Ecuador, 31 de octubre de 2023.- La mañana de este lunes 30 de octubre, en la sesión No. 01-2023 del Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, se aprobó el reglamento para la designación de representantes de los medios de comunicación y sociedad civil ante el Mecanismo de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico.
Con cuatro votos a favor, los Consejeros delegados aprobaron la normativa, que ya ha sido difundida públicamente. Los delegados, que representarán a los trabajadores de los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como a la sociedad civil organizada, deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 50 de la Ley Orgánica de Comunicación y 25 de su Reglamento.
El 06 de octubre de 2023, César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, fue designado como representante de la ciudadanía ante el Pleno del Consejo de Comunicación. Su posesión como Consejero se oficializó en la sesión de este lunes 30, en que tomó parte en la discusión y aprobación de la normativa interna para selección y designación de representantes ante el Mecanismo de Protección.
Fundamedios, al ser parte del Consejo, podrá apoyar, promover, vigilar las acciones del ente rector de la comunicación en pro de generar entornos seguros para el desarrollo del trabajo periodístico a nivel nacional.
El 23 de agosto pasado, el presidente de la República firmó el Decreto Ejecutivo Nro. 850, y emitió el Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación, que resulta trascendental en el reconocimiento de periodistas y trabajadores de la comunicación como “sujetos protegidos” e implica el reconocimiento de derechos específicos y especiales derivados de su condición y oficio, y que los Consejeros y funciones del Estado deben traducir en políticas públicas y sociales de protección específicas.
En su momento, Fundamedios participó con aportes al texto del Reglamento, con énfasis en el diseño del Mecanismo de Protección, así como la inclusión del enfoque de género, recogido en su artículo 31, que obliga al Consejo de Comunicación a transversalizar el género en todas las medidas e iniciativas que tome, a establecer mecanismos de recopilación de información sobre las diversas manifestaciones de la violencia contra mujeres periodistas y demás trabajadoras de la comunicación, y a solicitar e incorporar propuestas y recomendaciones de organizaciones especializadas.