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Miércoles, 01 de diciembre de 2021. Fundamedios y la Fundación Konrad Adenauer con su oficina en Ecuador organizaron el 9no ciclo de talleres “Ruta Hacia la Libertad”, con apoyo de la Federación Nacional de Periodistas, FENAPE-FIP y los Colegios Colegio de Periodistas  de Sucumbíos y Napo. El encuentro se desarrolló el último sábado, 27  de noviembre, en la ciudad del Coca. 

A este encuentro asistieron periodistas de las localidades amazónicas de Orellana, Sucumbíos y Napo, que mostraron su satisfacción con las temáticas abordadas con los colegas. Además se conversó acerca de las problemáticas que aquejan a los comunicadores de esas ciudades, como los impedimentos para  acceder a la información pública, las amenazas provenientes del narcotráfico, entre otras.

Durante esta jornada se habló sobre los principios de la libertad de expresión, así como la limitaciones que existen al derecho y los estándares que la protegen. Se explicó, además, sobre lo que fue la aplicación de la Ley de Comunicación del 2013 y la importancia de la discusión, en la Asamblea, del actual proyecto de Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección para la Libertad de Prensa y de la Comunicación, presentado por Fundamedios, encaminado a la garantía y promoción de derechos.

En este proyecto aparece el concepto de la real malicia que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se convirtió en un estándar a partir del caso The New York Times – Sullivan, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que: “Las garantías constitucionales requieren una norma federal que prohiba a un funcionario público ser indemnizado por razón de una manifestación inexacta y difamatoria referente a su conducta, como tal, a menos que pruebe que fue hecha con real malicia, es decir, con conocimiento de que eran falsas o con una gran despreocupación acerca de su verdad o falsedad».

Además, este proyecto de Ley propone: los principios de máxima garantía del derecho, la responsabilidad ulterior a través de los pedidos de réplica,  la pluralidad y hace énfasis en la autorregulación periodística.

Por otro lado, se habló de la relación entre los datos y el periodismo, como explicó el instructor Alexis Serrano, siempre ha existido ese «dato disparador» desde donde inicia el trabajo periodístico, luego de ello  se debe trabajar en la exposición de la información y no el dato por sí solo, si no a través de historias. La clave, dijo Serrano, está en descubrir cómo contar historias a través de los datos. 

“Mirar, oler, ver, tocar, probar”, es hacer periodismo, siempre habrá una historia para ser contada, y ese el el trabajo del periodistas: hacer que la información pública tenga significado y sea fácil de digerir para la ciudadanía.

Por último, el taller sobre desinformación abordó las temáticas del origen de la desinformación y el término correcto para denominarla. Además, se analizó que dentro del contexto electoral se difunden con mayor número los contenidos desinformativos. Con ello, se ha logrado identificar que la desinformación busca manipular la toma de decisión de las sociedades, además, de compartir las principales herramientas para identificar contenidos engañosos que circulan por Internet.

 

 

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El correísmo atacó a los medios de comunicación por todos los ángulos posibles. El “Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación”, mejor conocido como “Código Ingenios y que derogó a la Ley de Propiedad Intelectual, vigente en el Ecuador desde 1998, consolidó el poder de las sociedades de gestión. Cinco años después de su vigencia, los medios de comunicación están acorralados por la carga económica que significan y cansados de las presiones que reciben. 

 Entre las atribuciones que se otorgó a las sociedades de gestión está el establecer las tarifas de cobro por el uso de derechos de autor hasta la posibilidad de aplicar un voto ponderado, cuya calificación por socio se mantiene bajo reserva. Los medios de comunicación audiovisuales apuestan ahora por que el presidente Guillermo Lasso de oído a sus peticiones y envíe una propuesta de reforma a la Asamblea Nacional para subsanar estos excesos. 

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La tregua que tuvieron hasta hace poco las sociedades de gestión y los medios de comunicación terminó. Ahora, la disputa de estos dos sectores gira en torno a las nuevas tarifas que se cobrarán por los derechos de autor y por el uso de su propiedad intelectual, en los medios de comunicación audiovisuales del Ecuador y que se definirán hoy: Las sociedades de gestión proponen un incremento, los medios solicitan una reducción sustancial, ¿será el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) el organismo que tendrá la última palabra?.

Pero ¿Qué son las sociedades de gestión?: Son personas jurídicas de derecho privado, sin fines de lucro, que surgen con el fin de ejercer la gestión colectiva de los derechos patrimoniales de autor. Básicamente, son personas jurídicas privadas que actúan como intermediarios del autor para la recaudación de los  beneficios económicos que se derivan de las obras, que son creaciones producto de su intelecto, imaginación y creatividad. 

Actualmente en Ecuador existen cinco sociedades de gestión: tres musicales y dos audiovisuales:   Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos (SAYCE); Sociedad de Productores de Fonogramas,  (SOPROFON); La Sociedad de Artistas Intérpretes y Músicos Ejecutantes del Ecuador (SARIME);  Entidad de Gestión Colectiva de Derechos de los Productores Audiovisuales de Ecuador (EGEDA) y La Unión de Artistas Audiovisuales del Ecuador (UNIARTE).

Estas recaudan valores a través del tarifario aprobado por el SENADI y que se aplica a medios de comunicación, hoteles, bares, discotecas, restaurantes, cafeterías, eventos públicos, etc.

 

Las tarifas por derechos de autor, un tema que genera discusión

Las tarifas por derechos de autor siguen siendo un tema irreconciliable entre compositores y medios de comunicación audiovisuales. Los primeros aseguran que las sociedades de gestión realizan una recaudación justa por el uso de su conocimiento y de sus obras. Los medios de comunicación consideran que, luego de la pandemia de la COVID-19, la realidad económica se complicó y en la actualidad es “imposible” pagar los valores que establecen estas sociedades.

Actualmente, cada sociedad de gestión establece una tarifa con una fórmula distinta, sobre la base del Artículo 251 del Código Ingenios que establece que se definirán “tarifas razonables, equitativas y proporcionales por el uso de las obras, interpretaciones o ejecuciones, emisiones o fonogramas comprendidas en sus respectivos repertorios”. 

En el caso de SAYCE, para las canales de televisión privados se estableció una tarifa del 1.25% de ingresos brutos de la facturación por publicidad más IVA y del 1.6% para las radios privadas.  Otras sociedades de gestión como SOPROFON, SARIME y UNIARTE utilizan complejas fórmulas matemáticas y EGEDA cobra 0.10 centavos por cada transmisión. 

Sobre el establecimiento de estas tarifas existe un antecedente jurídico: En febrero del 2007 Franklin Javier Mazón Figliole, presidente de la Asociación de Canales de Televisión, compareció ante el Tribunal Constitucional para que se declare la inconstitucionalidad por el fondo y se suspenda los efectos de una Resolución de SOPROFON que establecía un incremento tarifario.  El Tribunal Constitucional emitió su resolución en el caso signado con el número 0026-2006-TC sobre las tarifas de una de las sociedades de gestión colectiva, dicha resolución constitucional es de gran valor jurídico pues se declaró la inconstitucionalidad por el fondo en el establecimiento de estas tarifas. 

El ex presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón calificó a estas tasas impuestas por las sociedades de gestión como un cobro más amparado por la ley que termina convirtiéndose en una “especie de impuesto” y que lamentablemente están amparados por el Gobierno y que se resta competitividad a los medios de comunicación. 

 

¡Presidente, escúchenos!: canales de televisión acuden al Primer Mandatario. 

El 27 de septiembre de 2021 los gerentes de Ecuavisa, Tc Televisión, RTS y Teleamazonas enviaron un grito de auxilio al presidente Guillermo Lasso. A través de una misiva solicitaron una reunión para explicar lo que consideran “una nueva amenaza” denominada sociedades de gestión colectiva. 

CARTA MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIEDADES DE GESTIÓN

Y es que el monto que han tenido que pagar los canales de televisión en los últimos años a las sociedades de gestión se disparó, luego de que, un convenio que les entregaba un descuento del más del 90% y con el que pagaban a SAYCE USD 50.000 anuales terminó. Ahora, esos valores se dispararon a USD 1’000.000.

Los canales de televisión le contaron al Primer Mandatario que varios de estos organismos, a pretexto de recaudar derechos de propiedad intelectual, utilizan métodos hostiles de amedrentamiento a los medios de comunicación, con tutelas administrativas (procedimientos sancionatorios) ante el SENADI y juicios en sedes jurisdiccionales por cuantías multimillonarias.

“Quienes suscribimos este instrumento, nos vemos obligados a redireccionar esfuerzos en la defensa de nuestra operación y labor de informar, pues, estas sociedades de gestión colectiva buscan el quebrantamiento del ejercicio de nuestros derechos, amparándose en una ley diseñada por extranjeros que desconocen la realidad ecuatoriana”, aseguran los medios de comunicación.

Si bien reconocen la existencia y las retribuciones que deben consignarse a favor de quienes han generado derechos de autoría y conexos, rechazan los métodos de coacción de las denominadas sociedades de gestión colectiva para obtener recursos económicos generados por las empresas, con la imposición de “tarifas predadoras y descomunales”.

Aseguran que cada sociedad de gestión colectiva constituye por sí misma un “monopolio” con conductas desleales para con los usuarios que alteran gravemente el mercado audiovisual y solicitaron al Presidente Lasso, que los reciba en audiencia para exponer de forma detallada lo descrito y que conozca de manera directa sus soluciones. 

Juan Fernando Velasco, presidente de SAYCE durante el periodo 2017-2021 y que es el único candidato que va por la reelección para el periodo 2021-2025, asegura que las tarifas por derechos de autor son establecidas de acuerdo a criterios técnicos-jurídicos y que se encuentran entre las más bajas de la región: en Chile es del 2% y en Colombia del 3.7%. Recordó que la tarifa no ha cambiado desde el 2012 y que ahora presentaron una nueva propuesta ante el SENADI que establece un incremento en las tarifas para los medios de comunicación que pasará del 1.25% al 1.30% para canales privados de televisión y del 1.60% al 1.89% para radios privadas .Asimismo, recuerda que se pueden llegar a convenios y que siempre están dispuestos a conversar y negociar. 

En cambio, los medios de comunicación audiovisual abogarán ante el presidente Guillermo Lasso por una reducción significativa y definitiva de las tasas por derechos de autor, “acorde a la realidad económica del país” y la eliminación de procesos legales para perseguir a medios de comunicación. Aseguran que de no ser así “estarían en riesgo de desaparecer”.

Finalmente, será el SENADI, entidad que tiene la competencia el registro de la de la defensa de la tutela de la propiedad intelectual en el Ecuador, el que mediará estas dos posturas antagónicas. Su directora, María Gabriela Campoverde, la primera mujer en asumir este cargo, aseguró que como entidad competente no solamente tienen las facultades sino que también las competencias para regular, controlar y fiscalizar el trabajo de la sociedad de gestión colectiva. Sobre las nuevas tasas para los medios de comunicación aseguró que están en revisión y que se crearán mesas técnicas para analizar los rubros. Sin embargo recordó que todas sus actuaciones deben ser conforme al marco legal vigente.

Entre las últimas acciones de este organismo está una reunión con los representantes de las sociedades de gestión colectiva, para analizar la posibilidad de poner tarifas especiales debido a la pandemia y que quienes tengan deudas puedan tener algún beneficio el momento de cancelar la totalidad, la tarifa pronto pago y algún beneficio por cancelar a todas las sociedades de gestión al mismo tiempo. También los representantes de Ecuavisa, Tc Televisión, RTS y Teleamazonas le solicitaron una audiencia a Campoverde para hablar del tema tarifas. 

 

Los medios locales también están indignados 

En julio de 2021 la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador y los Canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados enviaron una carta a María Gabriela Campoverde en la cual le informaron que los medios de comunicación están siendo objeto de permanentes visitas, llamadas y comunicaciones enviadas por cada una de las sociedades de gestión “exigiendo pagos” en base a convenios particulares de cada una de ellas y que ante la situación económica producida por la pandemia el Estado debe intervenir y actualizar el control de las diferentes sociedades de gestión colectiva . 

Señalaron que hasta la fecha las sociedades de gestión colectiva no han actualizado, ni publicado, ni entregado los listados de a quiénes representa y consideran que es necesario conocer de cada una de ellas así como el listado de los socios ya que “no es justo qué se genere una duplicidad de pago para los diferentes medios de comunicación”. Proponen la creación de un entidad recaudadora única cuyo titular debe ser designado directamente por el SENADI.

CARTA MEDIOS LOCALES

 

Juan Fernando Velasco, 8 años en el poder con SAYCE

Cortesía PlanV

El cantautor ecuatoriano y ex Ministro de Cultura del Lenin Moreno, Juan Fernando Velasco, permanecerá 8 años como presidente de la SAYCE, la sociedad de gestión más fuerte del Ecuador. Su reelección es inminente pues, al igual que en las elecciones del 2017, fue el único postulante para la presidencia de esa sociedad de gestión, cuyas elecciones se cerraron hace dos semanas con un vaticinado triunfo del cantautor de “Chao Lola”. Sus detractores desde ya lo denominan el nuevo “Zar de la propiedad intelectual”. 

Velasco califica los cuatro años de su primera presidencia en SAYCE como de muchos desafíos y muchos logros: “concretamos un crecimiento dentro de la sociedad de compositores desde hace mucho tiempo, hay un antes y un después en la historia de la sociedad de autores del Ecuador”.  Asegura que pasaron de una organización en donde no había ningún tipo de transparencia a una SAYCE “transparente”. 

Un logró que sin duda respalda su gestión es el económico. Al llegar a su administración la recaudación anual de SAYCE era de USD 4 millones, con Velasco esta cifra se duplicó y llegó a su pico con USD 8.5 millones: “los autores no entendíamos con qué Ministerio se repartía lo que se recaudaba internacionalmente, teníamos una imagen absolutamente deteriorara y una legitimidad en sus niveles más bajos. Hoy la sociedad de compositores es reconocida internacionalmente como una caso de éxito de una sociedad más eficiente de la región” dice con orgullo Velasco. 

Él llegó a la presidencia de SAYCE en 2017 respaldado por Troi Alvarado, el ex bajista de la agrupación Tranzas, quien fue titular de esa sociedad de gestión durante 8 años.

SAYCE Indignados es un colectivo constituido por un grupo de autores y compositores que formaron parte de la SAYCE y que critican la poca falta de transparencia en la administración de los recursos dentro de esta Sociedad de Gestión. Este grupo sostiene que durante la administración de Alvarado, el correísmo les entregó “superpoderes” y blindó a estos grupos dando poder a las élites. 

 

La sangre es más espesa que el agua…

Cortesía El Telégrafo

El ex bajista de la banda Tranzas y ex titular de SAYCE durante 8 años, Troi Alvarado, es primo en primer grado de los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado, quienes durante una década formaron parte del grupo más cercano del ex presidente Rafael Correa, llegando a formar parte de su círculo íntimo de asesores. Fuentes internas de SAYCE confirmaron que esta relación permitió a los compositores ecuatorianos con más “contactos” tener ciertos acercamientos con la Revolución Ciudadana, a la que pidieron mayor poder para las Sociedades de Gestión. 

Troi Alvarado niega que su parentesco con los ex hombres duros del correísmo haya influido en su permanencia durante 8 años en SAYCE o que de esa relación haya obtenido algún beneficio personal o colectivo: “jamás yo fui correísta” dijo, y aseguró que su línea siempre fue la de defender a los autores “me pelee muchas veces, no solo con el Presidente al que yo le escribía directamente en el chat, sino también con algunos ministros que luego ellos me escribían y me llamaban que querían reunirse con nosotros por que ellos no querían perjudicar al autor”, recordó. 

Troi Alvarado reconoce que a la única fiesta que asistió fue a una celebración realizada con Rafael Correa y los directivos de la SAYCE, en el tiempo en que su primo Fernado Alvarado era el Secretario de Comunicación: “ellos me pidieron ir porque justamente había un problema de qué los canales el Estado, no estaban pagando los derechos de autor”. 

No niega públicamente que respaldó la candidatura de Juan Fernando Velasco, pero sostiene que él no pertenece a ningún grupo “yo no pertenezco a ningún partido político es más yo ni pertenezco a SAYCE, porque yo soy de docente yo me dedico a la academia”, dijo.

Sin embargo, los miembros de SAYCE Indignados aseguran que Alvarado, entre gallos y media noche, implementó el voto ponderado que le otorgó el Código Ingenios del correísmo  y con una escala, en ese tiempo, de 1 a 25 y que impide que la designación de autoridades sea transparente, así como que exista una renovación. 

 

En la SAYCE un voto vale más que otro.

No todos los autores tienen el mismo peso dentro de la Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos SAYCE y eso toma relevancia en las elecciones de sus autoridades. Dentro de esta sociedad de gestión, los compositores que más aportan económicamente tienen una mayor puntuación, que puede ir del 1 al 15 (antes era del 1 al 25) en detrimento de aquellos que no aportan mucho.

“Ellos discriminan al compositor, ellos catalogan a los autores con una puntuación y deciden cuál es el mejor cuál es el peor”, sostiene indignada Nancy Arrojo Jaramillo, viuda de Julio Jaramillo, JJ. A los miembros de SAYCE Indignados la aplicación de este voto ponderado también les genera malestar y esto se refleja, aseguran, en la nula participación de otros candidatos para la presidencia.  

Alvarado y Velasco defienden el voto ponderado. El primero recuerda que el Código Ingenios les obligó a realizar este cambio y que se aplicó estudiando las legislaciones que los cuerpos legales de la sociedades de gestión de México, Argentina, Uruguay y Chile en donde se aplica este mecanismo. 

Velasco en cambio califica al voto ponderado de ser perfectamente legal ya que al ser una sociedad de gestión colectiva ésta es una práctica común: son un conjunto de autores privados que se reúnen para el fin de obtener la remuneración. Lo compara con una empresa privada en donde unos socios tienen más peso en las decisiones de la empresa, dependiendo de la cantidad de acciones que poseen. 

Dentro de SAYCE, además de la recaudación, existen otros criterios para otorgar el puntaje  como antigüedad. Sin embargo la información de la ponderación es confidencial y se mantiene bajo reserva: “eso es información confidencial, no podemos contarte cuánto gana un socio, eso es información confidencial”, aseguró Velasco. La única forma de conocer este dato es bajo la autorización del socio, lo único público son los criterios para llegar a los puntajes. ¿Cómo podemos saber los resultados de las votaciones con estas condiciones de opacidad? se pregunta la viuda del Ruiseñor de América. 

Las denuncias contra SAYCE apuntan a falta de transparencia y exceso en gastos administrativos, Velasco se defiende. 

SAYCE Indignados ha denunciado públicamente varias irregularidades en la administración de esta sociedad de gestión: a más de la imposición del “voto ponderado”, critican la presentación de una sola lista para la renovación del 2021; falta de registro de obras no identificadas; inequidad en el reparto de regalías con énfasis en pagos al extranjero; pagos excesivos de sueldos y honorarios de sus funcionarios y exceso del gasto administrativo, que por ley no puede superar el 30% de la recaudación.

Los números reflejan que en 2018 SAYCE destinó USD 2’045.744, de sus ingresos anuales, para los gastos administrativos. Esto representó un 38% cuando el Código Ingenios establece que este rubro no puede superar el 30%. No obstante, a partir del 2019, gracias a un incremento en los ingresos  por recaudación, esta cifra se niveló llegando al 29,5%.

SAYCE Indignados asegura que los funcionarios de esta sociedad de gestión gozan de sueldos dorados que bordean los USD 6.000, así cómo el uso de viáticos y la presencia de ex funcionarios relacionados con los organismos de control. Uno de ellos es el actual director jurídico de SAYCE, Alfredo Corral, que ostentó el cargo de ex director del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI. Velasco reconoce que dentro de su equipo tiene a los mejores profesionales del mercado y que los resultado de su equipo se materializan en los saludables números que poseen. 

Al no ser una entidad pública, SAYCE no está sujeta a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública por lo que no está en la obligación de responder solicitudes de información ni de revelar las remuneraciones de sus colaboradores.

Finalmente, una de las críticas más duras de SAYCE Indignados es la falta de transparencia  en cuanto a los montos destinados a los autores. “Darme una liquidación de $60 las obras de Julio es una ofensa es una grosería, no sólo se metió con la limosna sino con el santo” dice Nancy Arroyo Jaramillo. 

El nuevo presidente de SAYCE ratifica que toda la información está disponible en el sitio WEB y que las críticas se deben a falta de información. “Nosotros estamos auditados permanentemente de manera interna y de manera externa. El SENADI está encima de las otras cuatro sociedades de gestión colectiva en todos los procesos, en absolutamente todos los procesos los que hay un balance que mandamos al final de año, hay una evaluación minuciosa de cada uno de los rubros”, dijo Velasco. 

El Presidente Guillermo Lasso aún no da una fecha a los medios audiovisuales para el encuentro donde expondrán sus críticas al modelo actual de las sociedades de gestión. Apuestan por una reforma al Código Ingenios que disminuya drásticamente las tarifas, que unifique el pago a las sociedades de gestión, y que sea aplicables con estas entidades  las leyes para el acceso a la información vigentes así como la eliminación del voto ponderado.

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Lunes, 22 de noviembre de 2020.- Fundamedios y la Fundación Konrad Adenauer con su oficina en Ecuador organizaron el 8vo ciclo de talleres “Ruta Hacia la Libertad”, con apoyo de la Pontificia Universidad  Católica de Ibarra, la Federación Nacional de Periodistas, FENAPE-FIP y el Colegio de Periodistas  de Imbabura. El encuentro se desarrolló el pasado 20 de noviembre en la ciudad de Ibarra. 

La bienvenida estuvo a cargo de la magister Yalitza Ramos, directora de la carrera de Comunicación de la Universidad Pontificia Universidad  Católica de Ibarra, Camilo Ponce, presidente del  Colegio de Periodistas de Imbabura y César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios.

En este marco, Ricaurte inició con el primer taller denominado “Defender la libertad de expresión desde la práctica periodística”,  en el que hizo un breve repaso a la historia del derecho a la libertad de expresión, así como la legislación internacional  que lo ampara; además, mencionó las principales instancias internacionales de protección del derecho a expresarse.

Por otro lado, se hizo un recuento de la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación de 2013, que estuvo vigente hasta 2019, luego se evidenció los principales aspectos del nuevo proyecto de Ley de Libertad de Expresión impulsado por Fundamedios.

La segunda parte del taller fue desarrollado por Alexis Serrano, editor del portal Ecuador Chequea y de la Coalición Ecuador Verifica, en el que se refirió a la importancia de conseguir los datos precisos, al acceso a la información y la presentación correcta de la estadística. 

La periodista de Ecuador Chequea, Paola Simbaña, compartió las principales herramientas para identificar contenidos engañosos que circulan por Internet.

Los organizadores de este evento felicitaron la iniciativa impulsada por Fundamedios y resaltaron la importancia de generar espacios de aprendizaje y reflexión para los  periodistas y estudiantes de la localidad.

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Con el propósito de analizar los mecanismos que existen en la Región para la rendición de cuentas de las vulneraciones y ataques contra los periodistas, así como las sanciones que se establecen para los agresores, FUNDAMEDIOS junto con PADF organizaron un foro con expertos en el tema. 

Entre los panelistas estuvo Emmanuel Colombié, Director Regional para América Latina de Reporteros Sin Fronteras; Daniel Lizárraga, Editor de El Faro; Mauricio Alarcón, Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo y el ex Relator para la libertad de Prensa, Frank LaRue. César Ricaurte, Director de Fundamedios, moderó el panel. 

En la primera parte los asistentes realizaron una evaluación general de las agresiones contra la libertad de expresión en la Región. Emmanuel Colombié sostuvo que existe un deterioro generalizado de la Libertad de Expresión y recalcó que la crisis sanitaria por la COVID-19 incrementó la censura y las dificultades en el acceso a la información. Asimismo, en países como Nicaragua o Venezuela hubo detenciones contra periodistas solo por informar sobre la pandemia. 

Añadió que en los últimos meses existe una normalización de discursos estigmatizantes que debilitan el periodismo, junto con el uso abusivo de la justicia y la proliferación de campañas de desprestigio en internet contra periodistas. “El 80% de los asesinatos ocurridos contra periodistas entre 2011 y 2020 se concentran en  Brasil, Colombia, México y Honduras con 139 casos”, dijo Colombié. 

A Daniel Lizárraga, le preocupa que en El Salvador se estén agudizando los ataques contra la Libertad de Expresión y que no solo provienen de la delincuencia organizada sino desde el Estado, que lo hace de una manera “sistémica”.

Frank LaRue recalcó que existe un deterioro en la seguridad para periodistas en América Latina porque la violencia ha incrementado y porque han surgido nuevas formas de ataques contra la prensa como los discursos estigmatizantes y el uso tergiversado de la ley. Recordó la estructura del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y el Sistema Universal de Protección y resaltó que el fenómeno más importante de resolver es el de la impunidad.  

Por su parte Mauricio Alarcón, de Ciudadanía y Desarrollo, sostuvo que es necesario entender que la rendición de cuentas es una de las principales responsabilidades de una autoridad, de todos los funcionarios y ciudadanos para así promover Derechos Humanos fundamentales.

Antes de iniciar la segunda parte del Foro, César Ricaurte reflexionó que el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y el Sistema Universal de Protección en muchos casos parecen ser insuficientes

¿Qué se puede hacer para que la violación a la Libertad de Expresión se considere una violación grave a Derechos Humanos y para que los que atentan contra ella puedan también ser considerados dentro de los mecanismos de rendición de cuentas que significan sanciones unilaterales de algunos países contra los perpetradores? fue la duda que planteó Ricaurte. 

Emmanuel Colombié respondió que sin Libertad de Prensa no se puede verificar la existencia de las otras libertades y es fundamental defenderla pues es la base de cualquier democracia. Desde su óptica, es importante hacer un trabajo de pedagogía, educación y sensibilización ciudadana sobre la importancia del trabajo de la prensa para una sociedad. Además, no se trata solo de denunciar sino que “hay que trabajar con recomendaciones y de la mano con los Gobiernos”. 

Mauricio Alarcón cuestionó que bajo los mecanismo actuales debemos esperar a que la persona deje de existir para proceder cuando se deberían garantizar todos los derechos fundamentales. ¿Cuántos periodistas han sido asesinados y cuántas sanciones hay cuando incluso se tiene identificado a los autores intelectuales que provienen del gobierno? cuestionó Alarcón y añadió que es ahí cuando vemos cómo estos mecanismos resultan limitados y no son el camino óptimo para asegurarnos que haya una efectiva garantía de derechos y quienes deben garantizarlos rindan cuentas. 

Daniel Lizárraga recordó que en El Faro la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Gobierno de Najib Bukele brindar protección a El Faro y a sus periodistas pero que es limitado porque el la práctica todo el sistema sigue actuando contra el periodico: “Debería promoverse que instancias internacionales tomen acciones para garantizar las libertades incluida la de expresión y los mecanismos deben apretarse y ser más estrictos, fuertes y agresivos”, aseguró. 

Entre las conclusiones del Foro destacan que es necesario construir mecanismos efectivos de protección para la prensa y fortalecer los existentes, trabajando de manera coordinada entre varios niveles de la Sociedad Civil y Gobierno. Asimismo, es necesario endurecer las sanciones contra aquellos que atenten contra los Derechos Humanos, incluido la libertad de expresión y de prensa.