Tags Posts tagged with "derechos humanos"

derechos humanos

0 79

Este 9 de diciembre se celebra el día internacional de la lucha contra la corrupción. Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), cada año se desvían 2,6 billones de dólares, lo cual suma el 5% del Producto Interno Bruto mundial. La organización calcula que países en desarrollo pierden, debido a la corrupción, una cantidad de dinero diez veces mayor que la destinada en planes de desarrollo. 

El periodismo es, sin duda, una herramienta de lucha. En ese contexto, Fundamedios organizó el foro virtual ‘El periodismo, clave en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado’, en el que participaron el investigador y coautor del libro Rehenes, Arturo Torres; Yadira Aguagallo, periodista y una de las voceras de la causa Nos Faltan 3; y César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios. El panel estuvo moderado por la periodista Desirée Yépez, directora de Contenidos de la organización. 

Los panelistas concordaron en la importancia del periodismo para develar actos que son incómodos al poder; sin embargo, también acordaron que es más complicado luchar contra la corrupción cuando hay gobiernos que ocultan la información y el crimen organizado ha logrado permearse en el Estado.

Arturo Torres aseguró que esta realidad no es local sino regional, lo que ha llevado a que países como México, Honduras, Venezuela, Nicaragua, se conviertan prácticamente en Estados criminalizados donde es más complejo investigar, acceder a fuentes e información para contar historias. Si bien reconoce que en Ecuador hay una Ley de Acceso a la Información Pública, insiste en que los funcionarios creen que los datos les pertenecen. 

“El periodismo es una pasión por encontrar la verdad, es una pasión inherente a nuestro oficio que a veces te lleva a no medir los riesgos suficientemente y desborda los protocolos”, sostiene el exEditor General de Diario El Comercio. 

Desde su experiencia con la publicación de los libros El juego del camaleón y Rehenes, (historia del asesinato del equipo de El Comercio en la frontera entre Colombia y Ecuador), está convencido de que no solo hay que ir a las fuentes oficiales sino indagar otras opciones, escuchar voces nuevas. 

Con ello concuerda Yadira Aguagallo, pues asegura que en países de América Latina, regularmente, los periodistas investigan actos de corrupción en las altas esferas de la Policía y el Gobierno vinculados a grupos delincuenciales, lo cual hace más complejo validar la información oficial porque podría estar tergiversada. 

Aguagallo menciona que debido a este panorama aún existen muchos desiertos informativos. Es decir, zonas especialmente fronterizas, en donde la propia población está silenciada e invisibilizada, lo cual influye en que historias valiosas se dispersen y sean unos pocos periodistas quienes se encarguen de contarlas, sometiéndose a peligros constantes que muchas veces terminan con sus vidas. 

Por ello César Ricaurte está convencido de que el periodismo además de una profesión hay que entenderlo como una actividad de defensa de los Derechos Humanos. “El periodista no solamente revela la denuncia de corrupción, el develamiento del crimen organizado y de su forma de operar sino que el momento en que se convierte en un defensor de Derechos Humanos, obviamente los poderes lo convierten en un objetivo a ser eliminado”, aseguró. 

Uno de los retos, según Ricaurte, es que el periodismo tenga “militancia” solo con la exigencia de la entrega de la información pública y en el combate a la desinformación. Además, que promueva una doble mirada. Por un lado, una visión amplia de los problemas macro que existen en cada uno de los países y también una más micro que entienda a las nuevas audiencias y sus necesidades.

0 63

En diciembre de 2018, la Mesa por la Verdad y la Justicia presentó un informe en que se determina cómo el Poder Judicial se utilizó como aparato de represión política durante el régimen de Rafael Correa. La iniciativa fue impulsada por el Consejo de la Judicatura (CJ) Transitorio y trabajó en cuatro ejes: Derechos Humanos y defensa de la naturaleza, libertad de expresión, pueblos y nacionalidades indígenas y 30S.

De ahí se desprende que hubo un patrón general de persecución sistemático y continuo para impedir cualquier disidencia y crítica a las políticas a través de la judicialización. Esto, acompañado de una estrategia de comunicación sostenida en el mensaje de oposición sinónimo de «enemigo del pueblo». También se usó la figura del indulto y el pedido de disculpas públicas para otorgar «perdonar» y archivar procesos.

FUNDAMEDIOS fue una de las organizaciones que brindó apoyo técnico en las distintas etapas del proceso que concluyó en la necesidad de que se otorgue a las víctimas las  reparaciones morales necesarias, pues las operaciones de persecución política del anterior Gobierno causaron daños a familias enteras.

Inexplicablemente, el nuevo Consejo de la Judicatura no ha querido recibir el informe, menos aún lo ha tratado o anunciado medidas de reparación y memoria, tal como corresponde a las responsabilidades que tienen los Estados (en sus distintas funciones) con las víctimas de violaciones a Derechos Humanos.

La Mesa, integrada por Paúl Jácome, presidente, Alejandra Cevallos, vicepresidenta, Vladimir Andocilla, Rolando Tapia y Manuel Castillo, recibió 1435 denuncias. 247 cumplieron con los requisitos de completar el formulario habilitado y adjuntar la documentación de respaldo. A pesar de lo contundente de los datos, cuando el CJ definitivo se posesionó, en enero pasado, el informe perdió relevancia, ni se realizó un acto público para recibir el documento. Los representantes de la Mesa lo dejaron en la ventanilla de recepción del edificio, en Quito.

Es obligación del Poder Judicial analizar la información recopilada en dicho análisis, que se sostiene en los criterios de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es su responsabilidad diseñar mecanismos de reparación y no repetición hacia quiénes fueron perseguidos políticos a través de la justicia.

FUNDAMEDIOS exige que las conclusiones de la Mesa por la Verdad y la Justicia no se conviertan en palabra muerta. Periodistas, activistas, opositores, defensores de la naturaleza y Derechos Humanos no pueden ser nuevamente víctimas de persecución política, a través del sistema judicial ecuatoriano. Estaremos vigilantes.

0 69

Las ocho organizaciones internacionales de Derechos Humanos que conforman Voces del Sur (VDS) presentarán este 2 de mayo, en Quito, el informe sombra sobre libertad de expresión en América Latina. El documento recoge 734 agresiones a la prensa en ocho países en 2018.

El proyecto VDS nació en julio de 2017 con el objetivo de apoyar iniciativas para promover y mejorar las protecciones de la libertad de expresión en la región, aumentar la capacidad de las redes de la sociedad civil en cada país y establecer nuevas formas de coordinación y colaboración junto a los sistemas de Derechos Humanos interamericanos y de las Naciones Unidas. Agrupa a Fundamedios (Ecuador), Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Perú), Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela), Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), Comité por la Libre Expresión (C-Libre Honduras) y Centro de Archivos y Acceso a la Información (CAinfo Uruguay).

Las organizaciones desarrollaron un conjunto de 12 indicadores comunes para monitorear y comparar la libertad de prensa y expresión en la región, vinculados al objetivo 16.10.1, incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU; el mismo que protege los derechos de los periodistas y medios de comunicación a realizar su trabajo sin enfrentar violencia, amenazas o intimidación.

En 2018 los patrones de extrema violencia, impunidad y políticas autoritarias hacia los periodistas se mantuvieron en la mayor parte de países de América Latina.

El informe sombra denuncia que el año pasado seis periodistas fueron asesinados, ocho secuestrados y dos torturados en América Latina. Nicaragua es el país con más amenazas, pues la crisis política ha derivado en una persecución sistemática contra la prensa.

También se especifica que los actores estatales, u otros con vínculos directos a las estructuras del poder político o económico, son los principales perpetradores de ataques y amenazas contra la libertad de expresión y prensa en el continente.

El documento completo se entregará este jueves 2 de mayo en las instalaciones de Fundamedios, José Padilla N330 y Núñez de Vela, edificio Platinum Oficinas.

0 30

Este 17 de octubre, la Defensoría del Pueblo realizó un  pedido de disculpas públicas por el hostigamiento y persecución a más de 2400 periodistas ecuatorianos y la inacción institucional durante el gobierno de Rafael Correa. El homenaje, que se desarrolló en Quito el pasado 24 de septiembre y se replicó este miércoles en Cuenca, también se dirigió al colectivo Yasunidos y a los 10 de Luluncoto, como una medida de reparación ante la vulneración de sus Derechos Humanos.

 

“El gobierno anterior lastimosamente no respetó los Derechos Humanos”, manifestó César Zea, coordinador zonal de la institución. En el evento, agradeció la presencia de distintos medios de comunicación, “quienes fueron acosados y perseguidos; y, de igual manera, a los movimientos sociales que sufrieron vulneraciones”.

 

El funcionario hizo un “mea culpa” y enfatizó en la necesidad de ofrecer disculpas públicas a Yasunidos, Los 10 de Luluncoto y a los periodistas, a través de FUNDAMEDIOS. “La Defensoría no puede estar supeditada, ni socapar a ningún gobierno. Ahora, tenemos autonomía institucional”, señaló. Además, acotó que durante la última década la institución “no actuó como debía, frente a estos casos».

 

El homenaje es el resultado de una política de memoria y reparación. Harold Burbano, director general tutelar de la Defensoría, mencionó que es necesario recordar las violaciones de Derechos Humanos para que estas no vuelvan a ocurrir. “La Defensoría debe ser crítica frente al abuso del poder”.

 

El abogado también se refirió a la importancia de investigar el proceso de firmas recogidas por el colectivo Yasunidos, descartado por el Consejo Nacional Electoral, en 2014. Reconoció que a los 10 de Luluncoto se les negó derecho a participar y la Defensoría “no se pronunció de manera adecuada”. En el caso de los periodistas, se refirió a los más de 2000 ataques a la libertad de expresión documentados por FUNDAMEDIOS.

 

Finalmente, Carlos Castro, representante del Colegio de Abogados de Azuay, expresó su solidaridad por la víctimas de vulneraciones y por la falta de actuación de la institución nacional de Derechos Humanos.

0 77

Con el objetivo de esclarecer los casos de quienes se consideran víctimas de hostigamiento a través del sistema judicial durante los últimos 10 años, desde el Consejo de la Judicatura (CJ) se impulsó la conformación de la Mesa por la Verdad y la Justicia: Perseguidos Políticos, Nunca Más. Para lograrlo, se integraron cuatro comisiones: Derechos Humanos, libertad de expresión, pueblos y nacionalidades indígenas, y 30 S.

FUNDAMEDIOS, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), Inredh, Acción Ecológica, Caminantes, FIAN Ecuador y la Asociación de Víctimas del 30 S son algunas de las organizaciones que participan en el proceso brindando apoyo técnico en las distintas etapas. Desde el pasado 21 de agosto, cuando se dio a conocer la iniciativa, hasta la semana pasada, el CJ recibió más de 400 casos: 80 sobre libertad de expresión; 100 de las víctimas del 30 S; y 224 se receptaron a través de un formulario especial disponible en la web www.funcionjudicial.gob.ec.

En el portal de la Función Judicial está habilitado un registro para que quienes deseen someter su caso a análisis puedan hacerlo. La información contenida a esas fichas se analizará técnica y judicialmente, para luego elaborar un informe que expondrá cómo se produjo la persecución a través del Consejo durante la última década.

Durante los próximas días, personal de la Judicatura visitará otras provincias para invitar a la ciudadanía a completar el formulario. El registro en línea podrá realizarse hasta el 21 de octubre de 2018. A partir del próximo jueves 11 se llevará a cabo una serie de audiencias que visibilizarán ante la opinión pública cómo el sistema judicial falló a la ciudadanía, para evidenciar la corrupción judicial.

Para determinar la existencia de la persecución judicial se trabaja con base en los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con dichos planteamientos se estructurarán los parámetros para confirmar quiénes fueron perseguidos políticos durante el régimen de Rafael Correa.

0 51

Este 27 de septiembre, Ecuador se comprometió, por primera vez, con una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (NU) sobre la seguridad de los periodistas y la impunidad. Este pronunciamiento es particularmente importante, ya que nunca antes un texto de NU se había centrado en la necesidad, no solo de proteger a los trabajadores de los medios de comunicación en el ejercicio de su profesión, sino en la importancia de que los Estados promuevan las medidas necesarias para prevenir cualquier tipo de violencia en contra de ellos.

Durante el 39° período de sesiones del Consejo, desarrollado en Ginebra, el país apoyó incluir en la resolución:

  • La preocupación por las intimidaciones de periodistas por parte de políticos y otras autoridades
  • El llamado a los Estados a velar para que las leyes sobre difamación no se utilicen indebidamente, en particular imponiendo sanciones penales excesivas; para censurar ilegítima o arbitrariamente a los periodistas e injerirse en su misión de informar a la sociedad
  • El llamado a integrar la seguridad de los periodistas en la agenda 2030 y poner en marcha mecanismos para recolección de datos que hagan posible la medición del indicador 16.10.1. de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
  • El llamado a no utilizar técnicas de vigilancia ilícitas o arbitrarias sobre periodistas, a proteger a los denunciantes en reconocimiento de que los periodistas, y quienes les proporcionan información, son esenciales para fomentar la rendición de cuentas de los gobernantes

Alejandro Dávalos, en representación de Ecuador, sostuvo que hoy el país “está convencido de que una prensa libre e independiente es necesaria y saludable para un sistema democrático”. Bajo esa premisa, explicó que el Estado está en un proceso de fortalecimiento del derecho a la información que, sin duda, es la piedra angular de la democracia. “Ante los recientes hechos que provocaron la pérdida de la vida de tres periodistas ecuatorianos, rechazamos categóricamente los actos propiciados por la delincuencia transnacional organizada, los cuales tienen implicaciones directas en la paz y desarrollo de las naciones. Frente a estos fenómenos es indispensable implementar acciones conjuntas en el Marco de la Organización de las Naciones Unidas que incluyen iniciativas como el proyecto de Resolución sobre seguridad de los periodistas”.

Desde mayo pasado, Fundamedios, junto a gremios y comunicadores, ha impulsado la creación de un Comité de Protección para periodistas. En esa línea, durante la visita del relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Édison Lanza, el 23 de agosto el Gobierno anunció la conformación de dicho espacio multisectorial que integra al Estado, Periodistas, Medios y Sociedad Civil. Sin embargo, desde el Ejecutivo todavía no se ha concretado.

Actualmente tenemos listo un plan de acción que incluye la constitución de un mecanismo permanente de protección a periodistas, que incluya mapas de riesgos y protocolos a aplicar en las zonas y/o coberturas de riesgo y conflicto; un sistema de alertas tempranas y coordinaciones efectivas. Además, se plantearán estrategias para combatir la impunidad en las agresiones en contra de la prensa y las medidas necesarias de memoria y reparación frente a la política sistemática de persecución y agresión que se produjo en la década pasada.

0 61

Durante 11 años, Fundamedios ha trabajado en la recolección, sistematización y difusión de información, testimonios y contextos de las violaciones al derecho fundamental a la libertad de expresión.

Han sido más de 2.500 casos reportados y documentados. Muchísimos configuran en sí mismos gravísimas violaciones de Derechos Humanos pero, en conjunto, constituyen algo más execrable: la sistemática y masiva violación de Derechos Humanos, cometida por órdenes directas de los más altos funcionarios y ejecutadas por operadores que actuaron en todos los niveles del poder estatal.

Basta leer lo que dice el relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Édison Lanza, en el informe preliminar tras su visita oficial al Ecuador en agosto pasado:

“Entre los años 2007 y 2017 la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión documentó que el Gobierno de Ecuador, encabezado por el presidente Rafael Correa, diseñó e implementó una política sistemática para desacreditar, estigmatizar, constreñir y sancionar -mediante el uso del derecho penal y administrativo- a periodistas, medios de comunicación, defensores de Derechos Humanos y opositores políticos. Fueron objeto de especial persecución por este accionar coordinado desde el aparato estatal, periodistas que investigaban y difundían información que el Gobierno entendía falsa o contraria a sus intereses, líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y opositores que difundían opiniones e ideas contrarias al movimiento político que denominó la ‘revolución ciudadana’”.

Y la descripción que hace el Informe de la Relatoría no deja lugar a más dudas de la verdadera naturaleza y dimensión de lo que sucedió en una década oprobiosa en Ecuador:

“De este modo, el espacio cívico y la esfera pública ecuatoriana fue duramente reprimida, en un contexto de control e injerencia del Ejecutivo sobre las instituciones de justicia y control que debían proteger los Derechos Humanos. La Relatoría Especial recibió durante su visita decenas de testimonios relativos a las presiones que recibieron fiscales y magistrados cuando debían decidir sobre casos denunciados por el Presidente de la República y otros altos funcionarios, al tiempo que el Consejo de la Judicatura inició un proceso para recuperar la verdad de lo sucedido con el aparato de justicia durante la última década.

No obstante, esta estrategia de ataque a prensa, defensores y opositores no se circunscribió solamente al ámbito judicial, también se utilizó el poder del Estado para estigmatizar y desacreditar. Ejemplo de esto fue el uso abusivo de la facultad legal de realizar cadenas nacionales; los actos o eventos encabezados por el Presidente de la República denominados ‘sabatinas’, que duraban horas, eran transmitidos en directo a través de los medios públicos y eran el escenario para desacreditar o someter a escarnio a periodistas, líderes sociales o disidentes. Es importante destacar que las organizaciones sindicales, de defensa de la tierra o las nacionalidades indígenas también fueron perseguidas, la personería jurídica de sus asociaciones anuladas y la protesta social fue reprimida mediante el uso de la fuerza”.

Pero se debe tomar en cuenta otro factor: el ejercicio de la libertad de expresión es indispensable para la defensa de los otros Derechos Humanos. Las violaciones masivas y sistemáticas que se cometieron bajo el Gobierno de Rafael Correa no es más que el trasfondo para otras vulneraciones graves, tal como se comienza a visualizar con la información y testimonios que fluyen en la Mesa de Víctimas, conformada por el Consejo de la Judicatura. Ahí se examinará el papel del Sistema Judicial en la perpetración de persecuciones y violaciones de DDHH durante el correísmo.

Por eso el acto que hemos trabajado con la Defensoría del Pueblo. Este pedido de disculpas por la inacción institucional de la autoridad nacional de Derechos Humanos es un paso gigantesco para que las víctimas comiencen a ser escuchadas. En definitiva, ese es el sentido de una política de Memoria y Reparación. No cabe la venganza, sino la justicia.

Como dice el profesor Felipe Gómez Isa, “la mirada y la perspectiva de las víctimas se han convertido en un elemento esencial a la hora de abordar las violaciones graves y sistemáticas de los Derechos Humanos. Si tradicionalmente los protagonistas han sido el Estado y el victimario, normalmente un funcionario o un agente del Estado, ahora se observa un énfasis creciente en las víctimas y en todo lo que las rodea. Este novedoso proceso… está conduciendo a la necesidad de construir una cultura de la memoria que permita a las generaciones presentes construir un futuro en que el pasado no se repita. Es en el marco de esta concepción integral de la reparación donde cobran sentido las políticas de memoria, ya que la memoria y el recuerdo se convierten en un ingrediente esencial de la reparación que se debe a las víctimas”.

Pese a la enormidad del gesto de la Defensoría del Pueblo y las acciones del Consejo de la Judicatura, aún no hemos llegado al momento en que el Estado y la sociedad ecuatoriana estén dispuestos a examinar integralmente las sistemáticas y masivas violaciones a Derechos Humanos cometidas durante la última década.

Por eso desde Fundamedios seguiremos trabajando minuciosa y silenciosamente hasta lograr que las víctimas sean escuchadas, resarcidas; los culpables sometidos a la justicia y que como sociedad repitamos: “¡Nunca Más!”.

0 76

Durante 11 años, en Fundamedios hemos trabajado minuciosa y silenciosamente para que las víctimas de violaciones de sus derechos sean escuchadas, resarcidas; los culpables sometidos a la justicia y que como sociedad repitamos: “¡Nunca más!”. En la década comprendida entre 2007 a 2017, durante el régimen de Rafael Correa Delgado, se consolidó una política sistemática diseñada e implementada por el Gobierno para desacreditar, estigmatizar, constreñir y sancionar a periodistas, medios de comunicación, defensores de Derechos Humanos y opositores políticos.

En ese contexto, este lunes 24 de septiembre la Defensoría del Pueblo realizará un acto de restitución de derechos y disculpas públicas en tres casos que se consideran emblemáticos y reflejan la situación que se vivió el país en los últimos 10 años. El homenaje, que se desarrollará en el Pabellón de las Artes (parque El Arbolito, Quito) a las 17:00, girará en torno a los Yasunidos, los 10 de Luluncoto y la agresión sistemática en contra de la prensa.     

Las cifras de agresiones en contra de la libertad de expresión registradas por FUNDAMEDIOS desde 2008 evidencian que cada año hubo un incremento exponencial de ataques que, a la fecha, suman 2464. De las 22 agresiones reportadas en 2008, se llegó a picos, con 499 en 2015 y 491 en 2016.

Medios y periodistas estuvieron expuestos durante 10 años a la aplicación de medidas legales restrictivas que coartan la libertad de expresión, discurso estigmatizante e intimidatorio desde las altas esferas de poder. Por eso, desde Fundamedios y junto a la la Defensoría del Pueblo, a través de su representante Gina Benavides, se promueve un acto de disculpas públicas de memoria y reparación por el silencio institucional frente a las agresiones sistemáticas sufridas.

Este lunes, la Defensoría del Pueblo exhortará a las autoridades para establecer cambios en la política pública y que casos similares no se repitan en Ecuador. Se espera que la Asamblea Nacional apruebe una nueva Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, para dejar las bases para un proceso de cambio en la vida institucional.

0 89


En conmemoración a la Declaración Universal de los Derechos Humanos se desarrolló el foro “El papel de los medios de comunicación en la defensa de los Derechos Humanos”, el miércoles 13 de diciembre, en el auditorio del campus UdlaPark de la Universidad de Las Américas (UDLA).

Andrés Michelena, gerente de Medios Públicos; Carlos Rojas, periodista del programa de opinión Políticamente Correcto; Mercedes Alvaro, periodista de las revista digital Infobae; y César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, participaron del conversatorio en donde se discutió acerca de la importancia del papel de los medios de comunicación como defensores de los derechos fundamentales.

La equidad, la justicia, la dignidad humana, pero sobre todo la libertad de expresión, fueron los temas que se trataron en este espacio de reflexión. Los panelistas expusieron sus opiniones acerca de la participación de los medios de comunicación en la defensa de los Derechos Humanos, y la importancia de superar el pasado autoritario en Ecuador para construir un futuro en el cual se respeten estos derechos.

En su intervención, César Ricaurte señaló que en la década pasada la democracia mutó hacia el autoritarismo. Habló sobre los 10 años de correísmo y cómo en el anterior Gobierno se observó esta mutación paulatinamente.

Con una presentación, el periodista ilustró cómo el espacio político se convirtió en un escenario de lucha, guerra, polarización, y de constante acoso hacia los periodistas y medios de comunicación. Recordó algunas frases de Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación, que utilizó para desprestigiar a la prensa: “Los medios son una mala hierba que se debe podar todos los días”.

El Director de Fundamedios recordó, además, cómo vivió la prensa bajo un gobierno autoritario: ”El guión comenzó con el acoso, insultos, mermar credibilidad de la prensa, el uso de publicidad oficial, presionar a los anunciantes privados, limitar el acceso a la información pública, entre otras cosas”.

Por su parte, Andrés Michelena habló del cambio que se siente con el nuevo Gobierno, “aires de libertad” lo llamó. Desde su posición como representante de los medios públicos, explicó que recuperar dicha libertad de expresión es su misión y que si bien los cambios se están dando de forma lenta se está progresando, abriendo nuevos espacios de conversación libre.

En su intervención, informó que las reformas a la Ley de Comunicación (LOC) es un proyecto del que sí se está hablando en la Presidencia a mediano y corto plazo. “Desmantelar, lamentablemente, lo que vivimos en 10 años es muy lento”, sentenció Michelena.

Señaló también que los medios públicos fueron creados para “lavar cerebros” y su misión como nuevo gerente de los mismos es cambiar esas estructuras. “Diez años nos sirvieron para ser más autocríticos”, enfatizó.

Mercedes Alvaro inició su intervención alegando por todos aquellos que son o se sienten distintos y no son aceptados en la sociedad, a tal punto de ser brutalmente asesinados, citando como ejemplo el caso de Samuel Chambers, joven activista, el asesinato de líderés Shuar, las violaciones de niños en instituciones educativas, la tortura de más de 200 internos de la cárcel de Turi y la persecución a los medios de comunicación.

“No al silencio, porque callar nos hace cómplices”, expresó Alvaro reiteradamente, explicando numerosos casos en los que no solo se han vulnerado, sino criminalizado los Derechos Humanos. Su intervención fue un fuerte llamado a la consciencia ciudadana y una denuncia contra la actual Ley de Comunicación, que no ha sido incluida en la próxima Consulta Popular.

El último en intervenir fue Carlos Rojas, quien celebró que se den espacios de conversación como este. En cuanto al rol de los medios de comunicación indicó que ha cambiado con la vulneración de libertades, como el derecho de opinar y expresarse. “Los Derechos Humanos son la respuesta a una necesidad, una demanda ciudadana”, dijo el periodista.

En un pequeño recuento histórico, explicó a la audiencia cómo los estados autoritarios siempre han buscado ocultar información, y que de ahí parte el nacimiento de los medios como informantes y destapadores de estos secretos, buscando libertad de información para todos.

Los panelistas coincidieron en que a pesar de que se respira un nuevo ambiente, acompañado de diálogo, todavía hay mucho que hacer para garantizar la plena vigencia de la libertad de expresión. Acordaron que unirían esfuerzos para aportar en los cambios que en esta materia necesita el país: reformas a la LOC, la creación de una ley de medios públicos, la distribución equitativa de frecuencias, entre otros temas.

Luego de las exposiciones de los panelistas, se produjo un intenso intercambio con preguntas del público que se refieron sobre todo a las reformas necesarias para la Ley de Comunicación.

Al finalizar los expositores recalcaron que el periodismo debe incrementar su credibilidad frente a la sociedad, mejorar la moral y ética periodística, pues es responsabilidad de los periodistas defender la libertad de expresión.

0 166


Tras cumplirse un año más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y para no permitir nunca más que se pretenda silenciar a voces altivas para la sociedad, Ciudadanos por la Democracia, movimiento cívico ecuatoriano, realizará un homenaje a los periodistas y medios de comunicación que fueron perseguidos durante la última década, el próximo martes 12 de diciembre, a las 18:00, en el auditorio de la Cámara de Comercio de Quito.

La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) será homenajeada junto con otros comunicadores, medios de comunicación y periodistas que sufrieron amenazas, persecuciones, agresiones verbales y físicas, y a los que se les exigió indemnizaciones millonarias durante el pasado Gobierno.

El homenaje busca resaltar el trabajo de periodistas y medios de comunicación que resistieron el acoso y mantuvieron su postura en defensa de la libertad de expresión. Así como respaldar el trabajo que realizan los comunicadores a favor de la defensa de los derechos de todos los ciudadanos.

Fundamedios es una organización de la sociedad civil que lleva más de diez años en la defensa de la libertad de expresión, prensa y asociación en el Ecuador.  A través de su red de monitoreo, capacitaciones, talleres y proyectos, la organización construye una sociedad más informada y periodistas más capacitados.