El debate
Van las notas el debate de la LOC

La desaparición de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), la eliminación de la figura de “linchamiento mediático”, el destino de las frecuencias y la repartición del espectro radioeléctrico fueron los puntos que más se toparon en el pleno, durante la sesión Nro. 538 de este 25 de septiembre, durante el primer debate de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

Para iniciar la discusión de aproximadamente cinco horas, el asambleísta Jorge Corozo, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos que tramitó las reformas, resumió el informe. Dijo que es el resultado del análisis de 14 proyectos presentados y 20 sesiones ordinarias en donde comparecieron 84 representantes de distintos colectivos. Además, citó la Convención Americana de Derechos Humanos y aseguró que es prioridad que las modificaciones se enfoquen en el respeto de la libertad de expresión.

A la cita también acudieron radiodifusores como Kléber Chica, presidente nacional de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER); y Álvaro Rosero, de la Cámara de Medios, quienes plantearon la incorporación de una disposición transitoria que garantice la renovación automática de las frecuencias de emisoras cuya concesión está prorrogada desde 2014. El ministro de Telecomunicaciones, Guillermo León, planteó una propuesta para que no exista la necesidad de realizar un concurso de frecuencias. Sugirió que los temas técnicos sobre la materia se trasladen a la Ley de Telecomunicaciones.

Las posiciones más radicales del debate fueron las del bloque afín al expresidente Rafael Correa: Gabriela Rivadeneira, Marcela Holguín, José Chalá, Doris Soliz y Carmen García se pronunciaron en contra de eliminar una instancia administrativa sancionadora de los medios y de la figura del linchamiento mediático.

Chalá matizó esa postura al plantear que la figura podría modificarse incluyendo el principio de la ‘“real malicia”; mientras que la expresidente de la Asamblea arremetió en contra de los medios de comunicación y aseguró que la figura de linchamiento mediático ha impedido que se organicen persecuciones. “No podemos confundir la libertad de expresión con los propietarios de los medios”, apuntó.  

En esa línea, Carmen García tildó a los medios de “cajas de resonancia que  nos imponen la información”, para defender la no eliminación de la Supercom. La Asambleísta considera que la inexistencia de la Superintendencia significaría “regresar al control” de las grandes corporaciones mediáticas y un retroceso de derechos.

Este último punto fue rebatido por el asambleísta de CREO, César Carrión, quien destacó que gracias al periodismo de investigación se han esclarecido casos de corrupción que con la inclusión del lichamiento mediático se quisieron acallar. El Legislador propuso eliminar el artículo sobre los códigos deontológicos por considerar que no es correcto imponer la ética desde el Estado, pues llevaría a la censura previa.

Además, Jeannine Cruz, también de CREO, planteó eliminar todos los artículos que atentan contra la libertad de expresión y el derecho al anonimato, como la obligación de exigir a los ciudadanos identificarse con nombre y cédula de identidad al publicar un comentario en portales web de los medios de comunicación. Resaltó que se recupere el concepto de que la comunicación es un derecho y no un servicio público.

En el debate también aparecieron posturas que plantean la derogación de la LOC. Patricio Donoso, de CREO, dijo que lo más sensato sería eliminarla por inconstitucional y hacer una nueva. El socialcristiano Luis Fernando Torres aseguró que la Ley fue tratada de manera fraudulenta, ya se aprobó con un debate escaso y con cambios a última hora.

El debate para reformar la LOC se retomará en el Pleno este 27 de septiembre a partir de las 09:00.

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El 25 de julio de 2018, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió a la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional sus observaciones al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), presentado por el presidente Lenín Moreno.

Las recomendaciones se dividen en seis ejes:

1. Fortalecimiento y respeto a la normativa internacional y apego a las normas constitucionales

2. Eliminación de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom)

3. Fortalecimiento de la participación ciudadana

4. Fomento de autorregulación de medios públicos y privados

5. Diferenciación en sistema de comunicación para tener medios de comunicación públicos, privados y medios ciudadanos, cada uno con roles y objetivos

6. Pasos necesarios para el traspaso de acciones que el Gobierno tiene en medios de comunicación incautados

Con el objetivo de profundizar en estas observaciones y aportar al debate, FUNDAMEDIOS recopila y analiza las sugerencias de la CIDH:

 

A estas alturas ya no hay como andarse con eufemismos ni con medias tintas: la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) cumple los estándares internacionales o no. A medias, no sirve.

Así que los asambleístas tienen en este momento un rol histórico: devolver el derecho la libertad de expresión a los ciudadanos arrebatado por el Estado.

Es un reto para todos los partidos políticos. Todos los que se consideren democráticos, claro. Porque recordemos que la LOC actual parte de un principio autoritario: el Estado como titular del derecho a la libre expresión. Un Estado que, por lo tanto. debía estar en todo y controlarlo todo.

En desactivar esa perversión, la Comisión de Derechos Colectivos ha trabajado y ha avanzado mucho. Lo reconocemos y agradecemos. Pero hay varias bombas que están activadas y deben ser tratadas con valentía por el pleno de la Asamblea para cumplir el objetivo que todos los sectores democráticos han dicho respetar: los estándares internacionales de libertad de expresión.

Nos permitimos sugerir algunos desafíos que se suman a las líneas rojas de las libertades:

 

  1. Medios Públicos. Garantizar su autonomía financiera y su independencia editorial debe ser una prioridad. Para eso es necesario ubicar en la Ley una fórmula de financiamiento clara que no dependa de la voluntad de ningún funcionario. Hay varios métodos que funcionan en el mundo. Discutamos algunos de ellos. En cuanto a la independencia es necesario reformular la composición de un directorio para darle un carácter plenamente técnico y ciudadano.
  2. Impulsar el periodismo de investigación como herramienta en la lucha contra la corrupción. Se deben eliminar las limitaciones que subsisten en las reformas sobre información de carácter reservado, que es solo un eufemismo para ocultar datos. Principalmente hay que proteger a quienes la filtran y no castigar a quienes la publican.
  3. Memoria y reparación. No es suficiente que la nueva LOC recupere, respete y promueva derechos. Es necesario promover la revisión de lo que pasó para llegar a la verdad, justicias y reparación a las víctimas. A la final, la Ley del correísmo fue un sofisticado dispositivo para minar de forma sistemática y masiva el derecho fundamental a la libertad de expresión.
  4. Diseño Institucional. El diseño institucional es demasiado importante. Quizás se pueda aprobar las reformas a la LOC con una composición transitoria del Cordicom e incluso del Arcotel, para luego dar forma a un nuevo diseño institucional que responda a la lógica de una sociedad que desea construir una democracia plena.

Fundamedios pide a los Asambleístas que en la discusión de las reformas a la LOC prevalezca un espíritu democrático que permita profundizar las reformas para conducirnos al cumplimento pleno de los estándares internacionales de libertad de expresión.

No tenemos otro camino si queremos un país democrático y libre.

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Cada vez que nos enfrentamos a un nudo crítico en la discusión de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), hay que estar conscientes que gran parte de los problemas que debemos afrontar se debe a que la Ley fue concebida como un Frankenstein, bajo una idea bastante estúpida: el Estado como titular del derecho a la libre expresión, en todas sus dimensiones.

El Estado debía estar en todo y controlarlo todo para al final producir un sinsentido que se sostenía por un solo objetivo: el control y disciplina a los medios. El diseño de las instituciones estatales durante el correísmo correspondió a esa lógica corrosiva. La pregunta clave de esta transición del autoritarismo a la democracia es precisamente “¿Es posible transformar esas instituciones para que cumplan un rol en democracia? ¿Cómo?”.

Estamos ya en la mesa con el Informe para primer debate de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación y eso luce como uno de los nudos críticos del nuevo cuerpo legal: el diseño institucional. Pero vamos por pasos y demos un vistazo general a los avances del proyecto.

Podemos asegurar que hay avances sustanciales en algunos puntos críticos. Mencionemos dos: el derecho a la rectificación y el papel de la Defensoría del Pueblo. El derecho a la rectificación se sujeta casi estrictamente al artículo 14 de la Convención Americana:

Art. 14: Derecho de rectificación o respuesta

  1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio, a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.

Mucho mejor que el texto actual, ambiguo y desproporcionado. Sin embargo, es notorio que este artículo deberá ser reglamentado y, en último término para su implementación, implicará un trabajo activo con editores de medios y operadores de justicia quienes decidirán la aplicación del estándar de la real malicia, por poner un ejemplo.

También se incrementan las acciones afirmativas a favor del sector comunitario: se crea un fondo concursable para el impulso al sector, se van a concesionar de forma directa frecuencias para las nacionalidades y pueblos indignas y se mantiene la reserva del espectro del 34 por ciento. No se avanza, lamentablemente, en poner fin a la innecesaria y antitécnica reserva del 33 por ciento del espectro pare el sector público. Como ha dicho el relator Édison Lanza: los medios públicos deben ser pocos, pero de la más alta calidad posible. Esa es la línea en qué se debe trabajar.

Y llegamos a los nudos críticos. El diseño institucional como el principal. Revisemos, una vez más, lo que heredamos del correísmo: en el esquema de control de los medios y de la comunicación como servicio público se crearon dos tipos de instituciones bajo dos leyes distintas. Bajo la LOC, se debían controlar los contenidos de los medios. Para ello se dio paso a la Supercom que, según uno de sus creadores “era los dientes en la Ley”; es decir, la encargada de morder o sancionar a medios y periodistas. La segunda era el Cordicom que debía ser el organismo “técnico” que emita los informes para justificar las sanciones y la regulación secundaria que cierre el cerco del control, allí dónde la LOC se había quedado corta.

En la otra mano, bajo la Ley de Telecomunicaciones, se creó una Agencia de Regulación de control absoluto del Ejecutivo que debía encargarse de supervisar todo lo relativo al espectro radioeléctrico, incluyendo frecuencias de radio y TV.

En la intersección de ambas leyes, al Cordicom se le dio el poder de calificar proyectos comunicacionales. Es decir, de calificar los contenidos de los medios, para otorgarles o no frecuencias.

Insisto, bajo una lógica de control, este diseño es implacable. ¿Pero bajo una concepción democrática y respetuosa de libertades y derechos? Las reformas a la LOC tienen el acierto de neutralizar las mordeduras de la SUPERCOM y ordenar su desaparición bajo la lógica de que ya el Estado no va a controlar contenidos ni va a sancionar por el ejercicio de la libertad de expresión.

Pero ¿qué pasa con el CORDICOM y su primo hermano el ARCOTEL? ¿Qué pasa, en definitiva, con la forma de otorgar licencias para concesionar frecuencias de radio y TV?

En primer lugar, el CORDICOM no puede desaparecer. Hay un mandato popular como razón de su existencia y digamos que es legítimo que existan organismos reguladores colegiados. ¿Cuáles son los requisitos, los estándares que debe cumplir? No debe ser politizado ni subordinado a los intereses políticos o empresariales y su composición debe tener un alto nivel técnico.

¿Cumple esos requisitos el CORDICOM que sale de las reformas? No y es un no rotundo. El Gobierno mantiene presidencia y voto dirigente. El resto de la composición es más por cuotas de representación, que en realidad son cuotas políticas, que no garantiza ni mucho menos el nivel técnico y la independencia.

Si bien hay avances en la forma de elección de los consejeros, que ya no serían designados a dedo, siguen respondiendo a distintos sectores, sin que eso signifique cuestionar la legitimidad de los mismos.

ARCOTEl es otro cantar, está en la Ley de Telecomunicaciones. Pero, el asunto es que en la LOC consta el tema de la asignación de frecuencias y se hace necesario debatir reformas al respecto.

¿Entonces? En este punto es necesario llenarse serenidad y paciencia y probablemente comenzar la discusión de 0. El Relator Lanza decía que este es un tema en el que, cómo país, debemos darnos tiempo y oportunidad de debatir. El diseño institucional es demasiado importante. Quizás se pueda aprobar las reformas a la LOC con una composición transitoria del CORDICOM e incluso del ARCOTEL, para luego dar forma a un nuevo diseño institucional que responda a la lógica de una sociedad que desea construir una democracia plena.

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Luego de analizar el proyecto de reforma a la Ley de Orgánica de Comunicación, que el pasado 5 de septiembre fue aprobado por la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional para ser debatido en el Pleno, se detectaron nueve aspectos que deben considerarse para que el próximo cuerpo legal cumpla con lo que determinan los estándares internacionales. Este 12 de septiembre, FUNDAMEDIOS convocó a una reunión, donde se analizaron dichas observaciones.

La mañana de este jueves, Indira Salazar, oficial nacional de Comunicación e Información de Unesco; Henry Cucalón y Paola Vintimilla, asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC); Ximena Peña, de Alianza PAIS; Jeannine Cruz, de CREO; César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, participaron de un encuentro en donde Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), expuso los puntos de un documento  elaborado por las dos organizaciones como un insumo técnico a tomar en cuenta en la discusión de las reformas.

El objeto y ámbito de la LOC es el primer factor que debe analizarse. Con base en lo que recomienda la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debe modificarse el artículo 1 de la norma, incorporando que su objeto sea la protección del derecho a ejercer la libertad de expresión y a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole a través de medios de comunicación.

En lo que se refiere a códigos deontológicos, se propone mantener los artículos 9 y 16 que obligan a los medios a elaborar y publicar sus principios. De esa manera, debería eliminarse el artículo 10 que establece el contenidos de los mismos.

Los participantes coincidieron en la necesidad de eliminar del artículo 18 la prohibición de censura previa para los accionistas y socios de los medios; y establecer en el 19 responsabilidad ulterior en los casos en que se vulneren la reputación de las personas, la seguridad nacional o el orden, moral y salud públicas.

Otro aspecto que se discutió fue la modificación del artículo 36 de la LOC, para que la obligación de difundir contenidos interculturales y plurinacionales recaiga únicamente en los medios públicos y sea opcional para los privados. Sin embargo, se recomienda mantener lo determinado en el artículo 37, sobre la inclusión de personas con discapacidad.

De cara a la difusión de asuntos judiciales e información reservada, se plantea mantener el artículo 27 que permite la divulgación de casos judiciales, cuando se garantice el derecho de ambas partes de manifestar sus argumentos en condiciones de igualdad. El 31, referente a la protección de niñas, niños y adolescentes, tampoco debería modificarse.

A los asambleístas y a la Oficial de la UNESCO se les expuso la importancia de eliminar el artículo 42, a través del cual se exige título profesional para el ejercicio de la comunicación. La CIDH reconoce el derecho de toda persona a comunicar sus opiniones por cualquier medio, por lo tanto lo contenido en la LOC se convierte en un limitante.

En el debate de la Ley de Comunicación es necesario considerar cambiar el artículo 48, para que la conformación del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) cumpla con el estándar internacional. El ente rector debe gozar e independencia, libre de cualquier injerencia económica y/o política.

Es importante que los legisladores tomen en cuenta reformar el artículo 74 con el objetivo de establecer que la obligación de transmitir las cadenas nacionales solo se aplique en caso de emergencia. Durante el régimen de Rafael Correa se registraron, al menos, 5584 cadenas a escala nacional…

Finalmente, los asistentes a la reunión reflexionaron sobre la modificación del artículo 108 para organizar concursos diferenciados en la asignación de frecuencias para medios privados y comunitarios. También se abordó la reforma del 106, con el objetivo de eliminar la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los públicos, tal como lo recomienda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  

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Con siete votos a favor y la abstención de tres asambleístas afines al expresidente Rafael Correa, la Comisión Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional aprobó este 5 de septiembre de 2018 el informe para el primer debate de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

Al concluir la sesión Nro. 185, que inició con la lectura completa de las 75 páginas del Informe, los asambleístas de la autodenominada bancada de la Revolución Ciudadana: Marcela Holguín, José Chalá y Carmen García  se abstuvieron de votar. Holguín dijo estar en desacuerdo en que se haya eliminado figuras como el linchamiento mediático; mientras que Chalá comentó que, pese a que el proyecto deja intacto el 75% de la LOC vigente, se abstiene.

En diálogo con FUNDAMEDIOS, el asambleísta Jorge Corozo, del movimiento oficialista Alianza PAIS y presidente de la Comisión encargada de tramitar las reformas, aseguró sentirse satisfecho con el trabajo realizado durante estos tres meses. En dicho lapso recibió el aporte ciudadano de varios colectivos.

Según el asambleísta, aprobar el informe para primer debate constituye un primer paso para reformar una Ley que, a su criterio, vulneró y atropelló derechos y garantías constitucionales, a través de una institución como la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), con facultades sancionadoras.

“La voz vuelve al pueblo a través del trabajo de esta Comisión”, dijo Corozo. El Legislador enviará el informe a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, quien deberá poner en agenda la realización del primer debate que podría darse en los próximos días.

En este primer informe se elimina la Supercom y con esta las sanciones pecuniarias a los medios. De igual forma desaparece la figura de linchamiento mediático. También destaca la venta de los medios incautados en el régimen anterior y la legislación para la protección a periodistas; así como un nuevo mecanismo para la adjudicación de concesiones.

INFORME PARA PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN

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Temas como la protección de periodistas, cadenas nacionales, el régimen de sanciones y reparaciones son los últimos puntos que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDH) observó al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

Respecto a protección de periodistas, el organismo internacional sugirió modificar, de acuerdo a los estándares internacionales, el artículo 42 de la LOC vigente que exige que las actividades periodísticas de carácter permanente, en cualquier nivel o cargo en un medio de comunicación, sean desempeñadas por profesionales en periodismo o comunicación.

La Relatoría recordó que, en carta enviada al Gobierno de Ecuador el 28 de junio de 2013, expresó que esta restricción legal es análoga a una “colegiación obligatoria” de periodistas; hecho que resulta incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana.

En cuanto a las cadenas nacionales, la Relatoría sugirió definir con precisión los supuestos que justifican la utilización de cadenas nacionales para transmitir mensajes de interés público, y remitirlos solamente a casos de necesidad o urgencia, debidamente motivados.

Sobre la asignación de publicidad oficial, la CIDH saludó las limitaciones establecidas para evitar la arbitrariedad y discrecionalidad en la asignación de publicidad oficial, así como los criterios alineados con los estándares internacionales.

El régimen de sanciones también fue observado por la Relatoría que sugirió que el proyecto establezca un régimen sancionatorio progresivo y proporcional siguiendo los principios y estándares internacionales.

Finalmente, sobre las reparaciones, el organismo internacional recomendó que la Asamblea Nacional sea más específica en la aprobación de la norma y que habilite un proceso para revisar la aplicación de sanciones en virtud de la aplicación de la Ley de Comunicación durante los últimos años. También aseguró que se promueva la creación de un mecanismo ad hoc integrado por expertos nacionales e internacionales para la completa revisión de aquellos casos en los que se han aplicado sanciones graves.

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La asignación y renovación de frecuencias es el décimo punto que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observó dentro del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

Según la Relatoría, el proceso de asignación y renovación de frecuencias y/o licencias debe estar regulado específicamente por criterios objetivos, públicos y democráticos, establecidos por ley, de modo de no quedar al arbitrio de la autoridad pública.

Al respecto, el organismo internacional observó los artículos 75 a 80 del Proyecto de reformas presentado por el Ejecutivo, que se refieren a la asignación y renovación de frecuencias. En ese sentido, recordó la importancia de promover la existencia de concursos abiertos, públicos y transparentes para medios privados y medios comunitarios. Sin embargo, subrayó que, en pos de dar eficacia a esa decisión, es necesario revertir la desigualdad que pudiera existir, reservando previamente parte del espectro para los medios comunitarios.

“Hacer competir a medios privados y comunitarios por las mismas frecuencias genera inequidades sustantivas, debido a la obvia capacidad económica de cada sector. Es por ello que es recomendable que la normativa actual obligue al organismo regulador a distinguir en cada llamado a licitación cuáles frecuencias concursan por el sector privado exclusivamente y cuáles para el comunitario”, apuntó la Relatoría.

En cuanto a la concentración y prohibiciones para medios privados, se mencionó que las leyes antimonopólicas que limitan la concentración en la propiedad y en el control de los medios de radiodifusión son mecanismos idóneos para garantizar el derecho a la información plural y diversa de las sociedades. Sin embargo, se puntualizó que las limitaciones existentes en el ordenamiento constitucional del Ecuador, que prohíbe a los accionistas de medios comunicación mantener la propiedad de otra clase de empresas ajenas al giro comunicacional sin excepción, puede estar afectando la sustentabilidad de estos medios.

Finalmente, la CIDH recordó que las restricciones que impongan los Estados al funcionamiento de los medios de comunicación no deben ser discriminatorias y tienen que cumplir con el test de ser “necesarias en una sociedad democrática”, proporcionales e idóneas para el logro de los objetivos que persiguen.

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Los medios comunitarios y la necesidad de reservarles parte del espacio radioeléctrico es el noveno punto que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observó dentro del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). El organismo también se refirió a la realización de concursos diferenciados para estos.

La Relatoría saludó las medidas positivas adoptadas en el proyecto de Ley para los medios comunitarios, pues considera que estos cumplen un rol esencial en el ejercicio de la libertad de expresión en pos de asegurar la inclusión de distintos sectores de la población.

Sin embargo, se observó que, si bien el artículo 75 mantiene los concursos abiertos, públicos y transparentes para medios privados y comunitarios en la concesión o autorización de frecuencias, dichos procesos pueden no resultar eficaces, si no se reservan frecuencias específicamente para el uso de los comunitarios.

La CIDH destacó que los artículos 61 y 62 del proyecto establezcan medidas de fomento para asegurar la sustentabilidad del sector comunitario.

 

Los medios públicos son el octavo punto que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observó dentro del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

Al respecto, el organismo recordó que los medios de comunicación públicos ejercen una “función esencial para asegurar la pluralidad y diversidad de voces necesarias en una sociedad democrática. Su papel es fundamental a la hora de proveer contenidos no necesariamente comerciales, de alta calidad, articulados con las necesidades informativas, educativas y culturales de la población”.

Por ello, insistió en la necesidad de que sean independientes del Poder Ejecutivo, plurales y de acceso universal. También deberían disponer de un financiamiento adecuado, suficiente y estable para que puedan cumplir su función  y aportar en el desarrollo democrático de un país.

En cuanto a los “medios institucionales”, que se proponen en el proyecto de reformas, la Relatoría observó que esos espacios no son una categoría reconocida en el derecho internacional. Se sugirió que se limite al mínimo indispensable para las necesidades comunicacionales del Gobierno, se rijan por los principios de transparencia y cumplan una función facilitadora del derecho al acceso a la información pública. “En ningún caso estos medios deben ser utilizados para propaganda o difundir información que el Gobierno razonablemente puede saber que es falsa o se trata de desinformación”.

Respecto al artículo 106 de la LOC vigente -que establece que las frecuencias del espectro radioeléctrico destinadas al funcionamiento de estaciones de radio y televisión de señal abierta se distribuirán equitativamente en tres partes, 33% para medios públicos, 33% para privados y 34% comunitarios- la Relatoría aseguró que, según los estándares interamericanos, es crucial que los Estados adopten medidas positivas como la de asegurar frecuencias para medios comunitarios. Sin embargo, subrayó que se debería considerar eliminar de la ley el piso mínimo de 33% dedicado a medios públicos, por considerar que no parece indispensable reservar un espectro cuando lo que se busca con los públicos es mayor calidad de programación y no mayor cantidad de frecuencias.