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Arcotel

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Ricardo Freire, director de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), no compareció este 19 de febrero a la Comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional. Se esperaba su presencia para exponer los antecedentes que motivaron el retiro del título habilitante a radio Pichincha Universal el pasado 23 de enero. 

Carlos Romero, secretario relator de la Comisión, indicó a Fundamedios que Freire envió un oficio refiriéndose al tema, el cual será enviado a los demás miembros para que lo analicen. Explicó que es la segunda vez que no comparece y, según la Ley de la Función Legislativa, una de las atribuciones de los asambleístas es requerir la información de autoridades sujetas a control político.  

La primera vez fue citado el 5 de febrero por un pedido expreso del asambleísta Juan Cristóbal Lloret, del partido Otro Movimiento, respaldado por el bloque de la Revolución Ciudadana.  

Fundamedios accedió al oficio de Arcotel en que su Presidente se excusa por no asistir y cita el recurso de apelación en el caso de Pichincha Universal que está en marcha y para el cual “se encuentra actualmente sustanciando”. 

Por ello, manifestó que está impedido “de esgrimir cualquier juicio de valor fuera del debido proceso administrativo, respecto a la resolución por medio de la cual el Organismo Desconcentrado de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones resolvió revocar el título habilitante” a radio Pichincha Universal. Ricardo Freire se ampara en el artículo 76 de la Constitución, numerales 1 y 7 (letras a, b,c y k). 

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Con base en el Informe  de Auditoria emitido por la Contraloría General de Ecuador (informe No. DNA4-0025-2018 de 22 de junio de 2018)  respecto al examen especial sobre los procesos de concesión de frecuencias, nos adherimos a las denuncias que se han realizado sobre las graves irregularidades del Grupo de Ángel González «El Fantasma», quien concentra frecuencias y varios medios de comunicación entre los que se conoce: 3 canales de televisión nacionales, 11 radios y un medio impreso en el Ecuador.

Han pasado 8 autoridades por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones – ARCOTEL en lo que va del actual Gobierno, y ninguna de estas autoridades ha podido hacer cumplir la ley poniendo  fin a las irregularidades.

Los canales y diarios firmantes, junto con Fundamedios y fundación El Churo Comunicación, rechazamos estas prácticas tendientes a acaparar frecuencias y  medios de comunicación. Prácticas, que además han inobservado procedimientos legales, vejando la seguridad jurídica en materia de telecomunicaciones y otras conexas.

Por lo expuesto, solicitamos al Ministro de Telecomunicaciones y Presidente del Directorio de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, disponga la inmediata ejecución de las resoluciones mediante las cuales, la ARCOTEL, ordenó la reversión de las frecuencias correspondientes; acción que demostrará, el compromiso del gobierno del Presidente de la República por combatir la corrupción.

Patricio Jaramillo

ECUAVISA

 

 

Juan Carlos Calderón

FUNDAMEDIOS

 

 

 

Carlos Pérez

DIARIO EL UNIVERSO

 

Félix Varas

MANAVISIÓN

Fernando Najas

TELESUCESOS

 

Ana María Acosta

FUNDACIÓN EL CHURO COMUNICACIÓN

 

   

Christian Zurita

FUNDACIÓN MIL HOJAS

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Un nuevo concurso para la asignación de frecuencias en el espectro radioeléctrico está en marcha. El primer proceso, abierto en 2016, fue suspendido por informes de Contraloría que determinaron irregularidades e indicios de responsabilidad penal. Con base en lo que dicta la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) abrió una convocatoria nueva.

El 21 de abril, el ente regulador publicó en su sitio las bases para el ‘Proceso público competitivo para la adjudicación de frecuencias para el funcionamiento de medios de comunicación social privados y comunitarios de servicios de radiodifusión de señal abierta’. De acuerdo a ello, los interesados pueden presentar la documentación hasta el  9 de julio de 2019, la misma que empezará a analizarse desde el día 17 del mismo mes.

FUNDAMEDIOS insistió, desde el primer proceso fallido, en la necesidad de diseñar mecanismos que garanticen su transparencia e idoneidad técnica. En esta ocasión, la organización aboga por los mismos principios.

Cabe insistir que el artículo 113 de la LOC prohíbe que se concentren o acumulen las concesiones de frecuencias o señales para el funcionamiento de estaciones matrices de radio y televisión. La autoridad no podrá adjudicar más de una concesión de frecuencia para matriz de radio en AM, una frecuencia para matriz de radio en FM y una frecuencia para matriz de televisión a una misma persona natural o jurídica en todo el territorio nacional.  

Paradójicamente, una de las ilegalidades que desde FUNDAMEDIOS se denunció durante el proceso anterior fue la existencia de personas plenamente identificadas que incurrieron en concentración de frecuencias; sin embargo, se otorgaron las concesiones.

Insistimos. Se trata de principios que los recursos públicos, así como las frecuencias de radio y TV se manejen con absoluta responsabilidad y rigurosidad. La asignación debe responder a un diálogo público y transparente.

Es un hecho que el primer concurso se caracterizó por su falta de transparencia, bases amañadas y favoritismo hacia ciertos grupos mediáticos. En ese contexto, FUNDAMEDIOS se mantendrá vigilante respecto a las frecuencias cuya situación esté en proceso de revisión por parte de la Arcotel, la cual debe determinar su situación jurídica, incluyendo aquellas que se encuentren incursas en inhabilidades, prohibiciones o causales de reversión. De acuerdo a la convocatoria, la Agencia continuará con la sustanciación de los procesos administrativos de revisión individual de los títulos habilitantes otorgados en el concurso de 2016.

La Ley manda que se reserve hasta el 34% del espectro radioeléctrico al sector comunitario. El 66% restante se asignará al sector público y privado; pero la concesión de frecuencias para los medios públicos no debe exceder el 10% del espectro. Los ‘Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente’, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señalan que se deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos. También indican que “uno de los requisitos fundamentales del derecho a la libertad de expresión es la necesidad de que exista una amplia pluralidad en la información”.

Desde FUNDAMEDIOS se observará que el proceso de asignación y renovación de frecuencias y/o licencias esté regulado específicamente por criterios objetivos, públicos y democráticos. Que se cumpla con la ley y no se actúe al arbitrio de la autoridad pública.

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En cumplimento a las recomendaciones hechas por un informe de la Contraloría General del Estado, la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones (Arcotel) inició la reversión de las frecuencias del grupo Canela Radio y Televisión.

La decisión se hizo pública el 03 de octubre, pero se la elaboró el pasado 20 de septiembre, de acuerdo a las resoluciones 807 y 808 en que se basó la terminación del contrato de concesión de las frecuencias 106.5 en Quito, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Canela Central en la Sierra centro.

Otras dos resoluciones se aplican en el proceso de Canela Central para las áreas de cobertura en: Latacunga, Ambato, Saquisilí, Pujilí, Salcedo, Píllaro, Cevallos, Quero, Mocha, Pelileo, Patate y Tisaleo.

Además de Canela TV, en Guayaquil, con la matriz 24 UHF y su repetidora en Quito.

La razón de la medida fue por haber inobservado las causales de terminación de concesión de frecuencias por un supuesto incumplimiento de las disposiciones “que prohíbe la transferencia, arrendamiento o enajenación de la concesión”.

Este grupo de medios está vinculado al asambleísta Jorge Yunda, quien sostiene que ya no es propietario de estos medios de comunicación, solo productor de sus programas y dueño de su marca.

La Arcotel indicó que los representantes del grupo tendrán 15 días hábiles, a partir de la resolución, para responder por escrito y ejercer el derecho a la defensa.

Gobierno solicita análisis de frecuencias emitidas por Acortel

Por otro lado, ante presuntas irregularidades cometidas en la concesión de las frecuencias otorgadas a favor de la Organización Ecuatoriana de Televisión (Ortel) canal 5 y Telecuatro Guayaquil C.A, el secretario nacional de Comunicación, Andrés Michelena, solicitó al Arcotel que remita un informe detallado sobre la situación de dichas frecuencias.

Estas irregularidades fueron reveladas, a través de reportajes emitidos en televisión. La solicitud también se envió al secretario general de la Presidencia, Eduardo Jurado.

Michelena también sugirió en el oficio, enviado la tarde del martes 2 de octubre, que se conforme una comisión integrada por instituciones pertenecientes al área de comunicación y telecomunicaciones para analizar esta información.

Teleamazonas y Ecuavisa analizaron más de 15 resoluciones emitidas por el Arcotel entre el 2015 y 2017. Los resultados revelaron cómo se allanó para que RTS y Televicentro puedan operar con cuatro frecuencias en Quito y Guayaquil.

El informe destaca que las frecuencias fueron otorgadas de forma directa, sin concurso, y a pesar de que eran temporales, la entrega se prolongó hasta la fecha.

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Todos los medios en Ecuador que conforman la red de Remigio Ángel González, mejor conocido como “El Fantasma, fueron calificados positivamente en la Agencia de Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) y pasaron a la siguiente etapa del concurso de frecuencias. Esto convierte al magnate mexicano en el principal postulante dentro de este proceso.

González postuló para este concurso a través de al menos 18 empresas. Algunas de ellas ya formaban parte de la red de medios que él construyó en Ecuador y que Fundamedios reveló en febrero del 2016. Mientras que ocho empresas son nuevas pero pueden ser vinculadas con el emporio del “Fantasma” por sus accionistas o directivos, o por la dirección en la que funcionan.

Andivision S.A. 6
Byrtum S.A. 1
Compañía Radiodifusora Trafalgar del Ecuador S.A. 4
Distribución y Representaciones Yomar S.A. 2
Ecuadoradio S.A. 8
Jaggycorp S.A. 4
Locnom S.A. 6
Manaseijas S.A. 18
Megacomunication S.A. 2
Organización Ecuatoriana de Televisión Ortel S.A. 4
Ozenca S.A. 2
Radiodifusora Ayax del Ecuador S.A. 4
Radiodifusora Kashmir Del Ecuador S.A. 3
Tamaggio S.A. 2
Telecuatro Guayaquil C.A. 27
Televisión Independiente Indetel S.A. 2
Vizcarrondo S.A. 4
Zakarie S.A. 5
TOTAL 104

 

A través de estas 18 empresas, el conglomerado Albavisión en Ecuador está concursando por 104 frecuencias a escala nacional: 60 frecuencias de TV abierta, 43 de radio FM y una de radio AM. En algunos casos, están postulando para frecuencias que ya estaban adjudicadas a medios locales o nacionales.

Algunas de las nuevas empresas que aparecen en la red del “Fantasma” están optando por frecuencias que ya estaban en manos de otras firmas relacionadas con el magnate mexicano. Mientras que hay tres compañías nuevas que optan por nuevas frecuencias, es decir, que se crearían nuevos medios de comunicación.

En el caso de las ocho empresas nuevas, todas aparecen con una misma dirección: Baquerizo Moreno 1119 y Nueve de Octubre, en Guayaquil. En esa dirección funcionan  Byrtum S.A., Tamaggio S.A., Zakarie S.A., Manaseijas S.A., Locnom S.A., Jaggycorp S.A., Vizcarrondo S.A. y Ozenca S.A. Esta dirección corresponde a un estudio jurídico.

González es conocido como uno de los empresarios de medios de comunicación más fuertes del continente, con presencia en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Bolivia, Perú, Chile, Argentina y Uruguay. Su presencia en Ecuador data de hace 34 años, cuando adquirió su primer medio de comunicación en el país.

 

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La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) incumplió una orden judicial al divulgar los nombres de los 834 postulantes al Concurso Público de Frecuencias de Radio y Televisión en señal abierta, sin especificar cuáles son las frecuencias a las que se postula, el tipo de medio, ni las ciudades en donde se encuentran. Con ello desacató la sentencia ratificada en segunda instancia el 28 de noviembre de 2016 por la Corte Provincial de Pichincha.

En ese sentido, la Corte Provincial ordenó, que en el plazo de ocho días se entregue lo solicitado por Edgar Jaramillo, coordinador del colectivo ciudadano Observatorio de Frecuencias, quien en un pedido de información con fecha del 12 de abril solicitó a la ARCOTEL “a) El detalle de cuántas y qué frecuencias recibieron solicitudes dentro del precitado concurso. b) El listado de las personas naturales o jurídicas, o colectivos, que participaron para cada frecuencia FM, AM, o de televisión en el concurso público de adjudicación de frecuencias detallando la frecuencia a la que postularon”, según consta en la mencionada sentencia.

Pese a ello, La ARCOTEL, en claro incumplimiento de la sentencia mencionó, en un comunicado publicado en su página web, que divulgó la lista “en atención a la providencia de 28 de noviembre de 2016 y en cumplimiento a la sentencia constitucional emitida por el Tribunal de la Sala Única Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, de fecha 28 de octubre del año en curso la cual en su parte resolutiva indica: ‘la Directora Ejecutiva, disponga al departamento correspondiente la PUBLICACION EN LA PAGINA WEB www.arcotel.gob.ec LA LISTA DE LOS 834 PARTICIPANTES, POSTULANTES, CONCURSANTES’”. Como se evidencia, esta Agencia divulgó la información de manera incompleta al limitarse a divulgar los nombres de los postulantes.

Fundamedios señala que este acto de ARCOTEL, no solo una verdadera burla hacia la Constitución, y la Ley de Acceso a la Información, sino el desacato a una sentencia judicial. Por ello rechazamos el accionar de la ARCOTEL y reiteramos que este tipo de situaciones no hacen más que ahondar en la falta de legitimidad de un concurso que, como su nombre lo indica, debería ser público, es decir manejado bajo el principio de máxima publicidad, tal como establece la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, LOTAIP.

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La Veeduría del Concurso de Adjudicación de Frecuencias negó este 14 de noviembre tres pedidos de información presentados por ciudadanos, a nombre de Fundamedios, para conocer los expedientes del Concurso Público para la adjudicación de frecuencias de radio y TV. Hecho que resulta inadmisible, considerando el carácter público de la información, al tratarse de un concurso abierto, que debería ser transparente.

Los pedidos de información entregados el 11 de noviembre se dieron en respuesta a un oficio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social CPCCS, con fecha del 24 de septiembre, en el cual se indicó que la ciudadana que hizo el pedido para acceder a dichos expedientes “Se encuentra en plena libertad de recurrir al Coordinador del equipo veedor que para el efecto fue acreditado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y recabar los elementos que puedan contribuir al seguimiento y vigilancia ciudadana que pretende realizar(…)”.

Pese a lo anterior, la respuesta que dio William Tipán, coordinador de la Veeduría acreditada por el CPCCS respondió con negativas. En la carta entregada el 14 de noviembre, Tipán aseguró que “la Veeduría no tiene autoridad ni competencia para emitir certificaciones” y que “la información por uds requerida está presente en la página web de la institución correspondiente a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL)”. Ambos hechos son falsos, puesto que nunca se pidió a la Veeduría la entrega de certificación alguna y tampoco es verdad que en la página web de la ARCOTEL se encuentre la información concerniente a los expedientes de los postulantes al mencionado concurso,

Fundamedios rechaza esta nueva negativa que ahonda en la falta de transparencia de un proceso del que poco o nada se conoce, considerando que a través de este, se determinará el destino del 65% de todos los medios de comunicación radiales y televisivos del país.

Cabe recordar que anteriormente, la jueza Doris Valencia declaró improcedente la acción de protección planteada por Fundamedios para que se permita a una delegada de la organización hacer de observadora al concurso de frecuencias y que la ARCOTEL nunca respondió el pedido de Fundamedios para que su delegada ingrese a las instalaciones de la entidad pública para hacer el proceso de observación. En cambio, elevó el tema a consulta del Consejo de Participación Ciudadana, a pesar de que ni la Constitución ni la Ley establecen este procedimiento, vulnerando los derechos a la participación y a la fiscalización de los actos del poder público.

Como se ha insistido, es lamentable que la ARCOTEL maneje el concurso a puerta cerrada, sin brindar ninguna información sobre quiénes son los participantes o qué etapas de la calificación ya se están realizando.

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Con el argumento de que el derecho a la información no se puede analizar en una acción de protección, la jueza Doris Valencia declaró improcedente la acción de protección planteada por Fundamedios para que se permita a una delegada de la organización hacer de observadora al concurso de frecuencias.

La Agencia de Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) nunca respondió el pedido de Fundamedios de que su delegada ingrese a las instalaciones de la entidad pública para hacer el proceso de observación. En cambio, elevó el tema a consulta del Consejo de Participación Ciudadana, a pesar de que ni la Constitución ni la Ley establecen este procedimiento.

Esta actuación de la Arcotel vulnera los derechos a la participación y a la fiscalización de los actos del poder público, y de esta manera, también el derecho a la información pública. Pero además no se cumple con lo establecido en la Constitución de que la asignación de frecuencias se debe hacer mediante un proceso transparente.

La audiencia se desarrolló el 29 de septiembre del 2016 en la Unidad de la Familia de Quitumbe, en el sur de Quito. Durante la diligencia, los abogados de Arcotel recalcaron que el concurso es público y que por eso las bases del concurso son públicas y están disponibles en la página web de la institución. Además dijeron que en esas bases se establece claramente cómo se va a calificar, y que así se hará.

Sin embargo, a criterio de Fundamedios, el hacer públicas las reglas para la calificación de los participantes no garantiza de ninguna manera que se vaya a proceder así, y justamente para verificar esto es necesario el control ciudadano. Si no se permite acceder a las instalaciones de Arcotel, no se puede observar de primera mano cómo se está procediendo con cada caso.

Más allá de esto, la Arcotel maneja el concurso a puerta cerrada, sin brindar ninguna información sobre quiénes son los participantes o qué etapas de la calificación ya se están realizando.

Para Fundamedios, la decisión de la jueza Valencia desconoce el derecho de los ciudadanos a la participación y a la fiscalización de los actos del poder público, más aún en un proceso donde se determinará el destino del 65% de todos los medios de comunicación radiales y televisivos del país, en medio de un proceso electoral. Por lo tanto, en el concurso se debería observar los más altos estándares de transparencia y control social departe de los ciudadanos.

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Ante la negativa de la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones (Arcotel) a permitir la observación ciudadana al concurso de frecuencias, Fundamedios presentó una acción de protección con la que espera que esta entidad pública permita acceder a la información sobre el proceso que lleva a cabo.

El 19 de junio del 2016, Fundamedios solicitó que se permita el ingreso de una delegada de la organización a las instalaciones de Arcotel, en calidad de observadora, para que pueda constatar el trabajo de calificación de expedientes. El plazo de recepción de solicitudes dentro del concurso se cerró el 30 de mayo, es decir que para la fecha de la solicitud, ya se estaba trabajando en la revisión de postulaciones.

Sin embargo, nunca se recibió una respuesta. En cambio, Arcotel decidió oficiar al Consejo de Participación Ciudadana para que reconozca a la observadora delegada por Fundamedios. En el oficio, cita el estatuto orgánico del Consejo de Transición, que ya dejó de existir.

En ninguna normativa se establece que los ciudadanos deban inscribirse o registrarse ante una entidad para ejercer su derecho a la participación ciudadana y control social. Además, según establecen la Constitución y la Ley de Comunicación, el proceso de adjudicación de frecuencias tiene que ser “público, abierto y transparente”.

De esta manera, se vulneraron los derechos de Estefanía Celi, colaboradora de Fundamedios, al no permitírsele ejercer su derecho a la observación ciudadana.

Con esa base, Mauricio Alarcón y Marcelo Espinel, abogados de Fundamedios, acudieron a la sala de sorteos de la Función Judicial en Quito para presentar la acción de protección. Ellos recordaron que Fundamedios también ha realizado peticiones de información, que tampoco han sido atendidas por la Arcotel, aduciendo protección de datos personales.

La causa fue sorteada y recayó en la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quitumbe. La audiencia deberá ser asignada para la próxima semana.

Descargue la acción de protección presentada en este link.

WhatsApp Image 2016-09-22 at 21.46.40Foto: Juan Cevallos / API

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Bajo el argumento de que se trata de datos de carácter personal, la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones (Arcotel) negó a Fundamedios la entrega de copias de los expedientes de los postulantes al concurso de frecuencias, por el cual está en juego el 65% de todas las frecuencias de radio y TV del país. Negó además, por segunda vez, el ingreso de un observador al lugar en el que se están verificando las carpetas de los concursantes.

Estas acciones de Arcotel confirman que este proceso no es ni transparente ni público, como manda la Ley, y restan toda la legitimidad que un concurso de esta envergadura debe tener. El panorama actual es que las carpetas de un concurso supuestamente público se califican a puerta cerrada y hasta el momento no se conoce quiénes son los concursantes ni por qué frecuencias participan. La restricción a los derechos ciudadanos al acceso a la información pública, así como al control social y a la fiscalización de todo acto del poder público, es una clara violación a la Constitución, a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.

El 3 de agosto, más de un mes después de ingresada la solicitud, Arcotel respondió con esta nueva traba al acceso a la información. Fundamentan su negativa en el artículo 66, numeral 19, de la Constitución, que señala que el Estado deberá garantizar el derecho a la protección de datos de carácter personal, dejando de lado los derechos antes señalados protegidos por normas constitucionales y legales. Absurdamente señalan que, para entregar la información de los concursantes, Fundamedios debe presentar “las autorizaciones otorgadas por cada participante que permita determinar que los mismos están de acuerdo con que se entregue copias de los expedientes entregados por ellos”, requisito por demás ilógico cuando Arcotel ni siquiera ha hecho pública la lista de postulantes.

El mismo 3 de agosto, en respuesta a otro oficio de Fundamedios, Arcotel también negó el ingreso de un observador ciudadano delegado por nuestra organización para que pueda observar in situ el trabajo de calificación de expedientes. Lo hizo desconociendo la Constitución y la Ley, bajo el argumento de que la Ley Orgánica de Participación Ciudadana señala que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana tiene la atribución de normar y acreditar los observatorios y veedurías.

La semana pasada, Fundamedios dirigió una carta a la directora de Arcotel, Ana Proaño, en la que le recuerda las obligaciones constitucionales y legales de transparentar la información y permitir los procesos de observación ciudadana garantizados en leyes orgánicas.

La Constitución ecuatoriana, en su artículo 61, numeral 2, garantiza el derecho de los ciudadanos a “participar en los asuntos de interés público”, sin que las instituciones públicas deban calificar ni imponer ningún requisito adicional para su cumplimiento, y en el numeral 5 consagra también como un derecho ciudadano el de “fiscalizar los actos del poder público”.

El artículo 17, numeral 1, de la Constitución, establece que el Estado “garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico” (el subrayado es mío). Finalmente los artículos 108, numeral 2, y 110, de la Ley Orgánica de Comunicación señalan que la adjudicación de frecuencias para medios comunitarios y privados se hará “mediante concurso público, abierto y transparente” (el subrayado es mío).

Las trabas para el acceso a observadores y el no permitir la vigilancia ciudadana sobre el proceso, es claramente ilegal e inconstitucional. El hecho de que, luego de 38 días de cerrado el plazo para la entrega de los proyectos, no se haya permitido ningún acto de observación ciudadana arroja sombras adicionales sobre un proceso ya deslegitimado por la falta de transparencia, las motivaciones políticas y la ambigüedad en el reglamento que rige el Concurso, tal como lo hemos denunciado públicamente.

Pero, aparte de las claras violaciones constitucionales y legales que se están cometiendo, las autoridades de Arcotel faltan a su propia palabra, empeñada públicamente en varias entrevistas de radio, afirmando que se abrirían las puertas de la institución para que los ciudadanos supervisemos el concurso y que se daría facilidades para que las veedurías ciudadanas se establezcan.

El Reglamento y las Bases aprobadas por Arcotel para este concurso no señalan en ninguna parte que la calificación de los postulantes se hará a puerta cerrada, por lo que esta disposición de impedir a los ciudadanos observar el concurso viola claramente la Constitución y la Ley. Es más, el artículo 1 de las bases del concurso señalan que el objetivo de este proceso es “garantizar la asignación de 1.472 frecuencias (…) mediante la aplicación de métodos transparentes que permitan el acceso a los mismos en igualdad de condiciones”.

Tal como se está llevando a cabo este concurso, no es público, abierto ni transparente como manda la Ley. Por todas estas razones, Fundamedios reitera la necesidad de que de forma inmediata se proceda a permitir la vigilancia ciudadana, facilitando el ingreso a las instalaciones de Arcotel a los ciudadanos que quieran verificar el proceso de calificación de cada uno de los postulantes dentro del concurso de frecuencias. De no ser así, tanto los directivos y funcionarios de la Agencia, serán responsables de las posibles violaciones a la Constitución y las Leyes que se cometan.