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Reformas LOC

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La regulación de contenidos es el sexto punto que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observa dentro del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

Según el organismo, la LOC vigente contiene una serie de restricciones a la difusión de contenidos, con el objetivo de que se transmita únicamente información que el Estado considera «veraz». En este aspecto, destacó que en el proyecto que se discutirá se haya modificado buena parte de esas disposiciones. Sin embargo, la Relatoría considera que dentro de las reformas existen normas que deben ser revisadas a la luz de los estándares internacionales.

La Relatoría observó que el proyecto de Ley mantiene restricciones para la circulación de información como la referente a datos personales y la proveniente de comunicaciones personales, cuya difusión no haya sido debidamente autorizada por su titular, por la ley o por juez competente; la información producida por la Fiscalía en el marco de una indagación previa y la información acerca de las niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo a la CIDH, las restricciones a la publicación de información no cumplen con el requisito de necesidad en el contexto de una sociedad democrática. Eventualmente, también pueden afectar el derecho a la reserva de las fuentes. Al mismo tiempo, limitan el rol del periodismo en la investigación y difusión de hechos de corrupción, violaciones a los Derechos Humanos y abuso de poder. “Si bien la protección de datos personales y de la investigación judicial constituyen intereses legítimos a proteger, la doctrina internacional es consistente en establecer que los periodistas y los medios de comunicación no están alcanzados por este deber de reserva”, se menciona en el texto.

Existe además una preocupación por que se impulsen normas que establecen la obligación de mantener la reserva absoluta de la información clasificada como reservada, so pena de atribuir sanciones civiles o penales, sin que se establezcan excepciones para divulgación de asuntos de interés público en el ámbito de los medios de comunicación. “Normas de esta naturaleza permitirían sostener que, ante el conocimiento de violaciones de Derechos Humanos, hechos de corrupción o incumplimiento de la ley, quien conoce la información debe abstenerse de hacerla pública, bajo pena de ser civil y penalmente responsable”.

En este sentido, el organismo recordó que las fuentes confidenciales y materiales relacionadas con la divulgación de información reservada deben ser protegidas por la ley. Del mismo modo, los mecanismos periodísticos de autorregulación han contribuido significativamente a desarrollar buenas prácticas sobre cómo abordar y comunicar temas complejos y sensibles.

Se considera que al prohibir la difusión de determinado contenidos de interés público, no sólo se viola el derecho individual de una persona a transmitir o difundir una información, sino también el derecho de toda la comunidad a recibir informaciones.

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión establece en el Principio 7 que los “condicionamientos previos, tales como la veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales.”

La jurisprudencia interamericana es consistente en reafirmar “que la máxima posibilidad de información es un requisito del bien común, y es el pleno ejercicio de la libertad de información el que garantiza tal circulación máxima; y que la libre circulación de ideas y noticias no es concebible sino dentro de una pluralidad de fuentes de información, y del respeto a los medios de comunicación”.

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El Derecho de Respuesta es el quinto punto que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) trata dentro de las observaciones hechas al proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

El organismo internacional aseguró que, ante eventuales abusos de la libertad de expresión que perjudiquen derechos ajenos, el Estado debe imponer las medidas menos restrictivas para el ejercicio de ese derecho. En ese sentido, apuntó que el derecho de rectificación o respuesta, consagrado en el artículo 14 de la Convención Americana, es recomendado como una medida adecuada para la protección de la reputación y la reparación ante un posible daño, como un posible agravio o una inexactitud.

Sin embargo, la Relatoría advirtió que el derecho de respuesta podría implicar una forma de restricción a la libertad de expresión, si existe una reglamentación del mecanismo inadecuada, o la imposición de cargas o sanciones exorbitantes a los medios de comunicación en el ejercicio de este derecho, lo que puede derivar en abusos o formas de afectación desproporcionadas a la libertad de expresión.

Según la Relatoría, la LOC vigente otorgó una amplia discrecionalidad a la Supercom para imponer rectificaciones y réplicas a los medios de comunicación, disponiendo del espacio y estableciendo sanciones económicas desproporcionadas que amenazaron la sustentabilidad financiera de los medios.

La Relatoría sugirió revisar de manera integral la redacción de los artículos 16 al 21 del proyecto de reformas entregado por el Ejecutivo, así como un repaso cuidadoso de los términos en que se reglamenta el derecho de rectificación y respuesta.

La Relatoría recordó que el artículo 14 de la Convención Americana en forma taxativa admite el derecho de respuesta, pero únicamente para responder a «informaciones inexactas o agraviantes emitidas en perjuicio» de la persona afectada a través de medios legalmente reglamentados. Por lo tanto, el solicitante no tiene la posibilidad de responder o pedir la rectificación ante cualquier información que lo involucre, sino cuando pueda acreditar que hay una inexactitud o un agravio en la información publicada y que ese error le afecta.

Por otra parte, advirtió que la imposición de condicionamientos previos, como la veracidad, son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión.

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La Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, encargada de tramitar las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), analizó las disposiciones generales y transitorias del articulado del proyecto de Ley, en su sesión ordinaria Nro. 181 del 8 de agosto de 2018. Con ello se espera que el texto pase al Primer Debate en el Pleno.

A pesar de que no hay un pronunciamiento oficial respecto al contenido del documento, la asambleísta por CREO, Jeannine Cruz, quien integra la Comisión, adelantó que el articulado respeta a la comunicación como un derecho, y no como un servicio público. También aseguró que se elimina la Superintendencia de Comunicación (Supercom), así como la figura de linchamiento mediático.

La Legisladora de Loja considera positivo que se acoja la propuesta de establecer mecanismos de seguridad para los trabajadores de la comunicación, así como la posibilidad de que los ciudadanos puedan solicitar réplicas y rectificaciones a través de una acción de protección o acudiendo a la Defensoría del Pueblo.

En cuanto al análisis de las Disposiciones Generales, el proyecto establece que, a fin de garantizar la protección efectiva de los derechos del consumidor, los titulares de los derechos de la comunicación -como consumidores y usuarios- podrán ejercer los derechos establecidos en la Ley que regula la participación ciudadana.

También se plantea el cambio de nombre del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) a Consejo de Regulación y Promoción de la Información y Comunicación. La institución será responsable de capacitar a los trabajadores de los medios, entre otros.

En lo referente a las Disposiciones Transitorias, se establece un plazo de 180 días para la eliminación de la Supercom, luego de que se publique la Ley reformada  en el Registro Oficial. Los derechos y obligaciones de la Superintendencia serán asumidas por la Defensoría del Pueblo o el Cordicom, al igual que las partidas presupuestarias, los bienes muebles e inmuebles y los activos y pasivos.

Sobre las sanciones pecuniarias impuestas por la Supercom hasta la fecha de expedición de la LOC, deberán cumplirse de conformidad con la normativa aplicable.

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La tarde de este 8 de agosto se realizó en Asamblea Nacional el foro ‘Pluralidad de voces para la libertad de expresión: Aportes desde los medios comunitarios para la Ley de Comunicación’. En el encuentro participaron Jorge Guachamín, director de la  Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador (Corape); y Gissela Dávila, directora general de Ciespal. En ambas exposiciones se concluyó que “el 33% de las frecuencias del espectro para medios comunitarios es un derecho que no se puede perder, porque sería un retroceso”.

Para Guachamín, “estamos hablando de espacios, que los medios sean un puente con las autoridades para resolver problemas, contar con la información de primera mano, espacios de construcción ciudadana y democracia. Pero el Estado ha priorizado la asignación de frecuencias hacia el sector privado, los comunitarios no han sido tomados en cuenta y esto atenta contra la democratización de la información”.

A criterio de Guamachín, el sector privado “usufructúa el mismo espacio y no se han asignado frecuencias a quienes somos el Estado y que formamos parte de sectores organizados que están solicitando esas frecuencias”. El Director de Corape destacó que “falta mucho por hacer para lograr el 34% del espectro, pero es un derecho que no podemos dar marcha atrás. El principio de pluralidad debe garantizarse para que se democratice el espectro, cuando podamos encontrar varios contenidos y no unos solo, en ese momento podríamos hablar de una verdadera democratización de la comunicación”.

La representante de Ciespal afirmó que con la distribución que formula la LOC, darle el 34% a los medios comunitarios, uno por ciento por encima del 33% de medios públicos y el otro 33% de medios privados, “el Estado estaría pagando una deuda por haber desatendido a este sector durante años. Por ello hoy el 95% de las frecuencias está en manos privadas”.

Dávila insistió en que la “democratización del espectro no tiene nada que ver con factores tecnológicos o técnicos. Durante 50 años nos dijeron que el espectro estaba saturado y era imposible redistribuirlo, luego se demostró que con disposición y la voluntad política se puede redistribuir y por ello no se garantiza el derecho de tener más información, más voces”.

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La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se refirió a la responsabilidad ulterior, dentro de las observaciones hechas al proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

De acuerdo a los estándares internacionales, la Relatoría fue enfática en señalar que, pese a que el Código Penal ecuatoriano establece responsabilidades ulteriores por eventuales abusos en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, la Convención Americana estableció que la utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre funcionarios y asuntos de interés público resulta incompatible.

El Principio 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH sostiene que: “Los funcionarios están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios generalmente conocidas como ‘leyes de desacato’ atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.

En esa línea, el Principio 10 establece que “la protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles…”. En cuanto a una eventual responsabilidad civil, la Corte Interamericana establece que las condenas civiles en materia de libertad de expresión deben ser estrictamente proporcionales de manera que no causen un efecto inhibitorio. Se debe tener presente que si la reparación civil es elevada, puede jugar un efecto tan inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión como el de una sanción penal, y tener un efecto de autocensura.

Respecto al proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, la Relatoría observó el artículo 15 y recomendó revisarlo a la luz de los estándares señalados. Dicho artículo   establece la posibilidad de atribuir responsabilidad a los medios de comunicación por la difusión de información cuando no esté debidamente identificado el autor de la misma. Sobre este punto, la Relatoría Especial recordó que la difusión de información, sin identificación del autor por parte de los medios de comunicación, forma parte de la dinámica comunicacional y de la protección del derecho a mantener la confidencialidad de las fuentes de información.

Otro aspecto que fue observado es el de mantener una regulación de los comentarios del público en los medios de comunicación. “Si bien constituye una buena práctica que los medios de comunicación social tengan normas transparentes para moderar los comentarios del público, una regulación con base en sanciones podría llevar a los medios de comunicación a prescindir de estos espacios, lo que podría causar un efecto inhibitorio en la deliberación sobre asuntos de interés público”, concluyó la Relatoría.

El pasado 25 de julio de 2018, el relator especial para la libertad de expresión, Édison Lanza, compareció ante la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional para dar su visión y entregar las observaciones al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) que presentó el presidente Lenín Moreno.

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El recientemente nombrado Superintendente de Comunicación, Édison Toro participó este lunes 6 de agosto en la sesión número 180 de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, donde se analizan reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Allí expuso que es necesario definir cómo se manejarán los procesos administrativos adelantados en contra de medios de comunicación.

Toro informó que se levantó un registro, desde hace una semana que asumió el cargo, donde «existen 706 sanciones administrativas de la Supercom, de las cuales 154 no podrían ser revisadas porque están ya en la vía judicial». Además confirmó que «se tienen indicios de que varias resoluciones sancionatorias sí violentaron, no solamente el debido proceso, sino también normas materiales en su aplicación”.

Según el Superintendente, «es parte del plan de trabajo trazado, en los días siguientes serán convocados para plantear el plan de acción frente al debate de la ley que se hará una revisión de los actos administrativos bajo el Código Orgánico Administrativo (COA)».

El funcionario dijo que estos cambios no implican «licencia abierta para los medios. Hay vías para que se hagan cargo de su responsabilidad, si vulneran derechos. Será el juez el más encargado y el mejor capacitado para ponderar eso”. Toro también comentó que la figura de linchamiento mediático está entre los puntos más discutidos del proyecto que, «luego de la fase de socialización, entra en una etapa de análisis previo a la votación del informe para primer debate que irá a discusión del Pleno».

En relación a la eliminación de la Superintendencia de Comunicación (Supercom), sostuvo que tal medida es «necesaria. No se amerita su existencia, porque no tiene sentido una institución administrativa que controla y sanciona la libertad de expresión».

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La mañana del pasado 1 de agosto, tres periodistas se incorporaron al debate sobre las reformas a la Ley de Comunicación (LOC): Tania Tinoco, Gustavo Cortez y María Josefa Coronel. Su intervención fue absolutamente oportuna, por una razón. Situar la discusión en el plano real: el de los atropellos a la prensa durante 10 años y la LOC como el dispositivo con el cual se completó la política de acoso y derribo al periodismo.

Los testimonios de Tania, Gustavo y María Josefa fueron claves para silenciar ese lado censurador y controlador que subsiste en buena parte de los actores, dentro y fuera de la Asamblea. El contar de primera mano cómo operó la censura disfrazada de Ley causó el efecto de sensibilización necesaria para avanzar en un debate complejo.

Tan complejo como el del diseño institucional que ya lo esbozó el relator Edison Lanza, durante su comparencia en el seno de la Comisión y donde dijo que no quería recomendar ningún modelo, porque de haberlos hay muchos y que más bien los ecuatorianos debíamos darnos el tiempo, para que incluso después de aprobadas las reformas y como parte del proceso de transición, discutamos cuál es el mejor diseño institucional que integre los mecanismos más adecuados de regulación, autorregulación y corregulación.

En este momento las reformas a la LOC plantean la desaparición de la SUPERCOM y todos lo aplaudimos, no solo por lo que significa, sino porque ningún estándar recomienda que un derecho humano fundamental sea cuestión de superintendentes impuestos por el poder Ejecutivo en países que deseen llamarse democráticos. Entonces, quedan el CORDICOM y los mecanismos de autorregulación. Aunque por fuera, además, existan el ARCOTEL y el Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL) que, como se ha demostrado, también tienen mucho que decir en temas tan sensibles como la repartición de las frecuencias de radio y TV.

En todo caso, lo que recomiendan los estándares es respetar unos principios: independencia del órgano regulador, alto nivel técnico, autonomía administrativa y financiera.

Así que la composición del CORDICOM es una cosa vital. La propuesta del Ejecutivo es insuficiente en esos términos. Si bien incorpora un delegado de las carreras de comunicación de las universidades, la independencia del organismo hacia quien ocupa el poder político todavía no es del todo clara.

Una vez más, todo es una cuestión de diseño. Institucional. Estructural. De país. De Estado. Imaginemos que montamos una fábrica de autos y decidimos que vamos a construir Ferraris, pero compramos los diseños de un Chevrolet. Así que tenemos un problema, una seria limitación para construir instituciones regulatorias independientes: la Constitución prohíbe que los regulados sean parte de órganos regulatorios. Tiene alguna lógica cuando hablamos de bancos. Pero con una Ley de Comunicación los regulados somos todos. O para ser más precisos, medios, periodistas, publicistas, comunicadores, productores, artistas, actores, todos caen en el mismo saco.

Al final, hay que hacer piruetas y una pirueta de esas se aprobó el miércoles para el CORDICOM: aparte de los delegados que proponía el Ejecutivo, se incorpó a tres representantes de los pueblos montubios, indígenas y afros. Y se le dio voz, pero no voto, a una parte de los regulados: medios, periodistas. Y a quienes estamos por fuera de todo el quilombo, sociedad civil relacionada al “derecho de la comunicación” que no es más que el eufemismo para hablar de libertad de expresión.

La fórmula es imperfecta. Muy imperfecta, pero un avance, por un detalle: los delegados ya no serán delegados sino miembros nominados por X y nombrados por el Consejo de Participación y por lo tanto con responsabilidad política.

En todo caso, es un tema que hay que seguir discutiendo. No todo está acabado. No todo está perdido, como decía Fito Páez. Como país debemos darnos la oportunidad de seguirlo debatiendo, como ya lo decía el Relator Lanza.

 

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La autocensura, abusos de réplicas y otras preocupaciones sobre la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) fueron compartidas por la periodista de Ecuavisa, Tania Tinoco; la abogada y exentrevistadora de Teleamazonas, María Josefa Coronel, y el periodista Gustavo Cortez. Ellos comparecieron este 1 de agosto de 2018, en la sesión Nro. 178 de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, encargada de tramitar las reformas al cuerpo legal.

La primera en intervenir fue Coronel. Ella fue enfática en señalar que la Ley de Comunicación vigente fue creada con el ánimo de arrastrar los derechos consagrados en la Constitución y en instrumentos internacionales, y arrancar del poder judicial ciertas atribuciones para sancionar a los medios. En ese sentido, aseguró que debe ser derogada absolutamente y diseñarse una normativa nueva.

A la columnista de Diario Expreso le preocupa que el proyecto de Ley mantenga el concepto de información de interés público. A su criterio, es una de las definiciones más complicadas, ya que se trata de una palabra jurídicamente subjetiva que podría resultar peligrosa.

Coronel también calificó como una “vergüenza” el que se haya calificado a la información como un servicio público, pues considera que este es un derecho que no le pertenece al Estado. Pidió se revise. En cuanto a la reparación por afectación a un tercero a través de un medio, la abogada comentó que en Ecuador hay normas que pueden reparar dicho daño y que eso lo debe determinar un juez y no una entidad administrativa como la Supercom.

La periodista Tania Tinoco compartió la misma preocupación de su colega, respecto a que se mantenga el concepto de información de relevancia pública, veraz o de calidad. Se preguntó quién podría determinar esto, ya que es un tema subjetivo que podría derivar en discrecionalidades.

También se refirió a la responsabilidad ulterior y a la imposibilidad de que un periodista pueda ser responsable de lo que diga un entrevistado dentro de una transmisión en vivo, o en la imposibilidad de adelantarse al criterio de un invitado para evitar ser sancionado. Tinoco cuestionó que el proyecto presentado por el Ejecutivo mantenga intacto el derecho a la rectificación y réplica que contempla la Ley actual y que permitió una serie de “errores y horrores”, como la imposición de videos de rectificación de más de 13 minutos en el programa que dirige, Visión 360, sin que se haya emitido el supuesto error.

Gustavo Cortez, exeditor general de Diario El Universo, coincidió en que las réplicas y rectificaciones plasmadas en la LOC derivaron en abusos. “Los periodistas que de verdad creemos en el oficio y hacemos un periodismo independiente hemos sido víctimas de la Ley que instaló en las redacciones la autocensura ya que muchos de nosotros dejamos de publicar cosas por temor a sanciones, muchas veces injustificadas, y que ponían en riesgo la estabilidad económica del medio”, apuntó.

Cortez pidió a la Comisión que se revise de manera exhaustiva este tema. “Cuando vemos el proyecto de reformas, nos encontramos con que estas figuras siguen teniendo los mismos parámetros Sugerimos que se revise y se defina en qué momento aplicarlo para que se cumpla bien este derecho sin llegar al abuso”, mencionó.

En su experiencia como Editor General de El Universo, comentó que han sido víctimas del exceso de estos mecanismos que, a su criterio, han resultado como puertas de escape para muchas personas involucradas en procesos de corrupción que, en lugar de dar entrevistas, han preferido evadirlas para luego reclamar un espacio e imponer contenido. “Se llegó a los excesos de que se enviaron réplicas diagramadas con una posición textual intocada de lo que la persona quería decir y que se podía tomar una página entera, pese a haber sido nombrada en apenas dos líneas”.

En la Comisión también participó el asambleísta de Pachakutik, Elio Peña, quien presentó un proyecto de reformas enfocado en los medios comunitarios. El Legislador aseguró que ese sector ha estado relegado y que el Estado debería garantizar los recursos para que las comunidades puedan ejercer sus derechos de comunicación y acceso a estos medios.

En cuanto a su definición y naturaleza, comentó que hay asuntos que se han querido tergiversar. Por ejemplo, que los medios comunitarios no son indigenistas, ya que el concepto es más amplio y abarca desde colectivos, comunas pueblos y nacionalidades, hasta comunidades y organizaciones de la sociedad civil. Para el asambleísta, los medios comunitarios se diferencian de los otros porque no tienen fines de lucro y deben contar con un plan para servir a la comunidad y una programación pluralista, entre otras cosas.

Respecto a la concesión de estos medios, Peña aseguró que se debe reflexionar en el tema de concentración de la propiedad y adoptar medidas para revertir frecuencias ilegales y combatir monopolios, entre otras cosas, para alcanzar el 34% del espectro radioeléctrico para medios comunitarios. En ese sentido, propuso que se reconozcan acciones afirmativas con un puntaje del 30% en caso de ir a un concurso; y que se destine un fondo del 20% de publicidad estatal para la supervivencia de estos medios. “Si no hay esta acción afirmativa, quedarían rezagados”, concluyó. 

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Las normas deontológicas son el tercer punto que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizó y observó, tras revisar el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) que propuso el presidente Lenin Moreno.

Al respecto, la Relatoría destacó que la reforma modifica varias disposiciones de la Ley vigente que imponían a los medios de comunicación una serie de normas de actuación ética o deontológica, cuya aplicación es supervisada por un defensor elegido e impuesto por el Estado.

En este aspecto, la Relatoría aseguró que la reforma se alinea con la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, en cuanto establece que la actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados. Sin embargo, mencionó que si bien varios de los contenidos mínimos explicitados en la norma son compatibles, hay otros que por su amplitud y vaguedad -y el hecho de ser de obligatoria inclusión en el propio funcionamiento de los medios-, podrían tener un efecto inhibitorio o dar lugar a restricciones en el ejercicio del periodismo.

La Relatoría sugiere que la elaboración del contenido de los códigos formen parte de un Consejo de Prensa o de Medios, como ya existen a nivel comparado, integrado por representantes de los medios y de la ciudadanía.En este aspecto, concluyó que para asegurar la autonomía de los medios es indispensable respetar su independencia en la línea editorial o informativa. Según la Relatoría, la prohibición de la censura previa en los instrumentos internacionales refiere al Estado, sus poderes y a sus funcionarios, pero no puede asimilarse a una restricción a la independencia editorial de los medios.

 

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Las restricciones admisibles de cara a las reformas de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) es el segundo aspecto que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aborda en sus observaciones al proyecto presentado por el Ejecutivo.

Con el objetivo de profundizar en el contenido de las observaciones presentadas por el relator Edison Lanza, el pasado 25 de julio, y aportar al debate de las reformas, FUNDAMEDIOS presenta la segunda entrega del análisis a la Relatoría:

El organismo internacional dio tres recomendaciones específicas para no vulnerar el derecho a la libertad de expresión:

  1. Tener en cuenta que cualquier limitación a la libertad de expresión debe establecerse a través de una ley clara y precisa y tener como finalidad la libertad e independencia de los medios, así como la equidad e igualdad en el acceso al proceso comunicativo.
  2. Establecer únicamente limitaciones ulteriores a la libertad de expresión que sean necesarias, idóneas y proporcionadas al fin legítimo, justas para una sociedad democrática. Cualquier restricción, además de necesaria, debe estar redactada en términos claros y precisos, evitando cláusulas abiertas y expresiones vagas e imprecisas o ambiguas.
  3. Evitar cualquier clase de condicionamiento previo que pueda causar efectos inhibitorios en la comunicación, tales como exigencia de veracidad, exactitud y precisión en la información que difunden periodistas y medios de comunicación.

Para la Relatoría, la existencia de disposiciones poco claras o redactadas en términos ambiguos “pueden sustentar potenciales actos de arbitrariedad que equivalgan a censura previa o que impongan responsabilidades desproporcionadas por la expresión de discursos protegidos”.

En cuanto a la regulación de medios de comunicación, en especial aquellos que requieren una licencia o asignación de frecuencia para funcionar, la Relatoría Especial fue enfática en subrayar que este tipo de regulación «debe estar prevista en una ley clara y precisa; tener como finalidad la libertad e independencia de los medios, así como la equidad y la igualdad en el acceso al proceso comunicativo; y establecer solo aquellas limitaciones posteriores a la libertad de expresión que sean necesarias, idóneas y proporcionadas al fin legítimo que persigan”. En definitiva, que sean compatibles con “las exigencias justas de una sociedad democrática”.