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Javier Ortega

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Rehenes’ fue el protagonista del foro Periodismo en situaciones de riesgo, organizado este 18 de enero por FUNDAMEDIOS y la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). Se trata del título del libro que el próximo 31 de enero María Belén Arroyo y Arturo Torres presentarán. El texto responde a la pregunta ¿por qué ejecutaron a los periodistas de Diario El Comercio?

Los cofundadores del portal Código Vidrio dieron detalles de su trabajo periodístico. Para empezar el proyecto, Torres, exeditor de El Comercio; y Arroyo, editora política de revista Vistazo; se plantearon seis preguntas que se convirtieron en las hipótesis de la obra. “El secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Ortega es consecuencia de algo, no es fortuito. El ocultamiento en todo este proceso ha sido sistemático», indicó el periodista de investigación.

¿Por qué los secuestraron? ¿Qué pasó con Ortega, Rivas y Segarra en las primeras 48 horas? ¿Ellos fueron a entrevistar a Guacho? ¿Por qué pasaron a Mataje? ¿Por qué los ejecutaron? ¿Cuándo?, son varias de las interrogantes que se responden.  «El reto era tomar distancia para reportear. Es ahí cuando más nos apegamos al método: trabajo de campo, comprobación de hipótesis, apegarnos al rigor de los hechos y contrastar fuentes», explicó el cofundador de Código Vidrio.

Arroyo acotó que “el ejercicio de reportear parte de la capacidad de preguntar por qué. Eso me hace buscar las respuestas». En ese contexto, Lynne Walker, finalista del premio Pulitzer, también intervino en el encuentro. La estadounidense añadió que la frontera es una región dinámica, donde pasan cosas buenas y malas. «Hay historias que buscar. Narcotráfico, lavado de dinero, migración, trata de personas también confluyen en esa zonas».   

Iván Flores, exeditor de Diario La Hora, moderó la conversación. El periodista con experiencia en coberturas de narcotráfico, seguridad, política enfatizó en que la lucha por la verdad tiene sus rigores. Resaltó la importancia de hacer del periodismo una continuidad de esfuerzos para contar historias humanas que van más allá de las miradas militares, oficiales…

 

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La noche de este 21 de diciembre, el presidente de Colombia, Iván Duque, confirmó que Walter Patricio Arízala Vernaza, alias ‘Guacho’, estaba muerto. En Twitter, añadió que fue abatido por los “héroes de Colombia. Le dije al pueblo ecuatoriano que el crimen de los tres periodistas no quedaría en la impunidad”.

El narcoguerrillero era el líder de la disidencia de las FARC, Frente Óliver Sinisterra, responsable del secuestro y asesinato, en abril pasado, de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio. La Fiscalía de Colombia comunicó que el disidente murió en la vereda Peña Caraño, en Llorente, zona rural de Tumaco, Nariño.

La mañana de este sábado 22 de diciembre, Ricardo Rivas, Yadira Aguagallo, Galo y Andrea Ortega se pronunciaron ante el más reciente acontecimiento. La noche del viernes, autoridades colombianas les comunicaron que Arízala murió. Después de este contacto, la Presidencia del país vecino oficializó el anuncio. Autoridades de los ministerios de Justicia y del Interior de Ecuador también contactaron a las familias.

“Reconocemos el trabajo que ha desarrollado el Gobierno y La Fiscalía de Colombia. Pero bajo ningún concepto es motivo de celebración haber perdido una vida humana. Es fundamental reconocer que con la muerte de Guacho y Pitufín se va mucha información relevante para el esclarecimiento del caso”, dijo Ricardo Rivas, hermano del fotoperiodista Paúl.

En esa misma línea, Yadira Aguagallo, pareja del fotoreportero, enfatizó en que, tras la muerte del narcoguerrillero, no cabe el cierre de las investigaciones. “No fue solo alias Guacho. Alrededor de la estructura delictiva Óliver Sinisterra existen otros personajes que deben ser capturados hasta desmantelarla”. Los familias de las víctimas coinciden en que hasta que no se desclasifiquen todos los documentos, no se agoten todas las líneas indagación ni se determinen responsables a todos los niveles no es posible dar el caso por cerrado.

César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, indicó que desde la organización se insistirá en la necesidad de avanzar en las investigaciones a todo nivel. «No queremos que los gobiernos piensen que con este hecho se satisface la necesidad de verdad y justicia”, acotó.»

La realidad de los habitantes de la frontera norte del país es otro asunto pendiente para ambos gobiernos. A ello apuntan las declaraciones de Galo Ortega, padre del periodista Javier, quien conmina a las autoridades a preocuparse de esas personas que, en sus palabras, son víctimas de esas lacras dedicadas al narcotráfico.

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“El Gobierno debe saber que no es un caso en que puede pasar la página y callarse. Nosotros vamos a seguir luchando frente a frente, codo a codo hasta llegar a la verdad”, dijo Ricardo Rivas, la noche de este 12 de diciembre cuando se le preguntó ¿cómo hacer para que el asesinato de Paúl, Javier y Efraín no quede impune?

“No es un caso de tres periodistas, es un caso que va mucho más allá. La lucha ahora no es por nuestros familiares, ya tenemos los cuerpos, ya sabemos donde están, la lucha es sobre la seguridad para los periodistas que trabajan en zona de riesgo”, reflexionó.

FUNDAMEDIOS y los colectivos Nos Faltan 3 y Periodistas sin cadenas coorganizaron un conversatorio que ahondó en la postura de los familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio frente a la respuesta del Estado ecuatoriano en torno a las investigaciones.

En la charla participaron Ricardo Rivas y Diego Cazar, periodista de los colectivos que llevan adelante una indagación periodística para determinar por qué se produjo el secuestro y asesinato.

Moderado por Desirée Yépez, directora de Contenidos de FUNDAMEDIOS, el conversatorio giró en torno al manejo de documentación durante la investigación del caso y los mecanismos y pasos a seguir de los familiares y periodistas.

Ricardo Rivas expresó que las audiencias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del pasado 6 de diciembre fueron lamentables. “Cuando estás ahí, te sientas y comienzas a dimensionar que los ojos de todo un continente están ahí. Uno espera que las personas estén a la altura de este evento, y no fue así”, dijo. Explicó que el Estado Ecuatoriano, uso sus cortos 10 minutos de presentación para cuestionar a la CIDH y pedir que se archiven las medidas cautelares. “Buscábamos un gobierno que se duela, que sea sensible, que quiera llegar a la verdad. Lo menos que esperas es eso. Sentia verguenza, muchas de las personas que estaban en la mesa del estado se las veía inquietas con lo que presentaba el procurador. Seguramente el discurso no se planteó en las mesas de trabajo”, habló.

Diego Cazar compartió la opinión de Rivas y expresó que lo que se vivió en las audiencias fue una presentación en busca de la protección a un gobierno o a alguien dentro de ese gobierno. Acerca de el manejo de documentación y hechos presentados por el estado en la audiencia Cazar dijo “Cualquier argumento era posible para que la información fuera frenada, recaudada, confundida o negada. El estado es responsable. Si hablamos de el Fiscal Toainga, el debería dar los documentos que validan todo lo que se ha dicho”, refiriéndose a lo que el Procurador Iñigo Salvador expuso en la CIDH como su afirmación de que el asesinato sucedió en tierras Colombianas así como la supuesta apertura absoluta del estado con las familias en cuanto a la recopilación de documentos. “No es correcto que se haya dicho con gran cinismo que se les dio a los familiares todo el acceso. Lo que entregó el gobierno fueron documentos absolutamente inútiles”, dijo el periodista.

Cazar, frente al tema de acceso a la información y el futuro de esta investigación, dijo que se han hecho varios pedidos de documentación e insumos  al estado que no han tenido respuesta. Hizo también un enfoque importante en la zona donde ocurrió el asesinato “Lo que ha ocurrido es para entender que aquí tenemos una provincia totalmente desprendida que vive situaciones terribles, que ha sido descuidada. Por qué la descuidan? Qué hace que el estado no pueda tener presencia?” dijo. Diego también expresó que como periodistas debemos exigirnos a nosotros mismos as como exigir al estado que se garantice nuestra seguridad porque las investigaciones y coberturas tienen que seguir. “ No vamos a dejar de contar historias”, concluyó.

 

El conversatorio se cerró con el tema del anuncio que dió Galo Ortega, padre de Javier, en la rueda de prensa de los familiares donde dijo que está dispuesto a someterse a una huelga de hambre en caso de que la investigación no avance. Frente a esto, Ricardo expresó “El ser humano no tiene límites, y si se trata de buscar la verdad más aún. Esta no es la primera vez que Galito intenta hacerlo, la primera nosotros nos opusimos porque queríamos agotar todas las instancias. Es difícil porque que puedo yo decirle a un padre cuando ha perdido a su hijo en este tipo de circunstancias?” dijo. Cerró diciendo que lo que buscan los familiar es agotar todas las instancias antes de llegar a este tipo de situación y que no se cansarán ni conformarán con una pseudo-verdad que es la que el estado ha dado. “Hay que ir al fondo con convicción, con decisión, con fortaleza. Respeto mucho la posición de Galito”.

 

 

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La mañana de este 12 diciembre, Yadira Aguagallo, Ricardo Rivas y Galo Ortega, familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio asesinado en abril pasado anunciaron su postura frente a la respuesta del Estado ecuatoriano en torno a la investigación del caso. El 6 de diciembre las familias y el procurador Íñigo Salvador se encontraron en el 170 Periodo de Sesiones Públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington DC.

Yadira Aguagallo, pareja del fotoperiodista Paúl Rivas, expresó que los familias están muy indignadas al saber que, después de ocho meses del crimen, el Estado pide archivar las medidas cautelares. Se “está buscando dejar este asesinato en la impunidad. Si dejamos que eso se consiga, estamos dando apertura absoluta a que nunca se responda por otros periodistas”, dijo. Además, pidió públicamente al fiscal Wilson Toainga, responsable de la investigación, que exponga información y evidencia que respalden la afirmación del Procurador de que el asesinato no ocurrió en Ecuador, sino en territorio colombiano.

Ricardo Rivas, hermano mayor del fotógrafo, se refirió a lo “lamentable” de la audiencia ante la CIDH. “El Estado ecuatoriano no respondió a ninguna pregunta sobre la investigación. Esto nos dejó con muchas dudas respecto al caso”, expresó. Rivas mencionó la falta de información en torno a la supuesta liberación de los periodistas y la negociación del Gobierno ecuatoriano con los narcoguerrilleros. “El Gobierno no tenía la obligación de negociar, pero indicó que lo iba a hacer. Y si no quería hacerlo, nosotros hubiéramos actuado diferente y nuestros familiares seguirían con nosotros”.

Galo Ortega, padre del periodista Javier, anunció que incluso considera iniciar una huelga de hambre -en el momento oportuno- para exigir al Estado justicia en el crimen. Aguagallo añadió que a las autoridades no les interesa que se investigue más porque existe algo de fondo que el gobierno no quiere que se conozca.

El pasado 30 de noviembre, César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS solicitó a la Defensoría del Pueblo la vigilancia del debido proceso de la investigación que desarrolla la Fiscalía en torno al caso. Manifestó su preocupación por las observaciones realizadas por el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la CIDH. La institución aprobó el pedido.

 

 

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El pasado viernes 6 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió a los familiares de Paúl Rivas, Efraín Segarra y Javier Ortega, en el marco del 170 Periodo de Sesiones Públicas, en Washington DC. En la audiencia con el Estado ecuatoriano, Íñigo Salvador, procurador general, sostuvo que el secuestro, cautiverio y asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio, ocurrido entre marzo y abril de 2018, se produjo en territorio colombiano.

En ese contexto, el representante de Ecuador, solicitó que el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la CIDH, conformado para investigar las condiciones en que se produjo el crimen, concluya su trabajo el próximo 31 de diciembre o, máximo, en las primeras semanas de enero de 2019. También pidió que se archive la medida cautelar que ampara las tareas del ESE.   

Este miércoles 12 de diciembre, FUNDAMEDIOS, y los colectivos Nos Faltan 3 y Periodistas sin cadenas coorganizan un conversatorio para ahondar en la postura de los familiares de las víctimas, ante la actitud que ha adoptado el Estado ecuatoriano. En la charla abierta, que se desarrollará desde las 20:00 en La Estación (Diego de Almagro y Francisco Andrade Marín – esquina), participarán Ricardo Rivas, Yadira Aguagallo, Galo y Andrea Ortega.

En el espacio, moderado por Desirée Yépez, directora de Contenidos de FUNDAMEDIOS, también participará Diego Cazar, representante de los colectivos periodísticos que llevan adelante investigaciones para determinar por qué se produjo el secuestro y asesinato; así como para determinar las responsabilidades de las distintas autoridades de Ecuador y Colombia.  

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Este jueves 6 de diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió a los familiares y representantes de Efraín Segarra, Paúl Rivas y Javier Ortega, equipo periodístico de Diario El Comercio, asesinado en abril pasado en la frontera entre Ecuador y Colombia.

Los familiares de las víctimas, representantes de los Estados ecuatoriano y colombiano analizaron los avances de las investigaciones realizadas por el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la CIDH durante dos audiencias continuas.

En la primera audiencia, en la cual intervino el procurador general del Estado ecuatoriano, Íñigo Salvador, Juan Pablo Albán, abogado de las familias, presentó sus preocupaciones en cuanto a los resultados de las indagaciones. “Lo que tenemos ahora es una estructura política de silencio, en la que muchas contradicciones ocurridas durante el secuestro de nuestros familiares han sido comprobadas”, expresó Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paúl. “¿Quién tomaba las decisiones sobre la vida de nuestros familiares?”, cuestionó al Estado.

El Procurador General expuso que “las funciones hechas fueron las más adecuadas. Lo ha dicho hoy el presidente Moreno cuando expresó al país que como Estado hemos hecho todo lo que estuvo a nuestro alcance para rescatar a nuestros hermanos periodistas”. Añadió que se entregó la información ofrecida al ESE, así como el sustento económico para la investigación. También sostuvo que el secuestro, cautiverio y asesinato de Rivas, Segarra y Ortega ocurrió en territorio colombiano. Salvador también pidió a la CIDH que la investigación concluya el 31 de diciembre o, máximo, en las primeras semanas de enero de 2019 y que se archive la medida cautelar en contra de Ecuador y Colombia. Los familiares, en desacuerdo con esta postura, respondieron que aún existen muchos temas por investigar.

Édison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión y miembro del ESE, indicó que “la verdad va a surgir no de lo que sostenga una autoridad, sino del agotamiento de las líneas de investigación, de que se compruebe y se descarte que, por ejemplo, el secuestro no ocurrió en territorio bajo control ecuatoriano, lo cual desmiente las investigaciones de Colombia”. Aclaró también que no es cierto que el Equipo de Seguimiento Especial ha tenido acceso irrestricto a la documentación de parte de Ecuador, pues se ha pedido copias de los documentos en reiteradas oportunidades y se les dijo “que hay una interpretación que hace el Fiscal, de que no se pueda entregar ni siquiera en el marco de este mecanismo”.

César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, añadió en la audiencia la intervención de los representantes del Estado “causa un dolor enorme”. “Vinieron a tratar de ajustar cuentas con la CIDH y no es justo con las víctimas. Actúan con profunda insensibilidad, viniendo de un Estado que durante 10 años agredió sistemáticamente a periodistas. Que quede en sus conciencias que su intervención nos causa un profundo dolor”, enfatizó.

En la audiencia con el Estado de Colombia, los familiares afirmaron que con el actual gobierno de Iván Duque no ha existido la misma apertura que hubo con el expresidente Juan Manuel Santos,  a pesar de que durante la más reciente del Mandatario, el pasado 4 de diciembre, expresó que el asesinato no quedará en la impunidad.

Colombia, representado por Claudia Carrasquilla de la Fiscalía, detalló que, según sus investigaciones, el equipo de prensa fue secuestrado por miembros del Frente Oliver Sinisterra, quienes consultaron a alias Guacho qué hacer con ellos. Afirmó que el asesinato no sucedió porque Javier, Paúl y Efraín fueran periodistas, sino por una orden de ejecución en “razón de una situación que se venía presentando con el Gobierno ecuatoriano”.

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Las Organizaciones de Libertad de Expresión abajo firmantes expresamos nuestro apoyo al trabajo del Equipo de Seguimiento Especial -ESE- del caso del secuestro y asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y rechazamos las declaraciones de los Estados de Colombia y Ecuador realizadas en el marco del 170 Periodo de Sesiones Públicas de la CIDH.

En sus alegatos los Estados no aportaron avances ni evidencia relevante en las investigaciones y, por el contrario, estuvieron dirigidos a evadir responsabilidades propias y a revictimizar a los familiares de los periodistas Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas.

La falta de voluntad de los dos Estados ha acarreado un serio retroceso y, ocho meses después de los hechos, todavía discuten sobre el lugar donde ocurrió el secuestro. Más allá de las inconsistencias de los alegatos los hechos son claros:

 

  1. La situación de violencia, la operación de grupos armados vinculados a disidencias de las FARC y al crimen organizado en la frontera colombo-ecuatoriano es una consecuencia del postconflicto colombiano, situación que no fue atendida oportunamente por las autoridades.
  2. La afectación de ese postconflicto y de la operación del narcotráfico había penetrado al norte del Ecuador y las autoridades sabían perfectamente de la situación de alto peligro que se vivía en la zona, pero no tomaron acciones para proteger la vida de los civiles y menos aún cumplieron las responsabilidades estatales de protección del ejercicio periodístico.
  3. En Ecuador, durante el gobierno de Rafael Correa, se vivió una década de persecución sistemática a la prensa concebida y ordenada desde las más altas instancias oficiales, lo cual ubicó a los periodistas en una situación de riesgo permanente y continuo. Esa situación no ha sido afrontada por el gobierno actual y no se han adoptado aún medidas de protección y reparación.
  4. Es ampliamente conocido yestá demostrado que el equipo del diario El Comercio se encontraba en una misión periodística y que fue en estas circunstancias que el Frente Oliver Sinisterra determinó su secuestro. La muerte de los periodistas se produce como consecuencia de esto, más allá del carácter político-extorsivo del secuestro. Eso es un hecho incontestable y denunciamos cualquier intento de relativizar esta condición.
  5. Las Fiscalías de Ecuador y Colombia han actuado de manera desarticulada y sin intención clara de intercambiar información que permita una reconstrucción integral de los hechos, y ampliar sus líneas de investigación para analizar el contexto en el que ocurrió este crimen, lo cual construye un escenario de impunidad.
  6. Los Estados, por su lado, han adoptado durante ocho meses una estrategia de acusaciones mutuas, para evitar así atender el llamado de las víctimas que reclaman justicia y verdad. Desde el 26 de marzo del 2018, día que se confirmó el secuestro de los periodistas, los Estados han despreciado a las víctimas, han obstaculizado el acceso a los hechos y han evadido su responsabilidad por la desprotección de los periodistas.

Es inaceptable el pedido de levantamiento de medidas cautelares y entendemos que es necesario la continuidad del Equipo de Seguimiento Especial -ESE- como un mecanismo que supervise vigile que este crimen no quede en la impunidad.  Por lo tanto expresamos nuestro apoyo al ESE, a la Relatoría de Libertad de Expresión y a la CIDH por su trabajo de acompañamiento técnico de las investigaciones y consideramos que tanto Colombia como Ecuador no han colaborado al nivel exigido para que las investigaciones puedan llegar a conclusiones concretas y a procurar justicia para las víctimas.

Una vez más expresamos nuestro apoyo total a las víctimas y sus familias y nuestra voluntad de acompañarlos en la búsqueda de verdad y justicia.

 

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El Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvió a Ecuador, como parte de la investigación que realiza sobre el asesinato del equipo periodístico de El Comercio, ocurrido en abril pasado. El propósito, recopilar información y analizar los avances de las indagaciones que realizan las instituciones en torno al secuestro y muerte del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra.

Este 22 de noviembre, el ESE se reunió con representantes de Cancillería y Ministerio de Defensa. El canciller José Valencia indicó que el Estado ecuatoriano ha destinado más de USD 200.000 para cubrir las necesidades del Equipo, lo cual demuestra la disposición del país para que se esclarezcan los hechos.

La Agenda de la CIDH incluyó reuniones con el Fiscal encargado del caso y con un equipo técnico del Ministerio del Interior. También coordinaron encuentros con funcionarios del Ministerio del Interior y Justicia, Jefes de las Unidades policiales de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO) y la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase).

Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, anunció vía Twitter que el ESE ha cumplido una semana de trabajo en el Ecuador así como su agradecimiento a autoridades, familias y sociedad civil por la información y documentación para el seguimiento de la investigación.

Las conclusiones de estas visitas y las investigaciones hechas durante las mismas serán conocidas en diciembre luego de las audiencias públicas a las que asistirán los familiares del equipo de prensa.

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El pasado 1 de noviembre, el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe preliminar sobre el crimen en contra de los periodistas del equipo de Diario El Comercio perpetrado en abril pasado, en la frontera entre Ecuador y Colombia.

En el documento se indica que en la Fiscalía General del Estado (FGE) ecuatoriano “no se ha avanzado satisfactoriamente en la investigación y vinculación a proceso de los responsables y observa la necesidad de que la FGE realice un esfuerzo integrador que permita incorporar las evidencias obtenidas en varios procesos adelantados en relación con las advertencias y los ataques realizados por el denominado grupo Frente Oliver Sinisterra, disidente de la exguerrilla de las FARC, en la frontera entre los meses de septiembre de 2017 y abril de 2018”.

El ESE recomienda a la Fiscalía incorporar una nueva línea de investigación en la que se evalúe la actuación y eventuales responsabilidades de los agentes sobre quienes pesaban específicos deberes de garante de la seguridad del equipo periodístico.

Basados en estas conclusiones, desde FUNDAMEDIOS consideramos que Wilson Toainga, fiscal a cargo del caso, ha dado muestras suficientes de negligencia y falta de idoneidad, por lo cual solicitamos a las autoridades pertinentes tomar las medidas necesarias para rencauzar las investigaciones y evitar que este crimen execrable quede en la impunidad. Entre estas acciones se torna necesario y urgente el cambio del Fiscal, actualmente responsable de las indagaciones en torno al secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra.

FUNDAMEDIOS se hace eco de las primeras conclusiones de la CIDH. “El derecho de las familias de las víctimas a conocer la verdad de lo sucedido apareja el deber de las autoridades investigativas de examinar todas las variables que el caso plantea, de ahí la necesidad que se aborde esta línea de investigación de manera que se establezca cómo se gestionó el paso de los comunicadores mientras se mantuvo el estado de excepción decretado en la zona; si se adoptaron medidas de prevención y protección a periodistas dado el evidente interés público en los hechos que ocurrían y si eran suficientes para la protección de la integridad de los periodistas; así como las recomendaciones que se les impartieron en el puesto de control militar, entre otros aspectos”.

El informe preliminar del ESE también recomendó a la FGE incorporar a su plan de trabajo, actividades dirigidas a investigar cuál pudo ser el móvil del secuestro y, en particular, indagar si pudo tener origen en la actividad periodística que cumplía el equipo secuestrado, para lo cual es importante profundizar la investigación en relación al trabajo que realizaban los periodistas y si ello afectaba o podía afectar la operación del grupo irregular o de otros actores relacionados con sus actividades al margen de la ley, lo que a la postre podría abrir otro abanico de posibilidades acerca de la verdad de lo sucedido y de sus responsables.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH recuerda que frente a crímenes contra periodistas, los Estados, en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos y otras normas internacionales, tienen la obligación de actuar con debida diligencia en las investigaciones, hecho que el fiscal Wilson Toainga, siete meses después de lo ocurrido, no ha logrado establecer.

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Periodistas sin cadenas es el colectivo más joven de los participantes. Somos un grupo de periodistas ecuatorianos que hacemos investigación y que nació a raíz de la muerte de nuestros colegas para seguir su historia

Una investigación periodística revela detalles, negociaciones fallidas, errores de dos Gobiernos y encubrimientos en el secuestro y asesinato de tres periodistas ecuatorianos.

Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra fueron asesinados con disparos en la nuca, a quemarropa, bajo una noche oscura y lluviosa en medio de la selva colombiana. Ortega, reportero; Rivas, fotógrafo; y Segarra, conductor, trabajadores del diario El Comercio de Ecuador, habían sido secuestrados el 26 de marzo de 2018 por el Frente Oliver Sinisterra, una narco disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) liderada por el excombatiente Walther Patricio Arizala Vernaza, identificado así en Ecuador, y conocido en Colombia como Luis Alfredo Pai Jiménez. En ambos países tiene el mismo alias: Guacho.

Durante seis meses, un consorcio binacional de periodistas investigó los motivos del secuestro y las circunstancias en que Ortega, Rivas y Segarra fueron ejecutados. La investigación, titulada Frontera cautiva: tras los rastros de los periodistas ejecutados,  revela, además, detalles que los Gobiernos de Ecuador y Colombia sabían y decidieron no divulgar.

Ortega, Rivas y Segarra realizaban un viaje de reportería en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, donde a inicios de 2018 el Frente Oliver Sinisterra había volado un cuartel de policía con una bomba, un ataque que el país nunca había padecido en su historia. Días más tarde, un explosivo fue activado al paso de una patrulla militar en el pueblo fronterizo de Mataje y cuatro soldados ecuatorianos murieron.

Patrullaje de militares ecuatorianos ante la petición del primer grupo de periodistas en entrar a Mataje. Foto Edu León/ Periodistas Sin Cadenas

El 25 de marzo, los periodistas de El Comercio llegaron a la ciudad fronteriza de San Lorenzo y se alojaron en un hotel, de donde salieron a las 07:10 del día siguiente. Alrededor de las 09:00 pasaron por el control militar de ingreso a Mataje, en plena zona de frontera. Ahí, dicen las autoridades ecuatorianas, fueron registrados y advertidos del peligro. Llegaron, estacionaron en el sector de Nuevo Mataje y salieron a caminar. La gente del pueblo cuenta que alguien se les acercó, que conversaron y luego siguieron a esta persona. “Ellos le van siguiendo a ese señor”, dijo una fuente bajo pedido de anonimato, “se embarcan en una canoa y los pasan al otro lado. Pero ellos fueron sin presión, y cuando llegan allá y los meten más adentro (les dicen): ‘ahora sí, están detenidos’”.

A las 17:00 del 26 de marzo, el mayor de la Policía de Ecuador Alejandro Zaldumbide, jefe de Gestión Logística del Distrito de Vigilancia San Lorenzo, recibió un mensaje de texto de una persona que se identificó como Guacho. El remitente le escribió “tengo tres personas retenidas, ecuatorianos, dos periodistas de Quito y el chófer” y le exigió una respuesta en 10 minutos, de lo contrario “desaparecerán esos señores”.

Durante el breve chat, Zaldumbide -que llevaba cerca de dos meses comunicándose con los disidentes- saludó al secuestrador con cortesía y familiaridad: “Saludos, Guacho. Buena tarde. ¿Te puedo llamar?”. A lo que este respondió: “Usted sabe, no recibo llamadas” y le lanzó que si no tenía una respuesta “día a día van a tener bajas, como militares y civiles. Ustedes provocaron”. Luego se despidió, con un displicente: “Chaoooo pues”, y le envió por lo menos tres fotografías de los secuestrados. Javier, Paúl y Efraín aparecen con la misma ropa que vestían al salir del hotel.

Esa noche, los familiares de los periodistas fueron contactados, pero solo hasta el otro día se informó oficialmente del secuestro en Ecuador, en una rueda de prensa donde no se mencionaron los nombres de los plagiados. Así empezó el secretismo oficial que se mantiene hasta hoy.

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Yadira Aguagallo, pareja de Paúl Rivas , en una de las manifestaciónes en la calle que pedía verdad y justicia por los tres periodistas secuestrados.

Seis meses después del secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín, los Gobiernos de Ecuador y Colombia no han dado respuestas claras sobre los hechos. Al principio, el entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aseguró que el plagio había ocurrido en Ecuador, y que alias Guacho era de nacionalidad ecuatoriana. Después tuvo que retractarse. Por su parte, el Gobierno de Ecuador no ha divulgado hasta ahora que el 28 de marzo de 2018, cuando circuló el rumor de que los periodistas serían liberados, se preparó en efecto un operativo de rescate. Este es quizá el hallazgo más relevante de Frontera cautiva.

Esa noche, 48 horas después del secuestro, diario El Tiempo de Bogotá reportó la supuesta liberación como un hecho. El medio atribuía su información a altas fuentes militares de “altísima” credibilidad y verificó los datos en terreno; Yadira Aguagallo, pareja del fotógrafo Paúl Rivas, le contó a esta alianza periodística que tuvo conocimiento de que la información vino del entonces ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas.

En Ecuador, ese día, un fiscal (cuyo nombre se protege por seguridad) esperó a los secuestrados en la Base Naval de San Lorenzo para acompañarlos en helicóptero hasta el aeropuerto de Esmeraldas, donde tomarían un avión a Quito. En una entrevista que el exministro del Interior, César Navas, dio -ya fuera del cargo- confirmó que se había preparado un avión para trasladarlos. Supuestamente, se le avisó al presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, y la Secretaría de Comunicación estaba organizando una rueda de prensa para anunciar el desenlace. Pasaron casi cinco horas, pero los periodistas nunca llegaron.

Hay también un mensaje de texto que habría sido intercambiado por miembros de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. En este, al que tuvo acceso este equipo periodístico, se dice que los “tres periodistas retenidos por irregulares (…) estarían siendo liberados a 1K de Mataje y llevados a RTNIM y de ahí Y Mataje – San Lorenzo para disposición final. (…) Mantén linea tengo mi gente adentro. QAP 7/3”.

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Una de las libretas de apuntes de Javier Ortega.Los habitantes de la vereda El Tandil, en Tumaco (Nariño), no dudan en señalar a la Fuerza Pública como responsable de la masacre perpetrada el 5 de octubre del año pasado

Otro hallazgo de esta investigación revela que el Gobierno de Ecuador y la banda de Guacho mantenían una comunicación constante. Aunque este equipo periodístico tuvo acceso a parte de los mensajes intercambiados, el Gobierno de ese país se ha negado a entregar información completa sobre las conversaciones.

Sin embargo, se sabe que la agrupación exigía, desde enero de 2018, la liberación de tres de sus miembros detenidos en Ecuador, y la cancelación de un acuerdo contra el narcotráfico suscrito entre ese país y Colombia. Además, en reiteradas ocasiones, el grupo de Guacho emitió amenazas directas contra civiles, información que nunca fue compartida ni con militares, ni con el Ministerio de Interior, ni con los periodistas enviados a la región.

Durante la larga negociación establecida entre el Gobierno ecuatoriano y los secuestradores, hubo mensajes cruzados y múltiples amenazas vía WhatsApp. Las autoridades de Ecuador recibieron imágenes de los periodistas cautivos, encadenados, y por lo menos un video sigue sin hacerse público.

El 7 de abril, Guacho envió su último mensaje: “Para cuándo me libera a mis muchachos, o mato a los periodistas, y dígale a ese ministro del Interior que le tengo en la mira y mis ataques y bombas van a continuar. Hoy las 3 les mando el video de uno de ellos muerto”. Seis días después, el 13 de abril, el presidente de Ecuador confirmó el asesinato.

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Testimonio: moradora de Mataje

Al día de hoy, los pueblos fronterizos entre Ecuador y Colombia continúan desvalidos, sitiados por el miedo y bajo una férrea ley de silencio.

El 1 de agosto de 2018, en uno de los tres viajes realizados por el consorcio de periodistas, Mataje parecía un pueblo fantasma: nadie pasaba por allí. Aunque el calor asfixiaba, las puertas y las ventanas de las casas permanecían cerradas. Los periodistas recorrieron el lugar con el resguardo de una caravana militar y 20 soldados.

Desde hace décadas, los alrededores del río del mismo nombre han sido zona de enfrentamientos. A ambos lados de la frontera operan dos disidencias de las FARC: el Frente Oliver Sinisterra y las Guerrillas Unidas del Pacífico, así como el Ejército de Liberación Nacional, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y bandas delincuenciales como Gaula NP y Las Lágrimas. Todos cruzan entre ambos países con total libertad, se disputan las más de 19 000 hectáreas de coca cultivadas en el área, las rutas al mar para sacar toneladas de cocaína al mes y los contactos con los grandes  carteles mexicanos.

Como en San Lorenzo, del lado colombiano, en el municipio de Tumaco, el miedo es también un estado cotidiano. La mayoría de las personas consultadas por el consorcio de periodistas no permitió que las entrevistas fueran grabadas, ni siquiera en audio, por temor a posibles represalias.

Las poblaciones a ambos lados de la frontera son usadas en la cadena del narcotráfico. En Ecuador, específicamente en Mataje Nuevo, guardan el armamento y el dinero en caletas. Las cocinas para el procesamiento de la hoja de coca se ubicaban en Campanita, a ocho kilómetros de Mataje, río arriba. También hay sicarios que circulan por poblaciones más urbanas como San Lorenzo. Un funcionario judicial, que habló bajo la condición de anonimato, agregó que esta parte de la frontera sirve para el abastecimiento de combustibles y precursores para la fabricación de la cocaína que se exporta desde el lado colombiano. Tumaco es el municipio con los mayores sembradíos de hoja de coca para uso ilícito del mundo.

Novena por la muerte de siete campesinos en Tandil, Nariño, cuando protestaban contra la erradicación forzada del cultivo de la coca.Los habitantes de la vereda El Tandil, en Tumaco (Nariño), no dudan en señalar a la Fuerza Pública como responsable de la masacre perpetrada el 5 de octubre del año pasado.Este hecho se considera el inicio del conflicto en la zona.Tandil area in Nariño, Colombia, October 2017. Manu Brabo.

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El Estado ecuatoriano dice que siempre prefirió una salida negociada, y descartó las operaciones militares para rescatar a Javier, Paúl y Efraín, pero los resultados fallaron. En un momento dado, los tres periodistas fueron conducidos a la vereda Los Cocos, muy cerca del río Mira, frontera natural entre los dos países. Según un testigo de la Fiscalía colombiana, en ese momento Efraín Segarra, el mayor de los tres, entendió que su suerte estaba echada, y preguntó a sus captores si los iban a matar. Alias Perú, un gatillero, le habría contestado:

—Sí, porque el Gobierno ecuatoriano no cumplió con el acuerdo.

Pasarían más de dos meses para que equipos forenses y policías rescataran los cuerpos, el 21 de junio. Cuando los encontraron, Javier, Paúl y Efraín ya no tenían las cadenas que los apresaron durante su cautiverio. Diecisiete tiros las volvieron innecesarias.

El 15 de septiembre, Iván Duque, recién posesionado presidente de Colombia, aseguró que Guacho estaba herido y que había escapado a una operación militar. Dos días después, el comandante de las Fuerzas Militares colombianas, el general Alberto Mejía, dijo que no podía “ni confirmar ni negar” la noticia. Yadira Aguagallo, la compañera de Paúl Rivas, mencionó en una entrevista que para las familias es imperativo capturar a Guacho vivo y poder dar un “paso adelante contra la impunidad”. Es decir, conocer la verdad que tres familias y dos países aún esperan.