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Desinformación, marco legal, Derechos Humanos y nuevas narrativas fueron los temas que se analizaron el pasado 8 de febrero, en Ibarra (Imbabura), durante un taller coorganizado por Fundamedios, el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, Imán Transmedia, Diario El Norte y el Colegio de Periodistas de Imbabura. Hasta la Pontificia Universidad Católica (Pucesi) llegaron 40 personas interesadas en reflexionar en torno a los retos nuevos que enfrenta la profesión.

Durante la jornada, periodistas, comunicadores institucionales y estudiantes se capacitaron para combatir la difusión de contenidos falsos que actualmente representa un reto para responder con rapidez y precisión ante las audiencias; el ámbito legal que envuelve al oficio, tras la entrada en vigencia de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) en febrero de 2019; las buenas prácticas periodísticas y las posibilidades que ofrece la realidad virtual en el momento de contar historias de la mano con la tecnología. 

El objetivo de este encuentro fue sensibilizar ante la optimización de la calidad de los contenidos y generar interés de las audiencias

Los asistentes coincidieron en la importancia de conocer insumos tecnológicos que faciliten las tareas de verificación, pues cada vez son más -y más potentes- las mentiras que circulan a través de la web. Un dato que valida esa impresión es que 2019 representó el año de la desinformación para Ecuador Chequea, portal de Fundamedios especializado en fact checking. En 2018 se atacó 79 mentiras, cifra que el año pasado trepó a 180. Eso implicó un aumento del 128% del trabajo de chequeo y evidenció que el uso de la información falsa no es inocente.

También se sintieron atraídos por las herramientas inmersivas y su impacto social. Juan Pablo Urgilés y Caridian Niama, de Imán Transmedia, presentaron ‘Cruzar’, un proyecto realizado entre periodistas de Ecuador y Venezuela que narra la historia de una mujer migrante a través de cámaras 360.

 

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Desinformación y nueva legislación son dos temas relevantes en el quehacer del periodismo ecuatoriano. En la actualidad, la difusión de contenidos falsos reta a los periodistas a responder con rapidez y precisión ante las audiencias; mientras tanto, también se precisa conocer el ámbito legal que envuelve al oficio, tras la entrada en vigencia de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) en febrero de 2019. Ese contexto fue la base para el taller que Fundamedios dictó a comunicadores de Manabí, provincia costera de Ecuador.

El pasado 16 de enero, César Ricaurte, director ejecutivo; y Desirée Yépez, directora de Contenidos de la organización, impartieron en Portoviejo dos jornadas donde se analizaron dichas temáticas. En un primer acto se convocó a los comunicadores institucionales en las instalaciones de la Gobernación de la provincia. Más de 20 relacionadores públicos se capacitaron en manejo de herramientas para verificar el origen de una información que no es real.

Los asistentes coincidieron en la importancia de conocer insumos tecnológicos que faciliten las tareas de verificación, pues cada vez son más -y más potentes- las mentiras que circulan a través de la web. Un dato que valida esa impresión es que 2019 representó el año de la desinformación para Ecuador Chequea, portal de Fundamedios especializado en fact checking. En 2018 se atacó 79 mentiras, cifra que el año pasado trepó a 180. Eso implicó un aumento del 128% del trabajo de chequeo y evidenció que el uso de la información falsa no es inocente.

Estas herramientas también se compartieron con estudiantes y docentes universitarios. Fundamedios, la Universidad San Gregorio de Portoviejo, Federación Nacional de Periodistas del Ecuador(Fenape), Federación Internacional de Periodistas (FIP), Colegio de Periodistas de Manabí y Universidad Laica Eloy Alfaro convocaron a más de 100 personas para profundizar en torno al fenómeno de la desinformación y del marco normativo que regula las tareas de la prensa en el país.

César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, desmenuzó ocho factores clave que hay comprender sobre la LOC que en la actualidad está modificada y vigente. El cuerpo legal fue reformado en un 76% y varios de sus cambios implican las labores periodísticas. “La Ley actual es mejor que la anterior, pero aún tiene problemas porque todavía es una herramienta en manos del Estado, del poder”, enfatizó el periodista.

Las reformas de la Ley abrieron un amplio y profundo debate. Esta fue una oportunidad para intercambiar puntos de vista diversos sobre la profesión y sus regulaciones.

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Los datos son contundentes. 2019 es el año más violento contra la prensa de lo que va la administración del presidente Lenín Moreno

Son 212 ataques contra la libertad de expresión y 373 medios, periodistas y trabajadores violentados. Para encontrar un número de agresiones equiparable hay que retroceder a 2014, al régimen de Rafael Correa cuando el aparato estatal de represión y persecución contra la prensa funcionaba a pleno. 

Fundamedios reportó un preocupante incremento de 47% de agresiones a la prensa. Pero quizás, la situación más llamativa de 2019 no es la cifra de agresiones en sí misma, sino el hecho de que entre enero y septiembre se reportaron 78 alertas, durante el mismo periodo de 2018 se emitieron 122. Es decir, se había producido una disminución del 56% en el número de agresiones.  La situación dio un giro de 180 grados en los 12 días de octubre que duró el paro nacional en rechazo a la eliminación del subsidio a la gasolina.

En ese contexto se contabilizaron 116 incidentes violentos que dejaron un saldo de 138 periodistas y trabajadores de la comunicación agredidos, 32 en un episodio de retención o secuestro masivo en un ágora de Quito. Así mismo, se reportaron 97 ataques contra las oficinas e infraestructuras de canales de televisión, prensa y estaciones radiales. Algunas tan graves como el intento de incendio de Teleamazonas. El 74% de todos los ataques contra las sedes se produjo en los mismos 12 días de octubre.

Desde 2007, año del primer registro de agresiones contra la prensa por parte de Fundamedios, no se había reportado tantos ataques reiterados a la infraestructura de los medios de comunicación como sucedió en esos días críticos. También en ese contexto, el hecho más grave por la magnitud de la afectación del derecho a la información de los ciudadanos fue el ataque a las antenas de transmisión en el cerro Pilisurco, provincia de Tungurahua (sierra norte) que dejó fuera del aire a 65 estaciones radiales y televisivas de las provincias de Tungurahua y Chimborazo y a un número todavía no contabilizado en Cotopaxi. Esto se traduce en que se afectó a 963.573 personas que viven en la Sierra Central de Ecuador. A esto se suma el desalojo de periodistas y empleados de la sede de Ecuavisa, El Universo y Medios Públicos, en la capital, por advertencias de ataques a sus instalaciones. Además se incluye la salida del aire de Radio Pichincha Universal una decisión administrativa arbitraria.

El incremento en el número de agredidos es alarmante. Se pasó de 151, en 2018 a 373, en 2019. Se trata de 222 agredidos más en los últimos 12 meses: un aumento del 247%

Cuando Lenín Moreno llegó al poder, en mayo de 2017, se dio un giro de 180 grados en la actitud presidencial hacia la prensa: se acabaron las cadenas nacionales llenas de discurso de odio, el acoso sistemático y asfixiante ejecutado a través de la Superintendencia de la Información y Comunicación, terminaron los juicios contra periodistas con sentencias dictadas en medio de las sabatinas.  Pero, en materia de las obligaciones estatales para la garantía, protección y goce de los Derechos Humanos las buenas intenciones o el dejar de practicar la persecución y acoso estatal no bastan. 

Hay que adoptar políticas para obtener avances activos y reales porque las amenazas del pasado están al acecho y listas para atacar en cualquier momento. Y eso es precisamente lo que está sucediendo. Las cifras no mienten, menos los hechos. Un año que debía terminar con una reducción de más del 50% en las agresiones contra la prensa, termina con un incremento del 47%.

Informe completo 

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Desirée Yépez

La voz de Edison Lanza se ha escuchado con frecuencia en Ecuador -al menos- durante el último año y medio. El uruguayo es uno de los personajes más activos en el proceso de investigación y esclarecimiento del secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra (abril 2018). El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intenta hacer frente a la impunidad que rodea la mayoría de crímenes contra periodistas.

Lanza es sereno en sus reflexiones, pero severo al afirmar que los reporteros son un blanco de ataque que el Estado debería proteger. Por eso también visitó Ecuador para enterarse de los pormenores que afectaron las coberturas del paro nacional de octubre pasado, cuando 138 comunicadores en todo el país sufrieron agresiones y vejaciones de distinta índole. Para el periodista y abogado, el crimen organizado, los gobiernos autoritarios y la crisis de la democracia son clave para entender los ataques a la prensa.

En Latinoamérica son cientos los ataques contra la prensa que se registran anualmente; al mismo, tiempo la mayoría de casos queda impune. ¿Por qué?

Es parte de un círculo donde se ha naturalizado la agresión verbal, física; incluso en algunos países se llega al extremo del asesinato y la falta de respuesta adecuada del Estado que debería ser investigar. El periodista ejerce la libertad de expresión, de prensa, informa a la sociedad y es un elemento de la democracia; por eso, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) ha dicho que hay obligaciones especiales de investigar cualquier amenaza, agresión o crimen contra periodistas y sancionar a los autores intelectuales y materiales.

El periodismo bien ejercido resulta incómodo para los distintos poderes. ¿Cómo enfrentar el crimen contra periodistas cuando -de hecho en muchos países- el sistema está corrupto, el sistema de justicia está corrupto?

Hay muchos temas que no están aislados respecto a la violencia contra periodistas. La impunidad tiene que ver con que somos una de las regiones con mayores índices en general, cualquier crimen o delito queda impune, sin duda. Por eso mismo hay que analizar las situaciones, exigir a los Estados que, si quieren ser considerados como una democracia plena y hay violencia estructural contra periodistas, se debe contar con un mecanismo de protección específico y fiscalías especializadas para terminar con este flagelo que es uno de los problemas más graves de libertad de expresión.

Cuando se habla de mecanismos de protección es posible citar el caso de México que cuenta con uno pero es -en Latinoamérica y en el mundo- uno de los países más mortíferos para la prensa. ¿Por qué esa paradoja?

Antes de que existiera el mecanismo de protección ya teníamos una crisis de violencia contra periodistas sin precedentes vinculada a la presencia del crimen organizado en distintas regiones donde este manda, intenta mandar o coopta autoridades. Es una situación excepcional. En ningún otro país de la región tenemos 20 asesinatos por año. El mecanismo de protección surge como una respuesta a esa situación crítica que hasta que no se resuelva el problema global de violencia seguirá afectando a periodistas, lamentablemente, porque son quienes alertan.

El mecanismo de México estuvo muy mal implementado inicialmente, pero hoy hay más de 200 periodistas con protección, de los cuales un porcentaje pequeño de personas que estaban protegidas igualmente fueron asesinadas. En ese sentido es un avance. El mecanismo es perfectible, hay que seguir invirtiendo, se necesita articulación a nivel estatal. El problema es que la situación de violencia estructural e impunidad sigue en México.

En Ecuador en 2018 se vivió el asesinato de tres periodistas en ejercicio de la profesión vinculado directamente al Frente Óliver Sinisterra, relacionado al crimen organizado. ¿Cuál fue el avance del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la CIDH en ese caso?

El ESE cumplió su cronograma de trabajo. Hemos hecho tres visitas a Ecuador, dos a Colombia; procesamos una cantidad de información a la cual accedimos y redactamos un informe final que se envió en consulta a los Estados. Ya tenemos una versión que se presentará públicamente en los próximos 30 días*.

Presentar el documento este 2019 para mí era un compromiso. Hemos hecho las gestiones para eso.

¿Cuáles han sido las complicaciones en el momento de querer hacer público el informe?

Hay que tener la perspectiva de que en la historia de la CIDH y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión (RELE) es el primer caso donde se hace una investigación paralela a la que desarrolla el Estado en el mismo momento. Eso implica algunas complejidades para el Estado, para los órganos de justicia, que no negamos. En el mismo momento en que ellos recolectan información nosotros estamos mirando. Si nosotros revelamos alguna de esas pruebas que todavía está reservada, se genera una complicación. El objetivo en este caso es acompañar, no dictar una resolución definitiva sobre la actuación del Estado.

Tuvimos un acceso importante a todo, pero hay restricciones hacia algunos documentos que el Estado considera que todavía están bajo reserva; no es que no los hayamos podido ver, pero nos solicitan que no sean revelados mientras las investigaciones avancen y lleguen a audiencia. Hemos tratado de hacer una versión que contenga los hallazgos, recomendaciones y consideraciones que deben haber en la investigación.

¿Como Relatoría están satisfechos con el resultado del documento?

Sí. Hay que esperar a presentarlo, que los familiares de las víctimas tengan conocimiento, que hagan una valoración, que la prensa pueda hacer una valoración… Estamos tranquilos porque hemos hecho todo el esfuerzo por hacer un trabajo en favor de las víctimas y para satisfacer las demandas de información de los familiares.

En la más reciente crisis que vivió Ecuador a inicios de octubre pasado, uno de los hechos que llamó la atención fue el impedimento para realizar coberturas tanto desde la fuerza pública como de los manifestantes, de la sociedad civil. ¿Cómo entender el rechazo que existe ahora mismo hacia la prensa, ya no únicamente desde el poder oficial, sino de la ciudadanía como tal?

Hay una gran polarización de la sociedad. Toda esa retórica y ataque permanente que recibió la prensa durante los 10 años de (Rafael) Correa, mucha gente -que legítimamente defiende el gobierno de Correa- ha incorporado esa narrativa de prensa corrupta y se dice a la ligera; eso genera un clima de hostigamiento injusto. La mayor parte de los medios cubrieron las protestas, los lesionados, los discursos, las reivindicaciones del movimiento indígena… El objetivo de los medios de comunicación, de los periodistas, es informar, hacer su trabajo profesionalmente, cumplir con el derecho a saber, controlar el gobierno -cualquiera que sea-.

Cuando baje la espuma, en Ecuador debería haber una discusión entre todos los actores de las manifestaciones; incluso con el Estado porque el mecanismo de protección no funcionó en esta instancia.

La desconfianza en el trabajo de la prensa ha abonado el terreno para que procesos de desinformación surjan con fuerza…

Este fenómeno afecta el debate público, el derecho de la ciudadanía a saber, ensucia la esfera pública y hay que tener una serie de estrategias que implica a varios actores. No queremos volver a generar tipos penales para penalizar posible difusión de “fake news”.

Una ley no es el camino…

Por lo menos no una ley sobre sanción o responsabilidades para quien difunda o produzca este tipo de contenidos. Quien produce lo hace en el anonimato, trata de esconderse y es difícil de encontrar en tiempo real… El derecho penal no es la herramienta para ningún fenómeno de comunicación ni de expresión, salvo el discurso que incita a la violencia. Las plataformas digitales deben tener políticas para hacer frente a este fenómeno, que es muy propio de las redes sociales; y es necesario que el Estado dé información veraz e informe sobre políticas, lo que hace y va a hacer.     

 

*La CIDH confirmó que el próximo 10 de diciembre presentará el informe.

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El caso de secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio pasará a la Comisión de la Verdad de la Fiscalía. Belén Corredores será la nueva agente encargada del caso, en reemplazo de Wilson Toainga.

Yadira Aguagallo, pareja de Paúl Rivas, comentó a FUNDAMEDIOS que la decisión es alentadora porque el caso debe analizarse desde la perspectiva de los derechos humanos. “Esta comisión tendrá el enfoque de establecer responsabilidad de agentes estatales, ya sea por acción y omisión y este ha sido uno de las exigencias que hemos presentado en este caso que lleva abierto 1 año y 3 meses”, mencionó.

Aguagallo, quien considera que con el cambio de fiscal se pueden encontrar nuevos “enfoques de investigación”, argumentó que sería muy importante que también se recojan las recomendaciones del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que está próximo a entregarse.

En una entrevista vía telefónica con FUNDAMEDIOS, Ricardo Rivas, hermano de Paúl, mencionó que en julio solicitarán una cita a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, para expresarle sus preocupaciones respecto a la investigación que se ha realizado hasta el momento sobre el secuestro y asesinato de los periodistas en la frontera norte a manos del frente Oliver Sinisterra.

A esta Comisión también pasó el expediente relacionado con la desaparición y muerte del soldado Wilson Ilaquiche y el caso de los ecuatorianos Óscar Villacís y Katy Velasco, también asesinados.

 

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¿Cómo queda internamente el periodismo ecuatoriano después de 10 años de persecución y acoso? ¿Qué tan afectado o fortalecido? César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, planteó la pregunta. La interrogante fue el inicio del debate en torno a ética, transparencia y rendición de cuentas.

En el encuentro, desarrollado la noche de este 23 de mayo en la Universidad Andina Simón Bolívar, participaron Tomás Ciuffardi (Ecuavisa), Christian Zurita (Mil Hojas), Janet Hinostroza (Teleamazonas) y Juan Carlos Calderón (Plan V). Todos coincidieron en que este es un momento importante para mirar el oficio hacia adentro, para cuestionarlo.

¿Qué papel jugamos como periodistas en este momento histórico del país? Replanteó el Presidente del Directorio de Fundamedios. Calderón reconoció que en Ecuador existen reporteros que hacen activismo político. He ahí la importancia de entender que el valor del oficio es permanente: ¨el periodista es un mediador entre los hechos y la gente¨, sentenció.

¨Nos correízamos de una manera brutal: nos hemos convertido en lo que tanto odiamos¨, rechazó la conductora de Los Desayunos de 24 Horas. Hinostroza considera que durante el gobierno de Rafael Correa hubo censura, presión, imposición de temas; pero preocupa que ahora ¨los periodistas son quienes hacen eso: censuran, presionan y definen qué cubrir o no¨. Y dio detalles de su cobertura a la gestión de la excanciller María Fernanda Espinosa, actual presidente de la Asamblea General en la ONU; cobertura que desató controversia entre quienes hacen periodismo.

El reportero de Visión 360 enfatizó en que hay historias que deben ser contadas, pero la crítica legítima que se debe recibir de la audiencia se ha transformado en un ¨circo tóxico de Twitter. Estamos en un circo tuitero en que un periodista que muestra la cabeza de un funcionario es un héroe y quien no lo hace es un cobarde. ¿Por qué los periodistas nos convertimos en noticia?¨, cuestionó Ciuffardi.

¨Los periodistas y los medios no están haciendo su trabajo, existen condiciones de autocensura que hacia 2007 no existía¨, indicó el coautor del libro El Gran Hermano. Para Zurita, el proceso de recuperar una agenda propia tomará todavía un buen tiempo.

Ricaurte concluyó que la ética no puede ser usada como una herramienta para juzgar a nadie, es una brújula que ayuda a enfrentar los dilemas diarios que comprende el oficio periodístico. Anunció que este será el primero de algunos encuentros de reflexión.

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La madrugada de este 30 de abril Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, marcó el inicio de una nueva jornada política para dar fin al régimen de Nicolás Maduro. Con el apoyo de un sector de las fuerzas armadas, el político, reconocido como mandatario interino por más de 50 países (entre ellos Estados Unidos), liberó al líder opositor Leopoldo López, en arresto domiciliario desde 2017.

En lo que va de la mañana, organizaciones reportan distintas agresiones y vulneraciones al trabajo periodístico. Desde el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys Venezuela) se denunció que el periodista Isaac González de Efecto Cocuyo fue robado y agredido por presuntos colectivos, en Petare (este de Caracas), cuando cubría en la zona.

También se han reportado fallas y bloqueos en redes sociales y plataformas digitales, como Twitter, Periscope y YouTube.

A las 11:05, Radio Caracas denunció que miembros de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ingresaron a su sede y ordenó el cese de las transmisiones. La emisora fue sacada del aire.

FUNDAMEDIOS exige el respeto al trabajo periodístico y al derecho de los venezolanos a estar informados. El derecho a la información debe ser garantizado en cualquier circunstancia, así lo establece la Constitución venezolana. No debería practicarse bloqueos ni siquiera en Estado de Excepción.

Como organización, abogar por la restauración de un gobierno democrático. Hacemos  un llamado para que la transición se haga sin violencia y que los militares no usen sus armas contra población civil.

Lo hemos advertido en jornadas anteriores. La situación en Venezuela se agudiza y, con ello, el trabajo periodístico de quienes cubren la crisis social, política y económica se complica. Insistimos en la necesidad de frenar el acoso sistemático que impide desarrollar las labores de la prensa, pilares de un sistema democrático.

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La tarde de este 29 de abril se concretó un objetivo que se perseguía desde hace 11 meses: la firma del acuerdo para la creación del Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y los Trabajadores de la Comunicación. Tras los acontecimientos de abril de 2018, en los cuales un equipo periodístico de Diario El Comercio fue asesinado mientras realizaba una cobertura en la frontera entre Ecuador y Colombia, se volvió urgente el desarrollo de política pública y acciones específicas que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de quienes se encuentran en situación de riesgo a causa de sus actividades en el periodismo.

Después de varios meses de diálogo con diversas instancias del Gobierno se logró concretar la conformación de una entidad que coordinará entre la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia (Secom), ministerios del Interior, de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (Cordicom), la sociedad civil, gremios periodísticos y organismos internacionales la adopción de acuerdos, protocolos y mecanismos para prevenir y proteger a los comunicadores y trabajadores de la comunicación de peligros contra su vida, integridad personal, libertad y seguridad.

El Comité establecerá los lineamientos generales para la creación de mecanismos de protección en el ámbito nacional, coordinará acciones en el ámbito internacional y responderá de forma articulada e inmediata cuando las circunstancias lo ameriten. Para lograrlo, se contará con una Secretaría Técnica responsable de coordinar las acciones con periodistas, medios de comunicación, gremios y academia para el desarrollo de acciones de protección; monitoreo y entrega de información acerca de agresiones contra la prensa y potenciales riesgos para el trabajo periodístico; recepción de denuncias de casos que deben activar medidas de seguridad de forma inmediata o de emergencia.

La firma del acuerdo contó con la presencia de María Paula Romo, ministra del Interior; del canciller José Valencia; subsecretario de Comunicación, Carlos Andrade; Galo Cevallos, presidente del Cordicom, César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS y Frank La Rue, exrelator de Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección del derecho a la Libertad de Expresión.

Valencia explicó que la labor de la Cancillería será generar un vínculo entre las instituciones del Comité y las instancias internacionales relacionadas a la protección y promoción de los derechos de libertad de información y expresión.Por ejemplo, la frontera norte de Ecuador y sur de Colombia se mantiene como un territorio peligroso y complejo. Según sus datos, cerca del 50% de la producción de narcóticos colombianos se asienta en esa zona y operan unos 50 grupos organizados al margen de la ley.  

El artículo 44 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) establece como derecho de las y los comunicadores y trabajadores de la comunicación: “La protección pública en caso de amenazas derivadas de su actividad como comunicadores”.

¨¿Cómo la prensa y su trabajo pueden ayudar a tener una sociedad más segura? Con acceso a información y garantizando que los periodistas no se vean intimidados por grupos que operan al margen de la ley¨, enfatizó María Paula Romo.

¨Es un evento particularmente importante por el paso que se da en Ecuador y simbólico que sea a vísperas del 3 de mayo, día en que se celebra la Libertad de Prensa¨, señaló La Rue, exrelator de la ONU. Los trabajadores de la comunicación son determinantes para el cumplimiento del derecho al acceso a la información en una sociedad democrática.

La prensa necesita de independencia, seguridad y profesionalismo; las dos primeras directamente relacionadas al Estado. No puede haber una prensa libre si está intimidada.

Desde FUNDAMEDIOS se valora y considera que esta acción es un gran paso adelante en el reconocimiento de las responsabilidades estatales para garantizarlo; sin embargo, el desafío del Comité es concretar planes y políticas públicas consistentes y efectivas.

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Después de varios meses de diálogo con diversas instancias del Gobierno se logra concretar la conformación de un Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y los Trabajadores de la Comunicación. FUNDAMEDIOS valora y considera que esta acción es un gran paso adelante en el reconocimiento de las responsabilidades estatales para garantizar un espacio seguro, libre de agresiones, interferencias y amenazas para el ejercicio del periodismo en Ecuador, en un contexto regional que se deteriora de forma alarmante.

Hay que valorar especialmente este primer paso; pues durante la década del Gobierno autoritario de Rafael Correa se convirtió a los periodistas y medios independientes en blanco de una sistemática y bien planificada política de acoso, agresiones, amenazas, sanciones y censura que elevaron las violaciones a la libertad de prensa en más de 2000 casos registrados por FUNDAMEDIOS. En otras palabras, durante una década el Gobierno ecuatoriano, encabezado por el mismo Presidente de la República, no solo se negó a reconocer sus obligaciones con la seguridad de los periodistas, sino que se convirtió en el principal depredador de la prensa independiente.

Con la conformación del Comité Interinstitucional se da un primer paso que debe concretarse en planes y políticas públicas consistentes y efectivas. Desde la sociedad civil concebimos al Comité Interinstitucional para la Protección de los Periodistas como un espacio de coordinación y diálogo entre los distintos sectores (periodistas, medios, sociedad civil, organismos internacionales, academia e instituciones públicas) que acuerde el establecimiento de acciones, mecanismos, protocolos y planes para proteger de forma integral el trabajo en todo el territorio nacional.

En ese sentido, sabemos que el Comité no es el mecanismo de protección para periodistas, sino el marco en el cual se deben adoptar los mecanismos más efectivos. Para ello creemos que su conformación tiene que ser de inclusión muy amplia y las diferentes instituciones públicas involucradas deben dar muestra de una voluntad por nombrar como representantes a expertos y personalidades relevantes y comprometidas del mundo de la comunicación y el periodismo.

Abogamos porque la Secretaría Técnica que tendrá a su cargo la operatividad del Comité sea un ente independiente que pueda coordinar y dialogar con todos los sectores. De esta manera este gran primer paso dado por el Gobierno Nacional tendrá un impacto real y será una acción efectiva para que el Estado asuma las responsabilidades con la seguridad de los periodistas, tal como han quedado establecidos en diversas herramientas y tratados internacionales.

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Fausto Guido Valdiviezo Moscoso fue asesinado el jueves 11  de abril de 2013 por un sicario en la ciudadela La Atarazana, en el norte de GuayaquilDos indagaciones han sido abiertas por este crimen debido a irregularidades en la investigación fiscal. En la primera, el Gobierno de Rafael Correa, con declaraciones del entonces ministro del Interior, José Serrano, se aseguró que no tenía relación con su ejercicio periodístico. El 23 de mayo el funcionario afirmó que los hechos conducían a una banda de narcotráfico, lavado de activos, trata de personas y chulco.

Fausto Valdiviezo fue un periodista crítico. Su hermano Alfredo, también comunicador, insiste en que los directivos de TC Televisión de ese entonces están implicados en la muerte. 

Qué se sabe del caso: Da clic en la imagen y conócelo.