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Reformas a la LOC

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Este 17 de abril, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional debatió el informe enviado por el Ejecutivo que reforma el artículo 5 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), que se refiere al concepto de “medios de comunicación social”. El texto, modificado en febrero pasado, declaraba a la comunicación como un servicio público y consideraba en su competencia de regulación a los medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y video por suscripción. La propuesta del Ejecutivo fue declararla un derecho.

Los 10 asambleístas que conforman la Comisión votaron a favor del informe del Ejecutivo y aprobaron declarar a la comunicación como un derecho universal. A pesar del avance que este reconocimiento representa, la asambleísta Jeannine Cruz aclaró a FUNDAMEDIOS que la Asamblea todavía tiene que pulir varios puntos relacionados a la LOC, entre ellas el artículo 98 relacionado a los productores audiovisuales.

FUNDAMEDIOS se congratula ante esta decisión que se ajusta a los estándares internacionales de Derechos Humanos que han enfatizado que la comunicación es un derecho individual, sin el cual se negaría la primera y más importante de las libertades: el derecho a pensar por cuenta propia y a compartir con otros nuestro pensamiento; además de ser la base social para mantener y consolidar una sociedad democrática.

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Este 24 de enero, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea analizó y se pronunció en torno al veto del presidente Lenín Moreno a las reformas de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Con cinco votos a favor y dos abstinencias se aprobó el informe sobre la objeción parcial a las modificaciones del Ejecutivo. La Comisión se allanó a 20 artículos y pidió ratificar el texto original en el pleno sobre seis objeciones restantes.  

La ratificación se pide en los artículos sobre:

  • Integración, designación y atribuciones del CORDICOM, donde el Ejecutivo sugiere que los funcionarios sean designados directamente y donde existirían representantes de: Función Ejecutiva, Consejos Nacionales de Igualdad, Consejo de Participación Ciudadana, Control Social, Gobiernos autónomos Descentralizados y un Defensor del Pueblo.
  • Responsabilidad solidaria de medios de comunicación
  • Acciones afirmativas para medios comunitarios
  • No derogación del Artículo.98, sobre producción audiovisual nacional

Esta última ha generado un debate fuerte al interior de la Comisión y entre la ciudadanía. En ese contexto, el asambleísta Jorge Corozo sostuvo que “es importante la preocupación de arte de medios audiovisuales. Tenemos dos opciones, allanarnos o votar en contra. En el Pleno tendremos nuevamente la oportunidad de discutir”. César Carrión expresó que es una necesidad apoyar, incentivar y defender la producción nacional. “Este proyecto tiene que defender las empresas nacionales, no basta con un articulado”, acotó Jeannine Cruz. Durante la votación del Artículo.98 hubo seis votos en contra y tres a favor.

Los Legisladores solicitaron que, cuando se presente el informe no vinculante ante el Pleno, se mocione que la votación sea artículo por artículo o en dos bloques: allanamientos y ratificaciones.

 

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Hace ocho meses, el Gobierno de Lenín Moreno remitió un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Uno de los dispositivos más sofisticados que había construido el régimen autoritario de Rafael Correa para tratar de acallar al periodismo libre, arrinconar a las empresas mediáticas, evitar cualquier tipo de investigación sobre la corrupción y construir un relato único acerca de la trascendencia mesiánica de su personalidad.

Era ineludible, entonces, para un Gobierno que inició un camino complejo de transición hacia la democracia, desmontar la principal herramienta para el cercenamiento de las libertades y derechos fundamentales.

El camino elegido fue la presentación de un paquete de reformas en las cuales FUNDAMEDIOS y varios sectores de la sociedad civil trabajamos conjuntamente con técnicos del Gobierno, asambleístas y sus asesores pensando en contar con una legislación que cumpla con los estándares internacionales.

Durante el tratamiento de la Ley nos unimos a otros sectores de la sociedad, la Asamblea y el Ejecutivo en la organización de diálogos, foros, talleres, mesas de trabajo para convertir las reformas en un debate social amplio que saliera del Palacio Legislativo.

Por ese esfuerzo desplegado, nos congratulamos con las reformas aprobadas la noche de este 18 de diciembre. Como país hemos podido desmontar el sistema punitivo más represivo de la Región en materia de libertad de prensa. Eso es, básicamente, el gran logro de estas reformas.

Sin embargo, creemos que aún no se cumple plenamente el objetivo de respetar integralmente los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Hay mucho por hacer e invitamos a todos los sectores democráticos del país: a medios de comunicación comunitarios, públicos y privados, a periodistas, sus agrupaciones y gremios, a la sociedad civil, a la academia y a las instituciones estatales del Ejecutivo, Legislativo y operadores de Justicia para unir esfuerzos y avanzar en la implementación de la nueva Ley de Comunicación vía la construcción de sólidos sistemas de autorregulación.

Al tener en mente la nefasta experiencia que significa entregar a los gobiernos la potestad de decidir sobre la calidad y contenidos del periodismo, debemos responder a las expectativas de los ciudadanos sobre la calidad, transparencia y capacidad de diálogo social de los medios.

Debemos, al mismo tiempo, trabajar con jueces y fiscales para que puedan tener la capacidad de aplicar los estándares internacionales. Debemos aportar en la revisión de los procesos de la Superintendencia de la Información y la Comunicación (Supercom) para decir “nunca más” abusar de las leyes para violar derechos y libertades. Debemos avanzar en un mecanismo efectivo de protección al trabajo periodístico. Hay muchas cosas por hacer.

Al mismo tiempo, es preciso observar que hay varias reformas legales más que se deben afrontar para desmontar del todo el régimen autoritario: Ley de Elecciones, Ley Antimonopolio, Ley de Participación Ciudadana, Código Penal. Y avanzar en normativas vitales como la de Medios Públicos, Publicidad Oficial, Protección de Datos Personales, Acceso a la Información.

El 18 de diciembre supone un hito que nos llena de satisfacción, pero la tarea es aún larga y estamos decididos a aportar desde todas las perspectivas.

Este 18 de diciembre, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Con 107 legisladores presentes, 75 (Alianza PAIS, Creo, Partido Social Cristiano, Suma e independientes) votaron a favor; 25, de Revolución Ciudadana, en contra y siete se abstuvieron.

En total, se derogaron 14 artículos y se reformaron 64, un capítulo y dos secciones transitorias.

Como parte de las modificaciones se eliminaron las normas deontológicas impuestas desde el Estado, así como la figura de linchamiento mediático; también se dio un plazo de 180 días para que la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) desaparezca. Al artículo 42, sobre la exigencia del título para el ejercicio periodístico, se agregó un inciso cuya finalidad es dar protección a los profesionales:  

“Art.42.1 Protección a los trabajadores de Comunicación:
El Estado, los medios de comunicación, protegerán a los trabajadores de comunicación que, por sus actividades profesionales, su vida esté en riesgo, para lo cual el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la información y Comunicación (Cordicom), elaborará y coordinará, con las instituciones respectivas, políticas públicas, protocolos, proyectos, planes y programas.

Se entenderá por actividades de riesgo entre otras:
a) Producción, tráfico, transporte, almacenamiento o comercialización de estupefacientes;
b) Contrabando de mercaderías
c) Trata de personas; y
d) Corrupción

El Estado dispondrá los recursos económicos, materiales y humanos para este fin”.

Durante ocho horas de sesión, 32 asambleístas intervinieron y dieron sus observaciones. Minutos antes de la votación final, Jorge Corozo, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos que trabajó las modificaciones, anunció que se incluyó una disposición que permite, por única vez, la renovación automática de frecuencias de radio y televisión en un plazo de 60 días.

En ese contexto, la bancada de la Revolución Ciudadana se opuso a la medida e intentó presentar un informe de minoría que no fue aprobado por Jorge Corozo. La asambleísta Marcela Holguín expresó su descontento y expuso que “el propósito era mejorar, actualizar y corregir, pero nunca disminuir los derechos ciudadanos o, peor aún, derogar la ley. Es absolutamente inconstitucional, esto es mandato del pueblo ecuatoriano en las urnas, no se puede derogar. De aprobar, estaríamos dando paso a una ley punitiva que deja en indefensión a los ciudadanos”.

El documento será enviado al Ejecutivo para su revisión y veto, antes de ser publicado en el Registro Oficial.

FUNDAMEDIOS, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), Defensoría del Pueblo, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y la Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG) desarrollaron un ciclo de encuentros con periodistas, estudiantes, abogados, asambleístas, representantes de medios de comunicación privados, públicos y comunitarios para aportar e incidir en el debate de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Esta iniciativa interinstitucional tuvo por objetivo recoger las reflexiones de distintos sectores de la sociedad para sumar a la construcción de un cuerpo legal que garantice el principio fundamental de la libertad de expresión.

Entre octubre y noviembre de 2018, en Quito y Guayaquil, se llevaron a cabo los diálogos ‘¿Qué opinan los periodistas sobre las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación?’. Cada uno de los foros contó con un promedio de 50 asistentes.   

Además, se contó con una variada lista de expositores y facilitadores que guiaron la discusión y los aspectos más relevantes a tomar en cuenta en el proceso de modificaciones:

Academia:

  • César Carrión
    Decano de la Facultad de Comunicación de la PUCE
  • Carlos Aulestia
  • Subdecano de la Facultad de Comunicación de la PUCE
  • Efraín Luna
    Director de la carrera de Comunicación de la UCSG

Asamblea Nacional

  • Jeannine Cruz
  • Asambleísta
  • Vladimir Andocilla
    Asesor de la Comisión de Derechos Colectivos

Sector Público

  • Édison Toro
  • Superintendente de Comunicación e Información
  • Danilo Sylva
    Expresidente del Cordicom
  • Luis Holguín
  • Consejero del Cordicom. Representante por los Consejos de Igualdad
  • Rosario Utreras
  • Consejera del Cordicom. Representante por la Defensoría del Pueblo
  • Paulina Murillo
  • Delegada de la Defensoría del Pueblo
  • Marco Pacheco
    Coordinador Zonal de la Defensoría del Pueblo

Sociedad Civil, Medios de Comunicación y Periodistas

  • César Ricaurte
    Director Ejecutivo Fundamedios
  • Desirée Yépez
    Directora de Contenidos Fundamedios
  • Mauricio Alarcón
    Director Ejecutivo Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD)
  • Marco Encalada
    Gerente de la Fundación Oikos
  • Fred Larreátegui
  • Abogado en libre ejercicio
  • Francisco Rocha
  • Presidente Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep)
  • Guadalupe Fierro
    Presidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP)
  • Carlos Rojas
    Periodista de Ecuavisa
  • Ana María Acosta
    Coordinadora de la Fundación El Churo
  • Martha Roldós  
  • Directora Fundación Mil Hojas
  • Juan Manuel Yépez
  • Director de Contenidos Gráficos Nacionales (Granasa)

Los diálogos se desarrollaron como un espacio eminentemente democrático. En el debate se determinaron roles y competencias de cada institución para garantizar el derecho a la comunicación.

El trabajo con distintos sectores de la sociedad civil, gremios periodísticos, medios de comunicación, periodistas y academia partió del objetivo de que cualquier reforma que se apruebe respete y garantice la libertad de expresión. El resultado de dichos encuentros se resumió en un documento que fue entregado a los legisladores que este 18 de diciembre debatirán la aprobación de las modificaciones que deben ajustarse a los estándares internacionales.

 

 

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Periodismo, transparencia y democracia son los ejes del foro que se desarrollará el próximo jueves 13 de diciembre, en el Auditorio UdlaPark, de la Universidad de las Américas (Udla). FUNDAMEDIOS y el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) coorganizan un encuentro que reunirá a periodistas, sociedad civil y autoridades para reflexionar en torno al ejercicio periodístico y su incidencia en un sistema democrático.

El evento estará dividido en dos paneles. En el primero, denominado ‘Periodismo, una herramienta para combatir la corrupción’, participarán Juan Carlos Calderón, director de la revista PLAN V; Christian Zurita, de Fundación Mil Hojas; y Mónica Almeida, coordinadora de la Unidad de Investigación de diario El Universo. Algunos de los temas que se abordarán son estrategias para investigar: caso Panamá Papers; investigar al correísmo con una ley que obstaculiza. El periodista Iván Flores será el moderador de este espacio.

Después, la interrogante de la discusión girará en torno a ¿las reformas a la Ley de Comunicación garantizan nuestros derechos? En este panel aportarán la asambleísta Jeaninne Cruz; Édison Toro, superintendente de la Información y Comunicación, Carlos Jijón, Decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de las Américas; y César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS.

Esta actividad gratuita iniciará a las 17:00 del jueves. Se desarrolla en el marco de la celebración del Día Internacional contra la Corrupción, que se conmemora cada 9 de diciembre. El foro está destinado a periodistas, líderes de opinión, estudiantes de periodismo y sociedad en general.

La mañana de este 22 de noviembre, periodistas independientes, de medios privados, públicos y comunitarios participaron en el cuarto diálogo sobre las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, impulsado por Fundamedios, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), Defensoría del Pueblo y Universidad Católica Santiago de Guayaquil. El Puerto Principal fue la sede del encuentro de este jueves.

Esta iniciativa interinstitucional tuvo en su panel a Marco Pacheco, representante de la Defensoría; Martha Roldós, directora del portal Milhojas; Francisco Rocha, presidente de la Asociación de Editores de Periódicos del Ecuador (Aedep); y Juan Manual Yépez, editor de contenidos de diario Expreso.

Desirée Yépez, directora de Contenidos de FUNDAMEDIOS, dio la bienvenida a las decenas de asistentes. «La reforma a la Ley de Comunicación es una oportunidad para contar con un cuerpo legal que garantice derechos y eliminar una herramienta utilizada para la persecución», destacó la periodista. Rosario Utreras, consejera del Cordicom, explicó que las observaciones que se intercambian en el diálogo se recogen. El objetivo es entregarlas oficialmente ante la Comisión de Derechos Colectivos que discute las reformas modificaciones.

Martha Roldós, directora del portal MilHojas inició su intervención mencionando que  la LOC fue concebida como una ley de medios, para la censura y para permitir que se cometan actos de corrupción y violaciones a los Derechos Humanos. En ese contexto, destacó la importancia de que, tal como indican los estándares internacionales, los códigos de ética de los medios se elaboren por un Consejo de Prensa y no impuestos por el Estado. «Es importante hablar de autorregularición. Hay que reformar otras leyes como el COIP, que todavía se usa para sancionar opiniones». También insistió en que debe reformarse lo que se refiere a reserva de información. «Las restricciones se mantienen en las reformas a la LOC. Este es uno de los puntos más críticos que impide u obstaculiza el ejercicio periodístico».

El representante de la Aedep sostuvo que se se quiere una Ley de Comunicación, debe ser una que promueva derechos y que se base en estándares internacionales de Derechos Humanos. Rocha aboga por la derogación de la norma. «No se puede reformar una ley que es inconstitucional, lo que es inconstitucional debe ser derogado no reformado».

Finalmente, Juan Manuel Yépez, editor de contenidos de diario Expreso, expuso que uno de los principales problemas de la Ley vigente es la subjetividad en su aplicación. Y presentó una serie de ejemplos. «En el caso de Extra teníamos en promedio cuatro audiencias al mes. Una por semana. Y debíamos presentarnos en Quito, ante la Supercom», relató ante el auditorio.

En las próximas semanas se presentará ante la Comisión de Derechos Colectivos las relatorías de estos encuentros. Próximamente también se desarrollará un foro para exponer los puntos clave de la reforma.

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En el segundo día del primer debate de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) se escuchó una mayoría de voces que apoya un cambio en el cuerpo legal. Los asambleístas consideran que sirvió como un instrumento de persecución y censura a los medios.  

Durante la sesión Nro. 538 del Pleno de este 27 de septiembre, cinco de los 95 legisladores presentes se expresaron en contra de reformar la Ley y eliminar una instancia administrativa como la Superintendencia de Comunicación (Supercom) o la figura de linchamiento mediático.

Los asambleístas afines al expresidente Rafael Correa de la bancada Revolución Ciudadana, como Pabel Muñoz, apuntaron la necesidad de regular los medios desde el Estado. El Legislador los equiparó a las entidades financieras como servicios que requieren control. En esa línea, Juan Cárdenas se pronunció  en contra de las reformas y cuestionó la eliminación de la Supercom, pues, en sus palabras, el ciudadano estaría en indefensión. Marcela Aguiñaga dijo que es necesaria una norma que permita la sanción a los medios, de lo contrario “sería una ley declarativa”. También pidió que no se elimine la figura de linchamiento mediático, ya que los medios permiten los insultos y sentencian con sus titulares. La Asambleísta se valió de un video del expesidente Abdalá Bucaram insultándola, como ejemplo.

El socialcristiano Vicente Taiano cuestionó a quienes durante 10 años fueron “enemigos” de la libertad de expresión y dieron paso a una ley que nació con un fin controlador. “Si eliminamos la Supercom, estamos eliminando esas facultades que permitieron perseguir y controlar”, apuntó. Sin embargo, cuestionó la conformación del Consejo de Regulación (Cordicom), pues “es un error de fondo que esté presidido por el Ejecutivo y que tenga voto dirimente”.

Cristina Reyes argumentó que se debe proteger la libertad de expresión como un derecho humano fundamental. “Me preocupa que legisladores sigan queriendo equiparar un derecho humano como un servicio público. Es una visión sesgada y ya sabemos que la intención fue la persecución (…) Esas voces rabiosas que se aferran a esto abusos tienen que entender que esto se acabó. La libertad de expresión no necesita normas que la regulen sino normas que la defiendan”.

La asambleísta de CREO, Lourdes Cuesta, lamentó que no se haya tomado en cuenta su proyecto derogatorio de la ley. El socialcristiano César Rohon cuestionó que todavía no se vendan los medios incautados, pues estos se pusieron al servicio del Gobierno.

En el Pleno intervinieron representantes de nacionalidades indígenas y de medios comunitarios como Apawki Castro, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie); Jorge Guachamín, de Corape; y Ana María Acosta, de la Coalición de Medios Comunitarios. Entre ellos hay consensos y exigen que además de la reserva del 34% del espectro radioeléctrico, se tomen acciones afirmativas para creación y fortalecimiento de dichos espacios.

Guadalupe Fierro, de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), advirtió que en el actual proyecto aún existen elementos que se podrían configurar en censura previa, como las restricciones de divulgación de información para coberturas en casos judiciales.

Tras concluir el primer debate, el proyecto de Ley vuelve a revisión de la Comisión de Derechos Colectivos para la inclusión de sugerencias antes de su debate final en el Pleno.

La desaparición de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), la eliminación de la figura de “linchamiento mediático”, el destino de las frecuencias y la repartición del espectro radioeléctrico fueron los puntos que más se toparon en el pleno, durante la sesión Nro. 538 de este 25 de septiembre, durante el primer debate de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

Para iniciar la discusión de aproximadamente cinco horas, el asambleísta Jorge Corozo, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos que tramitó las reformas, resumió el informe. Dijo que es el resultado del análisis de 14 proyectos presentados y 20 sesiones ordinarias en donde comparecieron 84 representantes de distintos colectivos. Además, citó la Convención Americana de Derechos Humanos y aseguró que es prioridad que las modificaciones se enfoquen en el respeto de la libertad de expresión.

A la cita también acudieron radiodifusores como Kléber Chica, presidente nacional de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER); y Álvaro Rosero, de la Cámara de Medios, quienes plantearon la incorporación de una disposición transitoria que garantice la renovación automática de las frecuencias de emisoras cuya concesión está prorrogada desde 2014. El ministro de Telecomunicaciones, Guillermo León, planteó una propuesta para que no exista la necesidad de realizar un concurso de frecuencias. Sugirió que los temas técnicos sobre la materia se trasladen a la Ley de Telecomunicaciones.

Las posiciones más radicales del debate fueron las del bloque afín al expresidente Rafael Correa: Gabriela Rivadeneira, Marcela Holguín, José Chalá, Doris Soliz y Carmen García se pronunciaron en contra de eliminar una instancia administrativa sancionadora de los medios y de la figura del linchamiento mediático.

Chalá matizó esa postura al plantear que la figura podría modificarse incluyendo el principio de la ‘“real malicia”; mientras que la expresidente de la Asamblea arremetió en contra de los medios de comunicación y aseguró que la figura de linchamiento mediático ha impedido que se organicen persecuciones. “No podemos confundir la libertad de expresión con los propietarios de los medios”, apuntó.  

En esa línea, Carmen García tildó a los medios de “cajas de resonancia que  nos imponen la información”, para defender la no eliminación de la Supercom. La Asambleísta considera que la inexistencia de la Superintendencia significaría “regresar al control” de las grandes corporaciones mediáticas y un retroceso de derechos.

Este último punto fue rebatido por el asambleísta de CREO, César Carrión, quien destacó que gracias al periodismo de investigación se han esclarecido casos de corrupción que con la inclusión del lichamiento mediático se quisieron acallar. El Legislador propuso eliminar el artículo sobre los códigos deontológicos por considerar que no es correcto imponer la ética desde el Estado, pues llevaría a la censura previa.

Además, Jeannine Cruz, también de CREO, planteó eliminar todos los artículos que atentan contra la libertad de expresión y el derecho al anonimato, como la obligación de exigir a los ciudadanos identificarse con nombre y cédula de identidad al publicar un comentario en portales web de los medios de comunicación. Resaltó que se recupere el concepto de que la comunicación es un derecho y no un servicio público.

En el debate también aparecieron posturas que plantean la derogación de la LOC. Patricio Donoso, de CREO, dijo que lo más sensato sería eliminarla por inconstitucional y hacer una nueva. El socialcristiano Luis Fernando Torres aseguró que la Ley fue tratada de manera fraudulenta, ya se aprobó con un debate escaso y con cambios a última hora.

El debate para reformar la LOC se retomará en el Pleno este 27 de septiembre a partir de las 09:00.

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Luego de analizar el proyecto de reforma a la Ley de Orgánica de Comunicación, que el pasado 5 de septiembre fue aprobado por la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional para ser debatido en el Pleno, se detectaron nueve aspectos que deben considerarse para que el próximo cuerpo legal cumpla con lo que determinan los estándares internacionales. Este 12 de septiembre, FUNDAMEDIOS convocó a una reunión, donde se analizaron dichas observaciones.

La mañana de este jueves, Indira Salazar, oficial nacional de Comunicación e Información de Unesco; Henry Cucalón y Paola Vintimilla, asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC); Ximena Peña, de Alianza PAIS; Jeannine Cruz, de CREO; César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, participaron de un encuentro en donde Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), expuso los puntos de un documento  elaborado por las dos organizaciones como un insumo técnico a tomar en cuenta en la discusión de las reformas.

El objeto y ámbito de la LOC es el primer factor que debe analizarse. Con base en lo que recomienda la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debe modificarse el artículo 1 de la norma, incorporando que su objeto sea la protección del derecho a ejercer la libertad de expresión y a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole a través de medios de comunicación.

En lo que se refiere a códigos deontológicos, se propone mantener los artículos 9 y 16 que obligan a los medios a elaborar y publicar sus principios. De esa manera, debería eliminarse el artículo 10 que establece el contenidos de los mismos.

Los participantes coincidieron en la necesidad de eliminar del artículo 18 la prohibición de censura previa para los accionistas y socios de los medios; y establecer en el 19 responsabilidad ulterior en los casos en que se vulneren la reputación de las personas, la seguridad nacional o el orden, moral y salud públicas.

Otro aspecto que se discutió fue la modificación del artículo 36 de la LOC, para que la obligación de difundir contenidos interculturales y plurinacionales recaiga únicamente en los medios públicos y sea opcional para los privados. Sin embargo, se recomienda mantener lo determinado en el artículo 37, sobre la inclusión de personas con discapacidad.

De cara a la difusión de asuntos judiciales e información reservada, se plantea mantener el artículo 27 que permite la divulgación de casos judiciales, cuando se garantice el derecho de ambas partes de manifestar sus argumentos en condiciones de igualdad. El 31, referente a la protección de niñas, niños y adolescentes, tampoco debería modificarse.

A los asambleístas y a la Oficial de la UNESCO se les expuso la importancia de eliminar el artículo 42, a través del cual se exige título profesional para el ejercicio de la comunicación. La CIDH reconoce el derecho de toda persona a comunicar sus opiniones por cualquier medio, por lo tanto lo contenido en la LOC se convierte en un limitante.

En el debate de la Ley de Comunicación es necesario considerar cambiar el artículo 48, para que la conformación del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) cumpla con el estándar internacional. El ente rector debe gozar e independencia, libre de cualquier injerencia económica y/o política.

Es importante que los legisladores tomen en cuenta reformar el artículo 74 con el objetivo de establecer que la obligación de transmitir las cadenas nacionales solo se aplique en caso de emergencia. Durante el régimen de Rafael Correa se registraron, al menos, 5584 cadenas a escala nacional…

Finalmente, los asistentes a la reunión reflexionaron sobre la modificación del artículo 108 para organizar concursos diferenciados en la asignación de frecuencias para medios privados y comunitarios. También se abordó la reforma del 106, con el objetivo de eliminar la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los públicos, tal como lo recomienda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.