaron desoladas, no había nadie dentro, ni siquiera las fuerzas del orden. Se conoció, de forma extraoficial, que en la zona, que había sido militarizada, se encontraban sujetos de civil armados rondando en motocicletas a la vista de todo el mundo. En la sede de Quito tampoco había un resguardo policial inmediato.
Fundamedios, ante la confusión de los hechos, realizó una recapitulación de cada minuto de terror con testimonios recogidos de las víctimas.
Censura: una forma de ejercer poder
Este mes también se produjeron varios hechos que significaron obstrucciones claras al ejercicio periodístico ejercida por las instituciones públicas y agentes estatales.
El 17 de enero, medios de comunicación y periodistas intentaban cubrir el asesinato del fiscal César Suárez, en Guayaquil, cuando la Policía impidió que informaran sobre lo ocurrido. Les quitaron sus celulares y les obligaron a borrar imágenes. Luis Antonio Ruiz, periodista del medio digital ‘WeCanal’ denunció a través de redes sociales que los uniformados impidieron a Keisha Naranjo (reportera) realizar la cobertura en vivo del hecho violento que tuvo lugar en la Avenida del Bombero, en el norte de Guayaquil. Además, retiraron y revisaron el teléfono celular de Carlos Chilán, camarógrafo de ‘WeCanal’.(Ver alerta)
Y la Policía continuó agrediendo a la prensa, el siguiente ataque se dio el viernes 26 de enero. Un periodista (quien prefirió mantener en anonimato su identidad), fue obligado a eliminar material audiovisual de su celular, mientras realizaba una cobertura en el Comando de la Policía Nacional. Los uniformados le obligaron a borrar los videos realizados, en Machala, provincia de El Oro. (Ver alerta)
La coordinadora de Comunicación de la Prefectura de Chimborazo, Tania Ortiz, eliminó a varios periodistas y medios de comunicación del chat oficial de la Prefectura. “Es una decisión personal, porque se trata de un grupo de WhatsApp que yo creé, que yo administro y las personas incorrectas y que no se comportan de forma positiva, serán expulsadas”, dijo cuando Fundamedios le consultó sobre el tema. Además, minimizó a estos medios, argumentando que “son digitales, no son radio ni televisión”. Pero la respuesta de Ortiz y la eliminación de los medios del chat son apenas un síntoma de una censura hacia la prensa que, según testimonios, viene de hace tiempo atrás. Algunos periodistas denunciaron que les han prohibido la entrada a la Prefectura y no les brindan información, ni espacio para entrevistas. (Ver alerta)
Estas declaraciones estigmatizantes se han replicado por todo el país. El 30 de enero de 2024, durante la sesión de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, el alcalde de Loja, Franco Quezada, arremetió contra el periodismo aseverando que los medios de comunicación “destilan violencia verbal todos los días y en redes sociales”; además, generalizó diciendo que son “vacunadores”.
Sin embargo, este calificativo contra los medios y periodistas, no solo lo ha utilizado Quezada, sino también varias autoridades de Loja. Wilman Morocho Montoya, director de Comunicación del Municipio de Loja, publicó un video en la red social TikTok en el que expresamente tacha de “delincuentes” a periodistas, haciendo un símil con el modus operandi de los denominados “vacunadores”.
Por su parte, el alcalde del cantón Quilanga, Juan Carlos Santín -quien también es comunicador social- emitió un mensaje a través del programa que transmite desde sus redes personales. “Déjenles que hablen, algunos están acostumbrados a vivir de la publicidad, algunos están enseñados a vivir de la investigación, otros vacunando, perdón investigando, entonces déjenlos nomás”, dijo.
Franco Quezada, alcalde del cantón Loja continuó con los calificativos durante la sesión extraordinaria del cabildo que se llevó a cabo este miércoles 31 de enero de 2024. Durante su intervención se refirió a unos insultos propiciados por los concejales y añadió, “como esos cuatro medios aquí en Loja, pasquineros que no tienen ética, ni moral, ni principio ni valores que se toman el nombre de un alcalde honesto”. Nunca señaló a qué medios se refería.
Las agresiones verbales y calificativos a periodistas han sido reiterativas y provienen de distintas autoridades de los cantones de Loja.