Carlos Ochoa
Por Christian Oquendo Sánchez
La comunicación, es decir la producción, circulación y decodificación de significados, es indisociable de la cultura. Esta última, que abarca las formas en las que razonamos y vivimos colectivamente, se comunica de forma permanente. Tan importantes son estos asuntos de la vida en sociedad que también son regulados al nivel de las leyes. Sin embargo, los objetivos y la repercusión de una ley sobre los procesos de la comunicación solo pueden ser entendidos en el contexto amplio del sistema político e institucional en la que opera. El caso de la Ley de Comunicación ecuatoriana, que dio paso a la creación de la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom) y el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), no es una excepción. Desde esa perspectiva, existen elementos como para cuestionar la independencia y los sesgos en la aplicación de la referida ley y la gestión de los organismos arriba mencionados.
En su informe de enero pasado Human Rights Watch alerta que la Ley de Comunicación «contiene disposiciones imprecisas que posibilitan procesos penales arbitrarios y actos de censura» y que el Presidente Correa “continúa empleando el derecho penal sobre difamación para perseguir a críticos«. En un análisis más reciente, publicado en el País de España, que otra vez toma como referencia a HRW, se pone en duda la independencia judicial que existe en Ecuador y otros países de la región como Venezuela y Nicaragua, lo cual ha sido canalizado para potenciar la persecución política.
Es muy difícil justificar las acciones de la Supercom y el Cordicom tomando en cuenta “parámetros éticos”, “deontológicos” o “incluso teorías de la comunicación” (o el trabajo de algún ilustre semiólogo francés) debido a que se ha organizado una suerte de tenaza que opera al nivel institucional, judicial y mediático para acallar y limitar las opiniones de los críticos y opositores al Gobierno. El debate público en Ecuador también ha sido afectado por la lógica de la agresión propagandística que ha puesto en marcha la Revolución Ciudadana desde que llegó al poder. En medio de ese tempestad resulta difícil aceptar que la Ley de Comunicación está siendo aplicada para promover un mejor periodismo o, pero aún, para robustecer la libertad de expresión.
Ayer se cumplieron seis meses desde que Carlos Ochoa, quien fungía como presentador de noticias en uno de los canales de televisión incautados por el Gobierno, empezara sus funciones a la cabeza de la Supercom. Las conexiones de Ochoa con los medios oficiales y su notorio desprecio respecto de los medios privados, o que no concuerden con la línea gubernamental, pusieron bajo sospecha su independencia al momento de ejercer sus funciones. Un análisis del discurso de Ochoa, aplicado a sus columnas de opinión en un diario de propiedad del Gobierno, desarrollado por el Observatorio de Medios del Ecuador, mostró el maniqueísmo y la forma en que sataniza cualquier medio que no sea “público” (que para el caso ecuatoriano equivale a tener la misma línea editorial que el oficialismo).
La misión de la Supercom es “Garantizar el acceso y ejercicio de los derechos de las personas a recibir información veraz, objetiva, oportuna, plural, contextualizada, sin censura previa; y, a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en todos los ámbitos mediante la vigilancia, auditoria, intervención y control del cumplimiento de la normativa, como sustento para el Buen Vivir”. El problema radica en que el trabajo de la Supercom necesariamente implica una interpretación de nociones tan difusas para calificar a la información (“objetiva” y “veraz”), y a la comunicación (“libre”). La pregunta que surge es si Carlos Ochoa puede aproximarse a una noción de objetividad, considerando sus prejuicios acerca de los medios de comunicación que no concuerdan con la Revolución del Siglo XXI. Más aún, pareciera ser que la verdadera “misión” de la Supercom, la que se manifiesta en sus acciones, es contribuir a apuntalar la colonización de la conciencia colectiva, mediante propaganda ofuscante y repetitiva, y de los escasos de espacios de discusión democrática que quedan en el Ecuador.
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