No es solo una percepción. Nuestro país registra un incremento sustancial en el número y nivel de violencia de ataques perpetrados en contra de periodistas, medios de comunicación, activistas de derechos humanos, blogueros, tuiteros y varios ciudadanos, que por haber ejercido su legítimo derecho a expresarse, han sido víctimas de distintas agresiones.
En los últimos 5 años (2008 – 2013), Fundamedios ha contabilizado 657 agresiones contra la libertad de expresión con un total de 699 víctimas. En esta larga lista constan periodistas, comunicadores y medios, tanto privados como aquellos que están en manos del Estado (públicos, gubernamentales e incautados).
Es lamentable señalar que las agresiones van en aumento, año tras año, sin que existan pronunciamientos oficiales, investigaciones o medidas de protección a favor de las víctimas, con lo cual la gran mayoría de los casos queden en la impunidad. La razón de que esto ocurra, a juicio de las más altas autoridades del país, es que la mayor parte de ataques denunciados son “falacias” y que en Ecuador se vive “plena de libertad de expresión”.
Las cifras hablan por sí solas. Los principales agredidos han sido periodistas y medios de comunicación privados con un total de 513 agresiones correspondientes al 73% del total de víctimas contabilizadas. De ese porcentaje, el 58% corresponde a comunicadores y el 42%, a empresas periodísticas.
Fundamedios ha registrado, además, 64 agresiones contra periodistas y medios en manos del gobierno. Estos ataques son producto del clima de hostilidad en el que los comunicadores desarrollan su trabajo, así como también los bajos niveles de tolerancia y respeto al derecho de expresarse en el país.
Entre los casos emblemáticos está el ataque a la periodista Elena Rodríguez, ocurrido el pasado 16 de septiembre de 2009, cuando era corresponsal de la cadena venezolana Telesur. En ese entonces, fue agredida y amenazada por tres sujetos armadas. Hoy Rodríguez es reportera del diario oficial El Ciudadano.
Otra agredida fue la periodista Alba Aldeán, de radio Carrusel de Guayaquil, quien el 26 de marzo de 2010 recibió un ataque físico y verbal por parte de Margarita Arosemena Gómez, miembro del directorio de la Junta Cívica de Guayaquil.
Se reportó, además, el ataque contra las instalaciones de EcuadorTV el pasado 30 de septiembre de 2010. Ese día, un grupo de policías y civiles se tomaron el edificio de la estación.
Otro caso divulgado fue la acción judicial iniciada en noviembre de 2012 por el prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, contra Orlando Pérez, director de diario El Telégrafo, por un supuesto daño espiritual solicitando además una indemnización de 5 millones de dólares.
De las 699 víctimas registradas el 6.22% corresponde a los periodistas en general, es decir, vulneraciones que han afectado al ejercicio periodístico como leyes, reglamentos, disposiciones estatales, entre otros.
Del total de víctimas el 78% son hombres y el 22%, mujeres.
La organización también ha registrado ataques contra activistas de derechos humanos, que alcanzan el 4% del total registrado. El 2% de las agresiones han recaído en ciudadanos.
Del 82.54%, que representa el total de periodistas agredidos, los mayores afectados son los trabajadores de medios impresos con el 18%, seguidos de quienes trabajan en televisión con el 13.39%, y los periodistas de radio con el9.89%. Asimismo, el 5.33% representa a agresiones contra camarógrafos y el3.50% contra reporteros gráficos
Por su parte, las provincias con mayor número de casos reportados son: Pichincha con el 51%, Guayas con el 17.66%, seguidas de las provincias de Manabí y Esmeraldas con el 4.49%; El Oro con 3.96% y Sucumbíos con el3.26%.
Como se mencionó en párrafos anteriores, hay una clara inacción por parte de las autoridades para frenar estos altos índices de ataques contra quienes ejercen su libertad de expresión. Resulta paradójico, además, que quienes están obligados a garantizar la protección e integridad de los profesionales de la comunicación sean los mayores agresores, iniciando acciones judiciales y campañas de descrédito contra ciudadanos, periodistas y medios de comunicación. Es así que de los casos reportados, el 45% corresponde a agresiones ocasionadas por funcionarios públicos. De esta cifra el presidente Rafael Correa protagonizó el 11.72% de los casos, seguido por la policía con el10.65%, y otros funcionarios a través de medidas administrativas, legislativas o judiciales con el 18.87% del total.
Al respecto la Comisión Interamericana ha indicado que “en materia de libertad de expresión y protección a derechos de terceros, el respeto se materializa mediante la debida diligencia que el funcionario público debe tener al momento de difundir ideas y pensamientos, con el fin de que su discurso no se convierta en un mecanismo estigmatizador, de hostigamiento, señalamiento, criminalización e intimidación”. Sin embargo, los periodistas están día a día expuestos a una serie de ataques, descalificaciones, insultos, demandas y constantemente se estigmatiza su trabajo. Se ha calificado a comunicadores y medios como “manipuladores, mediocres, corruptos, conspiradores, sicarios de tinta, golpistas”, bajo la justificación de que lo único que hacen es “desinformar”.
En este contexto, la agresión más recurrente a la que han estado expuestos los periodistas durante estos cinco años son los “ataques a la integridad física”con un 60% del total, donde constan los asesinatos contra tres periodistas, seguido de las agresiones verbales y declaraciones de autoridades y figuras públicas con el 20%. Le sigue la categoría “uso abusivo del poder del Estado” con el 14%, dentro de la cual se reportaron 57 cadenas nacionales que representan el 9% del total de agresiones.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH en su informe 2012, al igual que en informes de años pasados, recordó que el principio 9 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión señala que: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
Se reitera también la importancia de “crear un clima de respeto y tolerancia hacia todas las ideas y opiniones”. La RELE recuerda que “la diversidad, el pluralismo y el respeto por la difusión de todas las ideas y opiniones, son condiciones fundamentales en cualquier sociedad democrática”. En consecuencia, las autoridades deben contribuir decisivamente a la construcción de un clima de tolerancia y respeto en el cual todas las personas puedan expresar su pensamiento y opiniones sin miedo a ser agredidas, sancionadas o estigmatizadas por ello.
La Relatoría insistió que es deber del Estado crear las condiciones necesarias para que las ideas u opiniones puedan ser libremente difundidas, incluye la obligación de investigar y sancionar adecuadamente, a quienes usan la violencia para silenciar a los comunicadores o a los medios de comunicación”. Recuerda además que los funcionarios públicos tienen el deber de asegurarse que con sus pronunciamientos no están lesionando los derechos de quienes contribuyen a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento, tales como periodistas, medios de comunicación y organizaciones defensoras de derechos humanos, y deben atender al contexto en el cual se expresan para asegurarse que sus expresiones no constituyan, en palabras de la Corte, “formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento”.
Fundamedios condena todas las agresiones en contra de los ciudadanos, periodistas y comunicadores y exhorta a las autoridades la oportuna investigación de este tipo de hechos. La Organización hace, además, un llamado a la tolerancia y al respeto del pensamiento diverso de los ciudadanos.
VICTIMS OF THE HOSTILE CLIMATE IN ECUADOR
It is not just a perception.Our country has registered a substantial increase in the number and level of violence of the attacks perpetrated against journalists, the media, human rights activists, bloggers, tweeters and various citizens who have been the victims of aggressions for exercising their legitimate right to express themselves.
Over the last five years (2008-2013), Fundamedios has counted 657 aggressions against freedom of expression with a total of 699 victims.This long list includes journalists, communicators and media outlets, both private and managed by the State (public, governmental and seized).
It is unfortunate to note that the attacks are increasing year after year, with no official statements, investigations or measures to protect the victims being issued, meaning that the vast majority of cases go unpunished.The reason this is so, in the opinion of the country’s highest authorities,is that the majority of reported attacks are «lies» and Ecuador enjoys «full freedom of expression.»
The figures speak for themselves.The largest category of those attacked includes journalists and the private media with a total 513 aggressions, accounting for 73% of the total of victims recorded.Of that percentage, 58% are communicators and 42%, media companies.
Fundamedios has also registered 64 attacks against journalists and media managed by the government.These attacks are the result of the climate of hostility in which communicators work, as well as the low levels of tolerance and respect for the right of expressing oneself in the country.
One of the emblematic cases is the aggression against journalist Elena Rodríguez, which occurred on 16 September 2009 when she was a correspondent for the Venezuelan network Telesur.Then she was attacked and threatened by three armed subjects.Today Rodríguez is a reporter for the official newspaper El Ciudadano.
Another victim was journalist Alba Aldeán of Radio Carrusel inthe city of Guayaquil, who on 26 March 2010 was verbally and physically attacked by Margarita Arosemena Gómez, a board member of the city’s Civic Council.
On 30 September 2010 there was an attack against the facilities of EcuadorTV, when a group of police officers and civilians occupied the station’s building.
Another reported case was the lawsuit filed in November 2012 by the prefect of Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, against Orlando Pérez, editor of the newspaper El Telégrafo, for alleged spiritual damage requesting a compensation of 5 million dollars.
Of the 699 victims reported,6.22% were journalists in general. We are talking here about violations that affect the exercise of journalism itself: laws, regulations andState provisions, among others.
Of the total number of victims, 78% were men and 22% women.
The organization has also registered attacks against human rights activists that amount to 4% of the total.Two per cent of the attacks were against ordinary citizens.
Of the 82.54% representingthe total number of journalists attacked, the most affected were those who work for the printed media (18%), followed by those who work in television (13.39%) and radio journalists (9.89%).5.33% of the attacks occurred against cameramen while 3.50% were against graphic reporters.
Meanwhile, the provinces with the highest number of reported cases were:Pichincha with 51%, Guayas with 17.66%, followed of the provinces of Manabí and Esmeraldas with 4.49%; El Oro with 3.96% and Sucumbíos with3.26%.
As mentioned above, there has been a clear lack of action by the authorities to curb these high rates of attacks against those exercising their freedom of expression.It is paradoxical, moreover, that those who are in the obligation of ensuring the protection and integrity of communications professionals have been the worst aggressors, initiating legal actions and smear campaigns against citizens, journalists and media outlets.Of all the reported cases, 45%were aggressions caused by public officials.Of this number, President Rafael Correa initiated 11.72% of the cases, followed by the Police with 10.65% and other officials through administrative, legislative or judicial measures adding up to 18.87% of the total.
The Inter-American Commission has stated that «in matters of freedom of expression and protection of the rights of third parties, respect is materialized through the due diligence a public official must have at the moment of spreading ideas and thoughts, so that hisdiscourse does not become a mechanism for stigmatization, harassment, singling out, criminalization and intimidation”. However, journalists are daily exposed to a series of attacks, put-downs, insults, lawsuits and their work is constantly stigmatized.Communicators and media outlets have been called «manipulative, mediocre, corrupt, conspirators, ink assassins, coup instigators», and this has been justified by saying that all they do is «misinform».
In this context, the most recurrent aggression to which journalists have been exposed during these five years have been «attacks against their physical integrity«, adding up to60% of the total, which include the murder of three journalists, followed by verbal attacks and statements made by authoritiesand public figures, which add up to20%.This is followed by the category «abuse of the power of the State«, adding up to 14%, which includes 57 national chains representing 9% of all attacks.
The IACHR Special Rapporteur for Freedom of Expression in its 2012 report, as well as in those issued in previous years, recalled that Principle 9 of the Declaration of Principles on Freedom of Expression states that:»The murder, kidnapping, intimidation of and/or threats to social communicators, as well as the material destruction of communications media violate the fundamental rights of individuals and strongly restrict freedom of expression.It is the duty of the state to prevent and investigate such occurrences, to punish their perpetrators and to ensure that victims receive due compensation”.
It also reiterated the importance of «creating a climate of respect and tolerance for all ideas and opinions”.The Special Rapporteur recalled that «diversity, pluralism and respect for the dissemination of all ideas and opinions are fundamental conditions in any democratic society”.Consequently, the authorities must contribute decisively to the construction of a climate of tolerance and respect in which all people can express their thoughts and opinions without fear of being attacked, penalized or stigmatized for it.
The Rapporteur stressed that it is the duty of the State to create the necessary conditions for ideas and opinions to be freely disseminated, including the obligation to investigate and adequately penalize those who use violence to silence communicators or the media. It also recalled that public officials have a duty to ensure that with their statements they are not affecting the rights of those who contribute to public deliberation through the expression and dissemination of their thoughts, such as journalists, the media and human rights organizations, and must pay attention to the context in which they express themselves to ensure that their expressions do not constitute, in the words of the Court, «forms of direct or indirect interference or harmful pressure on the rights of those who seek to contribute to public deliberation through the expression and dissemination of their thoughts”.
Fundamedios condemns all attacks against ordinary citizens, journalists and communicators and urges the authorities to investigate this kind of event.The Organization also makes a call for tolerance and respect for citizens’ diverse thoughts.