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En abril de 2018 se conformó el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su objetivo: investigar y esclarecer el asesinato del equipo de Diario El Comercio en la frontera colombo-ecuatoriana.

Esto, tras el pedido explícito de los familiares de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas, Fundamedios y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip-Colombia). El pedido era saber qué sucedió con el reportero, fotógrafo y conductor que fueron secuestrados y asesinados entre marzo y abril de 2018, a manos del Frente Óliver Sinisterra (FOS), disidencia de las FARC. Este grupo narcoterrorista estaba liderado por Walter Arízala Vernaza, ‘Guacho’, quien habría sido ultimado por las fuerzas militares de colombianas el 21 de diciembre de 2018.

El ESE tenía como propósito monitorear los avances de la investigación, atender integralmente a los familiares de las víctimas y velar por el cumplimiento de las obligaciones estatales sobre acceso a la información del caso. Para ello, realizó dos visitas oficiales a Ecuador, del 25 al 27 de julio de 2018 y del 22 al 24 de noviembre de 2018. 

En Ecuador se reunió con autoridades estatales, monitoreó las diligencias desarrolladas por la Fiscalía General del Estado (FGE) y el material probatorio, tanto de las actuaciones relacionadas al secuestro y posterior asesinato de los periodistas, así como del expediente en que se investiga al FOS. También se reunió con autoridades colombianas en septiembre de 2018.

El ESE accedió a información aportada por las fiscalías de ambos países, las fuerzas de seguridad interior y fuerzas armadas; así como de organizaciones de la sociedad civil, periodistas y los familiares de los fallecidos.

El 19 de noviembre de 2019, el ESE presentó el informe final con anexos a la CIDH. Fundamedios ha reconstruido una línea de tiempo desde la conformación de este equipo de trabajo hasta la entrega de las observaciones finales respecto al asesinato de Javier, Efraín y Paúl. Este 12 de diciembre, el organismo internacional revela su aporte para alcanzar verdad, justicia, reparación y no más repetición:

 

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Este 9 de diciembre se celebra el día internacional de la lucha contra la corrupción. Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), cada año se desvían 2,6 billones de dólares, lo cual suma el 5% del Producto Interno Bruto mundial. La organización calcula que países en desarrollo pierden, debido a la corrupción, una cantidad de dinero diez veces mayor que la destinada en planes de desarrollo. 

El periodismo es, sin duda, una herramienta de lucha. En ese contexto, Fundamedios organizó el foro virtual ‘El periodismo, clave en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado’, en el que participaron el investigador y coautor del libro Rehenes, Arturo Torres; Yadira Aguagallo, periodista y una de las voceras de la causa Nos Faltan 3; y César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios. El panel estuvo moderado por la periodista Desirée Yépez, directora de Contenidos de la organización. 

Los panelistas concordaron en la importancia del periodismo para develar actos que son incómodos al poder; sin embargo, también acordaron que es más complicado luchar contra la corrupción cuando hay gobiernos que ocultan la información y el crimen organizado ha logrado permearse en el Estado.

Arturo Torres aseguró que esta realidad no es local sino regional, lo que ha llevado a que países como México, Honduras, Venezuela, Nicaragua, se conviertan prácticamente en Estados criminalizados donde es más complejo investigar, acceder a fuentes e información para contar historias. Si bien reconoce que en Ecuador hay una Ley de Acceso a la Información Pública, insiste en que los funcionarios creen que los datos les pertenecen. 

“El periodismo es una pasión por encontrar la verdad, es una pasión inherente a nuestro oficio que a veces te lleva a no medir los riesgos suficientemente y desborda los protocolos”, sostiene el exEditor General de Diario El Comercio. 

Desde su experiencia con la publicación de los libros El juego del camaleón y Rehenes, (historia del asesinato del equipo de El Comercio en la frontera entre Colombia y Ecuador), está convencido de que no solo hay que ir a las fuentes oficiales sino indagar otras opciones, escuchar voces nuevas. 

Con ello concuerda Yadira Aguagallo, pues asegura que en países de América Latina, regularmente, los periodistas investigan actos de corrupción en las altas esferas de la Policía y el Gobierno vinculados a grupos delincuenciales, lo cual hace más complejo validar la información oficial porque podría estar tergiversada. 

Aguagallo menciona que debido a este panorama aún existen muchos desiertos informativos. Es decir, zonas especialmente fronterizas, en donde la propia población está silenciada e invisibilizada, lo cual influye en que historias valiosas se dispersen y sean unos pocos periodistas quienes se encarguen de contarlas, sometiéndose a peligros constantes que muchas veces terminan con sus vidas. 

Por ello César Ricaurte está convencido de que el periodismo además de una profesión hay que entenderlo como una actividad de defensa de los Derechos Humanos. “El periodista no solamente revela la denuncia de corrupción, el develamiento del crimen organizado y de su forma de operar sino que el momento en que se convierte en un defensor de Derechos Humanos, obviamente los poderes lo convierten en un objetivo a ser eliminado”, aseguró. 

Uno de los retos, según Ricaurte, es que el periodismo tenga “militancia” solo con la exigencia de la entrega de la información pública y en el combate a la desinformación. Además, que promueva una doble mirada. Por un lado, una visión amplia de los problemas macro que existen en cada uno de los países y también una más micro que entienda a las nuevas audiencias y sus necesidades.

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Conocer sobre la legislación que ampara el periodismo en la época de la desinformación es clave para enfrentarse a los nuevos desafíos en la sociedad. Estos temas fueron abordados el pasado 16 de noviembre en un taller dictado por el equipo de Fundamedios, en el marco del evento Periodismo en Debate 2019, organizado por la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). 

Durante el encuentro que reunió a estudiantes de comunicación y periodistas, César Ricaurte, director ejecutivo de la organización, citó al menos cinco regulaciones de la actual Ley de Comunicación que fue modificada el pasado 19 de febrero. El cuerpo legal fue reformado en un 76%. Algunos de los principales cambios fueron la eliminación de la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom), que cerró sus actividades el 31 de julio de 2019, así como la supresión de la figura del linchamiento mediático y la imposición de normas deontológicas.

Además, se modificó el artículo 18 sobre censura previa y se eliminó la obligación textual de los medios de comunicación de difundir “hechos de interés público”. Se cambió la disposición sobre responsabilidad ulterior y ya no existe la sanción civil. Finalmente se incorporó al artículo 42 un enunciado en torno a la protección de trabajadores de la comunicación. “La Ley actual es mejor que la anterior, pero aún tiene problemas porque todavía es una herramienta en manos del Estado, del poder”, enfatizó Ricaurte. 

Sobre la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip), el Director de Fundamedios explicó que fue creada por los medios de comunicación en 2004, pero hoy en día es insuficiente porque no contempla el ámbito digital y no se ajusta a otras leyes claves como la de Comunicación. “Actualmente se construye con varios organismos de la sociedad civil una nueva Ley que ya está en la etapa de socialización”, dijo.

Otro tema que preocupa es la desinformación. Desirée Yépez, directora de Contenidos de Fundamedios, abordó esta temática en el taller y enfatizó que «la desinformación es una estrategia pensada para generar desestabilización”. No hay noticias falsas, dijo, porque las “noticias siempre son hechos verificados».

Uno de los ejemplos más claros de desinformación ocurridos recientemente en Ecuador fue el paro nacional. De esta jornada, Yépez afirmó que Ecuador Chequea, una iniciativa de Fundamedios, desmintió más de 50 mensajes con contenido falso. La mayoría de ellos estaban relacionados con el presidente Lenín Moreno, la Asamblea Nacional, la Policía y la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).  

La experta en verificación de datos recomendó a los asistentes varias herramientas para determinar si las fotos o mensajes que circulan son falsos como Google  Images o Youtube Data Viewer. 

Indicó que es importante usar la tecnología para combatir la desinformación, pero resultan clave las herramientas básicas del periodismo: “dudar de todo lo que llega, investigar el interés de la fuente que nos remite la información, corroborar y contrastar”. 

El dato 

En Ecuador existen más de 12 millones de cuentas de Facebook, cuatro millones de cuentas en Twitter y tres millones en Instagram.

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César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, compareció ante la Comisión Especial Ocasional Multipartidista que investiga los hechos relacionados con el paro nacional. La tarde de este 11 de noviembre rindió su versión sobre la agresión a 138 periodistas en las protestas de octubre. 

Durante 20 minutos, el Director de la organización explicó que los principales agresores fueron los manifestantes y la fuerza pública; mientras que la mayoría de agresiones reportadas fueron físicas y verbales. 

También hubo ataques a 20 medios de comunicación, censura, detenciones arbitrarias, cierre de medios -como el caso de radio Pichincha Universal- y amenazas. «No existieron garantías para la prensa. Contar con una credencial era un riesgo frente a la estigmatización que sufrieron los periodistas durante el paro», señaló Ricaurte.

Hizo especial mención a la retención de periodistas el 10 de octubre en el Ágora de la Casa de la Cultura, en Quito. Fue enfático al indicar que sí hubo un secuestro. «Un hecho que quizá se desconoce de este dramático suceso es que esa mañana, debido a mensajes de los periodistas desde la Casa de la Cultura, se activó el Comité para la Protección de Periodistas desde el Ministerio del Interior y el Comando Policial. Fuimos testigos de que se abrieron negociaciones directas con la dirigencia de la Conaie a través de Naciones Unidas para obtener la liberación de los periodistas», explicó. 

Otro punto importante fue la circulación de contenido falso. Ecuador Chequea, una iniciativa de Fundamedios, desmintió 66 mensajes durante 12 días de manifestaciones. A Ricaurte le resulta curioso que al tiempo que se ataca la prensa, se trata de “minar su credibilidad y se genera desinformación”. Por lo tanto, hay una clara “correlación entre lo uno y lo otro».

Desde la semana pasada, periodistas de medios privados y comunitarios también han sido citados por el Legislativo. El 7 de noviembre, Freddy Paredes, reportero de Teleamazonas, expuso ante los asambleístas la «cobarde agresión» que sufrió, por la cual ha presentado una denuncia penal por intento de asesinato. 

El periodista, quien está por iniciar una rehabilitación de tres meses, aseguró que el ataque que le provocó una ruptura de cráneo y daño en la clavícula ha sido la consecuencia de 10 años de ataques a la prensa y de una estigmatización del Gobierno anterior hacia los medios de comunicación. 

Fundamedios entregó a la Comisión un informe completo sobre las agresiones a la prensa apegado a los relatos de los afectados, llamadas recibidas por periodistas durante el paro y un levantamiento de denuncias de agresiones reportadas por redes sociales. El resultado:  138 periodistas atacados en 116 actos violentos en 11 provincias del Ecuador.

La Comisión Especial tendrá 30 días para emitir un informe final. Esto, tras recopilar todas las comparecencias de los afectados entre los que constan sociedad civil, periodistas, funcionarios públicos, detenidos, fuerza pública y ministros de Estado.

 

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César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS (FDM), comparecerá ante la Comisión Especial Ocasional Multipartidista de Investigación de los hechos relacionados con el Paro Nacional para  explicar los ataques ocurridos contra periodistas y medios de comunicación durante las jornadas de violentas protestas del 2 al 13 de octubre. La cita está convocada para este martes 5 de noviembre a las 17:00.

Ricaurte contará con 30 minutos para explicar a detalle los hechos ocurridos durante este periodo con la finalidad de que la Comisión investigue y fiscalice la agresión a la que se vieron sometidos periodistas y comunicadores en el país; así como la falta de garantías y seguridad para la prensa en coberturas de alto riesgo.

Durante 12 días, FUNDAMEDIOS monitoreó agresiones en el marco del paro nacional. En total se registraron 116 actos violentos contra la prensa y 138 agresiones a periodistas, la mayoría cometidos por manifestantes y la Fuerza Pública. Entre los casos más graves está la agresión física al periodista Freddy Paredes, la retención de más de 30 periodistas en el Ágora de la Casa de la Cultura, un ataque con bala de goma al reportero riobambeño David Aguiar, la detención arbitraria de ocho comunicadores en todo el país, entre otros.

La Comisión Especial Ocasional de la Asamblea fue creada el pasado 24 de octubre para “ejecutar el control político y fiscalizar las medidas adoptadas durante las jornadas de protestas sobre los hechos de violencia que constituyen delitos contra la seguridad pública”.

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En 2018 se registraron 734 casos de ataques contra la libertad de expresión, entre ellos, asesinatos, secuestros, torturas, restricciones y agresiones, a periodistas de 8 países de América Latina. En ese contexto, FUNDAMEDIOS con el apoyo de la FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO (PADF), en el marco del proyecto VOCES DEL SUR, tiene el agrado de invitar al side event ‘Impunidad como factor de violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación’.

Muchos de los casos de agresiones quedaron en impunidad, restringiendo el trabajo periodístico, la libertad de expresión y el acceso a la libre información.  

Bajo la iniciativa VOCES DEL SUR, organizaciones de ocho países en Latinoamérica proponen unificar el monitoreo a las violaciones contra la libertad de prensa y expresión. El objetivo, visibilizar de manera unificada la impunidad ante los actos de violación de derechos a los periodistas de diferentes países.

En el evento participarán panelistas nacionales e internacionales:

  • Edison Lanza – Relator Especial de la Libertad de Expresión de la CIDH
  • César Ricaurte – Fundamedios – Ecuador
  • Lourdes Arróliga- Fundación Violeta Chamorro – Nicaragua
  • Alejandro Delgado – IFEX – ALC

El encuentro se realizará en el ‘Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos’ el jueves 7 de noviembre en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Torre 1, auditorio 4 a las 14h. El foro es gratuito y abierto al público. Para asistir, es necesario que los interesados registren sus datos en este link 

 

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Frases como “prensa corrupta” y “prensa vendida” resonaron con frecuencia durante el pasado paro nacional ocurrido entre el 3 y el 13 de octubre, desconociendo el rol de los medios de comunicación en una sociedad democrática. Esta fue una de las conclusiones de los panelistas que participaron en un foro organizado por Fundamedios y The Interamerican Dialogue, donde también se entregaron las memorias de ‘Medios y Democracia en las Américas’, que recoge las recomendaciones del encuentro internacional realizado en Washington DC, en marzo de este año. 

En el conversatorio participaron Rebeca Villota, directora de noticias de Udla Channel; Jean Paul Bardellini, periodista y consultor en comunicación; Dagmar Thiel, directora de la oficina de Fundamedios en Washington; y Frank LaRue, exrelator de Libertad de Expresión de la ONU y actual director Legal y de DDHH de Fundamedios. César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, fue el moderador.

La preocupación fue compartida. Los expertos concordaron en que el discurso antiprensa heredado por gobiernos totalitarios, como el del régimen de Rafael Correa, ha permeado en varias capas de la sociedad.

Según Villota, esto ha provocado que la confianza en la prensa sea menor. “Se nos acusa de corruptos, nos exigen las coberturas, pero curiosamente cuando vamos a hacer las coberturas nos agreden, nos secuestran, nos lanzan piedras, eso no se había visto antes en una protesta”, aseguró la Directora de Udla Channel.

Parte de ese discurso estigmatizante frente a los medios desencadenó en actos violentos como los que ocurrieron en las protestas de octubre. En este periodo, Fundamedios reportó 116 actos agresiones contra comunicadores y medios de comunicación y 138 periodistas agredidos, la mayoría por manifestantes y la Fuerza Pública.

Según el exRelator de Libertad de Expresión, los líderes políticos, los gobiernos de turno y el Estado son los principales actores que deben propender un vínculo sano con la prensa y promover un discurso amigable porque la información plural garantiza una sociedad democrática.

“Aunque a los líderes políticos no les gusten las afirmaciones de la prensa, esta debe ser respetada como una de las formas fundamentales de generar información, diálogo y debate entre la población, porque si no lo que sucede es que los líderes simplemente lanzan sus mensajes simplistas y no hay un verdadero diálogo o debate serio y el pueblo pierde porque termina siendo desinformado (…)”, explicó.  

Otro tema que se debatió fue la desinformación. Jean Paul Bardellini aseguró que durante el paro nacional circuló información falsa a través de varias plataformas. Esto también responde a que la dinámica de informar ha cambiado, así como las audiencias.

“Me niego a decirle noticias falsas a lo que circula porque no son noticias. Simplemente si son falsas no son noticias. Yo quiero clasificarla como desinformación provocada como estrategia de ataque para generar caos (…)”, sostuvo.

Una de las conclusiones del informe ‘Medios y Democracia en las Américas’ señala que en la retórica de la información engañosa hay una doble amenaza que desprestigia el trabajo honesto de medios y periodistas y tilda a la información que ellos difunden como falsa.

De hecho, Dagmar Thiel, directora de la oficina de Fundamedios en Washington, comentó que la Sociedad de Periodistas Profesionales estadounidenses registró “fake news” como  una marca comercial para frenar las acusaciones del presidente Donald Trump, quien asegura que la prensa local solamente difunde información falsa.

Para Thiel los retos a los que se enfrenta el periodismo son bastantes impredecibles, sobre todo, por las audiencias actuales, la mayoría de ellas jóvenes que prefieren consumir noticias solo a través de Facebook y Twitter. “Sería un momento importante de reposicionar a los medios, de repensar cómo nosotros llegamos a las nuevas generaciones para volver a ganar esa credibilidad y darle un sentido a la existencia del periodismo en el marco de las democracias”, comentó.

Al cierre del panel concordaron en que el círculo de la impunidad frente a las agresiones a la prensa debe romperse, pues si no se vela por el bienestar de los periodistas que cumplen con su labor informativa en coberturas de alto riesgo, la violencia a la que se exponen será cada vez mayor. 

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La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) remitió a la Corte Nacional de Justicia, a la Fiscalía General del Estado y a la Defensoría del Pueblo una recopilación de casos de agresiones contra periodistas y medios de comunicación ocurridas en las protestas entre el 03 y 14 de octubre. El propósito fundamental es que se genere una exhaustiva investigación de los hechos y una judicialización si algún caso lo amerita. 

Agresiones como la que sufrió el periodista de Teleamazonas, Freddy Paredes; el hostigamiento a reporteros de medios locales y la retención a decenas de periodistas en el Ágora de la Casa de la Cultura no pueden quedar impunes.

Incluso, el artículo 183 del Código Integral Penal sobre libertad de expresión señala que: “La persona que, por medios violentos, coarte el derecho a la libertad de expresión, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años”. 

En esa línea, Fundamedios ha expresado a los organismos judiciales la voluntad y apertura a realizar una veeduría de estos procesos y cooperar para la resolución de los mismos. Esto, con el objetivo de romper el círculo de impunidad que ha rodeado a la prensa durante los últimos 12 años. 

Cabe indicar que La Asamblea General de la ONU, la Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos han señalado la directa causalidad que tiene la impunidad para que se incremente la violencia y los crímenes contra periodistas.

El Dato

En el marco de los violentos sucesos del paro nacional, nuestra organización recopiló información sobre 116 actos violentos contra la prensa y  138 periodistas agredidos entre el 03 y 14 de octubre.

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César Ricaurte (Fundamedios), Leslie Lafuente (ANP Bolivia) y Guillermo Medrano (Fundación Violeta Barrios de Chamorro – Nicaragua) participaron en la mesa redonda: ¿Cómo reportar sobre agresiones a la prensa?, donde analizaron las experiencias de países que conforman Voces del Sur y cómo el trabajo realizado ha permitido que los casos de bloqueo de información en la región sean incorporados a realidades internacionales a través de la plataforma. La mesa se llevó a cabo en las instalaciones del Comittee to Protect Journalists (CPJ) en Nueva York, este 16 de julio 2019.

Como preámbulo a las intervenciones, el Director Ejecutivo de Fundamedios, puntualizó que el fin de realizar un monitoreo en la región sobre bloqueos de la información trasciende la generación de alertas, “no es el objetivo principal, más que producir datos, se busca generar resultados a partir de lo que reportamos y mejorar el ambiente para el ejercicio del periodismo en la región. En ese sentido, los expositores de Bolivia y Nicaragua describieron el impacto de este trabajo. 

La representante de Asociación Nacional de Prensa (ANP) Bolivia habló sobre cómo el apoyo de Voces del Sur ha permitido que la Asociación promueva cambios en la normativa en su país. «A través del trabajo articulado con otros países de la región, logramos que el presidente Evo Morales promulgue una ley que elimina la difusión de avisos gratuitos, los mismos que eran obligatorios y bajo advertencia de sanciones. Ahora, al menos, esta reproducción es ´voluntaria”, describió Lafuente.

La situación de Nicaragua fue descrita a través de la experiencia de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Miguel Medrano explicó que la colaboración entre países logró sacar la información sobre la realidad del país. “Vivimos una situación que se ha deteriorado en los últimos 11 años. Hay un contexto que se puede describir en tres fases: agresiones a la prensa, que incluyen asesinato y desapariciones, persecución y ataques sistemáticos a la libertad de prensa”, comentó. Asimismo, explicó que aún existe trabajo por hacer sobre todo en el reporte real de la situación de periodistas exiliados y cómo las alertas, asesinatos y desapariciones deben ser consideradas violaciones perpetradas por el Estado.

Adicionalmente, en un espacio de diálogo abierto representantes de distintas organizaciones regionales como Ipys Perú e Ipys Venezuela, analizaron la dificultad del acceso a la información, como uno de los principales problemas que encuentra la labor periodística y la importancia del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Guy Berger, director del área de Libre Expresión y Desarrollo de Medios de UNESCO, resaltó el trabajo articulado de la plataforma, como único en su tipo en la región y cómo herramientas como el Informe Sombra sobre el Cumplimiento del ODS 16.10.1 en 8 Países de Latinoamérica logran tener mayor incidencia globalmente. Además, destacó que este tipo de iniciativas tiene alta influencia en otros estados para motivarlos a promover el mismo tipo de trabajo. Paralelamente, mencionó que se está considerando promover la implementación de otras aristas a al ODS 16.10.1.

Como conclusión se recalcó cómo la labor de Voces del Sur permite generar información estandarizada que contribuye a la promoción de sociedades más abiertas e inclusivas, a través del ejercicio del derecho a la difusión de la información. Matt Potter, de la Pan American Development Foundation (PADF) concluyó destacando la naturaleza colaborativa del trabajo en la región y cómo los principios de la plataforma trascienden los intereses particulares de las organizaciones que la conforman.  

INFORME ESPAÑOL/INGLÉS

INFORME INGLÉS/ESPAÑOL

 

 

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El 27 de junio del 2019, el Tribunal de Alzada de la Corte Provincial de Pichincha, integrado por los jueces Patlova Guerra Guerra, Paulina Grijalva Chacón y Henry Cáliz Ramos, dictaron una resolución que obliga a César Ricaurte, director ejecutivo de nuestra organización, FUNDAMEDIOS, a pagar 15 días de prisión, 500 dólares de multa y disculpas públicas al señor Jorge Jurado.

Según el Tribunal, Ricaurte cometió una contravención de cuarta clase, amparada en el artículo 396 del Código Integral Penal (COIP), que en su acápite 4 señala que será sancionado con 15 a 30 días de prisión la persona que voluntariamente hiera o golpee a otro, causándole lesiones o incapacidad para el trabajo, que no excedan de tres días.

Ricaurte encontró a Jurado la tarde de un sábado en el supermercado cuando ambos hacían compras. Admite que cuando lo vio comentó a su esposa en voz alta: «ahí está un correísta blanqueado». Según las imágenes de las cámaras de seguridad del supermercado, que se han difundido en las redes sociales, Jurado se acercó a Ricaurte a reclamarle por lo dicho, y al llegar a tocar con su cuerpo el de Ricaurte, este reaccionó empujándolo, lo que provocó su caída al suelo.

Los argumentos de la defensa de César Ricaurte fueron desechados completamente por el Tribunal de Alzada. De acuerdo al Acta de la Audiencia, el tribunal consideró que no se había violado la cadena de custodia del video que circula en redes. La defensa de Ricaurte tiene razonables dudas de que el video no haya sido manipulado y alterado. El video fue usado como prueba por el presunto agraviado.

La defensa de Ricaurte dijo que había actuado en defensa propia y que se trató de un acto de intimidación, luego del cruce de palabras. En el video se ve cómo Jurado se acerca de modo amenazante e intimidatorio, por voluntad propia, pero el tribunal señaló que no había motivo “racional” para que Ricaurte haya empujado a Jurado. 

Como socios de FUNDAMEDIOS lamentamos este incidente y las consecuencias legales que se han derivado del mismo. Consideramos que las resoluciones del Tribunal, al no tomar en cuenta los razonables argumentos de César Ricaurte, ha terminado dando la razón a quien también actuó de manera agresiva e intimidatoria. 

Los socios de FUNDAMEDIOS rechazamos la sentencia que ordena prisión en contra de César Ricaurte y las medidas adicionales dictadas por este tribunal.  César Ricaurte ha sido gran defensor de la libertad en la década pasada, víctima él mismo de la persecución del correísmo, y ha sido condenado a prisión por empujar en un supermercado a uno de los símbolos de la persecución que sufrió. 

Su labor frente al equipo de FUNDAMEDIOS fue fundamental para que Ecuador resista a los atropellos del correísmo y recupere la senda del respeto a la libertad de expresión. Por ello, frente a este incidente, lamentamos la decisión del Tribunal y nos solidarizamos con César Ricaurte y su familia.

Mauricio Alarcón        Juan Carlos Calderón       Carlos Jijón         Ana Karina López         Monica Almeida  Christian Zurita          Simón Espinosa                Diego Araujo       Sandra Garcés              Tania Tinoco
Yadira Aguagallo        Verónica Manosalvas       Stephan Kuffner  Miguel Rivadeneira      Jean Cano