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RESTRICCIONES EN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN ES UN IMPEDIMENTO PARA AVANZAR EN LA DEMOCRATIZACIÓN DEL PAÍS Y EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

por | Nov 29, 2018 | Comunicados

EN LA SEMANA DE LA TRANSPARENCIA 2018, organizaciones de la sociedad civil, gremios, periodistas y representantes de medios de comunicación denunciamos las restricciones crecientes para el acceso a la información. Consideramos que las mismas son incompatibles con la consolidación de un sistema democrático y la lucha contra la corrupción, por lo cual declaramos lo siguiente:

  1. El libre acceso a la información pública es mandato constitucional establecido en el artículo 91 que dice: La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o cualquier otra clasificación de la información. El carácter reservado de la información deberá ser declarado con anterioridad a la petición, por autoridad competente y de acuerdo con la ley.
  2. La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip) determina que “el acceso a la información pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado”.
  3. Resulta preocupante que, en ese contexto y con base en la normativa vigente, en las últimas semanas se haya reportado una serie de trabas y violaciones para el ejercicio y cumplimiento de dicho derecho:

El pasado 9 de noviembre la jueza Ruth Jacqueline Quevedo Perez falló en contra de la acción de acceso a la información pública interpuesta por la Comisión Nacional Anticorrupción de Guayas en contra de la Fiscalía de la Provincia del Guayas. La organización solicitó la entrega de 37 informes de Contraloría que determinan indicios de responsabilidad penal en contra del prefecto Jimmy Jairala.

Cuatro días después, el 13 de noviembre, varios periodistas denunciaron la restricción de acceso e ingreso a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en Quito. Los comunicadores señalaron a Robert Carrera, director de Comunicación de la institución, como responsable de los impedimentos.

El reporte más reciente se dio el 19 de noviembre, cuando Luis Muñoz, periodista de Cotopaxi Noticias, informó sobre el impedimento de la Policía Nacional para realizar coberturas en los exteriores del Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Latacunga. Esta sería una constante desde que Jorge Glas está recluido en la institución.

  1. Los hechos descritos configuran un retroceso en la política de transparencia, impulsada por el presidente Lenín Moreno, que ha llevado que incluso el Ecuador haya pedido su ingreso a la Alianza de Gobierno Abierto. De hecho, el pasado 13 de noviembre, el Jefe de Estado publicó en Twitter que «transparencia y libertad de expresión» son «las mejores armas contra la corrupción».
  2. Rechazamos todas las prácticas de funcionarios, jueces y fiscales destinadas a preservar una cultura del silencio y de la opacidad. Algo así, es inadmisible en una sociedad democrática moderna.
  3. Recordamos que los funcionarios no son los dueños de la información, sino sus custodios. Por lo tanto, conminamos a los servidores de las distintas instituciones públicas a respetar los pedidos de acceso y garantizar el cumplimiento de la ley, la misma que a su vez garantiza el ejercicio de los derechos ciudadanos.
  4.  Es importante rescatar la obligación que tienen los funcionarios de rendir cuentas y absolver las dudas ciudadanas sobre su gestión. Es inadmisible que se ofrezcan ruedas de prensa sin que se admitan preguntas. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha indicado, en el caso Luisana Ríos y Otros, que “(…) En una sociedad democrática no sólo es legítimo, sino que en ocasiones constituye un deber de las autoridades estatales, pronunciarse sobre cuestiones de interés público”.
  5. Exhortamos a Jueces, Fiscales y Autoridades Judiciales para que protejan debidamente el derecho de los ciudadanos a acceder a información de interés público, como un valor central de los sistemas democráticos y a eliminar cualquier restricción indebida de acceso a expedientes judiciales que ya no están protegidos por el secreto del sumario. En sus manos descansa, en gran medida, el derecho de la Sociedad a Saber.
  6. Pedimos a la Función Legislativa que establezca como una de sus prioridades una nueva Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública que cumpla con los estándares internacionales sobre la materia, en particular, con la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información de la Organización de Estados Americanos.
  7. Los ciudadanos debemos convertirnos en vigilantes activos de que la información pública circule debidamente entre sus legítimos dueños, que somos todos.

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