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acceso a la información pública

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Ecuador, 29 de octubre del 2020. Con el objetivo de dar a conocer la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública y las acciones que se realizan para impulsar esta normativa, Fundamedios realiza mesas de socialización a través de las cuales se nutre el proyecto con aportes de diversos sectores.

Previo al tratamiento de la Ley en la Comisión de Derechos Colectivos, que iniciará el 30 de octubre a las 10:00, se organizó un nuevo encuentro en el que participaron legisladores y periodistas y en el cual pudieron despejar algunas dudas. El Director Ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, dio la bienvenida a los asistentes y recordó que: “mañana iniciará el debate y esperamos que se pueda aprobar en este periodo parlamentario, existe la mejor predisposición de todos los bloques pues se ve la necesidad de proteger el derecho del acceso a la información pública, así como tener una herramienta para la lucha contra la corrupción”.

En cuanto a la estructura y espíritu de la Ley se explicó que entre los principios están la supremacía de Interés Público; Gratuidad y la no regresión de la información y la máxima publicidad.  El objetivo es promover y garantizar el derecho de acceso a la información pública en su más amplia aplicación, establecer las excepciones a la publicidad de la información, y fomentar la transparencia en el marco de la Constitución y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado conforme la doctrina del bloque de constitucionalidad.

Desde Fundamedios consideramos que la actual Ley de Acceso fue una buena ley, pero ha estado vigente durante 14 años y no se contempla nuevas realidades como el manejo de la información digital ni el manejo de datos abiertos por lo cual existe una brecha entre la ley actual y la nueva realidad que es necesaria actualizar con urgencia.

En el punto relacionado a la Transparencia Activa se obligará a las instituciones que tengan un oficial de información y un equipo técnico de transparencia y que se crea un Portal de Transparencia con el propósito de centralizar la información pública y que existan responsables por el manejo de la misma

Sobre la transparencia pasiva se propone poner a disposición del público un enlace para poder realizar un pedido directo de solicitud de información, esto no quita la posibilidad de hacerlo ante el oficial de manera oral. Para la entrega de información, se mantiene el término de 10 días y 5 días adicionales por los volúmenes de información.

Los requisitos para que los ciudadanos accedan a la información serán la descripción precisa de la información solicitada; la información del solicitante para las notificaciones y la forma en la cual prefiere que la información le llegue. En este caso, se eliminan la necesidad de copias de cédulas o información adicional.  Para denegar la información, deberá ser aprobado por la entidad de Acceso a la Información, previa aprobación de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, DINARDAP, quien deberá explicar las razones de la negación de la información.

La Ley contempla un Régimen de Excepciones que aplica a dos grandes grupos: la información confidencial y la información reservada. En el primer caso abarca el Derecho a la intimidad, incluyendo la privacidad relacionada a la vida, la salud, la seguridad, y la integridad; Datos personales cuya difusión requiera el consentimiento de sus titulares; La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable, de acuerdo a los parámetros establecidos en la Ley de Protección de Datos; Intereses comerciales y económicos legítimos; y Patentes, derechos de autor y secretos comerciales.

Sobre la información reservada será considerada aquella que ponga en riesgo la vida, la dignidad humana, la seguridad o la salud de cualquier grupo o sector de la sociedad; Instrucciones fiscales de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal; Las que por disposición expresa de una Ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidas en esta Ley, así como las previstas en instrumentos internacionales y  Cuando existan razones de seguridad nacional o la defensa nacional.

Entre las competencias de la Autoridad de Cumplimiento está la fiscalización; emitir criterios y ponderación; monitoreo y vigilancia, ejecución de sanciones y la promociones y capacitaciones. Deberá garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales conforme a lo establecido en la Constitución, e instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la Ley de Protección de Datos, esta Ley y la normativa vigente.

Contará con una Subsecretaría de Acceso a la Información Pública y la conformación de su Consejo Directivo con representante de sociedad civil, academia, sector privado, y medios de comunicación.

Al final de la socialización, los participantes hicieron diversos aportes. Destacaron la importancia de los datos abiertos y la lucha contra la corrupción. También solicitaron considerar expresamente las obligaciones de las Universidades que manejan fondos públicos para que transparenten su información y solicitaron que las responsabilidades de los funcionarios públicos ante posibles multas por no entregar información pública, sean analizadas en función de la calidad y cantidad de información, así como de los mecanismos institucionales  disponibles para procesar dicha información.

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Ecuador, 29 de septiembre. Cada 28 de septiembre se celebra el Día Internacional del Derecho a Saber. En esta fecha se reclama el acceso a la información de la administración pública de cada país con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en los procesos sociopolíticos.

Con el propósito de conmemorar este día y conocer los avances en la medición del indicador 16.10.2 de los Objetivo de Desarrollo Sostenible, referente al acceso a la información, desde Voces del Sur, UNESCO, FUNDAMEDIOS y PADF se organizó un Foro que hizo énfasis en conocer las experiencias dentro del marco de la COVID-19 en Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, desde una perspectiva regional.

El Foro contó con la participación de Claudia Cadena, gerente de programas de PADF y coordinadora regional de Voces del Sur;  Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en Colombia; Franz Chávez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia; Juan Carlos Calderón, presidente de FUNDAMEDIOS y director de Plan V y Marianela Balbi, directora de IPYS Venezuela.

Actualmente, Voces del Sur –red de la que forma parte FUNDAMEDIOS– junto a la UNESCO desarrollan una metodología que va a permitir monitorear el acceso a la información en los países miembros basados en el indicador 16.10.2. El objetivo es crear una herramienta regional que permita tener datos comparativos sobre legislación de acceso a la información en la Región para obtener datos estadísticos y comparativos para poder realizar incidencia. 

Claudia Cadena contó que en la pandemia la información se convierte en una herramienta clave para salvar vidas y una información oportuna es clave para garantizar la salud y poder responder a la crisis sanitaria. Entre enero y junio del 2020, Voces del Sur documentó 75 casos donde se limita el acceso a la información en nueve países. Entre los casos están: el uso del Código Penal en Argentina, Perú y Venezuela para penalizar la desinformación; en Brasil, El Salvador, México y en Honduras se han extendido los plazos para procesar solicitudes de acceso a la información y en Nicaragua y Brasil se ha limitado el acceso a la ciudadanía con la expansión de COVID-19.

Jonathan Bock, nuevo Director de la FLIP aseguró que es necesario ubicar la transparencia como un valor central de la ciudadanía y democracia. En el caso de Colombia existe una Ley de Acceso a la Información desde 2013, pero el problema se ha dado en la implementación de esta.

En el marco de la crisis sanitaria el plazo para entregar la información pasó de 10 días a 40 días. Además, surgió el interés de centralizar la información, lo que dificulta el acceso a esta por parte de periodistas locales. 

Bolivia ha vivido días de dificultad a partir de la pandemia. Desde marzo el Gobierno ha firmado decretos que han restringido la libertad de expresión con la justificación de que son necesarios para evitar que se difundan rumores o información no documentada en relación a la pandemia.

Franz Chávez contó que la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y otras organizaciones expresaron su protesta de que la pandemia no debía ser motivo para restringir libertades y derechos de los ciudadanos.

Por su parte, Juan Carlos Calderón reconoció que a partir del cambio de Gobierno en Ecuador muchas restricciones de acceso a la información desaparecieron. Pero Calderón recordó que si bien Ecuador tiene una Ley de Acceso a la Información, pero queda en la discreción de las autoridades lo que consideran que es información de acceso reservado. Durante el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia, por ejemplo, se ha solicitado que se entreguen datos, reglamentos, parámetros y ha sido muy difícil, pues el Consejo de la Judicatura ha demorado la entrega de informaciones.

FUNDAMEDIOS presentó el pasado  7 de agosto un proyecto de nueva Ley de Acceso a la Información que recoge los avances de la ley Modelo 2.0 de la OEA, los mejores estándares regionales y las nuevas realidades constitucionales e históricas del Ecuador.

Marianela Balbi recordó la importancia de que se haya incluido el Acceso a la Información en la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues se debe reconocer que la transparencia en la rendición de cuentas y el papel de los periodistas es fundamental para construir instituciones democráticas y tener un desarrollo sostenido. También, sostuvo que cualquier proceso de transición en Venezuela tiene que pasar por una búsqueda de transparencia y en este caso se debe impulsar una Ley de Acceso a la Información que será una de las primeras tareas para partir de una base sólida.

En Venezuela, el manejo de las pruebas se da desde un solo instituto por lo que el IPYS advierte la existencia de un subregistro de casos de COVID-19. “No existen boletines epidemiológicos y detrás de la información pública existe una intención de aparente información pública que no puede ser contrastada”, explica Balbi. Además, advirtió que existen 14 millones que no tienen acceso a la información local y no pueden saber cómo se desarrolla la pandemia dentro de sus municipios.

Entre las principales conclusiones del Foro está que el acceso a la información es clave para la construcción de sociedades transparentes y democráticas con el propósito de garantizar la rendición de cuentas. Un importante recordatorio de que los avances en el acceso a la información son avances impulsados por los ciudadanos de la sociedad civil que exigen instituciones democráticas transparentes. 

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Ecuador, 7 de agosto de 2020.- Fundamedios entregó a César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional y al grupo multipartiditas de Asambleístas por la Transparencia y el Acceso a la Información el texto del anteproyecto de nueva Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública, LOAIP como una herramienta de lucha contra la corrupción y como garantía del Derecho Humano fundamental de todos los ecuatorianos. 

El Presidente de la Asamblea y los diversos legisladores presentes y sus equipos técnicos se comprometieron a darle un tratamiento prioritario con el objetivo de que la nueva Ley sea aprobada en el actual periodo legislativo. 

El anteproyecto fue construido a través de un riguroso trabajo de análisis comparativo de las legislaciones más avanzadas del Hemisferio elaborado en cooperación con el programa TrustLaw de la Fundación Thompson Reuters y la coordinación del Estudio Jurídico Ferrere. Además, de la permanente consulta a expertos como el Ex-Relator de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, Frank La Rue. La nueva LOAIP ecuatoriana sería la primera Ley de la Región en aprobarse atendiendo los avances y estándares establecidos por la OEA en la llamada Ley Modelo 2.0. 

César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, explicó que el documento consta de nueve capítulos. Su objeto es promover y garantizar el Derecho de Acceso a la Información pública, fomentar la transparencia y contar con una herramientas de primera línea en la lucha contra la corrupción.

Entre los puntos más novedosos está la creación de una Superintendencia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como órgano independiente e imparcial con autonomía administrativa y financiera que garantice el acceso y la protección de información personal.

Entre sus responsabilidades está velar por el cumplimiento de los términos señalados, vigilar que la información entregada no sea incompleta, incomprensible o poco accesible y evitar que la información que no se encuentra clasificada como reservada o confidencial sea denegada. Además, se propone multas de 1 a 20 salarios básicos unificados (SBU) para quien viole la norma. 

Frank LaRue, quien es también director de Defensa y Derechos Humanos de Fundamedios en Estados Unidos, mencionó que es vital actualizar y modificar las leyes de acuerdo a los avances de  los tratados internacionales y otras condiciones como el desarrollo tecnológico.

“Gran parte del éxito de una ley está en el tipo de una autoridad o responsable que se establezca en ella (…) La creación de una Superintendencia como ente autónomo es importante y la autonomía de ese órgano es lo más importante para garantizar la transparencia”, insistió. 

Por su parte, el Presidente del Legislativo felicitó la propuesta que nació de la sociedad civil. Litardo ratificó su compromiso para ingresar el anteproyecto con celeridad al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para que sea calificado y pase a la comisión correspondiente. 

Asambleístas como Lourdes Cuesta, Héctor Muñoz, Héctor Yépez, Ana Belén Marín, Dennis Marín, Jeannine Cruz, Wilma Andrade, Cristina Reyes, expresaron su apoyo a la Ley y su voluntad de respaldar con sus firmas el ingreso a trámite parlamentario. En total son 16 Asambleístas que conformaron hace algunas semanas el Grupo Parlamentario por el Acceso y la Transparencia. 

Para revisar el anteproyecto, ingrese aquí.