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Fundamedios

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Ecuador, 29 de octubre del 2020. Con el objetivo de dar a conocer la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública y las acciones que se realizan para impulsar esta normativa, Fundamedios realiza mesas de socialización a través de las cuales se nutre el proyecto con aportes de diversos sectores.

Previo al tratamiento de la Ley en la Comisión de Derechos Colectivos, que iniciará el 30 de octubre a las 10:00, se organizó un nuevo encuentro en el que participaron legisladores y periodistas y en el cual pudieron despejar algunas dudas. El Director Ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, dio la bienvenida a los asistentes y recordó que: “mañana iniciará el debate y esperamos que se pueda aprobar en este periodo parlamentario, existe la mejor predisposición de todos los bloques pues se ve la necesidad de proteger el derecho del acceso a la información pública, así como tener una herramienta para la lucha contra la corrupción”.

En cuanto a la estructura y espíritu de la Ley se explicó que entre los principios están la supremacía de Interés Público; Gratuidad y la no regresión de la información y la máxima publicidad.  El objetivo es promover y garantizar el derecho de acceso a la información pública en su más amplia aplicación, establecer las excepciones a la publicidad de la información, y fomentar la transparencia en el marco de la Constitución y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado conforme la doctrina del bloque de constitucionalidad.

Desde Fundamedios consideramos que la actual Ley de Acceso fue una buena ley, pero ha estado vigente durante 14 años y no se contempla nuevas realidades como el manejo de la información digital ni el manejo de datos abiertos por lo cual existe una brecha entre la ley actual y la nueva realidad que es necesaria actualizar con urgencia.

En el punto relacionado a la Transparencia Activa se obligará a las instituciones que tengan un oficial de información y un equipo técnico de transparencia y que se crea un Portal de Transparencia con el propósito de centralizar la información pública y que existan responsables por el manejo de la misma

Sobre la transparencia pasiva se propone poner a disposición del público un enlace para poder realizar un pedido directo de solicitud de información, esto no quita la posibilidad de hacerlo ante el oficial de manera oral. Para la entrega de información, se mantiene el término de 10 días y 5 días adicionales por los volúmenes de información.

Los requisitos para que los ciudadanos accedan a la información serán la descripción precisa de la información solicitada; la información del solicitante para las notificaciones y la forma en la cual prefiere que la información le llegue. En este caso, se eliminan la necesidad de copias de cédulas o información adicional.  Para denegar la información, deberá ser aprobado por la entidad de Acceso a la Información, previa aprobación de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, DINARDAP, quien deberá explicar las razones de la negación de la información.

La Ley contempla un Régimen de Excepciones que aplica a dos grandes grupos: la información confidencial y la información reservada. En el primer caso abarca el Derecho a la intimidad, incluyendo la privacidad relacionada a la vida, la salud, la seguridad, y la integridad; Datos personales cuya difusión requiera el consentimiento de sus titulares; La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable, de acuerdo a los parámetros establecidos en la Ley de Protección de Datos; Intereses comerciales y económicos legítimos; y Patentes, derechos de autor y secretos comerciales.

Sobre la información reservada será considerada aquella que ponga en riesgo la vida, la dignidad humana, la seguridad o la salud de cualquier grupo o sector de la sociedad; Instrucciones fiscales de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal; Las que por disposición expresa de una Ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidas en esta Ley, así como las previstas en instrumentos internacionales y  Cuando existan razones de seguridad nacional o la defensa nacional.

Entre las competencias de la Autoridad de Cumplimiento está la fiscalización; emitir criterios y ponderación; monitoreo y vigilancia, ejecución de sanciones y la promociones y capacitaciones. Deberá garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales conforme a lo establecido en la Constitución, e instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la Ley de Protección de Datos, esta Ley y la normativa vigente.

Contará con una Subsecretaría de Acceso a la Información Pública y la conformación de su Consejo Directivo con representante de sociedad civil, academia, sector privado, y medios de comunicación.

Al final de la socialización, los participantes hicieron diversos aportes. Destacaron la importancia de los datos abiertos y la lucha contra la corrupción. También solicitaron considerar expresamente las obligaciones de las Universidades que manejan fondos públicos para que transparenten su información y solicitaron que las responsabilidades de los funcionarios públicos ante posibles multas por no entregar información pública, sean analizadas en función de la calidad y cantidad de información, así como de los mecanismos institucionales  disponibles para procesar dicha información.

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El trabajo colaborativo realizado por FUNDAMEDIOS y FERRERE Abogados acerca de la “Ley Ecuatoriana de Acceso a la Información Pública” ha sido nominado para el Premio de Colaboración TrustLaw 2020 de la Fundación Thomson Reuters.

Este premio reconoce las relaciones de trabajo entre los equipos jurídicos, ONG’s y las organizaciones sociales cuyos resultados permiten aumentar el potencial impacto de distintos proyectos.

FUNDAMEDIOS y FERRERE Abogados unieron esfuerzos para recabar información acerca de buenas prácticas locales, regionales e internacionales, así como los riesgos identificados en cuanto a la aplicación de normas de acceso a la información. Esto con la finalidad de evaluar la inclusión de estas buenas prácticas en la normativa que se estaba construyendo.

El trabajo realizado fue utilizado para la elaboración del anteproyecto de la nueva “Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública” de Ecuador. El documento fue entregado por FUNDAMEDIOS al Presidente de la Asamblea Nacional y a un grupo multipartidista de Asambleístas por la Transparencia y el Acceso a la Información, el pasado 7 de agosto del presente año.

El Presidente de la Asamblea y los distintos legisladores presentes, así como sus equipos técnicos, se comprometieron a darle un tratamiento prioritario a dicho proyecto con el objetivo de que la nueva Ley sea aprobada en el actual período legislativo.

FUNDAMEDIOS recibe esta honrosa nominación al premio con gran reconocimiento a nivel internacional con el compromiso de continuar trabajando conjuntamente para velar por la libertad de expresión en el Ecuador. Agradecemos el excelente trabajo realizado por FERRERE Abogados durante este proceso de construcción normativa.

Asimismo, esperamos que el proyecto de Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública permita que en breve nuestro país cuente con un cuerpo normativo acorde con los avances más recientes en la materia, a las disposiciones constitucionales y a los instrumentos internacionales de Derechos Humanos.

 

Informe-Análisis Acceso Información Pública

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Ecuador, 29 de septiembre. Cada 28 de septiembre se celebra el Día Internacional del Derecho a Saber. En esta fecha se reclama el acceso a la información de la administración pública de cada país con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en los procesos sociopolíticos.

Con el propósito de conmemorar este día y conocer los avances en la medición del indicador 16.10.2 de los Objetivo de Desarrollo Sostenible, referente al acceso a la información, desde Voces del Sur, UNESCO, FUNDAMEDIOS y PADF se organizó un Foro que hizo énfasis en conocer las experiencias dentro del marco de la COVID-19 en Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, desde una perspectiva regional.

El Foro contó con la participación de Claudia Cadena, gerente de programas de PADF y coordinadora regional de Voces del Sur;  Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en Colombia; Franz Chávez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia; Juan Carlos Calderón, presidente de FUNDAMEDIOS y director de Plan V y Marianela Balbi, directora de IPYS Venezuela.

Actualmente, Voces del Sur –red de la que forma parte FUNDAMEDIOS– junto a la UNESCO desarrollan una metodología que va a permitir monitorear el acceso a la información en los países miembros basados en el indicador 16.10.2. El objetivo es crear una herramienta regional que permita tener datos comparativos sobre legislación de acceso a la información en la Región para obtener datos estadísticos y comparativos para poder realizar incidencia. 

Claudia Cadena contó que en la pandemia la información se convierte en una herramienta clave para salvar vidas y una información oportuna es clave para garantizar la salud y poder responder a la crisis sanitaria. Entre enero y junio del 2020, Voces del Sur documentó 75 casos donde se limita el acceso a la información en nueve países. Entre los casos están: el uso del Código Penal en Argentina, Perú y Venezuela para penalizar la desinformación; en Brasil, El Salvador, México y en Honduras se han extendido los plazos para procesar solicitudes de acceso a la información y en Nicaragua y Brasil se ha limitado el acceso a la ciudadanía con la expansión de COVID-19.

Jonathan Bock, nuevo Director de la FLIP aseguró que es necesario ubicar la transparencia como un valor central de la ciudadanía y democracia. En el caso de Colombia existe una Ley de Acceso a la Información desde 2013, pero el problema se ha dado en la implementación de esta.

En el marco de la crisis sanitaria el plazo para entregar la información pasó de 10 días a 40 días. Además, surgió el interés de centralizar la información, lo que dificulta el acceso a esta por parte de periodistas locales. 

Bolivia ha vivido días de dificultad a partir de la pandemia. Desde marzo el Gobierno ha firmado decretos que han restringido la libertad de expresión con la justificación de que son necesarios para evitar que se difundan rumores o información no documentada en relación a la pandemia.

Franz Chávez contó que la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y otras organizaciones expresaron su protesta de que la pandemia no debía ser motivo para restringir libertades y derechos de los ciudadanos.

Por su parte, Juan Carlos Calderón reconoció que a partir del cambio de Gobierno en Ecuador muchas restricciones de acceso a la información desaparecieron. Pero Calderón recordó que si bien Ecuador tiene una Ley de Acceso a la Información, pero queda en la discreción de las autoridades lo que consideran que es información de acceso reservado. Durante el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia, por ejemplo, se ha solicitado que se entreguen datos, reglamentos, parámetros y ha sido muy difícil, pues el Consejo de la Judicatura ha demorado la entrega de informaciones.

FUNDAMEDIOS presentó el pasado  7 de agosto un proyecto de nueva Ley de Acceso a la Información que recoge los avances de la ley Modelo 2.0 de la OEA, los mejores estándares regionales y las nuevas realidades constitucionales e históricas del Ecuador.

Marianela Balbi recordó la importancia de que se haya incluido el Acceso a la Información en la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues se debe reconocer que la transparencia en la rendición de cuentas y el papel de los periodistas es fundamental para construir instituciones democráticas y tener un desarrollo sostenido. También, sostuvo que cualquier proceso de transición en Venezuela tiene que pasar por una búsqueda de transparencia y en este caso se debe impulsar una Ley de Acceso a la Información que será una de las primeras tareas para partir de una base sólida.

En Venezuela, el manejo de las pruebas se da desde un solo instituto por lo que el IPYS advierte la existencia de un subregistro de casos de COVID-19. “No existen boletines epidemiológicos y detrás de la información pública existe una intención de aparente información pública que no puede ser contrastada”, explica Balbi. Además, advirtió que existen 14 millones que no tienen acceso a la información local y no pueden saber cómo se desarrolla la pandemia dentro de sus municipios.

Entre las principales conclusiones del Foro está que el acceso a la información es clave para la construcción de sociedades transparentes y democráticas con el propósito de garantizar la rendición de cuentas. Un importante recordatorio de que los avances en el acceso a la información son avances impulsados por los ciudadanos de la sociedad civil que exigen instituciones democráticas transparentes. 

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Ecuador, 17 de septiembre. El director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, y el presidente de la organización y director de Plan V, Juan Carlos Calderón, realizaron una rueda de prensa la mañana del 17 de septiembre para ratificar las irregularidades encontradas en el concurso público de frecuencias, que podrían reforzar la concentración de los medios de comunicación en el país.

Ricaurte recordó que, a inicios de esta semana, Fundamedios presentó una investigación que detectó que el mismo esquema de concentración de frecuencias –que observó la Contraloría General en el concurso del 2016 se repite– beneficiando al magnate Ángel González, alias “El Fantasma”.

Sobre la Declaración Responsable, que permitirá a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) revisar todas las declaraciones realizadas por los participantes luego de la adjudicación de las frecuencias, Fundamedios considera que es una equivocación ya que la concesión de frecuencias no es un trámite administrativo sino un concurso, por lo que no se podría aplicar un requisito establecido para simplificar trámites que se hacen de forma habitual ante los ministerios.

Ricaurte aseguró que “el espectro radioeléctrico se relaciona a la libertad de expresión” y que las autoridades tienen todas las herramientas legales en la Constitución, la Ley de Comunicación, la Ley de Telecomunicaciones, en las atribuciones que se le da al ARCOTEL y en las mismas bases del concurso para actuar de forma inmediata. “Actuar a posteriori, sería faltar a la buena fe pública: “el momento que entreguen el título habilitante generan derechos. Los concesionarios, si se les intenta revertir ese título habilitante impondrán todos los recursos posibles y no devolverán las frecuencias, pacíficamente”, explicó Ricaurte. Eso es lo que ya pasa con el mismo Fantasma Goznález y frecuencias irregulares de TV que se le ha intentado revertir.

Las pruebas de la concentración de medios son contundentes y fueron presentadas por Juan Carlos Caderón, quien aseguró que, desde su creación, Fundamedios vigila los concursos de frecuencias y que, luego de 15 meses, el nuevo proceso no ha subsanado las observaciones realizadas por la Contraloría”. La investigación de Fundamedios constató que Ángel González compite por nueve emisoras matrices con alcance nacional y que juntas suman 19 repetidoras en provincias, para un total de 28 frecuencias”.

Según la investigación de Fundamedios estas nueve empresas nacionales, que compiten por las frecuencias, cuentan con 8 compañías accionistas con sede en Uruguay. Seis de estas se ubican en la misma dirección que se encuentra en el patio trasero de un estudio de contadores.

Fundamedios hace un llamado al Mintel y al Arcotel para que, en lugar de entrar en ataques o descalificativos personales, expliquen al Ecuador y actúan realizando un control previo de los antecedentes de los participantes del concurso. Como periodistas aportamos información válida, documentada y pertinente para que las autoridades puedan actuar. 

Ricaurte recordó que es importante tener un concurso de frecuencias democrático, transparente y legal, auspiciado por la ley, porque las frecuencias son propiedad del Estado ecuatoriano y es un patrimonio nacional por lo que deben ser concesionadas de manera transparente. 

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Ecuador, 17 de septiembre.- El titular del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel), Andrés Michelena junto con el director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), Xavier Aguirre, brindaron una rueda de prensa la mañana del 17 de septiembre para responder a la investigación presentada el pasado lunes 14 de septiembre por Fundamedios, Plan V y Ecuavisa acerca del concurso público para la asignación de frecuencias en FM.

Michelena recordó que, en el 2018, el Gobierno inició el proceso de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación como uno de los principios básicos para avanzar hacia el proceso competitivo de frecuencias, que inició en mayo del 2020 para adjudicar 3126 frecuencias de radio, para favorecer a la mayor cantidad de medios de comunicación que por más de 10 años no habían tenido un proceso competitivo que les permita obtener los títulos habilitantes y operar de forma legal sobre el espectro.

El funcionario aseguró que se han acogido las recomendaciones de la Contraloría General del Estado, que observó el concurso de frecuencias del 2016, y que para este proceso se incluyó una cláusula denominada de “Declaración Responsable”, que permite revisar que todas las declaraciones realizadas por los participantes cumplan con lo estipulado en la Ley. Michelena advirtió que quienes no cumplan con esa declaración podrían cometer perjurio con la posibilidad de que la frecuencia sea revertida.

Además, recordó que en los anteriores concursos de frecuencias se entregaba un título habilitante sin tener la opción de que haya una revisión posterior, pero en este caso: “en el proceso de revisión las personas que concentran frecuencias posiblemente no tiene una concentración bajo el mismo nombre, sino que se lo hace a través de terceros: ese trabajo de revisión minucioso para que se cumpla con la ley se hará posterior a la terminación del concurso”, aseguró.

Por su parte, Aguirre explicó que en una primera instancia se revisaron los requisitos mínimos para el concurso público competitivo y que ahora se revisan las solicitudes presentadas por los concesionarios en los estudios técnicos, financieros y jurídicos que estarán listos en octubre para iniciar, a partir de noviembre,  la entrega de los títulos habilitantes.

Luego de esto, contó Aguirre, se realizará el catastro de las frecuencias que quedan libres en Amplitud Modulada (AM) y hasta finales del 2020 esperan tener listos los concursos de radio AM, las frecuencias que queden libres en FM y las de televisión.

Al final de la rueda de prensa, Michelena recordó que tiene el respaldo de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, quienes aseguran que el concurso ha sido transparente y ha respetado el marco legal vigente. 

 

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Ecuador, 11 de septiembre de 2020.- Fundamedios, con el apoyo de Ferrere Ecuador, organizó la mañana de este 11 de septiembre un foro sobre las buenas prácticas y desafíos que enfrentan las legislaciones de América Latina en materia de datos personales, con el propósito de conocer las leyes que existen en la región, los nudos críticos que han aparecido en la implementación y la necesidad de que la ciudadanía comprenda la importancia de contar con leyes y normas que garanticen su protección.

En el encuentro virtual participaron representantes de distintos estudios jurídicos de América Latina: Diego Fernández, del Directorio de International Technology Law Association de Argentina; Raúl Alosilla, del Estudio Muñiz de Perú; Monserrat Guitart, de Dentons Muñoz de Costa Rica; Rafael Serrano de Corral-Rosales y Pedro Córdova de Ferrere Abogados, Ecuador. El foro fue moderado por la periodista ecuatoriana de la cadena regional de noticias NTN, Ana María Serrano.

Diego Fernández explicó la experiencia argentina como una de las pioneras. En los 90 el país sudamericano aplicó una reforma constitucional que incluyó la acción y reconocimiento del habeas data y en el 2000 dictó la primera Ley de Protección de Datos en Latinoamérica. Sin embargo, las sanciones que la norma contempla están desactualizadas por los montos que son, relativamente, bajos; y la falta de compromiso del sector público para su cumplimiento.

Pedro Córdoba recordó que la protección de datos empieza a tomar importancia a través de las legislaciones que surgieron en los años 70, en Europa; y en América Latina, en los 90. Pero todavía hay países como Ecuador donde se carece de un cuerpo legal específico. En ese contexto, el proyecto que se tramita en la Asamblea Nacional es de vital importancia. Para el abogado, el comercio electrónico es el presente y una Ley de Protección de Datos es vital para las inversiones. Quienes deseen invertir verificarán si existe una protección adecuada.

Monserrat Guitart reconoció que Costa Rica tiene una posición privilegiada en Centroamérica en ese tema. Es el único país de esa región que cuenta con una autoridad activa que aplica la norma. La experta mencionó que si bien en el sector privado la aplicación es buena, en el público se debe reforzar los mecanismos de control. Por ejemplo, el uso de datos personales con la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos supuso un problema pues no había seguridad en la transferencia, protocolos mínimos ni una base legal para la trasmisión de información personal.

El peruano Raúl Alosilla contó que su país preveía desde la Constitución de 1993 el derecho a la protección de datos personales y ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional como el derecho de autodeterminación informática en varios casos. Es a partir de 2011 que se crea la Ley de Protección de datos personales cuyo reglamento se elaboró en 2013. Además, se otorgó dos años de plazo para que se puedan implementar al 100% las obligaciones que imponía.

El abogado quiteño Rafael Serrano realizó una retrospectiva y contó que el derecho de protección de datos personales en Ecuador fue reconocido en la Constitución de 2008 pero no existe una norma específica que lo regule. Aclaró que esto no significa que la protección de datos no haya estado regulada y se refirió a la Ley de Comercio Electrónico, Ley de Telecomunicaciones y el Código Monetario. Aseguró que el trámite de la iniciativa de Ley por parte de la Asamblea es clave pues el país, pasará de no tener una Ley de Protección de datos, a tener una de las regulaciones más avanzadas de la Región.  

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Ecuador, 23 de junio 2020.- El director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, denunció la mañana de este martes 23 de junio que la conformación de la veeduría ciudadana para vigilar que el proceso público competitivo para otorgar frecuencias FM en el país no cumple con los principios de transparencia e idoneidad. Existen intereses políticos de sus miembros y poco conocimiento del sector de la radio y la televisión. 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) convocó el pasado 26 de mayo a inscripciones para la conformación de una veeduría ciudadana. El objetivo era la  vigilancia del concurso de adjudicación de frecuencias propuesto por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel).

El caso más claro es el de Héctor Velasco Álvarez, coordinador de la veeduría, quien es presidente de la Asociación de Emprendedores Ecuatorianos (EMPEC). Esta empresa participó en el concurso previo por la frecuencia 92.5, operada por EXA, una de las radios críticas del gobierno de Rafael Correa. 

Además, existe documentación que avala que el 8 de agosto de 2016, Velasco mantuvo comunicación directa con el exvicepresidente Jorge Glas, ahora preso por asociación ilícita y cohecho, en que expresamente solicita se le otorgue dicha frecuencia, en concesión a radio Democracia (EXA), cuestionando que se trataba de un medio de oposición al correísmo. 

El Presidente de EMPEC mantiene deudas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); el Servicio de Rentas Internas (SRI) y BanEcuador.  “Es por eso que el señor Velasco en el momento de posicionarse como veedor y coordinador de esta veeduría señala que su objetivo es dar de baja este concurso”, indicó Ricaurte, quien también integró este órgano de supervisión junto a Paola Aguilar, miembro de Fundamedios.

Otro caso es el de María Gabriela Vargas, extitular de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap) durante el correísmo; y el de Bernardo Cañizares, quien reporta ingresos provenientes de contratos con el sector público por 173.000 dólares.  

Emilio Uscátegui, exfuncionario de la Secretaría de Derechos Humanos, de la Corte Constitucional y de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación (Senescyt) y, recientemente, asesor en la Asamblea Nacional también figura. En ese contexto, llama la atención que un funcionario de rango medio tenga una propiedad valorada en 600.000 dólares y maneje un Lexus 4×4.

“La conformación de la veeduría deja muchas interrogantes y hacemos un llamado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que revea su  composición, pues no hay claridad en cómo se eligieron a sus miembros (…) La veeduría debería ser transparente pues estamos frente a un proceso muy importante para la libertad de expresión”, destacó Ricaurte. 

En una rueda de prensa posterior, Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, hizo eco de las palabras del Director de Fundamedios. Aseguró que la veeduría está direccionada por un integrante que tiene “intereses ocultos para boicotear el proceso”, refiriéndose a Héctor Velasco. 

«Lastimosamente el CPCCS ha convocado a una veeduría ciudadana en la que cuatro personas no tienen el perfil técnico para ponerse a la altura de este proceso que ha sido trabajado en los últimos dos años. No estamos opuestos a una veeduría, pero sí a aquellas personas que no tienen el perfil técnico, y no estamos de acuerdo con una persona que en el 2016 mostró un conflicto de interés. El CPCCS debe ponerse a la altura”, mencionó el Ministro. 

 

A tomar en cuenta

  • La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones convocó a concurso público competitivo para la adjudicación de 3.196 frecuencias de radio FM el 15 de mayo de 2020. 

 

  • Del 26 de mayo al 2 de junio el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social habilitó un proceso de inscripciones para la conformación de una veeduría que vigile la adjudicación de frecuencias.

 

  • El concurso más reciente data de 2016, durante el mandato de Rafael Correa. En ese entonces se adjudicaron frecuencias a través de un proceso que luego fue suspendido por informes de la Contraloría General del Estado (CGE) que determinaron irregularidades e indicios de responsabilidad penal. 

 

  • El ministro Andrés Michelena aseguró que el 15 septiembre se llevará a cabo el concurso de frecuencias de televisión y las de AM. 

Mire la rueda de prensa y descargue aquí la documentación que avala la denuncia realizada por César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios.

 

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Quito, junio de 2020. A las 10:00 de este miércoles 24 de junio se realizará el foro virtual “Los medios post COVID-19”. Esta es una iniciativa impulsada por la Unión Europea en Ecuador, Fundamedios y la plataforma Voces del Sur Unidas.

Actualmente los medios de comunicación enfrentan un panorama complejo. La pandemia de la COVID-19 ha supuesto una paradoja para este sector ya que, aunque hay un consumo elevado de información, los encargados de generarla, los periodistas, enfrentan un presente y futuro inciertos. Así lo expone el monitoreo realizado por Fundamedios.

Los datos de la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA) apuntan a caídas bastante homogéneas en el mundo que van del 60 % al 80 % en ingresos publicitarios y del 20 % al 25 % en el tiraje de periódicos. Los medios privados resultan especialmente castigados. Los ingresos han mermado entre el 70 % y el 80 %.

Marianne Van Steen, embajadora de la Unión Europea en Ecuador, será la encargada de iniciar este foro que contará con la presencia de: Rodrigo Bonilla, director regional para las Américas de la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA); Eduardo Cué, periodista independiente con experiencia en Europa y escritor de artículos de temas sociales; y Fernando Quijano Velasco, director del Diario La República, de Colombia. El espacio será moderado por César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios. 

Para participar en este encuentro gratuito es necesario conectarse a través de los canales de Facebook, Twitter y YouTube de Fundamedios. También lo puedes seguir desde las redes sociales de la Unión Europea en Ecuador.

 

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Sobre la Unión Europea

La Unión Europea está constituida por 27 países que han unido de forma progresiva sus conocimientos prácticos, sus recursos y sus destinos. A lo largo de un periodo de 60 años, han constituido una zona de estabilidad, democracia y desarrollo sostenible, además de preservar la diversidad cultural, la tolerancia y las libertades individuales de sus pueblos. Esos logros y valores se comparten y promueven con países y pueblos más allá de sus fronteras. Desde los años 80, la Unión Europea ha ampliado y profundizado los contactos con Ecuador y está presente con una Delegación desde 2003. La Unión Europea es el mayor socio cooperante del país, así como el segundo socio comercial del Ecuador y apoya el fomento productivo, la seguridad, la lucha contra el cambio climático, los derechos humanos y la reconstrucción y reactivación económica tras el sismo del 16 de abril de 2016.

 

Sobre Fundamedios 

Fundamedios es una organización comprometida desde 2007 con los Derechos Humanos y la promoción de la libertad de expresión, el monitoreo de las agresiones y los riesgos que enfrentan los periodistas en América Latina. En 2017 abrió su oficina en Washington DC con estatus 503 (c). El trabajo de la organización se ha realizado en colaboración estrecha con los medios de comunicación, la sociedad civil y organizaciones internacionales, así como con los Sistemas Interamericano y Universal de Promoción y Protección de los Derechos Humanos.

Su misión es promover y proteger los derechos y libertades de expresión, prensa, acceso a la información y asociación. Así como el periodismo independiente y de calidad. En diciembre de 2017, fue galardonada con el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos y Estado de Derecho.

 

Sobre Voces del Sur Unidas

Voces del Sur (VDS) es un colectivo de organizaciones de la sociedad civil que reporta sobre los progresos realizados en la aplicación del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 relativo a la paz, la justicia y las instituciones sólidas. Agrupa a 10 organizaciones de la sociedad civil que defienden la libertad de expresión en: Argentina, Bolivia, Ecuador, Honduras Perú, Uruguay, Venezuela, Nicaragua, Guatemala y Brasil. Esta red elaboró indicadores regionales para la vigilancia y difusión de alertas sobre la libertad de expresión en nueve países. El informe fue revisado por la UNESCO como parte de la Revisión de Alto Nivel de la ONU del SDG 16, en julio de 2019.

Busca establecer mecanismos nuevos de coordinación y colaboración junto a los sistemas de Derechos Humanos interamericanos y de las Naciones Unidas.

 

Para más información

 Adrián Durán

aduran@atrevia.com

ATREVIA

C.(593) 09 8308 9037

 

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El periodismo juega un rol clave en la gestión de crisis sanitarias y alertas globales como la que actualmente se atraviesa en torno al nuevo coronavirus. El trabajo de los medios de comunicación incide en la generación de confianza en la población; pero, también, no comunicar bien produce desconfianza y miedo. En ese contexto, la mañana de este 30 de abril se desarrolló un webinar enfocado en las buenas prácticas periodísticas y la seguridad de quienes reportan en primera línea. 

Fundamedios, la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (Fenape) y la Unión Nacional de Periodistas (UNP) coorganizaron un taller virtual dirigido por César Ricaurte. El espacio, que contó con la participación de 24 inscritos sirvió para repasar los distintos mecanismos y protocolos que garantizan el ejercicio periodístico en el país.

En Ecuador, la cobertura de la COVID-19 cobró relevancia a partir del 29 de febrero de 2020, cuando se confirmó el primer caso de la enfermedad. En ese contexto, información de mala calidad sobre un virus que atraviesa un ciclo frenético de noticias puede llevar al pánico y a una reacción exagerada e ineficaz.

Paralelamente, el artículo 42 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) incluye que el Estado y los medios de comunicación son responsables de proteger a los trabajadores. El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación elaborará y coordinará las acciones necesarias. Sin embargo, ante la emergencia sanitaria esas necesidades no se han visto cubiertas y por eso resulta relevante insistir en la autoprotección de los reporteros.

Además, en el momento de armar las piezas periodística se precisa pensar en la construcción de los titulares, en los ejes de las historias y las imágenes que se usan para su difusión. El contexto es crítico y hay temas locales para ser contados que, con pautas claras, permiten influir en la sociedad y, al mismo tiempo, combatir el fenómeno de la desinformación

 

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Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra hacían su trabajo cuando, en abril de 2018, los asesinaron. Buscaban la noticia y a sus personajes. Defendían el derecho de ejercer su oficio y el de toda la sociedad de estar informada. Historias urgentes es una recopilación de voces de quienes sufrieron su secuestro y posterior asesinato. Este libro reúne a hermanos, padres, amigas y amigos, colegas, activistas que no descansan en su exigencia de memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición.

El crimen también puso en evidencia las limitaciones de las instituciones ecuatorianas, y la estulticia de muchos funcionarios y políticos. Además, desató enormes muestras de solidaridad en la sociedad ecuatoriana. Pero quizá lo más conmovedor fue que mostró la humanidad, la dolorosa templanza de sus familias y colegas, que lucharon y luchan por esclarecer las razones profundas de su muerte y señalar no solo a los autores materiales, sino a los perpetradores intelectuales, a sus cómplices y encubridores.

Un manto de silencio no debe invisibilizar las deficiencias y omisiones de las instancias estatales responsables de brindar seguridad y bienestar a sus habitantes y al trabajo periodístico.

Agradecemos a todos quienes participaron en el proceso. Y recordamos que Fundamedios acompañará a las familias en su lucha de verdad, justicia, reparación y no repetición: Historias urgentes.