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Informe Anual

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Los datos son contundentes. 2019 es el año más violento contra la prensa de lo que va la administración del presidente Lenín Moreno

Son 212 ataques contra la libertad de expresión y 373 medios, periodistas y trabajadores violentados. Para encontrar un número de agresiones equiparable hay que retroceder a 2014, al régimen de Rafael Correa cuando el aparato estatal de represión y persecución contra la prensa funcionaba a pleno. 

Fundamedios reportó un preocupante incremento de 47% de agresiones a la prensa. Pero quizás, la situación más llamativa de 2019 no es la cifra de agresiones en sí misma, sino el hecho de que entre enero y septiembre se reportaron 78 alertas, durante el mismo periodo de 2018 se emitieron 122. Es decir, se había producido una disminución del 56% en el número de agresiones.  La situación dio un giro de 180 grados en los 12 días de octubre que duró el paro nacional en rechazo a la eliminación del subsidio a la gasolina.

En ese contexto se contabilizaron 116 incidentes violentos que dejaron un saldo de 138 periodistas y trabajadores de la comunicación agredidos, 32 en un episodio de retención o secuestro masivo en un ágora de Quito. Así mismo, se reportaron 97 ataques contra las oficinas e infraestructuras de canales de televisión, prensa y estaciones radiales. Algunas tan graves como el intento de incendio de Teleamazonas. El 74% de todos los ataques contra las sedes se produjo en los mismos 12 días de octubre.

Desde 2007, año del primer registro de agresiones contra la prensa por parte de Fundamedios, no se había reportado tantos ataques reiterados a la infraestructura de los medios de comunicación como sucedió en esos días críticos. También en ese contexto, el hecho más grave por la magnitud de la afectación del derecho a la información de los ciudadanos fue el ataque a las antenas de transmisión en el cerro Pilisurco, provincia de Tungurahua (sierra norte) que dejó fuera del aire a 65 estaciones radiales y televisivas de las provincias de Tungurahua y Chimborazo y a un número todavía no contabilizado en Cotopaxi. Esto se traduce en que se afectó a 963.573 personas que viven en la Sierra Central de Ecuador. A esto se suma el desalojo de periodistas y empleados de la sede de Ecuavisa, El Universo y Medios Públicos, en la capital, por advertencias de ataques a sus instalaciones. Además se incluye la salida del aire de Radio Pichincha Universal una decisión administrativa arbitraria.

El incremento en el número de agredidos es alarmante. Se pasó de 151, en 2018 a 373, en 2019. Se trata de 222 agredidos más en los últimos 12 meses: un aumento del 247%

Cuando Lenín Moreno llegó al poder, en mayo de 2017, se dio un giro de 180 grados en la actitud presidencial hacia la prensa: se acabaron las cadenas nacionales llenas de discurso de odio, el acoso sistemático y asfixiante ejecutado a través de la Superintendencia de la Información y Comunicación, terminaron los juicios contra periodistas con sentencias dictadas en medio de las sabatinas.  Pero, en materia de las obligaciones estatales para la garantía, protección y goce de los Derechos Humanos las buenas intenciones o el dejar de practicar la persecución y acoso estatal no bastan. 

Hay que adoptar políticas para obtener avances activos y reales porque las amenazas del pasado están al acecho y listas para atacar en cualquier momento. Y eso es precisamente lo que está sucediendo. Las cifras no mienten, menos los hechos. Un año que debía terminar con una reducción de más del 50% en las agresiones contra la prensa, termina con un incremento del 47%.

Informe completo 

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El pasado 17 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó el Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión 2018, suscrito por el relator Edison Lanza. En el documento se aplaude las medidas adoptadas por el Gobierno de Lenín Moreno para garantizar el reconocimiento público de la importancia de la labor de la prensa y la defensa de Derechos Humanos en una sociedad democrática.

En agosto de 2018, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH hizo una visita oficial a Ecuador para evaluar la situación de la libertad de expresión. Como parte del proceso de normalización de las relaciones del Estado con la sociedad civil, medios de comunicación, periodistas y organismos internacionales, el Presidente de la República extendió dicha invitación.

Tras el encuentro, la Relatoría determinó que el país atraviesa un periodo de transición, luego de una década bajo el mandato de Rafael Correa, que significó un periodo de graves amenazas y agresiones a los derechos de libertad de expresión. Se establece que las instituciones públicas están en un proceso de replantear sus políticas con el fin de  desmontar las prácticas represivas dirigidas a cerrar el espacio democrático, ejecutadas entre 2007 – 2017.

Entre las observaciones del informe se menciona que durante la última década en Ecuador se aplicó una “política sistemática para desacreditar, estigmatizar, constreñir y sancionar -mediante el uso del derecho penal y administrativo- a periodistas, medios de comunicación, defensores de Derechos Humanos y opositores políticos”. Se agrega que “fueron objeto de especial persecución”, periodistas y comunicadores, líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y opositores que difundían opiniones, información, investigaciones e ideas contrarias al movimiento político que denominó la «revolución ciudadana«.

El informe hace énfasis en la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) y su reforma, aprobada el pasado 8 enero. La RELE indicó su preocupación por este cuerpo normativo desde antes de su aprobación, sin embargo, el Estado hizo caso omiso a las mismas. En ese sentido, se enfatiza que la LOC se utilizó como un instrumento de persecución y restricción del derecho a la libertad de expresión.

La Relatoría reconoce que durante la aplicación de la Ley, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, como FUNDAMEDIOS, documentaron y denunciaron que habría tenido un efecto inhibitorio para el periodismo. Gracias a su trabajo, se planteó la reforma del cuerpo normativo, así como la supresión de la Superintendencia de la Comunicación y la Información (Supercom).

En cuanto al acceso a la información, se reconoce que es un país que trabaja constantemente para vencer “la cultura del secreto y tener un mayor acceso a la información en poder del Estado, estadísticas, cifras y datos.” Sin embargo, se reconoce que el acceso a la información sigue siendo un mecanismo poco efectivo para ejercer periodismo.

También se hace referencia al concurso de frecuencias, mismo que fue observado por el organismo en 2016 por la denunciada falta de inclusión y transparencia en el proceso; además de denuncias por presuntos actos de corrupción. Se recomienda al Estado establecer un espacio o consejo de consulta de todos los actores involucrados, reiterando que la asignación de licencias de radio y televisión debe estar orientada por criterios democráticos y procedimientos preestablecidos, públicos y transparentes.

La RELE reconoce que durante la década correísta, el Internet fue un espacio en el que el gobierno del expresidente libró una batalla contra periodistas y personas que ejercían la crítica. Las estrategias fueron sistemáticas, incluyendo la contratación a una empresa para solicitar a las principales plataformas la bajada de cuentas y contenidos de crítica política, la denegación de servicio y  el intento por revelar la identidad de usuarios que utilizaban el anonimato.

La institución expresa que “valora que no se haya dado curso a los proyectos de ley presentadas durante los últimos años ante la Asamblea Nacional con el objetivo de ejercer un control oficial de las redes sociales”. Sin embargo, expresa su preocupación en cuanto el Proyecto de Ley que Regula los Actos de Odio y Discriminación en Redes Sociales e Internet, presentado por el expresidente Correa un día antes de su salida del mandato, no ha sido archivado de manera definitiva hasta la fecha.  

Concluye el capítulo de Ecuador señalando que el Estado tiene la obligación de “garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión”. Establecen que las limitaciones al trabajo periodístico, así como la incautación y destrucción de bienes de medios violan la libertad de expresión.

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2018 fue un año en que se evidenció una rebaja significativa en las agresiones a la libertad de expresión; pero, sin duda, fue de conmoción. El actual Gobierno ha reconocido patrones de agresión impulsados por el régimen de Rafael Correa contra la libertad de expresión, comunicadores, periodistas, medios de comunicación y activistas políticos. Frente a esa realidad, se ejecutaron acciones para paliar el ambiente hostil y polarizado que se sostuvo entre 2007 y el primer semestre de 2017. Entre esas, resultan determinantes la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), la revisión del rol de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) y sus sanciones, el papel de la Secretaría de Comunicación (Secom), el concurso de frecuencias y las consecuencias del crimen en contra del equipo periodístico de Diario El Comercio.

De acuerdo a los reportes de FUNDAMEDIOS, la mayoría de agresiones poviene de actores estatales, a través de medidas administrativas, legislativas y judiciales. No se ejecutan desde el Gobierno Central, pero sí desde autoridades locales y funcionarios.

En 2018, la forma más común de agresión fue el ataque a la integridad física de periodistas. En 12 meses se reportaron 18 casos, seguido de 16 denuncias sobre censura en Internet. Esto marca una diferencia en el contexto de 2017, año en que la agresión más recurrente fueron los insultos o descalificaciones de autoridades y figuras públicas, junto al hackeo a sistemas informáticos de medios y organizaciones sociales.

También se identificaron patrones en la limitación al acceso a la información pública. Las prácticas mencionadas son incompatibles con la consolidación de un sistema democrático y en la lucha contra la corrupción.

VER: Informe completo

 

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La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH publicó este 23 de marzo de 2018, su Informe Anual correspondiente a 2017. En el texto de 449 páginas se menciona que la violencia y estigmatización de la prensa persiste en varios países de la Región, en donde también preocupa el incremento del fenómeno de la desinformación y la proliferación de noticias falsas.

Sobre Ecuador, la Relatoría dedica 22 páginas para describir la situación del país, en donde se reconoce que tras la asunción del gobierno del presidente Lenín Moreno, se ha mitigado la mayor parte de prácticas estigmatizantes y criminalizantes características a la administración anterior. Sin embargo, destaca la necesidad de revisar leyes que establecen restricciones incompatibles con las obligaciones internacionales contraídas por el Estado en materia del derecho a la libertad de expresión y manifiesta su interés de asistir con recomendaciones a este proceso.

Al respecto, el informe manifiesta la preocupación de la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación que, a través de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), se sancionó, amonestó y ordenó frecuentemente la publicación de réplicas y contenidos oficialistas a los medios, así como las descalificaciones vertidas por el expresidente Rafael Correa, desde sus enlaces sabatinos, en donde, a criterio de la Relatoría, “criticó y descalificó asiduamente a periodistas, medios de comunicación y organizaciones civiles no alineados al oficialismo”. En ese sentido, la Relatoría ve como un avance que se haya conformado un grupo parlamentario con miras a reformar dicha Ley.

En el capítulo sobre ataques, amenazas e intimidaciones a periodistas y medios de comunicación, la Relatoría menciona hechos como el ocurrido en junio pasado, cuando el expresidente Rafael Correa divulgó en su cuenta de Twitter información personal sobre los tributos que paga el periodista Jean Cano, cuestionando los “pocos impuestos que ha pagado”, en respuesta a un tuit crítico del periodista, o de la amenaza de muerte a la periodista Janet Hinostroza, del canal Teleamazonas a través la cuenta “@alerta_911” en Twitter, así como las agresiones físicas y verbales ocurridas en septiembre, contra al menos cinco fotógrafos y camarógrafos de los medios El Comercio, Expreso, El Universo, Ecuavisa y Gama TV, por parte de presuntos simpatizantes del ex vicepresidente Jorge Glas, durante la comparecencia del ex jerarca ante la Fiscalía General del Estado, entre otros.

Al respecto, la Relatoría recordó que el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. “Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”, apunta.

En su informe, la Relatoría también cita casos de criminalización de la protesta social que han sido denunciados por organizaciones de la sociedad civil, como el allanamiento a la sede de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), en Morona Santiago, y la detención de su presidente, Agustín Wachapá en diciembre de 2016, así como la declaratoria de estado de excepción como reacción a las medidas de resistencia de las comunidades contra las actividades extractivas en la zona en esa misma provincia en diciembre de 2016.

Sobre estos hechos, la Relatoría reitera que la protesta social es una herramienta fundamental para la labor de defensa de los derechos humanos, y esencial para la expresión crítica política y social de las actividades de las autoridades. “Resulta en principio inadmisible la penalización per se de las demostraciones en la vía pública cuando se realizan en el marco del derecho a la libertad de expresión y del derecho de reunión”.

El informe también da cuenta de varios hechos de estigmatización en contra de periodistas, sobretodo, desde los enlaces sabatinos que realizaba el expresidente Rafael Correa. En ese marco, la Relatoría recordó que la existencia de un contexto de marcada confrontación, en el cual se producen descalificaciones y estigmatizaciones constantes, genera un clima que impide una deliberación razonable y plural sobre todos los asuntos públicos, por lo que afirmó que es también deber del Estado contribuir a generar un clima de mayor tolerancia y respeto por las ideas ajenas.

En cuanto a casos relacionados a la responsabilidad ulterior, la Relatoría menciona algunos procesos como la demanda penal que interpuso el expresidente, Rafael Correa contra el periodista Martín Pallares, del portal 4Pelagatos, a quien acusó de proferir “expresiones en descrédito y deshonra” en su contra, a través de un artículo de opinión; también se refiere al caso de Freddy Aponte, cuando fue declarado insolvente en julio del año pasado, tras un juicio iniciado por  el alcalde de Loja José Bolívar Castillo, que se derivó de procesos anteriores por daño moral e injurias, por mencionar algunos.

Sobre estos casos, la Relatoría recuerda el principio 10 de la Declaración de Principios sobre libertad de Expresión de la CIDH que señala que “las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”.

Finalmente, la Relatoría también dedica un apartado específico para casos de censura, otro para libertad de expresión en contextos electorales, así como sobre internet y libertad de expresión, vigilancia en las comunicaciones y radiodifusión comunitaria.

Respecto a la libertad de expresión en internet y vigilancia, cita algunos casos de suspensión de cuentas de Twitter de opositores, activistas y periodistas, ocurridas en meses anteriores, las denuncias de vigilancia por parte de la Secretaría de Inteligencia SENAIN así como la denuncia que hizo el recién posesionado presidente Lenín Moreno, cuando en septiembre del año pasado dijo que había encontrado una cámara oculta activa en su despacho presidencial que habría sido instalada por Correa.

Sobre este punto, la Relatoría asegura que las decisiones de realizar tareas de vigilancia que invadan la privacidad de las personas deben ser autorizadas por autoridades judiciales independientes. “Los Estados deben garantizar que la autoridad judicial sea especializada y competente para tomar decisiones judiciales sobre la legalidad de la vigilancia de las comunicaciones, las tecnologías utilizadas y su impacto en el ámbito de los derechos que pueden resultar comprometidos y que tengan suficientes garantías para ejercer sus funciones de manera adecuada”.