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César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS (FDM), comparecerá ante la Comisión Especial Ocasional Multipartidista de Investigación de los hechos relacionados con el Paro Nacional para  explicar los ataques ocurridos contra periodistas y medios de comunicación durante las jornadas de violentas protestas del 2 al 13 de octubre. La cita está convocada para este martes 5 de noviembre a las 17:00.

Ricaurte contará con 30 minutos para explicar a detalle los hechos ocurridos durante este periodo con la finalidad de que la Comisión investigue y fiscalice la agresión a la que se vieron sometidos periodistas y comunicadores en el país; así como la falta de garantías y seguridad para la prensa en coberturas de alto riesgo.

Durante 12 días, FUNDAMEDIOS monitoreó agresiones en el marco del paro nacional. En total se registraron 116 actos violentos contra la prensa y 138 agresiones a periodistas, la mayoría cometidos por manifestantes y la Fuerza Pública. Entre los casos más graves está la agresión física al periodista Freddy Paredes, la retención de más de 30 periodistas en el Ágora de la Casa de la Cultura, un ataque con bala de goma al reportero riobambeño David Aguiar, la detención arbitraria de ocho comunicadores en todo el país, entre otros.

La Comisión Especial Ocasional de la Asamblea fue creada el pasado 24 de octubre para “ejecutar el control político y fiscalizar las medidas adoptadas durante las jornadas de protestas sobre los hechos de violencia que constituyen delitos contra la seguridad pública”.

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En 2018 se registraron 734 casos de ataques contra la libertad de expresión, entre ellos, asesinatos, secuestros, torturas, restricciones y agresiones, a periodistas de 8 países de América Latina. En ese contexto, FUNDAMEDIOS con el apoyo de la FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO (PADF), en el marco del proyecto VOCES DEL SUR, tiene el agrado de invitar al side event ‘Impunidad como factor de violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación’.

Muchos de los casos de agresiones quedaron en impunidad, restringiendo el trabajo periodístico, la libertad de expresión y el acceso a la libre información.  

Bajo la iniciativa VOCES DEL SUR, organizaciones de ocho países en Latinoamérica proponen unificar el monitoreo a las violaciones contra la libertad de prensa y expresión. El objetivo, visibilizar de manera unificada la impunidad ante los actos de violación de derechos a los periodistas de diferentes países.

En el evento participarán panelistas nacionales e internacionales:

  • Edison Lanza – Relator Especial de la Libertad de Expresión de la CIDH
  • César Ricaurte – Fundamedios – Ecuador
  • Lourdes Arróliga- Fundación Violeta Chamorro – Nicaragua
  • Alejandro Delgado – IFEX – ALC

El encuentro se realizará en el ‘Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos’ el jueves 7 de noviembre en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Torre 1, auditorio 4 a las 14h. El foro es gratuito y abierto al público. Para asistir, es necesario que los interesados registren sus datos en este link 

 

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Frases como “prensa corrupta” y “prensa vendida” resonaron con frecuencia durante el pasado paro nacional ocurrido entre el 3 y el 13 de octubre, desconociendo el rol de los medios de comunicación en una sociedad democrática. Esta fue una de las conclusiones de los panelistas que participaron en un foro organizado por Fundamedios y The Interamerican Dialogue, donde también se entregaron las memorias de ‘Medios y Democracia en las Américas’, que recoge las recomendaciones del encuentro internacional realizado en Washington DC, en marzo de este año. 

En el conversatorio participaron Rebeca Villota, directora de noticias de Udla Channel; Jean Paul Bardellini, periodista y consultor en comunicación; Dagmar Thiel, directora de la oficina de Fundamedios en Washington; y Frank LaRue, exrelator de Libertad de Expresión de la ONU y actual director Legal y de DDHH de Fundamedios. César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, fue el moderador.

La preocupación fue compartida. Los expertos concordaron en que el discurso antiprensa heredado por gobiernos totalitarios, como el del régimen de Rafael Correa, ha permeado en varias capas de la sociedad.

Según Villota, esto ha provocado que la confianza en la prensa sea menor. “Se nos acusa de corruptos, nos exigen las coberturas, pero curiosamente cuando vamos a hacer las coberturas nos agreden, nos secuestran, nos lanzan piedras, eso no se había visto antes en una protesta”, aseguró la Directora de Udla Channel.

Parte de ese discurso estigmatizante frente a los medios desencadenó en actos violentos como los que ocurrieron en las protestas de octubre. En este periodo, Fundamedios reportó 116 actos agresiones contra comunicadores y medios de comunicación y 138 periodistas agredidos, la mayoría por manifestantes y la Fuerza Pública.

Según el exRelator de Libertad de Expresión, los líderes políticos, los gobiernos de turno y el Estado son los principales actores que deben propender un vínculo sano con la prensa y promover un discurso amigable porque la información plural garantiza una sociedad democrática.

“Aunque a los líderes políticos no les gusten las afirmaciones de la prensa, esta debe ser respetada como una de las formas fundamentales de generar información, diálogo y debate entre la población, porque si no lo que sucede es que los líderes simplemente lanzan sus mensajes simplistas y no hay un verdadero diálogo o debate serio y el pueblo pierde porque termina siendo desinformado (…)”, explicó.  

Otro tema que se debatió fue la desinformación. Jean Paul Bardellini aseguró que durante el paro nacional circuló información falsa a través de varias plataformas. Esto también responde a que la dinámica de informar ha cambiado, así como las audiencias.

“Me niego a decirle noticias falsas a lo que circula porque no son noticias. Simplemente si son falsas no son noticias. Yo quiero clasificarla como desinformación provocada como estrategia de ataque para generar caos (…)”, sostuvo.

Una de las conclusiones del informe ‘Medios y Democracia en las Américas’ señala que en la retórica de la información engañosa hay una doble amenaza que desprestigia el trabajo honesto de medios y periodistas y tilda a la información que ellos difunden como falsa.

De hecho, Dagmar Thiel, directora de la oficina de Fundamedios en Washington, comentó que la Sociedad de Periodistas Profesionales estadounidenses registró “fake news” como  una marca comercial para frenar las acusaciones del presidente Donald Trump, quien asegura que la prensa local solamente difunde información falsa.

Para Thiel los retos a los que se enfrenta el periodismo son bastantes impredecibles, sobre todo, por las audiencias actuales, la mayoría de ellas jóvenes que prefieren consumir noticias solo a través de Facebook y Twitter. “Sería un momento importante de reposicionar a los medios, de repensar cómo nosotros llegamos a las nuevas generaciones para volver a ganar esa credibilidad y darle un sentido a la existencia del periodismo en el marco de las democracias”, comentó.

Al cierre del panel concordaron en que el círculo de la impunidad frente a las agresiones a la prensa debe romperse, pues si no se vela por el bienestar de los periodistas que cumplen con su labor informativa en coberturas de alto riesgo, la violencia a la que se exponen será cada vez mayor. 

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La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) remitió a la Corte Nacional de Justicia, a la Fiscalía General del Estado y a la Defensoría del Pueblo una recopilación de casos de agresiones contra periodistas y medios de comunicación ocurridas en las protestas entre el 03 y 14 de octubre. El propósito fundamental es que se genere una exhaustiva investigación de los hechos y una judicialización si algún caso lo amerita. 

Agresiones como la que sufrió el periodista de Teleamazonas, Freddy Paredes; el hostigamiento a reporteros de medios locales y la retención a decenas de periodistas en el Ágora de la Casa de la Cultura no pueden quedar impunes.

Incluso, el artículo 183 del Código Integral Penal sobre libertad de expresión señala que: “La persona que, por medios violentos, coarte el derecho a la libertad de expresión, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años”. 

En esa línea, Fundamedios ha expresado a los organismos judiciales la voluntad y apertura a realizar una veeduría de estos procesos y cooperar para la resolución de los mismos. Esto, con el objetivo de romper el círculo de impunidad que ha rodeado a la prensa durante los últimos 12 años. 

Cabe indicar que La Asamblea General de la ONU, la Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos han señalado la directa causalidad que tiene la impunidad para que se incremente la violencia y los crímenes contra periodistas.

El Dato

En el marco de los violentos sucesos del paro nacional, nuestra organización recopiló información sobre 116 actos violentos contra la prensa y  138 periodistas agredidos entre el 03 y 14 de octubre.

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César Ricaurte (Fundamedios), Leslie Lafuente (ANP Bolivia) y Guillermo Medrano (Fundación Violeta Barrios de Chamorro – Nicaragua) participaron en la mesa redonda: ¿Cómo reportar sobre agresiones a la prensa?, donde analizaron las experiencias de países que conforman Voces del Sur y cómo el trabajo realizado ha permitido que los casos de bloqueo de información en la región sean incorporados a realidades internacionales a través de la plataforma. La mesa se llevó a cabo en las instalaciones del Comittee to Protect Journalists (CPJ) en Nueva York, este 16 de julio 2019.

Como preámbulo a las intervenciones, el Director Ejecutivo de Fundamedios, puntualizó que el fin de realizar un monitoreo en la región sobre bloqueos de la información trasciende la generación de alertas, “no es el objetivo principal, más que producir datos, se busca generar resultados a partir de lo que reportamos y mejorar el ambiente para el ejercicio del periodismo en la región. En ese sentido, los expositores de Bolivia y Nicaragua describieron el impacto de este trabajo. 

La representante de Asociación Nacional de Prensa (ANP) Bolivia habló sobre cómo el apoyo de Voces del Sur ha permitido que la Asociación promueva cambios en la normativa en su país. «A través del trabajo articulado con otros países de la región, logramos que el presidente Evo Morales promulgue una ley que elimina la difusión de avisos gratuitos, los mismos que eran obligatorios y bajo advertencia de sanciones. Ahora, al menos, esta reproducción es ´voluntaria”, describió Lafuente.

La situación de Nicaragua fue descrita a través de la experiencia de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Miguel Medrano explicó que la colaboración entre países logró sacar la información sobre la realidad del país. “Vivimos una situación que se ha deteriorado en los últimos 11 años. Hay un contexto que se puede describir en tres fases: agresiones a la prensa, que incluyen asesinato y desapariciones, persecución y ataques sistemáticos a la libertad de prensa”, comentó. Asimismo, explicó que aún existe trabajo por hacer sobre todo en el reporte real de la situación de periodistas exiliados y cómo las alertas, asesinatos y desapariciones deben ser consideradas violaciones perpetradas por el Estado.

Adicionalmente, en un espacio de diálogo abierto representantes de distintas organizaciones regionales como Ipys Perú e Ipys Venezuela, analizaron la dificultad del acceso a la información, como uno de los principales problemas que encuentra la labor periodística y la importancia del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Guy Berger, director del área de Libre Expresión y Desarrollo de Medios de UNESCO, resaltó el trabajo articulado de la plataforma, como único en su tipo en la región y cómo herramientas como el Informe Sombra sobre el Cumplimiento del ODS 16.10.1 en 8 Países de Latinoamérica logran tener mayor incidencia globalmente. Además, destacó que este tipo de iniciativas tiene alta influencia en otros estados para motivarlos a promover el mismo tipo de trabajo. Paralelamente, mencionó que se está considerando promover la implementación de otras aristas a al ODS 16.10.1.

Como conclusión se recalcó cómo la labor de Voces del Sur permite generar información estandarizada que contribuye a la promoción de sociedades más abiertas e inclusivas, a través del ejercicio del derecho a la difusión de la información. Matt Potter, de la Pan American Development Foundation (PADF) concluyó destacando la naturaleza colaborativa del trabajo en la región y cómo los principios de la plataforma trascienden los intereses particulares de las organizaciones que la conforman.  

INFORME ESPAÑOL/INGLÉS

INFORME INGLÉS/ESPAÑOL

 

 

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El 27 de junio del 2019, el Tribunal de Alzada de la Corte Provincial de Pichincha, integrado por los jueces Patlova Guerra Guerra, Paulina Grijalva Chacón y Henry Cáliz Ramos, dictaron una resolución que obliga a César Ricaurte, director ejecutivo de nuestra organización, FUNDAMEDIOS, a pagar 15 días de prisión, 500 dólares de multa y disculpas públicas al señor Jorge Jurado.

Según el Tribunal, Ricaurte cometió una contravención de cuarta clase, amparada en el artículo 396 del Código Integral Penal (COIP), que en su acápite 4 señala que será sancionado con 15 a 30 días de prisión la persona que voluntariamente hiera o golpee a otro, causándole lesiones o incapacidad para el trabajo, que no excedan de tres días.

Ricaurte encontró a Jurado la tarde de un sábado en el supermercado cuando ambos hacían compras. Admite que cuando lo vio comentó a su esposa en voz alta: «ahí está un correísta blanqueado». Según las imágenes de las cámaras de seguridad del supermercado, que se han difundido en las redes sociales, Jurado se acercó a Ricaurte a reclamarle por lo dicho, y al llegar a tocar con su cuerpo el de Ricaurte, este reaccionó empujándolo, lo que provocó su caída al suelo.

Los argumentos de la defensa de César Ricaurte fueron desechados completamente por el Tribunal de Alzada. De acuerdo al Acta de la Audiencia, el tribunal consideró que no se había violado la cadena de custodia del video que circula en redes. La defensa de Ricaurte tiene razonables dudas de que el video no haya sido manipulado y alterado. El video fue usado como prueba por el presunto agraviado.

La defensa de Ricaurte dijo que había actuado en defensa propia y que se trató de un acto de intimidación, luego del cruce de palabras. En el video se ve cómo Jurado se acerca de modo amenazante e intimidatorio, por voluntad propia, pero el tribunal señaló que no había motivo “racional” para que Ricaurte haya empujado a Jurado. 

Como socios de FUNDAMEDIOS lamentamos este incidente y las consecuencias legales que se han derivado del mismo. Consideramos que las resoluciones del Tribunal, al no tomar en cuenta los razonables argumentos de César Ricaurte, ha terminado dando la razón a quien también actuó de manera agresiva e intimidatoria. 

Los socios de FUNDAMEDIOS rechazamos la sentencia que ordena prisión en contra de César Ricaurte y las medidas adicionales dictadas por este tribunal.  César Ricaurte ha sido gran defensor de la libertad en la década pasada, víctima él mismo de la persecución del correísmo, y ha sido condenado a prisión por empujar en un supermercado a uno de los símbolos de la persecución que sufrió. 

Su labor frente al equipo de FUNDAMEDIOS fue fundamental para que Ecuador resista a los atropellos del correísmo y recupere la senda del respeto a la libertad de expresión. Por ello, frente a este incidente, lamentamos la decisión del Tribunal y nos solidarizamos con César Ricaurte y su familia.

Mauricio Alarcón        Juan Carlos Calderón       Carlos Jijón         Ana Karina López         Monica Almeida  Christian Zurita          Simón Espinosa                Diego Araujo       Sandra Garcés              Tania Tinoco
Yadira Aguagallo        Verónica Manosalvas       Stephan Kuffner  Miguel Rivadeneira      Jean Cano

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Este 08 de mayo, el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación y FUNDAMEDIOS firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para la coordinación de  actividades de capacitación, apoyo con asistencias técnicas y colaboración en publicaciones relacionadas al ámbito de la comunicación.

Galo Cevallos Mancheno y César Ricaurte oficializaron este documento que permitirá la generación conjunta de espacios de debate, reflexión y sensibilización sobre el ejercicio de los derechos de la comunicación e información. Conversatorios, seminarios y paneles son parte de las acciones que se desarrollarán en beneficio de la ciudadanía.

El Director Ejecutivo de FUNDAMEDIOS explicó que este trabajo conjunto se enmarca en dos principios: el respeto al derecho humano de la libertad de expresión y aportar desde la sociedad civil para la creación de políticas públicas. Por su parte, el Presidente del Consejo enfatizó en que se fortalecerá la institución a partir de una experiencia que es testimonio de la resistencia ante las amenazas al sistema democrático.

En este marco, basado en las competencias que le determina la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), el Consejo  se compromete a disponer de los recursos logísticos y técnicos que estén a su alcance para cumplir con este acuerdo.  Por su parte, FUNDAMEDIOS pondrá a disposición su equipo de especialistas y facilitadores para el desarrollo pertinente de las actividades convenidas.

Esta clase de convenios buscan aunar esfuerzos, entre entidades públicas y la sociedad civil, para avanzar en la profesionalización de los trabajadores de la comunicación y, en general, en la formación ciudadana en temas de derechos. Con esto se espera contribuir a mantener un ambiente de diálogo y participación donde la libertad de expresión sea pilar de un país en democracia.

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En diciembre de 2018, la Mesa por la Verdad y la Justicia presentó un informe en que se determina cómo el Poder Judicial se utilizó como aparato de represión política durante el régimen de Rafael Correa. La iniciativa fue impulsada por el Consejo de la Judicatura (CJ) Transitorio y trabajó en cuatro ejes: Derechos Humanos y defensa de la naturaleza, libertad de expresión, pueblos y nacionalidades indígenas y 30S.

De ahí se desprende que hubo un patrón general de persecución sistemático y continuo para impedir cualquier disidencia y crítica a las políticas a través de la judicialización. Esto, acompañado de una estrategia de comunicación sostenida en el mensaje de oposición sinónimo de «enemigo del pueblo». También se usó la figura del indulto y el pedido de disculpas públicas para otorgar «perdonar» y archivar procesos.

FUNDAMEDIOS fue una de las organizaciones que brindó apoyo técnico en las distintas etapas del proceso que concluyó en la necesidad de que se otorgue a las víctimas las  reparaciones morales necesarias, pues las operaciones de persecución política del anterior Gobierno causaron daños a familias enteras.

Inexplicablemente, el nuevo Consejo de la Judicatura no ha querido recibir el informe, menos aún lo ha tratado o anunciado medidas de reparación y memoria, tal como corresponde a las responsabilidades que tienen los Estados (en sus distintas funciones) con las víctimas de violaciones a Derechos Humanos.

La Mesa, integrada por Paúl Jácome, presidente, Alejandra Cevallos, vicepresidenta, Vladimir Andocilla, Rolando Tapia y Manuel Castillo, recibió 1435 denuncias. 247 cumplieron con los requisitos de completar el formulario habilitado y adjuntar la documentación de respaldo. A pesar de lo contundente de los datos, cuando el CJ definitivo se posesionó, en enero pasado, el informe perdió relevancia, ni se realizó un acto público para recibir el documento. Los representantes de la Mesa lo dejaron en la ventanilla de recepción del edificio, en Quito.

Es obligación del Poder Judicial analizar la información recopilada en dicho análisis, que se sostiene en los criterios de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es su responsabilidad diseñar mecanismos de reparación y no repetición hacia quiénes fueron perseguidos políticos a través de la justicia.

FUNDAMEDIOS exige que las conclusiones de la Mesa por la Verdad y la Justicia no se conviertan en palabra muerta. Periodistas, activistas, opositores, defensores de la naturaleza y Derechos Humanos no pueden ser nuevamente víctimas de persecución política, a través del sistema judicial ecuatoriano. Estaremos vigilantes.

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Ocho organizaciones internacionales de Derechos Humanos que conforman Voces del Sur (VDS) presentaron el informe sombra sobre libertad de expresión en América Latina. El documento recoge 734 agresiones a la prensa en ocho países en 2018.

El proyecto VDS nació en julio de 2017 con el objetivo de apoyar iniciativas para promover y mejorar las protecciones de la libertad de expresión en la región, aumentar la capacidad de las redes de la sociedad civil en cada país y establecer nuevas formas de coordinación y colaboración junto a los sistemas de Derechos Humanos interamericanos y de las Naciones Unidas. Agrupa a Fundamedios (Ecuador), Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Perú), Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela), Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), Comité por la Libre Expresión (C-Libre Honduras) y Centro de Archivos y Acceso a la Información (CAinfo Uruguay).

Las organizaciones desarrollaron un conjunto de 12 indicadores comunes para monitorear y comparar la libertad de prensa y expresión en la región, vinculados al objetivo 16.10.1, incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU; el mismo que protege los derechos de los periodistas y medios de comunicación a realizar su trabajo sin enfrentar violencia, amenazas o intimidación.

A la realización de este informe se sumó la fundación nicaragüense Violeta Chamorro. En 2018 los patrones de extrema violencia, impunidad y políticas autoritarias hacia los periodistas se mantuvieron en la mayor parte de países de América Latina. El año pasado seis periodistas fueron asesinados, ocho secuestrados y dos torturados. Nicaragua es el país con más amenazas, pues la crisis política ha derivado en una persecución sistemática contra la prensa.

Este documento se envió a la sede de Unesco, en París. La mañana de este 2 de mayo, César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, también lo entregó a Indira Salazar, oficial de Comunicación de Unesco, en Quito. A fines de junio próximo, se presentará oficialmente ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York.

Los actores estatales, u otros con vínculos directos a las estructuras del poder político o económico, son los principales perpetradores de ataques y amenazas contra la libertad de expresión y prensa en el continente. El aumento de grupos del crimen organizado y narcotráfico es una amenaza importante contra periodistas.

Los ataques contra la prensa continúan siendo frecuentes, especialmente en manifestaciones o eventos políticos. Los periodistas todavía son objeto de intimidación o procesos judiciales abusivos, la mayoría cuando reportan sobre temas de interés particular de políticos en funciones o electos.

Revise el informe completo

 

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Las ocho organizaciones internacionales de Derechos Humanos que conforman Voces del Sur (VDS) presentarán este 2 de mayo, en Quito, el informe sombra sobre libertad de expresión en América Latina. El documento recoge 734 agresiones a la prensa en ocho países en 2018.

El proyecto VDS nació en julio de 2017 con el objetivo de apoyar iniciativas para promover y mejorar las protecciones de la libertad de expresión en la región, aumentar la capacidad de las redes de la sociedad civil en cada país y establecer nuevas formas de coordinación y colaboración junto a los sistemas de Derechos Humanos interamericanos y de las Naciones Unidas. Agrupa a Fundamedios (Ecuador), Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Perú), Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela), Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), Comité por la Libre Expresión (C-Libre Honduras) y Centro de Archivos y Acceso a la Información (CAinfo Uruguay).

Las organizaciones desarrollaron un conjunto de 12 indicadores comunes para monitorear y comparar la libertad de prensa y expresión en la región, vinculados al objetivo 16.10.1, incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU; el mismo que protege los derechos de los periodistas y medios de comunicación a realizar su trabajo sin enfrentar violencia, amenazas o intimidación.

En 2018 los patrones de extrema violencia, impunidad y políticas autoritarias hacia los periodistas se mantuvieron en la mayor parte de países de América Latina.

El informe sombra denuncia que el año pasado seis periodistas fueron asesinados, ocho secuestrados y dos torturados en América Latina. Nicaragua es el país con más amenazas, pues la crisis política ha derivado en una persecución sistemática contra la prensa.

También se especifica que los actores estatales, u otros con vínculos directos a las estructuras del poder político o económico, son los principales perpetradores de ataques y amenazas contra la libertad de expresión y prensa en el continente.

El documento completo se entregará este jueves 2 de mayo en las instalaciones de Fundamedios, José Padilla N330 y Núñez de Vela, edificio Platinum Oficinas.